STS, 6 de Marzo de 2006
| Ponente | JAIME ROUANET MOSCARDO |
| ECLI | ES:TS:2006:3394 |
| Número de Recurso | 80/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 6 de Marzo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
RAFAEL FERNANDEZ MONTALVOMANUEL VICENTE GARZON HERREROJUAN GONZALO MARTINEZ MICOEMILIO FRIAS PONCEJAIME ROUANET MOSCARDO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Marzo de dos mil seis.
Visto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina número 80/2003 interpuesto por AGENCIA MARÍTIMA SANROMÁ S.A., representada por el Procurador Don Jaume Guillem Rodríguez y asistida de Letrado, contra la Sentencia de fecha 10 de abril de 2002, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , por la que la misma se había declarado incompetente, por falta de jurisdicción, para conocer del recurso contencioso administrativo número 2281/1999 promovido contra la resolución de 4 de febrero de 1999 de la Subsecretaría de Fomento inadmitiendo el recurso administrativo deducido por la actual recurrente contra las liquidaciones practicadas antes del año 2000 en concepto de Tarifa T-3.
En el recurso contencioso número 2281/1999 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se dictó Sentencia de 10 de abril de 2002 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor material: "FALLAMOS: DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por la representación procesal de la AGENCIA SANROMÁ, S.A., contra la Resolución de 4 de febrero de 1999 dictada por el Subsecretario de la Subsecretaría del MINISTERIO DE FOMENTO inadmitiendo el recurso interpuesto por la actora contra las liquidaciones núms. 14188/1993, 14190/1993 y 3229/1994 practicadas por la Autoridad Portuaria de Tarragona en concepto de Tarifa T-3 (S.Ref. 2738/96-D/CS)".
Notificada dicha Sentencia a las partes personadas, por la representación procesal de AGENCIA MARÍTIMA SANROMÁ S.A. se preparó el presente recurso de casación que, una vez tenido por preparado por la Sala de instancia, fue formalizado ante esta Sala del Tribunal Supremo conforme a las prescripciones legales, con el suplico de que se case la sentencia (y, en consecuencia y en síntesis, se ordene al Tribunal Superior de Justicia que entre en el conocimiento del fondo).
Formulada por la parte recurrida personada su oportuno escrito de oposición al recurso, y seguido éste por sus trámites pertinentes, se señaló, para votación y fallo la audiencia del día veintisiete de febrero de 2006, fecha en la que ha tenido lugar dicha actuación procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jaime Rouanet Moscardó,
La sentencia de 10 de abril de 2002 , objeto de la presente controversia, se basa en las siguientes circunstancias fáctico jurídicas:
"La Tarifa portuaria T-3 es un recurso de derecho privado, en concreto, un precio privado, y, por tanto, al no ser la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer de las cuestiones relativas a la validez o nulidad de tal precio, recayendo dicha competencia en el orden civil, debe procederse a la declaración de inadmisibilidad del presente recurso contencioso administrativo".
El presente recurso de casación para la unificación de doctrina, promovido por AGENCIA MARÍTIMA SANROMÁ S.A., se funda, en síntesis, además de en la infracción de la Ley 29/98 de JCA, Ley General Tributaria (artículos 10 y 11 ), Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos (artículo 6 ) y Ley 27/92 de Puertos del Estado (artículo 70 ), en los siguientes motivos de impugnación: Contradicción con las siguientes sentencias, todas las cuales, en supuestos idénticos al de autos, no sólo consideran competente para el conocimiento del recurso a la jurisdicción contencioso administrativa, sino que estiman el recurso y anulan las liquidaciones controvertidas:
" Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sección Tercera, de fechas 28 de diciembre de 2001 y 27 de marzo de 2002, en los recursos contencioso administrativos nº 03/9274/1998 y 03/8633/2001 (se acompaña solicitud y copia de la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2001 y solicitud y certificación de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2002 ).
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Primera, de fechas 14 de diciembre de 2001, 25 de enero de 2002 y 6 de mayo de 2002, en los recursos contencioso administrativos nº 2504/1998, 3118/98 y 624/99 (se acompaña solicitud y certificaciones de las sentencias).
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de fechas 17 de mayo de 2002 y 23 de octubre de 2001, en los recursos contencioso administrativos nº 354/99 y 1766/98 (se acompaña certificación de las sentencias).
Sentencias del Tribunal Superior del País Vasco, Sección Primera, de fechas 20 de diciembre de 2001 y 21 de enero de 2002, en los recursos contencioso administrativos nº 1487/99 y 3926/98 (se acompaña certificación de las sentencias).
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sección Segunda, de fechas 20 de diciembre de 2001 y 6 de mayo de 2000, en los recursos contencioso administrativos nº 2713/98 y 2461/98 (se acompaña certificación de la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2001 y solicitud de haber pedido la certificación y copia de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2000 ).
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Secciones Tercera y Primera, de fechas 27 de septiembre de 2001 y 4 de abril de 2001, en los recursos de apelación nº 24/00 y 14/01, dimanantes de los recursos contencioso administrativos nº 165/99-AC y 118/00 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Huelva (se acompaña solicitud de haber pedido las certificaciones y copia de las sentencias).
Terminando con el SUPLICO de: "Que, habiendo por presentado en tiempo y forma este escrito con los documentos acompañados y por cumplimentados los requisitos que establece la L.J.C.A. enunciados en este escrito, tenga por interpuesto RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA contra la sentencia pronunciada el 10 de abril de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Primera, recurso contencioso administrativo nº 2281/99 , lo admita y previos los trámites legales dicte sentencia casando y anulando la recurrida y pronuncie otra en los términos en los que aparece planteado el debate, es decir considerando competente a la jurisdicción contencioso administrativa para el conocimiento del recurso, y, en consecuencia, declarando que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre a conocer del fondo del asunto y dicte la Sentencia que considere ajustada a Derecho".
El Abogado del Estado se opone manifestando que no se han cumplido los requisitos procesales del artículo 96 de la LJCA 29/98 , porque la sentencia ha sido dictada en segunda instancia por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Circunstancia que no consta, como se infiere de las actuaciones y del auto del Tribunal a quo de 12 de marzo de 2003 , porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ante el que inicialmente se presentó el recurso lo remitió, en virtud de auto de 9 de septiembre de 1999 , a la Sala, que es quien en definitiva dictó en única instancia la sentencia aquí cuestionada.
Debe destacarse, y dejarse sentado, que, con abstracción de lo aducido por la parte recurrente (que se da, aquí, por reproducido en lo básico, haciéndolo nuestro), una reiterada jurisprudencia de esta Sala, válida para las liquidaciones de la Tarifa Portuaria T-3 giradas por servicios portuarios prestados no sólo antes del 1 de enero de 2000 sino también de los posteriores a tal fecha (es decir, a la entrada en vigor de la Ley de Acompañamiento 14/2000, de 29 de diciembre ), pero anteriores a la vigencia de la nueva Ley 48/2003, de 26 de diciembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General , ha dejado sentado que las tarifas a las que se hace referencia en el artículo 70 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 27/1992, de 24 de noviembre, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre , no son precios privados sino tasas, tanto en razón a lo señalado en la STC 185/1995 sino, también, en la actualidad, a lo argumentado en la STC de 20 de abril de 2005 .
En efecto, en dicha última sentencia, dictada con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por esta Sección y Sala y tramitada con el número 6277/2002, se manifiesta que: "Se estima la cuestión y, en su virtud, se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992 , en razón a que: "Procede, en consecuencia, declarar inconstitucional el apartado 2 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , en su versión original, en la medida en que se aplica a prestaciones patrimoniales de carácter público.
Esta declaración de inconstitucionalidad debe extenderse también al apartado 1 del mismo precepto legal, en tanto que califica como «precios privados" los que, como hemos señalado, constituyen verdaderas "prestaciones patrimoniales de carácter público» a las que hace referencia el art. 31.3 CE .
En la STC 185/1995, de 14 de diciembre , señalamos que en «uso de su libertad de configuración, el legislador puede crear las categorías jurídicas que considere adecuadas. Podrá discutirse en otros foros la corrección científica de las mismas, así como su oportunidad desde la perspectiva de la política legislativa; sin embargo, en un proceso de inconstitucionalidad como el presente sólo puede analizarse si la concreta regulación positiva que se establece de esas categorías respeta los preceptos constitucionales que les sean aplicables» [FJ 6 a)]. Sin embargo, en el presente caso, y a diferencia del supuesto analizado en la Sentencia citada, en el que se examinaba la constitucionalidad de una nueva categoría jurídica creada por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos , «los precios públicos», el legislador no crea ninguna categoría jurídica nueva, sino que se limita a calificar a las contraprestaciones devengadas por la prestación de servicios portuarios como «precios privados», una categoría preexistente que predetermina el régimen jurídico que es de aplicación a dichas contraprestaciones, excluyendo las exigencias que derivan del principio de reserva de Ley establecido por la Constitución para las prestaciones patrimoniales de carácter público (arts. 31.3 y 133.1 CE ).
En definitiva, procede igualmente declarar inconstitucional el apartado 1 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , en su versión original, en la medida en que califica como «precios privados» a contraprestaciones por servicios portuarios que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público".
A mayor abundamiento, no debe olvidarse que las distintas Ordenes Ministeriales que, en desarrollo del citado artículo 70 de la Ley 27/1997 , han venido regulando las tarifas portuarias, y, en concreto, por lo que aquí interesa, la Orden Ministerial de 30 de julio de 1998 y las que le precedieron, han sido declaradas nulas por infringir el principio de reserva legal tributaria, de modo y manera que las tarifas en ellas previstas devienen totalmente inaplicables a los casos como el de autos, al no estar conformados por Ley todos los elementos esenciales de las mismas (siendo de destacar, precisamente, que la indicada Orden de 30 de julio de 1998 ha sido expresa y directamente anulada por la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2000 , confirmada, después, por la sentencia de esta Sección y Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2005 ).
En consecuencia, si se está ante un tributo o una tasa, las controversias que se planteen respecto de ella deben de tramitarse y resolverse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por tanto, con estimación del presente recurso casacional, procede invalidar la Sentencia recurrida, con las consecuencias expresamente solicitada por la recurrente (de acuerdo con el tenor de las sentencias contrapuestas a la de instancia, cuyas tesis, en asuntos sustancialmente idénticos al de los presentes autos, deben prosperar).
A pesar de que, en principio, las liquidaciones de la tarifa portuaria aquí cuestionadas carecerían, por lo ya apuntado, de virtualidad jurídica, lo cierto es que, como el recurso contencioso administrativo se interpuso contra la resolución de la Autoridad Portuaria de 17 de febrero de 1999 por la que se declaraba la inadmisibilidad (sin entrar en el fondo objeto de controversia) del recurso administrativo formulado contra las citadas liquidaciones y, además, en el suplico del recurso de casación SÓLO se pretende, como se ha dejado expuesto, que se declare la competencia de dicho Tribunal para conocer del procedimiento, no cabe entrar a analizar el problema material de la virtualidad o no de las liquidaciones y la solución debe consistir, pues, en estimar el recurso de casación, anular la sentencia recurrida y, a tenor de lo suplicado expresamente en el recurso casacional, declarar que el Tribunal a quo es competente para conocer del asunto y ordenar que se remitan las actuaciones al mismo para que resuelva sobre el fondo.
Procediendo, por tanto, estimar el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, con las consecuencias técnico jurídicas acabadas de exponer, no ha lugar a hacer expresa condena en las costas causadas tanto en la instancia como en las presentes actuaciones casacionales.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,
Que, estimando el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, debemos anular y anulamos la sentencia de 10 de abril de 2002 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en consecuencia, como se pide, debemos declarar y declaramos que dicha Sala de instancia es competente para conocer del procedimiento, a cuyo fin ordenamos que se le remitan las actuaciones para que resuelva sobre el fondo material cuestionado; todo ello sin hacer expresa condena en las costas causadas tanto en la instancia como en este recurso casacional.
Así por esta nuestra sentencia, firme, que se publicará en su caso en el Boletín Oficial del Estado, y, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . R. Fernández Montalvo M.V. Garzón Herrero J.G. Martínez Micó E. Frías Ponce J. Rouanet Moscardó PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Jaime Rouanet Moscardó, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
