STS 1713/2023, 12 de Diciembre de 2023

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1. - El procurador D. Alejandro Rodríguez Lobato, en nombre y representación de D. Efrain, interpuso demanda de juicio ordinario contra D.ª Agueda, en la que solicitaba se dictara sentencia:

   "[...] por la que:

   "1º.- Decrete la revocación de la donación efectuada en fecha 31 de diciembre de 1997, por Efrain a favor de Agueda, ante el Notario de Azpeitia D. Gaspar Rodríguez Santos, con nº de protocolo de 1031, por las causas primera y segunda del artículo 648 del Código Civil y, en consecuencia, ordene la cancelación de la inscripción sexta en el Registro de la Propiedad número cinco de los de San Sebastián, respecto de la finca NUM000, número IDUFIR NUM001, Tomo NUM002, Libro NUM003, Folio NUM004 y

   "2º.- Condene en costas a la demandada".

2. - La demanda fue presentada el 30 de mayo de 2011, y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Donostia-San Sebastián y se registró con el n.º 1058/2011. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. - El procurador D. Ramón Calpasoro Bandrés, en representación de D.ª Agueda, contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba al juzgado:

   "[...] dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda con imposición de las costas a la parte actora".

4. - Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Donostia-San Sebastián, dictó sentencia de fecha 10 de septiembre de 2012, con la siguiente parte dispositiva:

   "Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por el procurador Sr. Alejandro Rodríguez Lobato en nombre y representación de D. Efrain contra Dª Agueda, absolviendo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra".

   SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia

1. - La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Efrain.

2. - La resolución de este recurso correspondió a la sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que lo tramitó con el número de rollo 2473/2012, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 10 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva dispone:

   "FALLAMOS:

   "ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Efrain contra la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2012, dictada por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Sebastián en los autos nº 1058/11, REVOCANDO la misma y, en su lugar, se dicta nueva sentencia por la que con estimación de la demanda interpuesta por D. Efrain contra Dª Agueda se revoca por causa de ingratitud la donación efectuada el 31 de diciembre de 1997 por D. Efrain a favor de Dª Agueda ante el Notario de Azpeitia D. Gaspar Rodríguez Santos de la mitad indivisa de la finca NUM000, número IDUFIR NUM001 al folio NUM005 del libro NUM003 de Hernani, tomo NUM002 del Archivo del Registro de la Propiedad nº 5 de San Sebastián, descrita como nº NUM006 de la CALLE000; y se ordena la cancelación de la inscripción de la referida donación obrante en el mencionado Registro de la Propiedad, condenando a la parte demandada a abonar las costas causadas en la instancia.

   "No se efectúa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada derivadas del recurso de apelación interpuesto".

   TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1. - La procuradora D.ª Sara Aramburu Cendoya, en representación de D.ª Agueda, interpuso recurso de casación.

   El motivo del recurso de casación fue:

   "Motivo único: al amparo del artículo 477.2.3º, por interés casacional, se denuncia la infracción por la sentencia recurrida del artículo 648.2 del CC y en relación con él la oposición de dicha sentencia a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y, en concreto, la emanada de sus sentencias de 11 de octubre de 1989 ( STS 9386/1989), ponente Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales y sentencia del Tribunal Supremo (Sala de los Civil, Sección 1ª) de 13 de mayo de 2020 ( STS 3918/200. Recurso de casación núm. 8/2006), ponente Excma. Sra. Encarnación roca Trías".

2. - Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 15 de septiembre de 2021 cuya parte dispositiva es como sigue:

   "1.º) Admitir el recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de Doña Agueda contra la sentencia 361/2019, de 10 de mayo, de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, sección 2.ª, dictada en el rollo de apelación 2473/2012-R, que dimana de los autos de juicio ordinario 1058/2011, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Donostia/San Sebastián.

   "2.º) Abrir el plazo de veinte días a contar desde la notificación de este auto, para que la parte recurrida formalice por escrito su oposición al recurso.

   "Durante este plazo las actuaciones estarán de manifiesto en la Secretaría".

3. - Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4. - Por providencia de 12 de septiembre de 2023 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 17 de octubre del presente, y por resolución de esa misma fecha se acordó que el asunto pasara a conocimiento del Pleno de la Sala, señalándose nuevamente para votación y fallo el día 22 de noviembre de 2023, fecha en que ha tenido lugar.

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

A los efectos decisorios del presente recurso partimos de los antecedentes siguientes:

1. - La demandada D.ª Agueda y el demandante D. Efrain contrajeron matrimonio el 3 de julio de 1976, y se divorciaron por sentencia de 15 de marzo de 2011. El divorcio fue contencioso, y las relaciones entre ambos, desde la separación de hecho, en el año 2008, conflictivas.

2. - El matrimonio estaba casado bajo el régimen de separación absoluta de bienes, según capitulaciones matrimoniales otorgadas el 24 de febrero de 1987.

3. - Constante el matrimonio, los cónyuges adquirieron, por mitad e iguales partes, la casa sita en la CALLE000, número NUM006, de Hernani.

   En virtud de escritura pública de 31 de diciembre de 1997, autorizada por el notario de Azpeitia D. Gaspar Rodríguez Santos, bajo el número 1031 de su protocolo, D. Efrain donó a D.ª Agueda su mitad indivisa en la referida finca.

4. - D. Efrain y D.ª Agueda son titulares, cada uno de ellos, con carácter privativo, de un 40% del capital social de la mercantil Kovilar Aplicaciones Técnicas, S.L.

   También, son titulares, cada uno de ellos, con carácter privativo, de un 50% del capital social de la mercantil Oina, S.L.

   D.ª Agueda es administradora única de la mercantil Kovilar, S.L. y, por su parte, D. Efrain es administrador único de la mercantil Oina, S.L.

5. - Además de las anteriores sociedades, los litigantes eran titulares, en porcentaje del 50%, cada uno de ellos, del capital de una sociedad de nacionalidad panameña, denominada Lake Park que, a su vez, era titular de una cuenta bancaria en Suiza.

6. - Tras la separación de hecho constan las siguientes demandas y querellas presentadas entre las partes:

   (i) Con fecha 8 de octubre de 2008, D.ª Agueda formuló querella, en su condición de perjudicada y titular del 50% del capital social de la mercantil Oina, S.L., frente a D. Efrain, administrador único de dicha entidad. Dicho procedimiento se tramitó ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián como diligencias previas 3317/2008.

   Abierto el juicio oral, en su escrito de calificación definitiva, el Ministerio Fiscal solicitó la condena del Sr. Efrain, como responsable, en concepto de autor, de un delito de apropiación indebida, a la pena de tres años de prisión e indemnización a la sociedad Oina, S.L. con la suma de 50.000 euros.

   La representación jurídica de la Sra. Agueda, constituida en acusación particular, solicitó la condena del Sr. Efrain, como autor de un delito de apropiación indebida a la pena de cinco años de prisión y multa de doce meses a razón de 100 euros diarios, y por delito de administración desleal la pena de dos años y seis meses de prisión, con indemnización a Oina, S.L. en la suma de 72.568,85 euros.

   El referido procedimiento finalizó por sentencia absolutoria 92/2016, de 29 de abril, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián, al no estar suficientemente acreditado que el acusado utilizara en propio beneficio bien alguno que no le perteneciera. Esta resolución devino firme, al no admitirse, por auto de 6 de octubre de 2016 de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, el recurso de casación interpuesto por la Sra. Agueda contra dicha resolución.

   (ii) Con fecha 24 de mayo de 2010, el Sr. Efrain interpuso contra D.ª Agueda una querella por la comisión de un supuesto delito de apropiación indebida, por la retirada de los fondos depositados en la cuenta de Suiza a nombre de la sociedad Lake Park.

   Dicha querella se tramitó ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia, como diligencias previas 1791/2011, en el curso de las cuales se dictó auto de fecha 28 de febrero de 2013, por el que se acordó la inhibición y remisión de las actuaciones al Juzgado Decano de los Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 23.2 y 65.1 de la LOPJ, al ser españoles los sujetos activo y pasivo del delito, así como por haberse cometido los supuestos hechos delictivos en el extranjero.

   En dicho procedimiento, se dictaron autos de fecha 23 de mayo de 2013 del Juzgado Central de Instrucción número cinco de aceptación de la inhibición y de sobreseimiento; otro de 5 de febrero de 2018, de desestimación del recurso de reforma contra dicha resolución, así como un tercer auto de 23 de marzo de 2018, de la sección 2.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, confirmatorio de la resolución de sobreseimiento.

   (iii) Con fecha 4 de octubre de 2010, D. Efrain interpuso querella contra D.ª Agueda, en su condición de administradora de la mercantil Kovilar, S.L., por la comisión de un presunto delito societario, previsto y penado en el artículo 290 del CP. La querella fue tramitada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia (diligencias previas n.º 3448/2010).

   (iv) También, la Sra. Agueda presentó querella contra el Sr. Efrain, que dio lugar a las diligencias previas 444/2011, del Juzgado de Instrucción número 3 de Tolosa, que finalizó por sentencia 35/2014, de 3 de febrero, de la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de San Sebastián, que condenó al demandante Sr. Efrain, como responsable, en concepto de autor, de un delito de apropiación indebida, a la pena de siete meses de prisión, y a abonar a la entidad Kovilar, S.L., constituida en acusación particular, la cantidad de 3.596 euros. Dicha resolución alcanzó firmeza.

   (v) Con fecha 31 de mayo de 2010, la mercantil Kovilar, S.L., -de la que la Sra. Agueda es administradora única y socia del 40% junto con el Sr. Efrain (40%) y la Sra. Socorro (20%)- interpuso demanda de juicio ordinario frente a D. Efrain, ejercitando acciones por actos de competencia desleal.

7. - El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia número 6 de San Sebastián, que dictó sentencia en la que absolvió a la demandada de la acción de revocación de la donación de 31 de diciembre de 1997.

   En dicha resolución se razonó, en su fundamento de derecho tercero, que las imputaciones criminalizadas no pueden reputarse, por sí solas, atentatorias contra el honor, deben ser serias y graves. No basta la interposición de una querella para conseguir la revocación de una donación, lo que la convertiría en revocable a la voluntad del donante ( art. 648.1 CC).

   La imputación a la que se refiere el art. 648.2 CC hace la salvedad de que el delito no se hubiera cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o hijos constituidos bajo su autoridad, lo contrario sería dejar a las personas indefensas frente a los actos delictivos cometidos contra ellas por el donante, y posteriormente continuó su fundamentación señalando:

   "A la luz de estos principios:

   "La única querella planteada por la donataria contra el donante, la de apropiación indebida que se tramita ante el Juzgado de Instrucción nº 2, Diligencias previas 3.317/2008, lo es por un delito de apropiación indebida de dinero, cometida contra la persona de la donataria, titular al 50% de las participaciones de Oina con el actor, y de la que éste se habría apropiado en su exclusivo beneficio.

   "El Juzgado de Instrucción consideró a la demandada como perjudicada. El delito imputado no es perseguible de oficio, requería denuncia del perjudicado, como aquí ha sucedido. Además, se enmarca en esas reclamaciones litigiosas criminalizadas absurdamente, cuya solución se encuentra no en los procesos penales, sino en una liquidación definitiva en el orden civil, de las relaciones mercantiles y societarias que todavía existen entre las partes.

   "Este hecho no reúne las características para estimarla como una ingratitud de la donataria".

   En cuanto a los otros hechos en que se fundamentaba la revocación de la donación por ingratitud, razona el juzgado:

   "La imputación de delitos de tráfico no es tal. No hay una querella por ese supuesto delito. Es el actor quien se querella con la demandada por una falsa imputación, y la actuación ingrata de la demandada se produjo en un expediente de tráfico el NUM007 en el que se pidió a la empresa de la que es administradora la demandada identificase al conductor implicado en una irregularidad de tráfico. Al ser el conductor habitual de ese vehículo el actor, Kovilar manifestó que el conductor era el actor, a efectos meramente administrativos de tráfico.

   "Ni se imputa delito perseguible de oficio, ni se persigue por el denunciante ese delito, como exige la jurisprudencia.

   "En cuanto a la demanda de competencia desleal, es una demanda privada, ante el juzgado de lo mercantil, que es el cauce correcto, ordinario y legal para dilucidar las cuestiones que afectan a las mercantiles y sus socios".

8. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación. Su conocimiento correspondió a la sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

   El recurso de apelación se sustentó, en síntesis, en los fundamentos siguientes:

   (i) De la prueba practicada en las actuaciones resulta acreditado que la donataria, Sra. Agueda, ha realizado una serie de actos subsumibles dentro de las conductas descritas en el art. 648.1.º y 2.º CC, como ingratitud causal suficiente para la revocación de la donación.

   (ii) La interpretación del término delito recogido en el apartado 1.º del art. 648 CC debe realizarse en su sentido vulgar. La Sra. Agueda se ha apropiado del dinero de la cuenta común que ambas partes tenían en el Banco CIC de Ginebra; ha imputado falsamente a su representado en una infracción de tráfico; y ha falsificado documentación de la mercantil Kovila, S.L., y le ha impedido el ejercicio de sus derechos como titular del 40% de las participaciones de la citada mercantil de la que es administradora única.

   (iii) La Sra. Agueda ha interpuesto dos querellas contra el demandante. En la querella interpuesta mediante escrito de 8 de octubre de 2008 le imputa de forma concreta tres tipos de distintos delitos, a saber: delito de apropiación indebida (252 C.P.), delito de administración desleal (295 C.P.) y delito de insolvencia punible (257 C.P.), así como cualesquiera otros concomitantes o derivados de los hechos expuestos en la misma.

   En la querella interpuesta, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Tolosa, le imputa un delito de apropiación indebida de 3.596 euros.

   La representación de D.ª Agueda se opuso al recurso de apelación interpuesto, interesó su desestimación y correlativa confirmación de la sentencia de instancia, con imposición de costas a la parte apelante.

   La audiencia estimó el recurso interpuesto, al entender concurrente la causa de revocación prevista en el art. 648.2 del CC, con base en el siguiente conjunto argumental. recogido en su fundamento de derecho tercero:

   "En este sentido, y por lo que respecta la causa prevista en el nº 1, la literalidad de las expresiones utilizadas no deben adscribirse a títulos concretos del Código Penal, sino que el precepto debe interpretarse en relación a todos aquellos delitos por los cuales pudiera resultar ofendido el donante en su gratitud, siendo suficiente para operar el efecto revocatorio previsto en la norma. En esta línea, tampoco resulta necesario a tal efecto que se haya producido previamente una sentencia penal condenatoria, ni tan siquiera que el procedimiento penal se haya iniciado. Sin embargo, esta interpretación flexible de la literalidad tiene la delimitación causal que impone el precepto, en el sentido de que no basta una conducta que resulte sólo socialmente o éticamente reprobable, sino que tiene que revestir o proyectar caracteres delictuales aunque no estén formalmente declarados como tales ( STS 18 de diciembre de 2012 con cita de la STS de 5 de diciembre de 2006).

   "Y en relación a la causa prevista en el nº 2, se viene a entender que la expresión imputare debe interpretarse como el hecho de descubrir el delito cometido por el donante o personarse en el procedimiento para que el donante sea castigado y conseguir más pena que la pedida por el Ministerio Fiscal, siempre y cuando el donatario sea titular de la acción en virtud de la cual se lleva a cabo la persecución judicial ( STS de 13 de mayo de 2010).

   "Entre los numerosos hechos que el demandante califica como constitutivos de ingratitud se encuentra la imputación que le dirigió la demandada mediante querella interpuesta por ella con fecha 8/10/2008 en la que le imputa la comisión los presuntos delitos de apropiación indebida previsto y penado en el art. 252 CP, administración desleal previsto y penado en el art. 295 CP e insolvencia punible previsto y penado en el art. 257 CP (documento nº 27 de la demanda), que dieron lugar a la incoación de las Diligencias Previas nº 3317/2008 seguidas ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de San Sebastián, transformadas posteriormente en el Procedimiento Abreviado nº 4653/13 seguido contra el Sr. Efrain y enjuiciado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (rollo nº 1050/2015), en el que intervino la Sra. Agueda como acusación particular interesando una petición de condena superior a la solicitada por el ministerio público, dictándose con fecha 29 de abril de 2016 sentencia absolutoria que ha devenido firme.

   "Por consiguiente, entendemos que en el presente caso concurre causa de revocación de la donación de la mitad indivisa de la vivienda sita en la villa de Hernani, señalada con el nº NUM006 de la CALLE000, efectuada por el Sr. Efrain mediante escritura autorizada por notario el 31 de diciembre de 1997 por causa de ingratitud de la donataria Sra. Agueda incardinable en el art. 648.2º CC, debiendo en consecuencia, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia de instancia y estimar íntegramente la demanda".

9. - Contra dicha sentencia se interpuso por la demandada recurso de casación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1. - Estimar el recurso casación interpuesto por D.ª Agueda, contra la sentencia 361/2019, de 10 de mayo, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas y con devolución de los depósitos constituidos para recurrir.

2. - Casar la referida sentencia, y con desestimación del recurso de apelación interpuesto, confirmamos la sentencia 218/2012, de 10 de septiembre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Donostia, en el procedimiento ordinario 1058/2011, con imposición de las costas de la alzada a la parte apelante, y con pérdida del depósito constituido para apelar.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

La Excma. Sra. D.ª María de los Ángeles Parra Lucán voto en sala pero no pudo firmar por tener concedidas vacaciones, haciéndolo en su lugar el Excmo. Sr. presidente de la Sección, Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán ( art. 204.2 LEC).

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.