STS, 9 de Noviembre de 1993
| Ponente | D. ENRIQUE BACIGALUPO ZAPATER |
| Número de Recurso | 2725/1992 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 9 de Noviembre de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
En la Villa de Madrid, a nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y tres.
En el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por el MINISTERIO FISCAL y Marisol, como acusación particular, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga que absolvió a los procesados Inocencioy Sergiodel delito de estafa del que eran acusados, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Enrique Bacigalupo Zapater, estando representada la recurrente, Marisol, por el Procurador Sr. García Martínez.I. ANTECEDENTES
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- El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella instruyó sumario con el número 70/90 -PA contra Inocencioy Sergioy, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga que, con fecha 9 de Julio de 1992, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
Del conjunto de la prueba practicada resulta probado y así se declara que a las diez horas del día veintidos de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, en el cruce de las calles Ramón Gómez de la Serna y Estebanez Calderón de Marbella, se produjo la colisión del furgón matrícula YI-....-Uque conducía Luis, con el automovil matrícula Y-....-YNque conducía Dª Marisolla que resultó con lesiones graves; seguidamente la Policía Municipal practicó las oportunas actuaciones.- Ocurrida esta colisión D. Valentín, a quien le unía una estrecha amistad con Dª Marisol, encargó al abogado D. Inocencioque se hiciese cargo de la defensa de los intereses de la lesionada. Y D. Inocenciocon fecha 30 de agosto del mismo año escribió a la Compañía de Seguros Hermes, como mandatario de la Señora Marisol, comunicando el accidente sufrido por la asegurada en dicha compañía, que se encontraba internada en la clínica Marbella.- El día doce de septiembre Dª Marisolotorgó ante notario, en San Pedro de Alcántara un poder para pleitos en favor del Abogado Sr. D. Inocencioy el Procurador D. Sergio, así como a otros profesionales.- El atestado levantado por la Policía Municipal se remitió al Sr. Decano de los Juzgados de Instrucción de Marbella y turnado correspondió al Juzgado de Instrucción nº Dos, donde se incoaron Diligencias Previas, en cuyas Diligencias siguiendo instrucciones del Letrado Sr. Inocenciose personó el Procurador D. Sergio, mostrándose parte en nombre de Dª Marisol, por escrito de fecha once de octubre de 1.984, que aparece firmado por el Letrado D. Plácido, a cuyo escrito se acompañaba copia de la escritura de poder referida, en la que aparecía la expresión "es bastante" firmada por D. Plácido. D. Plácidoes un Abogado en ejercicio en Marbella a quien el acusado D. Inocenciohabía confiado la dirección de la defensa procesal en el Juzgado, como colaborador del despacho del mencionado Sr. Inocencio.- Por proveído de dos de noviembre de 1.984 el Juzgado de Instrucción tuvo por personado al Procurador D. Sergio, en la referida representación, acordando que se entendieran con él las sucesivas diligencias.- Con fecha quince de octubre de 1.984 D. DIRECCION000, Corredor de Seguros, remitió una carta al despacho de D. Inocenciocomo agente de Seguros de la Srtª Marisol, en la que le comunicaba que el siniestro de referencia se tramitaba en la Delegación de Hermes en Málaga, que conocía que la Srta. Marisolhabía abonado facturas de gastos de asistencia sanitaria, las cuales solicitaba para que el Letrado de Hermes en Málaga las reclame Judicialmente, junto con los daños del vehículo, que el vehículo había sido tasado pericialmente en Marbella y que la Srta Marisoliba a ser sometida a fisioterapia en una clínica de la Cia Hermes en Madrid, corriendo los gastos a cargo de la citada Compañía, que en su momento los reclamará a la Cia contraria.- Con fecha siete de noviembre de 1984 D. Inocencioescribe a Cia de Seguros Hermes, enviándole fotocopia de las facturas abonadas, interesándole informase como pensaban abonar gastos ocurridos y le significaba que la Srta Marisolera modelo publicitario y que las cicatrices posiblemente perduraran en la cara y en el brazo y no podrían desaparecer con cirugía estética, lo que le impedirá continuar la vida profesional con el correspondiente detrimento de ingresos y que habrá de evaluar ese futuro detrimento y compensarlo monetariamente.- Por auto de veintiocho de julio de 1.986 recaído en las expresadas Diligencias se declaró falta el hecho de referencia mandando remitir las actuaciones al Juzgado Decano de los de Distrito de Marbella, cuya resolución se notificó al Procurador Sr. Plácido. Y recibidos los autos en el Decano fueron turnados al Juzgado nº 1, quien seguidamente acordó se recibiese declaración a la lesionada y que por el Médico Forense se informase sobre las lesiones sufridas, a cuyo efecto se libró exhorto al Juzgado de Distrito Decano de Madrid.- El día catorce de enero Dª Marisolescribió a Hermes Cia de Seguros comunicándole que en relación al accidente sufrido en 22-8-84 con el vehículo Y-....-YNpor el que se sigue Juicio de Faltas nº 1.092/86 en el Juzgado de Distrito de Marbella concedía su representación legal al Letrado D. Benito Polo Sánchez o a quien este designe de su bufete para la defensa.- Recibido en el Juzgado de Distrito número 1 el exhorto cumplimentado, se acordó señalar para la celebración del juicio de faltas el día veinticuatro de marzo de 1.987, y la citación de Dª Marisolen la persona de su Procurador D. Sergio, cuyo Juicio no se pudo celebrar al no haber sido citados todas las partes; señalándose para nuevo juicio la Audiencia del día doce de mayo del expresado año, citándose al efecto al Procurador Sr. Sergio.- El día veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y siete, Dª Marisolotorga ante Notario en Madrid, poder general para pleitos, en favor de los Letrados de Málaga doña Inmaculada Molina Capilla y don Enrique Delgado Schwarzman y de Madrid don Benito Polo Sánchez y don José Antonio Tabernillas Rodríguez y de la Procuradora de Marbella Dª María Luisa Benítez Donoso.- El día doce de mayo de 1.987 se celebró, como estaba señalado, el juicio de faltas, al que acudió la Srª Marisolasistida del Letrado Sr. Delgado sin que conste en el acto que asistiese el Procurador Sr. Sergioni el Letrado D. Plácido, aunque al parecer se encontraba en el edificio de los Juzgados. Celebrando el juicio se dictó sentencia condenando a Sebastián Luiscomo autor de una falta de lesiones por imprudencia a la pena correspondiente, y a indemnizar a Dª Marisolen 10.151.521 pesetas por las lesiones y 500.000 ptas. por los daños del vehículo, declarando la responsabilidad civil directa de MAPFRE.- Esta sentencia fué notificada a la Letrada Dª Inmaculada Molina Capilla en nombre de la Sra. Marisolquien formuló recurso de apelación.- En este recurso se personó en nombre de la recurrente el Letrado D. Enrique Delgado Schwarzmann, apareciendo el poder para pleito conferido por la Señora Marisol, y dicho Letrado asistió a la vista del recurso. En diecisiete de noviembre del mismo año se dictó sentencia estimando el recurso y elevando la cuantía de la indemnización a 11.051.521 pesetas, de la cual correspondían a Hermes 500.000 pesetas por los daños del vehículo y 400.000 ptas. por los gastos médicos abonados.- Recibidas las actuaciones en el Juzgado de Distrito, el día veintiseis de noviembre de 1.987 se acuerda notificar a las partes y procede a la ejecución de la sentencia, notificación que se practica al Procurador Sr. Sergio.- El día diecisiete de diciembre el letrado de MAPFRE hace entrega en el juzgado de un talón por importe de 11.051.521 pesetas importe de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de apelación.- El día ocho de enero de 1.988 el Juzgado entrega al Procurador Sr. Sergiola cantidad de 10.151.521 pesetas importe de las indemnizaciones que corresponde a la Srª Marisol. Y con fecha diecinueve de dicho mes y año el procurador Sr. Sergioremite al Letrado Sr. Inocencio, para Dª Marisolla cantidad de 10.096.931 ptas., por haber descontado de la cantidad recibida su minuta de Suplidos y derechos, por importe de 54.590 pesetas. Recibida la expresada cantidad el Letrado Sr. Inocencioremitió a la señora Marisolla cantidad de 9.111.931 pesetas, por haber retenido la cantidad de 985.000 ptas. en concepto de honorarios.- La Señora Marisolal tener noticias de que el Sr. Sergiohabía recibido la indemnización llamó por teléfono al Sr. Inocenciopara pedirle el importe íntegro de la indemnización y cuando el Sr. Inocenciole comunicó el buen resultado de sus actuaciones judiciales, ella le dijo que no podía decir eso pues no había asistido al Juicio ni él ni el Sr. Sergio, quedando sorprendido el Sr. Inocencioal saber que la Sra. Marisolhabía estado en el juicio, cosa que dicho acusado desconocía.- El día 27 de enero de 1.988 el Sr. Inocencioenvió una carta a la señora Marisollamentando que haya habido malos entendidos, explicándoles las gestiones realizadas y adjuntándole las liquidaciones correspondientes, con esta carta se acompañaba la minuta de honorarios, por importe de 985.000 ptas., en cuya minuta se comprendían conceptos relativos a actuaciones en las que realmente ni el Sr. Inocencioni otro Letrado en su nombre habían intervenido.- El día quince de febrero de 1.988 el Procurador Sr. Sergiopresentó escrito en el Juzgado de Distrito solicitando se requiriese a la Cia de Seguros MAPFRE para que procediera al abono de los intereses correspondientes a la indemnización de referencia.
Petición que fue estimada por el Juzgado, fijando los intereses en la cantidad de 690.768 pesetas en favor de la Señora Marisol, cantidad que abonada por MAPFRE, fué entregada a la perjudicada.- El día veinticinco de marzo de 1.988 Dª. Marisolcompareció en Madrid, ante Notario, y revocó en todas sus partes el poder general para pleitos que bajo el nº 165/84 otorgó ante el Notario de Marbella D. Constantino Madrid Navarro, al Procurador D. Sergio, revocación que hace extensiva a todos los profesionales y apoderados de la citada escritura de apoderamiento.- Presentada la querella e incoadas las actuaciones el acusado Sr. Inocenciopresentó escrito ante el Juzgado de Instrucción nº Dos de Marbella al que acompañaba la minuta de honorarios a que antes se hace referencia en la que no se expresaba la realidad de los hechos; sin que esté acreditado en autos que cuando dicho acusado confeccionó la referida minuta conociera que no había intervenido en su nombre ningún Letrado en el acto de la vista del Juicio de falta, ni en el recurso de apelación.-
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- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
F A L L A M O S : Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a los acusados D. Inocencioy D. Sergio, de los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento oficial, falsedad en documento público y estafa, de que viene acusadas, declarando de oficio las costas procesales causadas.-
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- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, por el MINISTERIO FISCAL y por la ACUSACION PARTICULAR, Marisol, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
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- El Ministerio Fiscal y la representación de la Acusadora Particular basan sus recursos en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
A.- Recurso del MINISTERIO FISCAL :
UNICO.- Por infracción de Ley, al amparo del nº 1 del art. 849 de la L.E.Cr. por inaplicación del art. 535 del Código Penal (Apropiación Indebida) y por inaplicación de los artículos 303 y 302-4º del Código Penal (Falsedad en documento).
B.- Recurso de Marisol:
UNICO.- Por infracción de Ley, por así permitirlo el art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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- Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de deliberación cuando por turno correspondiera.
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- Hecho el señalamiento de la deliberación, ésta se celebró el día 27 de Octubre de 1993.
El recurso del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular coinciden totalmente en su fundamentación. Ambos sostienen que el Tribunal a quo ha infringido los arts. 535 y 303 y 302, 4º CP. por inaplicación. Con respecto a la apropiación indebida sostiene el Fiscal que el acusado recibió por error la suma que correspondía a su antígua mandante y que al haber descontado de ella honorarios en realidad no devengados, ha realizado el tipo del art. 535 CP. Estima el Fiscal que "lo que constituye la conducta ilícita penal de los acusados es llevar a cabo ese desplazamiento patrimonial, a consecuencia de un error del juzgado, por unos servicios profesionales totalmente inexistentes y que nunca se prestaron".
Asimismo estima el Fiscal que en el presente caso el procesado obró con animus rem sibi habendi en el sentido de la STS de 23-3-90, a pesar de que los hechos no son coincidentes.
En lo que concierne al delito de falsedad documental (arts. 303 y 302,4º CP.) se alega por el Fiscal que el principio de intervención mínima, al que entiende ha recurrido la Audiencia para fundamentar la absolución respecto de este delito, no puede ser aplicado de la manera en la que lo ha hecho el Tribunal a quo. Por otra parte, afirma el Fiscal, que es sólo aislada la Sentencia del Tribunal Supremo que estableció que los documentos privados no se convierten en públicos por el destino que el autor piense darles. Finalmente, el Fiscal expresa su disconformidad con la Sentencia en tanto ésta establece que el procesado conociera que "no había intervenido en su nombre ningún letrado en el acto de la vista".
El motivo debe ser desestimado.
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) La Defensa del procesado Sergioha alegado que el recurso del Ministerio Fiscal ha sido formalizado fuera del plazo legal, tomando en consideración la fecha de emplazamiento declarada por el Fiscal (27-7-92). La impugnación debe ser desestimada dado que según la certificación de antecedentes (ver folio 1 de este rollo), de acuerdo con las constancias obrantes en la causa, el emplazamiento de las partes tuvo lugar el 3-9-79. En consecuencia, el recurso fué formalizado dentro del plazo de 15 días que prevé el art. 859 LECr.
Por el contrario, el recurso de la Acusación Particular fué formalizado fuera del plazo, dado que éste venció el 22-9- 92 y el escrito correspondiente tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el 31-10-92. Por esta razón dicho recurso incurre en la causa de inadmisión que prevé el art. 884,4º LECr., que en esta fase del recurso es de desestimación.
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) El primer aspecto del recurso del Ministerio Fiscal se refiere a la cuestión de si el que por error recibe una suma de dinero para ser entregada a otro tiene la obligación de hacerlo y si, en el caso de incumplimiento y apropiación del dinero comete el delito del art. 535 CP.
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La Audiencia entendió que esta disposición no era aplicable pues no "puede estimarse que haya incorporación al patrimonio del sujeto (de las sumas retenidas) por el hecho de consignarse en la minuta servicios que no se prestaron, pues la ley otorga cauces procesales para impugnar las minutas de honorarios" y, además, por entender que en el caso se excluye el animus rem sibi habendi , característico de la apropiación.
El primero de los argumentos es claramente equivocado. En efecto, también el propietario de una cosa que ha sido sustraída ilegalmente tiene a su disposición la acción reivindicatoria prevista en el art. 464 Cod. Civ. sin que de ésto se pueda deducir que desaparece la tipicidad del hurto o de la apropiación indebida. Estos tipos penales no preven una aplicación meramente subsidiaria que requiera, por lo tanto, el ejercicio previo de las acciones civiles.
Asimismo es erróneo el segundo de los argumentos, referido al animus rem sibi habendi , dado que es indudable que éste se hubiera excluido si la retención hubiera sido realizada con intención de una posterior devolución. En este sentido se debe señalar que la Audiencia ha entendido en forma también equivocada la STS 20-3-90, pues ésta no estableció que, si el uso del dinero de la empresa se hacía expreso en las constancias contables, se debía excluir la apropiación. Por el contrario, en dicha sentencia se estableció que en ese caso concreto, junto con otras circunstancias, la inclusión del uso del dinero en la contabilidad permitía afirmar que el autor había tenido el propósito de restituir que, como se dijo, elimina el animus rem sibi habendi . La tesis. por lo demás, no es aislada como dice el Fiscal; ya había sido sostenida por esta Sala en la STS de 23-10-70.
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Aclarado lo anterior es preciso tener presente que la jurisprudencia ha sido sumamente variada en lo referente a la subsunción de estos casos, y que la doctrina lo ha señalado reiteradamente. En algunos precedentes la jurisprudencia estableció que la apropiación de cosas recibidas por error constituía un hurto propio (SSTS 4-2-60; 23-3-68; 15-12-71 y 10-10-79). Por el contrario, en las SSTS de 4-2-60; 11-2-63; 23-6-68, el Tribunal Supremo consideró que era aplicable el tipo del llamado hurto de hallazgo.
Asimismo se estimó apropiación indebida (en el sentido del actual párrafo 1º del art. 535) en las SSTS 3-7-56 y 7-12-64. En la STS de 23-10-70 se absolvió al procesado, pues se entendió que el procesado obró sin ánimo de lucro.
En la doctrina predomina el punto de vista que entiende que estos casos no son punibles. Sustancialmente se sostiene en esta línea que "de no criminalizarse mediante una nueva ley penal estos supuestos de apropiación de cantidades de dinero indebidas y entregadas por error, la naturaleza del comportamiento esperado del recipendiario será puramente civil, en cuanto el sujeto obligado a devolver por el cuasi contrato de cobro de lo indebido".
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Es indudable que el art. 535, párrafo 1º, CP., único cuya aplicación entra en consideración, dados los límites que impone el principio acusatorio, contiene una definición abierta de los títulos que implican obligación de entregar o devolver. Sin embargo, de allí no se puede deducir que toda infracción de un deber civil de esta naturaleza tenga el contenido criminal que es la razón de ser del delito de apropiación indebida. En efecto, como lo han señalado autores que se han ocupado del tema, los títulos que pueden dar contenido a la cláusula general y abierta del art. 535 CP. deben ser equivalentes a los títulos expresamente mencionados en forma ejemplificativa en dicha disposición. Es decir, deben tener características que se corresponden con las del depósito, comisión o administración.
Estos constituyen relaciones jurídicas caracterizadas por una especial relación de confianza del que deposita en manos de otro, da en comisión o en administración. Dicho en otras palabras: no son simples obligaciones civiles de entregar o devolver, sino deberes que protegen una especial relación de confianza de una de las partes hacia la otra. Su infracción, por lo tanto, no sólo implica un incumplimiento contractual sino la defraudación de otro sujeto de derecho de una manera especialmente reprochable, pues implica un abuso de la confianza necesaria para un desarrollo normal de relaciones jurídicas en la sociedad. La terminología con la que estas ilicitudes penales son conocidas en los países francófonos pone de relieve precisamente esta circunstancia al denominar a este delito como abuso de confianza (confr. art. 408 del anterior C.Penal Francés; art. 314-1 del C. Penal Francés actual, L. Nº 92-683, de 22-7-92; art. 491 C. Penal Belga).
Desde este punto de vista resulta claro que el art. 1895 C. Civil establece una obligación civil de restituir, pero al mismo tiempo es claro también que ella no se fundamenta en la confianza especialmente elevada del que ha hecho la entrega errónea. En estos casos es evidente que la entrega no está determinada por la confianza, sino por el error. Aquí se justifica que el orden jurídico otorgue al que ha errado una acción que, muy probablemente, se basa en el enrequecimiento indebido del receptor de la cosa. Pero, por el contrario, no se justificaría que el error del que hace la entrega sea protegido penalmente y con la amenaza de una pena privativa de la libertad, pues no existe el abuso de la confianza especial que requiere el delito de apropiación indebida.
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Tampoco es aplicable al caso el art. 303, 302,4º CP. El Ministerio Fiscal se ha esforzado en sostener que la jurisprudencia de esta Sala todavía admite la figura del documento público por destino, es decir que los documentos privados destinados a ser incorporados a actuaciones públicas deben ser considerados documentos públicos. Sin embargo es indudable que esta Sala abandonó en forma expresa en los últimos años tal doctrina (confr. ultimamente entre muchas otras STS 28-5-93). De todos modos, esta cuestión es totalmente secundaria, pues en el caso que está sometido a la decisión de esta Sala el problema que se plantea es, ante todo, el de si se dan los elementos del tipo básico de la falsedad documental o, dicho más precisamente, de si la expresión de una pretensión injustificada en una minuta de honorarios profesionales importa la alteración de un documento con los caracteres propios del objeto de la acción de típica de este delito. En otras palabras: se trata de si tales minutas tienen el carácter de documento en el sentido del objeto de la acción de los delitos de falsedad documental.
Ciertamente la finalidad de los tipos de falsedad documental es la de proteger la seguridad del tráfico jurídico y, como lo señala el propio Ministerio Fiscal, con cita de las SSTS 14-7-75 y 27-5-88, de la confianza en el "valor probatorio de los documentos". Pero, esto mismo pone de manifiesto que los delitos de falsedad documental no imponen un deber general de veracidad en las relaciones sociales manifestadas por escrito, de la manera en la que, en realidad, viene a entender en su recurso el Fiscal. Si lo que se protege es el valor probatorio de los documentos, es evidente que sólo puede ser objeto de la acción de falsificación un instrumento con fuerza probatoria.
En la jurisprudencia se ha sostenido reiteradamente en este sentido que los documentos protegidos por los tipos penales de los arts. 302 y stes. deben tener tres funciones, una función probatoria, una función perpetuante (de una declaración de voluntad), y una función de garantía (que permite atribuir tal declaración a quien auténticamente la ha formulado) y que deben haber sido confeccionados para servir de prueba. Consecuentemente la acción típica requiere que el autor haya alterado sustancialmente alguna de estas funciones del documento. (Confr. SSTS 29-6-90, Rec. Nº 5793/87; 18-3-91, Rec. Nº 3693/88; 7-10-91, Rec. 349/89 entre otras).
En el caso de la minuta de honorarios profesionales se trata de un escrito, pero no de un documento destinado a servir de prueba y con efecto probatorio. La minuta constituye, en realidad la corporización de una pretensión y, como es sabido, las pretensiones no prueban, sino que deben ser probadas.
Por lo tanto, la expresión escrita de la pretensión injustificada de percibir un honorario profesional en la correspondiente minuta no constituye una falsedad documental, toda vez que no altera una función probatoria, de la que las minutas de honorarios carecen.III.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de Ley interpuesto por el MINISTERIO FISCAL y la representación de la Acusación Particular, Marisol, contra Sentencia dictada el 9 de Julio de 1992 por la Audiencia Provincial de Málaga, en causa seguida contra los procesados Inocencioy Sergiopor un delito de estafa.
Condenamos a la Acusación Particular al pago de las costas ocasionadas en este recurso, así como a la pérdida del depósito si lo hubiere constituído.
Comuníquese esta resolución a la Audiencia mencionada a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Enrique Bacigalupo Zapater , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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SAP Castellón 631/2008, 6 de Noviembre de 2008
...era un "hurto de hallazgo" o de cosa perdida (SSTS de 4 Febrero de 1960 y 11 de Febrero de 1963); y ya más recientemente la STS. De 9 de Noviembre de 1993 vino a declarar la atipicidad de la apropiación de una cosa recibida por error en tanto no se criminalizase esa conducta, en base a que ......
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