ATS, 12 de Julio de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Julio 2023 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 12/07/2023
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 6739/2020
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 DE BARCELONA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Ávila de Encío
Transcrito por: AAH/P
Nota:
CASACIÓN núm.: 6739/2020
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Ávila de Encío
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
En Madrid, a 12 de julio de 2023.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán.
La representación procesal de D. Heraclio presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada el 30 de julio de 2020 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera en el rollo de apelación n.º 627/2019, dimanante de los autos de juicio verbal n.º 161/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 57 de Barcelona.
La Audiencia Provincial de Barcelona tuvo por interpuesto el recurso y acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes.
El procurador D. Fernando García de la Cruz Romeral, en nombre y representación de D. Heraclio, presentó escrito ante esta Sala, personándose en calidad de parte recurrente. La procuradora D.ª Blanca Berriatua Horta, en nombre y representación de Reale Seguros Generales, S.A., presentó escrito ante esta Sala, personándose en calidad de parte recurrida.
Por providencia de 16 de noviembre de 2022 se confirió traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que manifestaran lo que tuviesen por conveniente sobre la competencia funcional de esta sala para resolver el recurso, que consta notificada.
La parte recurrente no ha efectuado alegaciones.
La parte recurrida ha presentado escrito en el que sostiene que la competencia corresponde al Tribunal Supremo, atendiendo a que la cuestión planteada no afecta a la aplicación de la norma foral que se cita en el recurso, sino que se refiere a las causas de interrupción de la prescripción.
Por el Ministerio Fiscal se ha emitido informe en el sentido de considerar competente para la decisión del recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cuanto el recurso se funda en la infracción de una norma de Derecho civil foral, que también es aplicado por la sentencia recurrida.
El presente recurso de casación se ha interpuesto contra una sentencia recaída en segunda instancia, dictada en un procedimiento tramitado como juicio verbal, al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 de la LEC, y se basa en la infracción del art. 121.12 del Código Civil de Cataluña.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 478 de la LEC, como principio general, tal y como ha establecido esta sala en otras resoluciones, la competencia funcional viene determinada por las normas invocadas en el recurso de casación y cuando el procedimiento se ha seguido en un ámbito territorial donde el Derecho civil aplicable al caso es el Derecho foral o especial, siendo el Código Civil derecho supletorio, constituyen normas aplicables para resolver el proceso las normas forales sobre la correspondiente materia y que han sido dictadas en el uso de la competencia legislativa atribuida por el Estatuto de Autonomía. La invocación de normas del Código Civil, junto con la norma de derecho foral, no altera la competencia funcional como señaló esta sala en el auto de Pleno de fecha 11 de noviembre de 2015, recurso 736/2015:
"[...] Esta Sala tiene declarado que "el legislador, en el art. 478 de la LEC, atiende a una circunstancia objetiva a la hora de atribuir la competencia para el conocimiento y resolución del recurso de casación a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, cual es que el recurso se funde exclusivamente o junto a otros motivos en la infracción de normas de Derecho civil foral o especial propio de la Comunidad Autónoma, dato objetivo que junto a las otras dos circunstancias contempladas en el precepto determinan la competencia de tales órganos. Y debe reparase en que dicha atribución competencial tiene lugar tanto si se invoca exclusivamente norma de Derecho civil foral o especial como si, junto a ella, se denuncian otras normas de derecho común, matiz de importancia ya que el legislador no pretende privar a los Tribunales Superiores de Justicia del examen de la denuncia de normas de Derecho común sino otorgarles el pleno conocimiento del Derecho foral o especial; por ello la única excepción viene constituida por el art. 5.4 de la LOPJ en el que la denuncia de infracción de precepto constitucional atrae la competencia al Tribunal Supremo y es que, esta norma, en esencia, está presidida por el mismo espíritu: el legislador pretende que las infracciones de norma constitucional sólo sean conocidas por el Tribunal Supremo como quiere que las infracciones de Derecho foral o especial sólo sean examinadas por el Tribunal Superior que tenga atribuida competencia; en definitiva, a la hora de la distribución competencial se ha efectuado un juicio de prevalencia para el conocimiento de los recursos basados en Derecho foral que sólo cede ante la infracción de norma constitucional. Lo que prima en esta distribución de la competencia, conviene insistir, es atribuir a las Salas de los Tribunales Superiores el pleno conocimiento de Derecho foral o especial y por ello el legislador acepta sin reparos que puedan conocer también del Derecho Común cuando se invoca junto a norma de Derecho foral o especial, de igual forma que el legislador acepta que el Tribunal Supremo conozca de Derecho foral o especial si existe el dato que prima en esta caso de alegación de norma constitucional. Adviértase que en ambos criterios de distribución el legislador no divide la competencia para el conocimiento de un mismo recurso sino que la atribuye a un único órgano, aunque para ello deba sacrificar los intereses perseguidos con la regla precedente, generando así una excepción al régimen general de conocimiento: respecto a la atribución al Tribunal Supremo cuando se invoca norma de Derecho foral o especial, y una excepción a la excepción: respecto a la atribución a los Tribunales Superiores de Justicia, cuando se cita norma constitucional" ( AATS de 22 de enero de 2008, 8 de septiembre de 2008 y 21 de abril de 2009, recursos nº 738/2005, 2290/2007 y 362/2007 respectivamente) [...]".
El art. 478 LEC atiende a una circunstancia objetiva a la hora de atribuir la competencia para el conocimiento y resolución del recurso de casación a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, cual es que el recurso se funde exclusivamente o junto a otros motivos en la infracción de normas de Derecho civil foral o especial propio de la Comunidad Autónoma.
A la vista de lo expuesto, procede declarar la falta de competencia funcional de esta sala para conocer del presente recurso de casación por las siguientes razones:
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La sentencia objeto de recurso se dictó en el ámbito de una Comunidad Autónoma con derecho foral propio, a saber, Cataluña.
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El recurso de casación se basa en la infracción del art. 121.12 del Código Civil de Cataluña.
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Tanto la sentencia de primera instancia como la de apelación aplican el artículo 121.21 y. 11 c) del Código Civil de Cataluña.
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Las normas forales alegadas y aplicadas por las sentencias de primera instancia y de apelación fueron dictadas en virtud de las competencias legislativas atribuidas por su Estatuto de Autonomía.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 484.1 de la LEC, procede remitir a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las actuaciones y el rollo de apelación, junto con testimonio del rollo de casación y del presente auto, previo emplazamiento de las partes personadas ante esta sala para que comparezcan ante la misma en el plazo de diez días.
LA SALA ACUERDA:
Declarar que la competencia para conocer del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Heraclio, contra la sentencia dictada el 30 de julio de 2020 por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, en el rollo de apelación n.º 627/2019, dimanante de los autos de juicio verbal n.º 161/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 57 de Barcelona corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que se remitirán las actuaciones y el rollo de apelación, junto con testimonio del rollo de casación y del presente Auto, previo emplazamiento de las partes personadas ante dicha Sala para que comparezcan ante la misma en el plazo de diez días.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
