Calvo Ortega, R.: Estado Social y participación asociativa, Cuadernos Civitas, Thomson Reuters, Pamplona, 2009
| Autor | José Luis Muñoz del Castillo |
| Cargo | Catedrático de D. Financiero y Tributario. Universidad de León |
| Páginas | 253-255 |
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Acaba de ver la luz este nuevo libro del Profesor Rafael Calvo del que, con verdadera satisfacción, procedo a dar noticia de su contenido. Se trata de una obra de máxima actualidad e interés ya que aborda uno de los retos esenciales y permanentes de las democracias occidentales de nuestros días: el establecimiento y el perfeccionamiento constante del Estado Social.
Consta de Introducción y de doce Apartados o Epígrafes; sin embargo, realizando una apretada labor de síntesis, creo que en la investigación que se presenta cabe apreciar dos partes diferenciadas, aunque íntimamente ligadas entre sí: la primera, más amplia, se ocupa de precisar el concepto de Estado Social y las características jurídicas que del mismo se desprenden y la segunda (esencialmente los cuatro últimos Epígrafes), estudia el papel que desempeñan las empresas asociativas de la economía social como colaboradoras de los poderes públicos en el desarrollo del Estado Social.
En la obra se define el Estado Social como los mandatos del poder constituyente a los poderes públicos para que establezcan y sigan determinadas políticas (sobre las materias sociales o económicas incluidas esencialmente en el Capítulo III del Título I de la Constitución bajo el rótulo “De los principios rectores de la política social y económica”) a través de la promulgación de las leyes y la aprobación de las normas que sean necesarias para su realización.
Se incide de forma especial en que estos mandatos del constituyente no son meras declaraciones programáticas sino que producen importantes efectos jurídicos en tres planos distintos: en la producción legislativa, a través del desarrollo y perfeccionamiento de las normas o su producción en la dirección marcada por estos imperativos; en la práctica judicial, donde tendrá una función interpretativa e integradora de la norma y en la actividad administrativa, ya que el Estado Social demanda prestaciones de la Administración que realicen servicios y ordenaciones concretas. En definitiva, el Estado Social se configura como un grupo normativo que tiene como finalidad el establecimiento de políticas sociales cuyo denominador común está conformado por su teleología: la realización de la igualdad de los ciudadanos como valor superior del ordenamiento jurídico.
En el Apartado V del estudio se analizan con detalle los distintos destinatarios de estos mandatos constitucionales, planteándose la cuestión de si cabe que laPage 254 realización de las...
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