STS, 29 de Junio de 1987

En la villa de Madrid, a veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y siete; en los autos acumulados de juicio declarativo de mayor cuantía promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Mula por Inmobiliaria del Trasvase, S.A., con domicilio social en Molina de Segura (Murcia) contra don Fulgencio Box Hernández, mayor de edad, Arquitecto y vecino de Murcia; don Gonzalo Matilla Bento, mayor de edad, aparejador y vecino de Murcia y don Francisco Martínez Campillo, mayor de edad, maestro de obras y vecino de Molina de Segura; don Juan Cambín Garres, don Antonio Espinosa Gomáriz, don Antonio López Pardo, doña María Cruz López Martínez, don Cristóbal Quílez Martínez, don Diego Navarro Gea, doña Francisca Martínez Ruiz, don Matías López Guerrero, doña Josefa Parra Sánchez, don Antonio Reyes Hernández García, don Pedro Orti Bonache, don Pedro Guillén Sánchez, don Juan Antonio Ortiz Gonzálvez, don Enrique Fernández Sánchez, don Pascual Salmerón Marín, don Francisco García Riquelme, don Juan Ruiz Martínez, don Victoriano Gómez Pinteño, don Antonio Sánchez Peñalver, don Ramón Piquera Cascales, don Julián Gonzalo González, doña Ana Majón Ruiz, don Antonio Rebelles Rodríguez, don Pedro García Navarrete, don Francisco Hernández Fernández, don Alfredo Ortiz Arnaldos, don José López Ruiz, doña María Palazón Lozano, don Juan de Dios Ros Vidal, don Ángel Egea Castillo, don Antonio Fernández Martínez, don Santos Fernández Abril, don Enrique Cano Cano, don Manuel Miñano Fernández, don Jose Rodríguez Martínez, don Miguel Ángel Murillo López, don Ángel Hernández Romero, don Antonio López Nicolás, don Juan Sánchez Montoya, don Salvador Bernal Gómez, don Antonio Gomáriz Aravit, don Ramón García Ros, don Joaquín Hernández Bañón, don José Hernández Sánchez, don José Martínez Valera, don Manuel Boluda Alcaraz, don Alfonso Rico Serrano, don Bartolomé Marín López, doña Gracia Jurado Dumán, doña Josefa Carbonell Gonzálvez, don Juan Antonio Castillo Quesada, don José Molina Valenzuela, don Manuel Castelar Gor, don Juan Nicolás Torres, don Marcos Bernal Serrano, don Benjamín Martínez Sánchez, don Juan Antonio López Egea, doña Luisa Cano Pérez, don José María Cano García, don Norberto Sánchez Fernández, don Eufronio Guijarro Guijarro, don Pedro Fuentes García, don Pedro Manzano Martínez, don Pedro Espinosa Rodríguez, don Pascual Fernández Gallego, don Pedro Moreno Cascales, don José Espinosa Gomáriz, don Ángel Ros Ribera, don Eusebio Esteban Solano, don Salvador Garrido Moreno, don Miguel Martínez Martínez, don José Vidad-Morcillo Fernández, don Diego Fenol Espinosa, don Antonio Gomáriz Lozano, mayores de edad y vecinos de Molina de Segura, sobre daños y perjuicios; y seguidos en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, que ante nos penden en virtud de recurso de casación interpuesto por la parte actora representada por el Procurador don Carlos de Zulueta y Cebrián y con la dirección del Letrado don José Ataz Hernández, habiéndose personado la parte demandada don Fulgencio Box Hernández, representada por el Procurador don Ángel Deleito Villa y con la dirección del Letrado don Lorenzo de Francisco Alvarez.

Antecedentes de hecho Primero: El Procurador don Octavio Fernández Herrera en representación de Inmobiliaria del Trasvase, S.A., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Mula demanda de mayor cuantía en autos número 171/78 contra don Fulgencio Box Hernández, don José Matilla Bento y don Francisco Martínez Campillo y en autos acumulados de juicio de mayor cuantía número 261/79 a instancias de don Juan Gambín Garres, don Antonio Espinosa Gomáriz, don Antonio López Pardo, doña María Cruz López Martínez, don Cristóbal Quílez Martínez, don Diego Navarro Gea, don Francisco Martínez Ruiz, don Matías López Guerrero, doña Josefa Parra Sánchez, don Antonio Reyes Hernández García, don Pedro Ortiz Bonache, don Pedro Guillén Sánchez, don Juan Antonio Ortiz Gonzálvez, don Enrique Fernández Sánchez, don Pascual Salmerón Marín, don Francisco García Riquelme, don Juan Ruiz Martínez, don Victoriano Gómez Pinteño, don Antonio Sánchez Peñalver, don Ramón Piquera Cascales, don Julián Lozano González, doña Ana Manjón Ruiz, doña Antonia Rebelles Rodríguez, don Pedro García Navarrete, don Francisco Hernández Fernández, don Alfredo Ortiz Arnaldos, don José López Ruiz, doña María Palazón Lozano, don Juan de Dios Ros Vidal, don Ángel Egea Castillo, don Antonio Fernández Martínez, don Santos Fernández Abril, don Enrique Cano Cano, don Manuel Miñano Fernández, don Jose Rodríguez Martínez, don Miguel Ángel Murillo López, don Ángel Hernández Romero, don Antonio López Nicolás, don Juan Sánchez Montoya, don Salvador Bernal Gómez, don Antonio Gomáriz Aravit, don Ramón García Ros, don Joaquín Hernández Bañón, don José Hernández Sánchez, don José Martínez Valera, don Manuel Boluda Alcaraz, don Alfonso Pico Serrano, don Bartolomé Marín López, doña Gracia Jurado Dunuán, doña Josefa Carbonell Gonzálvez, don Juan Antonio Castillo Quesada, don José Molina Valenzuela, don Manuel Castelar Gor, don Juan Nicolás Torres, don Marcos Bernal Serrano, don Benjamín Martínez Sánchez, don Juan Antonio López Egea, doña Luisa Cano Pérez, don José María Cano García, don Norberto Sánchez Fernández, don Eufronio Guijarro Guijarro, don Pedro Fuentes García, don Pedro Manzano Martínez, don Pedro Espinosa Rodríguez, don Pascual Fernández Gallego, don Pedro Moreno Cascales, don José Espinosa Gomáriz, don Ángel Ros Ribera, don Eusebio Esteban Solano, don Salvador Garrido Moreno, don Miguel Martínez Martínez, don José Vidal-Morcillo Fernández, don Diego Fenoll Espinosa, don Antonio Gomáriz Lozano, contra Inmobiliaria del Trasvase, S.A., don Fulgencio Box Hernández, don Manuel Gonzalo Matilla Benito, don Francisco Martínez Campillo, sobre daños y perjuicios, a los que se acumuló el de igual clase n.° 261/79 por don Juan Cambín Garres y otros contra Inmobiliaria del Trasvase, S.A. y otros, estableciendo en síntesis los siguientes hechos: Primero. Legitimación procesal de las partes. Mi representada llevó a cabo la promoción de ciento veinte viviendas en el Barrio de San Antonio, en Molina de Segura, acogidas a la legislación de viviendas de protección oficial, subvencionadas. Las obras fueron realizadas bajo proyecto y dirección del Arquitecto don Fulgencio Box Hernández, asistido en esta segunda faceta del Aparejador don Gonzalo Matilla Bento y a través de la Empresa Constructora don Francisco Martínez Campillo demandados. Con posterioridad a la finalización de las obras, habitadas ya las viviendas, aparecieron diversas grietas en las viviendas, con peligro de derrumbamiento. Segundo. Han sido innumerables la gestiones llevadas a cabo con los demandados para obtener de un modo amistoso, la satisfacción de sus intereses. Tercero. Para evidenciar ante el Juzgado la necesaria causalidad entre los hechos y el resultado de los mismos que determina la pretensión de esta demanda, se hace necesario el que establezcamos un orden cronológico en nuestra exposición, aun a fuerza de ser más extensos de lo que quisiéramos. Para la promoción de las viviendas se presenta ante la Delegación del Ministerio de la Vivienda en Murcia, anteproyecto que realiza el demandado señor Box. Cuarto. Realizado el proyecto, se conviene con el demandado señor Martínez la ejecución de obra con suministro de materiales y bajo la dirección del Arquitecto y con la intervención del Aparejador señor Matilla. Quinto. Las obras finalizan en diez de agosto de mil novecientos setenta y seis y en ocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis se expide por el Ministerio la correspondiente Cédula de Calificación definitiva. Sexto. Las viviendas fueron entregadas y habitadas pero en febrero de mil novecientos setenta y siete, aparecieron diversas grietas en las viviendas y en las separaciones de patio, con peligro de derrumbamiento. Consecuente a tales incidencias mi mandante trasladó al Arquitecto señor Box lo relacionado, mediante requerimiento notarial. Ello motivó que por dicho Arquitecto se redactase el oportuno proyecto que el Ministerio desestimó. Séptimo. Siguiendo mi principal las órdenes del Ministerio, presentó proyecto del Arquitecto don Luis Martínez Carrasco y, aprobado, se procedió a través de las Empresas «Sages» y «Pieresa» de Madrid y otros a la realización de las obras oportunas para la reparación de los daños que ha importado la cantidad de veintiún millones quinientas tres mil seiscientas cincuenta pesetas y desconociendo el montante total por estar terminándose las obras. Octavo. Todo lo relacionado fue notificado al señor Box en acto de conciliación. Noveno. Existen unos daños y hay que averiguar de quién es la responsabilidad de dichos daños y perjuicios. Está fuera de toda duda que el contrato con el Arquitecto es un contrato de obra, encarga un proyecto viable, como igualmente al dirigir una obra, su actividad al prestar sus servicios profesionales es la consecución de un resultado la construcción de un edificio. Las obligaciones asumidas por el Arquitecto en

el caso de autos, consisten en la elaboración del proyecto y dirección de la obra. Bajo su dependencia y desempeñando su función con arreglo a sus instrucciones, el Aparejador es responsable de que las obras se efectúen con arreglo al proyecto y a las buenas prácticas de la construcción que, es lo que deberá hacer el contratista-constructor. Décimo. En el caso de autos, es tan evidente la existencia de ruina y hace relación detallada de las causas de la misma. Todo lo anterior lo consigna el Arquitecto proyectista, que es el mismo que después dirige la obra y es el mismo que cuando el Ministerio de la Vivienda requiere a la promotora para que se presente proyecto de reparaciones, dice (en el proyecto que desestimó tal Organismo) que aparecieron grietas por asientos del terreno a niveles por debajo de la cota de cimentación ejecutada y que trata de conseguir reducir al mínimo los posibles asientos diferenciales. Undécimo. De lo expuesto resalta con toda evidencia que hay ruina y que existe responsabilidad expresamente admitida por el Arquitecto autor del proyecto y director de las obras en el acto de conciliación. Duodécimo. Evidenciada la responsabilidad y habiendo tenido mi mandante que realizar los actos que la negligencia de los demandados le ha ocasionado, es consecuencia que el mismo debe resarcirse de los daños y perjuicios que ha experimentado. Independientemente se ha causado a la actora un daño moral. Hay que pensar que las construcciones realizadas son las primeras que promovía mi mandante y el descrédito y la mala fama que atribuyen a mi principal, se traducen en definitiva en un interés económico. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia en la que se declare que los demandados son responsables solidariamente de los daños y perjuicios originados por su incumplimiento y por los vicios de la construcción de ciento veinte viviendas promovidas por mi principal en Molina de Segura al amparo del expediente Muvs-926/73, que se cifran en la cantidad de cincuenta y un millones quinientas tres mil seiscientas cincuenta pesetas y, obligando a los demandados a estar y pasar por tal declaración, se condene a los mismos a abonar solidariamente a mi representada los daños y perjuicios causados o que se causen por las deficiencias dichas y cuyo importe se determinará en la ejecución de sentencia con las bases establecidas, todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.Segundo: Admitida la demanda y emplazados los demandados don Fulgencio Box Fernández, compareció en los autos en su representación el Procurador don José Iborra Ibáñez, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma: Primero. Negamos los del escrito. Segundo. De los hechos de la demanda sólo es cierto: Que Inmobiliaria del Trasvase, S.A. promocionó la obra de construcción de ciento veinte viviendas de protección oficial. Que tales obras fueron proyectadas y dirigidas por mi representado. Que las mismas se terminaron en diez de agosto de mil novecientos setenta y seis, siendo recibidas de conformidad por la actora. Que igualmente el Ministerio de la Vivienda recibió las obras de conformidad otorgando la cédula de calificación definitiva, previa la correspondiente inspección. Que en febrero de mil novecientos setenta y siete, aparecieron diversas grietas, pero no en todas las viviendas, sino sólo en algunas de ellas, razón por la cual la delegación de la Vivienda la requirió para que en el plazo de cinco dias se tomasen las medidas de seguridad precisas y se presentase proyecto del Arquitecto directo comprensivo de las reparaciones a efectuar. Que mi representado redactó el correspondiente proyecto y que la Delegación de la Vivienda, puso unos reparos importantes y la actora, a espaldas de mi representado, encargó al Arquitecto don Luis Martínez Carrasco el mismo estudio, que envió al Ministerio y fue aprobado por dicho Organismo. Sin dar oportunidad a mi representado, que era en definitiva a quien por derecho correspondía, realizar el citado proyecto. Es preciso concretar, de tales hechos no resulta, la causa de agrietamiento, pues mientras la actora afirma que consiste en los defectos del suelo y, por ende, es debida a culpa o negligencia de mi mandante, mi parte niega rotundamente dicha imputación, afirmando que tales agrietamientos se han producido como consecuencia de las inundaciones producidas por las roturas de las redes generales de suministros de agua potable y alcantarillado de la urbanización en la que se ubicaron las viviendas, urbanización realizada por la propia actora, sin el concurso de mi mandante. Y no sólo ha de probar la realidad de unos perjuicios, sino el nexo causal existente entre el hecho causante y aquéllos (sentencias de cinco de abril de mil novecientos sesenta y dos, uno de mayo de mil novecientos cincuenta y treinta y uno de octubre de mil novecientos cuarenta y seis). Sin que quepa, por último, la petición de condena de futuros e inciertos daños y perjuicios. A la luz de los principios, además de reclamar los daños y perjuicios que se causen y se cifran los daños y perjuicios actuales en la suma de 51.503.650 pesetas, de los que 21.503.650 corresponden a la reparación de los daños materiales y los restantes 30.000.000 a su reclamación por el concepto de daños morales. Daños y perjuicios materiales. Para justificar que la entidad actora lleva pagados 21.503.650 pesetas, se aportan con la demanda más de mil facturas y recibos, sin orden ni concierto, sin la suficiente concreción y especificación de la obra concreta a que se refieren, sin garantías de autenticidad y sin la necesaria correlación con las obras ordenadas por el Ministerio de la Vivienda únicas que guardan el nexo causal entre el daño producido por los agrietamientos y su reparación. Ni aun incluyendo el importe de la obra recomendada, se superaría la cifra de seis millones de pesetas. Por ello, la deshonestidad de la reclamación, se pone de relieve de la documentación aportada por la actora, que no ha tenido inconveniente en traer a estos autos las facturas y recibos de la obra de las noventa y seis viviendas que está realizando en el mismo barrio de San Antonio de Molina de Segura, ubicadas junto a las ciento veinte viviendas que dirigió mi mandante. El Juzgado, no puede tomar en consideración los documentos impugnados si toma en consideración: Primero. Que las únicas obras a realizar, en nuestro caso, son las ordenadas por el Ministerio de la Vivienda. Segundo. Que tales obras fueron presupuestadas por mi representado en la cantidad de cinco millones de pesetas. Tercero. Que han de hacerse conforme al dictamen del señor Martínez Carrasco, cuyo presupuesto no puede exceder de esos cinco millones de pesetas, a la vista de la descripción de las obras que propone, y aunque excediera de tal suma por las obras que recomienda respecto de la urbanización, las mismas jamás podrían tener el carácter de daños y perjuicios a los efectos de esta litis, suponiendo el exceso menos de un millón de pesetas. Cuarto. Que la pretensión de extender los daños a las ciento veinte viviendas, es improcedente y abusiva, dado que está probado, por el dictamen del señor Martínez Carrasco, como por el de mi mandante, que sólo resultaron afectadas once viviendas. Daños morales. Y por lo que se refiere a los daños morales, que cifra en la cantidad de treinta millones de pesetas, necesariamente tenemos que imputar dicha reclamación, habida cuenta de que es la propia Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, creadora de la figura del daño moral indemnizable, la que, a partir de su sentencia de seis de diciembre de mil novecientos doce, largamente ratificada en posteriores resoluciones del mismo Alto Tribunal (sentencias de veinte de diciembre de mil novecientos treinta, diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y seis, siete de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, veintiocho de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, siete de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, veinte y veinticuatro de noviembre de mil novecientos setenta, etc.), indica que sólo es procedente ante la existencia de daños corporales o ataques al honor, rechazándolo, expresamente, en los supuestos de daños materiales, por la susceptibilidad de éstos de ser tasados. Quinto. Se oculta cuidadosamente en la prolija demanda que estamos contestando, y, sin duda, también se ocultó por la actora a su perito señor Martínez Carrasco, el hecho trascendente e importantísimo de que la construcción de las ciento veinte viviendas, de una planta, se ubicó entre las calles denominadas Fe, Esperanza y Caridad, y las trasversales a éstas. Se oculta también que la urbanización de dichas calles, fue hecha por la mercantil «Cantos Rodados, S.A.», por orden y cuenta de la hoy actora. Se oculta, del mismo modo, que por haberse hecho sin proyecto previo y sobre la marcha, las referidas obras de urbanización, resultaron tan deficitarias que, desde el comienzo, sufrieron distintas averías y roturas, produciendo filtraciones que anegaron por completo los terrenos sobre los que se asienta la cimentación de las viviendas. Se oculta, por último, que ni en la construcción ni en la recepción de tales obras se empleó la maquinaria precisa para detectar fuga de las redes. Mas, afortunadamente, mi mandante ha podido obtener la prueba cumplida de tales extremos por la manifestación de don José Martínez Martínez, encargado de las obras por «Inmobiliaria del Trasvase, S.A.», como por las producidas, también fehacientemente, por el Director Técnico y legal representante de «Cantos Rodados,S.A.», Ratifica en todas las manifestaciones del encargado de la actora don José Martínez Martínez, poniendo al descubierto la verdadera y única causa de los agrietamientos. Sexto. Alega las excepciones procesales. Defectuosa constitución de litis, por falta de litisconsorcio pasivo necesario. Falta de personalidad en el Procurador del actor, por insuficiencia del poder. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia por la que estimando cualquiera de las excepciones o entrando en el fondo, se desestime la demanda, absolviendo a mi representado e imponiendo las costas a la Entidad demandante.Tercero: Por don José Matilla Benito compareció el Procurador don Luis Brugarolas Rodríguez que contestó la demanda alegando: Primero. Negamos los alegados de contrario. Segundo. Es cierto que la actora, efectuase la promoción de ciento veinte viviendas de autos. Que tales obras se realizaron según proyecto y la dirección del Dr. Arquitecto señor Box, que estuvo asistido por mi representado, pero rechazamos rotundamente que dicho Aparejador tenga responsabilidad alguna en las deficiencias. Y ello resulta así hasta de la propia demanda, en la que prácticamente no se hace referencia alguna a la intervención del señor Matilla en las obras ni a su responsabilidad, ejercitándose la acción contra él solo en base a una supuesta responsabilidad solidaria con el Arquitecto. Tercero. En términos generales, podemos conceptuar al Aparejador como el profesional que, con título de grado medio, está legalmente capacitado para realizar el control y organización de la ejecución material de las obras de arquitectura, bajo las órdenes del Arquitecto superior director de la obra. ¿Cuál ha sido la causa de la alegada ruina? Según se hace constar en la demanda, la principal causa, por no decir única radica en vicios del suelo y del proyecto, «ya que en el mismo no se previo adecuadamente la construcción para la clase de obra a realizar por no adaptarse el terreno para el que ha sido concebido». Y si la causa de la supuesta ruina obedece a vicios del suelo o del proyecto como sostiene la demandante ¿dónde está la responsabilidad del Aparejador? El señor Matilla cumplió exactamente su misión ordenando la ejecución conforme a lo previsto en el proyecto, fundamentalmente en lo relativo a cimentación. Cuarto. De todo lo expuesto hemos de llegar a la conclusión de que al Aparejador señor Matilla Bento no puede achacársele ninguna responsabilidad o negligencia. Quinto. Por último, no podemos por menos de impugnar las facturas, vales y demás documentos para justificar el importe de las obras realizadas, ya que la mayoría de ellos no refleja trabajos realizados como consecuencia de las reparaciones que se dicen han sido precisas efectuar en las viviendas, y muchos de ellos son de fecha anterior incluso a la que, según se indica en la demanda, se produjeron los agrietamientos. Y en cuanto al supuesto daño moral que se valora en 30.000.000 de pesetas, lo estimamos totalmente desorbitado e injustificado. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado sentencia desestimando dicha demanda respecto a mi cliente, absolviendo libremente al mismo de todos los pedimentos que en su contra se solicitan; y ello con expresa condena en las costas de esta parte para la demandante por su temeridad en su planteamiento contra éste demandado.Cuarto: Y no compareció en legal término don Francisco Martínez Campillo, se le declaró en rebeldía.Quinto: Las partes evacuaron los traslados que para réplica y dúplica les fueron conferidos, insistiendo en los hechos, fundamentos de derecho y súplica de sus escritos de demanda y contestación.Sexto: Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.Séptimo: Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos, en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenian interesado en los autos.Octavo: El Procurador don José M. García Corbalán en representación de don Juan Gambín Garres y otros formuló demanda de juicio ordinario declarativo de mayor cuantía, ejercitando la acción derivada del artículo mil quinientos noventa y uno del Código Civil contra la mercantil «Inmobiliaria del Trasvase , S.A.», con sede y domicilio en Molina de Segura, Plaza del Caudillo número cinco, segundo; contra don Fulgencio Box Hernández, mayor de edad, casado, arquitecto, domiciliado en Murcia calle Santa Teresa número diecinueve contra don Manuel Gonzalo Matilla, mayor de edad, casado, aparejador, vecino de Murcia, domiciliado en calle Puerta Nueva número ocho y contra don Francisco Martínez Campillo, mayor de edad, casado, constructor, con domicilio en Molina de Segura, calle Menéndez Pelayo número 18-2.°, y contra sus esposas, éstas a los solos efectos del artículo ciento cuarenta y cuatro del Reglamento Hipotecario, alegando en su demanda en lo esencial ya transcritos. Alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado sentencia por la que se condene solidariamente a los demandados Inmobiliaria del Trasvase, S.A. como promotores-constructores de las viviendas objeto del litigio, a don Fulgencio Box Hernández, arquitecto director de las obras, a don Manuel Gonzalo Matilla, técnico aparejador de las mismas y a don Francisco Martínez Campillo, maestro de obras, a que, una vez sea firme la sentencia, procedan a la realización de las obras necesarias para la subsanación de los defectos de cimentación, estructura y terminación existentes en las edificaciones construidas; y, en el caso de que no se realicen dentro del término normal de duración de las obras, a que se realicen a su costa en ejecución de sentencia; y al pago de los perjuicios ocasionados hasta la fecha por tales deficiencias, reintegro del abono de los contadores de agua y electricidad, pago de la menor cabida real de las viviendas, y demás responsabilidades, que puedan derivarse de los hechos en los que se fundamenta esta demanda, y que se fijarán en el trámite de ejecución de sentencia, y al pago de las costas del presente procedimiento.