STS, 4 de Febrero de 1997

Al amparo de los artículos 5.4 y 7.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se denuncia --en el primero de los motivos de este recurso-- la infracción del precepto constitucional consagrado en el artículo 24, párrafo 2º, de la Constitución, en el que se establece el principio de presunción de inocencia.

Dice el recurrente que, en todo momento, ha negado su intervención en los hechos enjuiciados (atestado, declaración ante el Juez de Instrucción y acto del juicio oral), habiendo especificado el motivo por el que se encontraba en los alrededores del Hospital Comarcal, y que tampoco ha sido inculpado por ninguno de los encausados. Las declaraciones de los Guardias Civiles no le inculpan directamente y es irrelevante el hecho de habérsele ocupado un teléfono portátil. En último término, la Sala sentenciadora ha fundado su fallo en indicios de dudosa lógica y veracidad.

La Sala de instancia, al exponer los motivos de su convicción inculpatoria respecto del hoy recurrente, dice que "respecto al acusado Ismael, si bien no existe una prueba tan directa e inequívoca como la de los anteriores, en una valoración en conciencia, de la totalidad de la prueba directa y los indicios obrantes en autos se llega a la convicción de que dicho inculpado es un coautor más. Las notas que la jurisprudencia exige, en cuanto a que el indicio no sea aislado sino plural, que los hechos indiciarios estén absolutamente probados, que exista entre ellos armonía o concomitancia a fin de llegar a una convicción carente de duda razonable, se dan en el presente caso, en el que hay que admitir la concurrencia de indicios suficientes para fundamentar la coautoría de este acusado. En la playa había seis personas; la comunicación con la embarcación se hacía por teléfono; al intervenir la Guardia Civil, dos de ellos escapan a la detención, son seguidos en cuanto es posible por la fuerza actuante; en la margen derecha de la N-340 (dirección Barcelona) es interceptado el acusado; se le ocupa un teléfono marca Nokia; dice se lo ha regalado un desconocido poco antes; explica su presencia por venir desde Puerto Banús (a unos nueve kilómetros del lugar) a donde fue a buscar trabajo, y venía andando a recoger la furgoneta de su propiedad .. que había dejado aparcada, en el Hospital Comarcal, justamente al otro lado de la carretera, lugar donde habían sido citados por tercero no identificado otros acusados para recibir las indicaciones del trabajo a realizar. Es un despropósito falto de toda credibilidad que para ir a Puerto Banús se aparque 9 kilómetros antes del lugar de cita y volver andando a recoger el vehículo" (v. FJ 2º).

El derecho a la presunción de inocencia se vulnera, como es sobradamente conocido, cuando se condena a una persona sin pruebas o con pruebas ilegalmente obtenidas o que sean absoluta y notoriamente insuficientes. Y, sobre el particular, tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como la de esta Sala, que, para desvirtuar la presunción de inocencia, son válidas tanto las pruebas directas como las indirectas; exigiéndose, en cuanto a éstas, que el juzgador explicite las razones de su convicción, dando a conocer el "iter" discursivo que le haya llevado de los "indicios" al hecho que se declare probado, en forma que, cumpliendo el deber de motivar las sentencias (art. 120.3 C.E.), se respeten las reglas del criterio humano, las exigencias de la lógica, y las enseñanzas de la ciencia y de la experiencia (art. 1253 C. Civil), de modo que, en último término, se respeten las exigencias de la seguridad jurídica y se excluya toda posible arbitrariedad en las resoluciones judiciales (art. 9.3 C.E.).

De acuerdo con la doctrina expuesta, es preciso reconocer que, en el presente caso, la Sala de instancia ha dado cuenta cumplidamente de los diferentes indicios, debidamente probados, de los que ha partido para llegar a la conclusión de la intervención del hoy recurrente en los hechos enjuiciados en esta causa, en forma que no puede calificarse de absurda o arbitraria, sino respetuosa con las reglas del criterio humano. Y, hecha esta comprobación, no es competencia de esta Sala llevar a cabo una nueva valoración de la prueba, por cuanto ello es competencia propia y exclusiva del Tribunal de instancia.

Procede, en conclusión, la desestimación de este primer motivo.

El segundo motivo se formula al amparo del núm. 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en él, dice el recurrente que entiende infringido el precepto citado, "para lo cual y en virtud del artículo 855.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resaltan el Acta del Juicio Oral en su totalidad, así como las declaraciones obrantes en las actuaciones".

Se denuncia, en definitiva, un error de hecho en la apreciación de las pruebas que se pretende acreditar por medio del contenido del acta del juicio y de determinadas declaraciones obrantes en los autos ( las hechas por los demás imputados y por los Guardias Civiles), en cuanto de ellas no resulta ninguna imputación para el Sr. Ismael, respecto del cual los referidos Agentes reconocen que ninguno de ellos constató la presencia del mismo en la playa en la que fueron detenidos los otros acusados.

Es doctrina reiterada y pacífica de esta Sala que, por ello, hace innecesaria cualquier cita particular, que ni el acta del juicio oral, ni las declaraciones de acusados o testigos que puedan estar documentadas en los autos, pueden constituir auténticos "documentos" a efectos casacionales; pues, en definitiva, una y otras no son otra cosa que simple documentación de diligencias y pruebas personales practicadas en la causa.

Por todo lo dicho, y sin necesidad de mayor argumentación, procede la desestimación de este motivo.

El motivo tercero, al amparo del nº 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia quebrantamiento de forma, por estimar que la sentencia recurrida "no expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados", afirmando que "la resolución que se recurre no especifica claramente, si la versión (exculpatoria) de mi representado se considera como hecho probado"; y a continuación dice que "la resolución recurrida ... asienta la predeterminación del fallo en la redacción dada en el cuerpo destinado a hechos probados por lo que una vez más debemos solicitar la revocación de la sentencia recurrida y la declaración absolutoria de mi representado".

Los vicios "in iudicando" que aquí se denuncian deben apreciarse cuando el relato fáctico de la sentencia recurrida sea incomprensible, por haberse utilizado frases o términos ininteligibles, ambiguos o dubitativos (falta de claridad); o cuando los mismos impliquen una sustitución de los hechos, que es lo propio del "factum", por los conceptos jurídicos, que son propios del "iuidicium", utilizando términos asequibles únicamente a las personas versadas en Derecho, o los utilizados por el legislador para definir los tipos penales, imposibilitando o haciendo totalmente innecesarios los razonamientos jurídicos del Juzgador a la hora de calificar las conductas enjuiciadas, rompiendo así la estructura lógica de la sentencia (predeterminación). En todo caso, el recurrente debe precisar las palabras o las frases o expresiones que denoten el vicio procesal que se denuncia.

En el presente caso, el recurrente --de modo patente-- no cita el término, la frase o la expresión que, en su opinión, predeterminen el fallo de la sentencia impugnada. Y, por lo que a la también denunciada falta de claridad se refiere, ha de decirse que tal denuncia carece absolutamente de fundamento; pues la simple lectura del "factum" claramente da a entender que la inclusión en el mismo de las manifestaciones hechas por el aquí recurrente, explicando el motivo de encontrarse el día de autos en el lugar donde fue detenido por las fuerzas de la Guardia Civil, no tiene otro objeto que el de poner de relieve su falta total de verosimilitud, como el Tribunal de instancia pone luego de relieve al razonar su convicción sobre la culpabilidad de este acusado (v. FJ 2º).

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

2. Recurso de Carlos María.

El primer motivo de este recurso, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia infracción de ley, "por indebida aplicación del art. 14 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, y por falta de aplicación del art. 16 del mismo texto legal".

Sostiene, en definitiva, el recurrente que su intervención en los hechos enjuiciados fue una "intervención auxiliar y secundaria", de "simple bracero", que "ni cultiva, ni posee, ni transporta ni trafica con el hachís intervenido, ..", por lo que, en último término, no puede ser considerado autor, sino mero cómplice, en la comisión del delito de tráfico de drogas.

No siempre resulta fácil distinguir la conducta del autor, por cooperación necesaria (art. 14.3º C.P.), y la del cómplice (art. 16), en cuanto uno y otro cooperan a la realización del delito. La doctrina de esta Sala entiende que existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido (teoría de la "conditio sine que non"), cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos), o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su concurso (teoría del dominio del hecho), y que la complicidad -- en la que no concurren tales circunstancias-- constituye una participación accidental y no condicionante, de carácter secundario (v., ad exemplum, las ss. de 25 de septiembre de 1974 y de 8 de noviembre de 1986), estando integrada por un elemento de índole subjetiva consistente en el previo conocimiento del delito que se va a cometer y en la voluntaria prestación de ese auxilio secundario.

En el presente caso, es preciso destacar lo siguiente:

1. Que la consciente intervención del recurrente --recogiendo los fardos rellenos de hachís, arrojados previamente a la playa por los tripulantes de un embarcación, y cargándolos en un vehículo-- no puede calificarse de accidental o secundaria.

2. Que no puede reputarse fácil la tarea de buscar y encontrar este tipo de colaboradores para la recogida de los bultos subrepticiamente introducidos en tierra firme por vía marítima. Y,

3. Que la amplitud del tipo penal aplicado (art. 344 C.P.), en el que se castigan no solamente los actos de cultivo, elaboración o tráfico de este tipo de sustancias, sino también la mera posesión de las mismas con tales fines, y toda conducta que de otro modo promueva, favorezca o facilite su consumo ilegal, hace que la conducta del hoy recurrente deba entenderse incluida, en todo caso, en cualquiera de estos últimos verbos nucleares del tipo penal aplicado.

Por todo lo dicho, procede la desestimación de este motivo.

Por el mismo cauce procesal que el anterior, en el motivo segundo, se denuncia infracción de ley, por aplicación indebida de los artículos 1.4 y 2.1 de la Ley Orgánica de Contrabando (L.O. 7/82, de 13 de julio), dados los hechos que se declaran probados, "ya que en ningún pasaje de los hechos probados se hace referencia alguna a que el hachís intervenido proceda de algún lugar fuera del territorio nacional, ni a que se haya introducido burlando los controles aduaneros".

El motivo carece de razón atendible, por las siguientes razones:

1. Porque, si bien es cierto que en el "factum" de la sentencia recurrida nada se dice concretamente sobre la procedencia del hachís intervenido (cosa que, sin duda alguna, el Tribunal de instancia debió precisar en el relato fáctico), no es menos cierto que, según ha declarado reiteradamente esta Sala, las sentencias constituyen resoluciones unitarias que, en buena técnica procesal, no pueden trocearse y analizarse por compartimentos estancos, de tal modo que el "factum" de la sentencia debe entenderse integrado o complementado con los datos fácticos recogidos expresamente en la fundamentación jurídica de la misma. Y así, en el presente caso, es de advertir, en relación con la cuestión aquí debatida, que, en el primero de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, el Tribunal de instancia dice que estima cometido el delito de contrabando por cuanto los acusados fueron sorprendidos cuando "introducían subrepticiamente en la Península" la importante cantidad de setecientos sesenta kilogramos de hachís. La introducción de droga en la Península implica necesariamente la comisión del delito cuestionado, en cuanto la procedencia exterior a la misma solamente puede ser de un tercer país, de las ciudades de Ceuta o Melilla, o de la Comunidad Autónoma de Canarias, territorios españoles éstos últimos, pero que gozan de un peculiar "status" fiscal, que hace que las importaciones efectuadas ilegalmente en la Península de géneros de lícito comercio, estancados o prohibidos, provenientes de los mismos, sean constitutivas de los delitos definidos en la citada Ley Orgánica. Y,

2. Porque el desembarco de los bultos que contenían la droga en el lugar que se dice en el relato fáctico de la sentencia recurrida --la playa Los Barronales--, de modo notorio, supone una introducción de este tipo de sustancias en la Península "burlando los controles aduaneros".

Por todo lo dicho, procede la desestimación de este motivo.

3. Recurso de Braulio.

El primer motivo de este recurso, sin concreta determinación del correspondiente cauce casacional, denuncia "indebida aplicación del art. 14 del C. P.".

Según el recurrente, la conducta de este acusado, en cuanto se limitó a coger bultos de la arena y cargarlos en un vehículo que estaba a escasos metros, como simple bracero, no puede ser considerada como de autor, sino en todo caso como de simple cómplice.

Se reiteran aquí los argumentos expuestos en el primer motivo del recurso últimamente examinado. De ahí la procedencia de reiterar aquí lo dicho en tal momento, y por las razones allí expuestas, desestimar también este motivo, sin necesidad de mayor argumentación.

En el segundo motivo -con el mismo defecto que en el anterior (v. art. 874 LECrim.)-- se denuncia "indebida aplicación del art. 1.4 y 2.1 de la Ley Orgánica 7/82, de 13 de julio, "toda vez que en el "factum" de la sentencia recurrida no se dice que la sustancia intervenida fuera de un país extranjero o lugar fuera del territorio nacional, ni que se hubiere introducido ilegalmente en España. .. El haber sido descargados de una embarcación no presume aquellas circunstancias".

Reproduce este motivo la denuncia formulada en el motivo segundo del recurso últimamente examinado. Por consiguiente, por las razones expuestas en tal momento (v. FJ 5º), que se dan por reproducidas aquí, justifican también la desestimación de este motivo.

El motivo tercero, por infracción de precepto constitucional, denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

Reconoce el recurrente que el mismo se encontraba en el lugar de los hechos cuando se personó allí la Guardia Civil, y que le habían ofrecido el trabajo de descargar unos paquetes de un barco, pero que aquello le pareció algo extraño y no llegó a cargar ninguno, ignorando además que los fardos contuvieran droga.

En relación con este motivo, ha de decirse que los hechos que se declaran probados en el relato fáctico de la sentencia, en base a los cuáles ha sido condenado el aquí recurrente, han sido acreditados por prueba directa, el concierto con terceras personas ha sido reconocido por los propios acusados, y todos ellos fueron sorprendidos en la Playa Los Barronales cuando realizaban los trabajos de desembarco de la droga que fue intervenida por los agentes de la Guardia Civil que, como testigos de cargo, comparecieron a la vista del juicio oral, dando testimonio de lo que percibieron directamente, respondiendo en tal momento a las preguntas que sobre dichos hechos les fueron hechas por el Ministerio Fiscal y por los Letrados defensores de los acusados (v. acta del mismo y FJ 2º de la sentencia recurrida).

No cabe hablar, por tanto, de ningún vacío probatorio, ni de pruebas absolutamente insuficientes o ilegalmente obtenidas. Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El cuarto motivo de este recurso denuncia "error en la apreciación de las pruebas".

Dice por todo fundamento la parte recurrente que "a mi defendido la Guardia Civil le detiene en el lugar de los hechos, pero ninguno de los agentes en el acto del juicio oral pudo confirmar que Don Brauliofue visto cargando fardos, ni en contacto con la referida sustancia. Ninguno de los encartados ha manifestado que Don Braulioparticipara en la carga. El mismo manifestó que le habían ofrecido el trabajo de cargar y descargar, ante su acuciante situación económica, no se puede elegir, trasladado al lugar para efectuar su trabajo aquello le pareció algo extraño, lo que propició su inactividad no llegando a cargar nada cuando llegó la Guardia Civil".

El motivo carece del más mínimo fundamento. No se cita documento alguno que acredite el error que se denuncia (ni las declaraciones del acusado, ni las de los Guardias Civiles --testigos presenciales de los hechos--, ni el acta en el que se reflejan las pruebas personales practicadas en el juicio oral, constituyen documentos a efectos casacionales), y, en último término, como fácilmente puede advertirse, el recurrente se limita a dar una particular versión de los hechos, carente de toda relevancia jurídica, por cuanto la valoración de las pruebas compete exclusivamente al Tribunal (v. arts. 741 LECrim. y 117.3 C.E.), y no es propio del trámite casacional efectuar una nueva valoración de las pruebas practicadas, por tratarse de un recurso extraordinario.

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El quinto y último de los motivos de este recurso denuncia "quebrantamiento de forma".

Dice la parte recurrente que "la sentencia que recurrimos no expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados, no especificando claramente la versión de mi defendido, sin que hubiera tomado ni parte directa, ni dolosa, ni estaba en concierto con los demás para llevar ningún plan delictivo, ni puede establecer un vínculo de solidaridad penal, son afirmaciones gratuitas que no se desprenden de las pruebas que obran en autos".

No cita el recurrente ningún término, frase o expresión ininteligible, ambigua o dubitativa que el Tribunal de instancia haya podido incluir en el relato fáctico de la sentencia recurrida, que le hagan incomprensible, que es lo propio del vicio procesal que se denuncia; y, por otra parte, la simple lectura del "factum" permite comprobar que el mismo es perfectamente comprensible para el común de las gentes, lo cual es suficiente para la desestimación del motivo.

Mas, con independencia de lo dicho, es patente que la argumentación del motivo reitera en esencia las objeciones hechas en los motivos precedentes (de modo especial al denunciar la vulneración del principio de presunción de inocencia y el error en la apreciación de las pruebas), y por tanto, cuanto se ha dicho al examinar estas cuestiones, debe reiterarse aquí. Y, en base a todo ello, es procedente también la desestimación del motivo.III.