Una aproximación a la Resolución 1325. Desde las mujeres indígenas en Colombia: las mujeres wiwa y sus metodologías para la construcción de la paz y la seguridad
| Autor | Angela Santamaria y Lejandrina Pastor |
| Páginas | 193-212 |
Una aproximación a la Resolución 1325
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desde las mujeres
indígenas en Colombia: las mujeres wiwa y sus metodologías
para la construcción de paz y la seguridad
Angela Santamaria
Angela Santamaria y
Lejandrina Pastor
DOI: 10.14679/1868
1. INTRODUCCIÓN
En el 2020, se conmemoró el vigésimo aniversario de aprobación de la Resolución
1325 del año 2000, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres,
la Paz y la Seguridad. Retomando dicho espíritu, este capítulo analiza un proceso local de
defensa espiritual y política de los derechos territoriales y de los derechos de las mujeres
indígenas wiwa, como iniciativa de paz y seguridad. A través de este caso, buscamos ana-
lizar los avances y retos de la Resolución frente a las mujeres indígenas, en el contexto del
Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)1.
Para comenzar es importante resaltar que las recomendaciones de la Resolución ins-
tan a todas las partes en un conicto armado, a adoptar medidas especiales frente a la
protección de las mujeres y niñas de la violencia por razón de género, en particular frente
a la violación y otras formas de abusos sexuales. En Colombia, según la Corporación Hu-
manas la Resolución representó un instrumento de incidencia a nivel nacional e interna-
cional. Permitió también, poner en el centro del proceso de paz con las FARC, la violencia
sexual, como delito no amnistiable y de carácter internacional.
Queremos resaltar aquí, los numerales 8b y 10 de la Resolución. A través de estos, el
Consejo de Seguridad de la ONU instó a los Estados a adoptar medidas que permitiesen
1 Después de cuatro años de negociaciones para la paz, el 24 de agosto de 2016, el gobierno
colombiano y las FARC anunciaron que “habían llegado a un acuerdo nal y denitivo” para poner n al
conicto armado. La paz se lograría cuando los ciudadanos colombianos la raticaran en un plebiscito
en octubre de 2016. Sin embargo, el 50,21% de los votantes rechazó el acuerdo, mientras que el 49,78%
apoyó el “sí” y el 60% se abstuvo. Después de incluir algunos cambios, el Congreso aprobó el acuerdo a
nales de 2016.
Angela Santamaria y Lejandrina Pastor
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apoyar iniciativas de paz de las mujeres locales y sus procesos autóctonos de solución de
conictos. Los numerales buscan que los Estados promuevan y garanticen la participa-
ción de las mujeres en todos los mecanismos de aplicación de los Acuerdos de paz. El
Acuerdo con las FARC, constituyó una oportunidad para concretar muchas de las reco-
mendaciones consagradas en estos numerales. El Acuerdo, no sólo contiene la igualdad
de género como uno de sus principios centrales, sino que promueve más de 100 medidas
armativas para la participación de las mujeres y sus organizaciones, en la consolidación
de la paz y el reconocimiento de su victimización como resultado del conicto armado
colombiano (ONU Mujeres, 2020). Sin embargo, cuando se trata de mujeres indígenas,
persisten muchos retos. Según el informe de monitoreo de la Resolución del 2017, el
Acuerdo, incluyó especícamente el capítulo étnico, en donde se mencionó la transver-
salidad del eje “Mujer, Familia y Generación”. Lo anterior representa un avance histórico
para las mujeres indígenas, pero implica un desafío, pues no se establecieron medidas
especícas para las mujeres étnicas, ni su intersección con la transversalización del enfo-
que de género (Informe de Monitoreo de la Resolución 1325 del 2000, 2020). Gibbings
identicó tensiones similares en el caso de las mujeres iraquís, al resaltar que los arre-
glos pluralistas ofrecen estructuras de aplicación sólidas para cambiar y empoderar a las
víctimas. Sin embargo, estas generan en numerosas ocasiones, limbos jurídico-políticos
frente a los derechos de las mujeres y los pueblos, dicultando el desarrollo normativo.
Igualmente, emerge una tensión entre las posibilidades ofertadas por la Resolución, y el
“imperialismo” vehiculado por el Consejo de Seguridad en Irak y los daños provocados
en la vida de las mujeres (Gibbings, 2011).
Así, pervive el desafío frente a la intersección entre género, raza, etnia y clase cuando
se trata de seguridad internacional. La intersección entre el enfoque de “Mujer, Familia
y Generación indígena”, el enfoque de género, y su articulación con el bloque de consti-
tucionalidad colombiano y las disposiciones internacionales sigue siendo un reto en el
posconicto.
Complejizándose esta situación más aún, cuando hablamos de perspectivas indígenas
locales de paz y seguridad, marginalizadas y desconocidas por las instituciones centrales.
Durante los últimos años, la institucionalidad colombiana creada para la implementa-
ción de los Acuerdos, desarrolló estrategias para el relacionamiento con los pueblos in-
dígenas desde una perspectiva intercultural, y la implementación del “Capítulo étnico”.
Estas estrategias permitieron realizar avances en la participación de las mujeres indígenas
a través de la creación y el fortalecimiento de la arquitectura institucional para la paz. La
implementación del enfoque de “Mujer, Familia y Generación indígena”, el liderazgo de
las mujeres indígenas en las instancias derivadas del Acuerdo, y la creación de organi-
zaciones y procesos de reincorporación para mujeres excombatientes indígenas fueron
promovidas. El actual Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no
Repetición (SIVJR) ha interculturalizado las instituciones de la paz, dando cuenta del
impacto diferenciado del conicto armado en las mujeres indígenas y sus aportes a la
paz y a la seguridad. Resaltamos, el tema de la participación de cinco funcionarias indí-
genas de alto nivel para la implementación de los Acuerdos. Victoria Neuta, mujer indí-
gena Muisca, fue escogida como integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y
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