ATS, 12 de Abril de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Abril 2023 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 12/04/2023
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 3466 /2021
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 6 DE MÁLAGA
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andrés Sánchez Guiu
Transcrito por: AVS/O
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3466/2021
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andrés Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
En Madrid, a 12 de abril de 2023.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán.
La representación procesal de Samafrava, S.A., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 999/2020, de 23 de octubre, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 6.ª, en el rollo de apelación n.º 188/2019, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 462/2015, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Málaga.
Mediante diligencia de ordenación se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, se tuvo por personada al procurador D. Ignacio Melchor de Oruña, en nombre y representación de Samafrava, S.A., en calidad de parte recurrente. La parte recurrida no se ha personado ante esta Sala.
Por providencia de fecha 8 de febrero de 2023 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.
Por diligencia de ordenación de fecha 27 de febrero de 2023 se hace constar que la parte recurrente ha presentado alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.
La sentencia frente a la que se interponen recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación fue dictada en un procedimiento ordinario tramitado en atención a su cuantía, inferior a 600.000 euros ( art. 249.2 LEC). En consecuencia, el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando la existencia de interés casacional.
En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.
Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 -al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.
El recurso de casación se formula a través de la vía casacional contemplada en el art. 477.2.3.º LEC y consta de un único motivo que encabeza: "Interés casacional por no ajustarse la Sentencia de la Audiencia Provincial a los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para la estimación de acción de responsabilidad individual". En el desarrollo cita como infringidos los arts. 236 y 241 TRLSC. Cita, a los efectos de acreditar el interés casacional, la STS 472/2016, de 13 de julio, del pleno, la STS 242/2014, de 23 de mayo, STS 634/2010, de 14 de octubre, STS 1124/2003, de 20 de noviembre, así como las SAP Badajoz, 46/2015, de 26 de febrero, SAP Málaga, Sección 6,ª, 368/2016, de 30 de mayo, SAP Málaga, Sección 4.ª, 108/2011, de 23 de febrero y SAP Madrid, Sección 28.ª, 147/2014, de 9 de mayo.
Expone que los administradores demandados han procedido al cierre de hecho de la sociedad constando un activo suficiente para satisfacer la deuda y, con posterioridad, lo han hecho desaparecer.
Así planteado el recurso de casación debe ser inadmitido al incurrir su motivo único en la causa de inadmisión de ausencia de interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC) por ajustarse a la doctrina jurisprudencial (por no oponerse a la doctrina de la Sala), si se respetan los hechos probados y la ratio decidendi [razón de decidir] de la sentencia recurrida.
Según hemos dicho reiterado últimamente en la sentencia 612/2019, de 14 de noviembre: "[...] cuando un acreedor ejercita una acción individual de responsabilidad frente al administrador de una sociedad en la que el daño o perjuicio cuya indemnización se pretende es el impago de un crédito, es muy fácil caer en el riesgo de identificar "la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo. Esta errónea concepción de la responsabilidad de los administradores sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador" ( sentencias 150/2017, de 2 de marzo, y 274/2017, de 5 de mayo).
Por eso venimos insistiendo que "para que pueda prosperar la acción individual es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito" ( sentencia 580/2019, de 5 de noviembre).
Es desde esta perspectiva, desde la que la jurisprudencia ha admitido el impago de un crédito como daño o perjuicio susceptible de ser indemnizado por una acción individual. En este caso el ilícito orgánico denunciado ha sido realizar un cierre de hecho sin practicar operaciones de liquidación y una denuncia genérica de distracción de activos. En un supuesto como este la dificultad radica en apreciar una relación de causalidad entre esta conducta y el impago de la deuda, pues se precisa la constatación de la existencia de concretos activos cuya realización hubiera permitido abonar total o parcialmente la deuda. Algo que realizado hubiera servido para pagar el crédito [...]".
En el caso, la audiencia, con aplicación de la doctrina expuesta, y tras valorar la prueba practicada, considera que el recurrente no ha realizado en el momento oportuno el esfuerzo argumentativo necesario para poder mostrar que, caso de haber sido la sociedad liquidada legalmente, hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito.
Así, señala la sentencia (Fundamento de Derecho Tercero): "[...] De ahí que resulte tan importante, en un supuesto como éste, que se identifique bien la conducta del administrador a la que se imputa el daño ocasionado al acreedor, y que este daño sea directo, no indirecto como consecuencia de la insolvencia de la sociedad . y cuando la sociedad deviene en causa de disolución por pérdidas y no es formalmente disuelta no basta con ello para determinar la responsabilidad del administrador, a no ser que conste que caso de haber sido liquidada legalmente, si hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito. Para ello hay que hacer un esfuerzo cuando menos argumentativo (sin perjuicio de trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada momento).
Y este esfuerzo argumentativo no está realizado en la demanda sino que es ahora en el recurso de apelación cuando se introduce como la sociedad disuelta tenía un activo muy superior a la deuda que se está reclamando e incluso superior al pasivo de la misma y que de haber realizado una correcta liquidación hubiera visto satisfecho, al menos en parte, su crédito [...]".
En definitiva, la sentencia recurrida no tiene por acreditado "la existencia de concretos activos cuya realización hubiera permitido abonar total o parcialmente la deuda", lo que es consecuente con la doctrina jurisprudencial expuesta.
La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC.
Procede declarar inadmisibles los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación presentados y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 LEC, que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y no habiendo presentado alegaciones la parte recurrida, no procede pronunciamiento sobre costas.
Siendo inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal procede la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, LOPJ.
LA SALA ACUERDA:
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) Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Samafrava, S.A., contra la sentencia n.º 999/2020, de 23 de octubre, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 6.ª, en el rollo de apelación n.º 188/2019, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 462/2015, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Málaga.
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) Declarar firme dicha sentencia, con pérdida de los depósitos constituidos.
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) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
