SAP Cantabria 333/2021, 14 de Diciembre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Diciembre 2021 |
| Número de resolución | 333/2021 |
AUDIENCIA PROVINCIAL
CANTABRIA
( Sección Tercera )
Rollo de Sala número: 537/2021.
Procedimiento abreviado: 93/2021.
JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO DOS DE SANTANDER.
Sentencia recurrida: 11 de mayo de 2021 .
Dte./ Ac. Part.: DON Mario .
Recurrente: DON Maximo .
Apelación.
SENTENCIA Nº 000333/2021
ILMOS. SRES. Presidente: D. AGUSTÍN ALONSO ROCA. Magistrados: D.ª MARÍA ALMUDENA CONGIL DÍEZ.
D. JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LA ESCALERA.
En Santander, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno.
Este Tribunal, constituido por los Ilmos. Sres. Magistrados mencionados al margen, ha visto en grado de apelación la presente causa penal de Procedimiento abreviado, procedente del JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO DOS DE SANTANDER, seguido con el número anteriormente indicado, por delito de daños del artículo 263.1 del Código Penal, con la intervención de Ministerio Fiscal, contra DON Maximo, en calidad de acusado, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Mendiguren Luquero y asistido por la Letrada doña María Pilar Iglesias Marqués, cuyas demás circunstancias personales ya constan en la Sentencia de instancia.
Es parte apelante en esta alzada DON Maximo y parte apelada, el MINISTERIO FISCAL, en la representación que ostenta del mismo la Ilma. Sra. doña Marta María Viña García.
Es Ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sección Tercera, D. Juan-José Gómez de la Escalera, quien expresa el parecer de la Sala.
Se aceptan los de la Sentencia de instancia y se añade lo siguiente:
En la causa de que el presente Rollo de apelación dimana, por el JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO DOS DE SANTANDER se dictó Sentencia en fecha 11 de mayo de 2021, cuyo relato de Hechos Probados y Fallo, es del tenor literal siguiente:
"HECHOS PROBADOS: RESULTANDO PROBADO Y ASÍ SE DECLARA: Primero.- Que el encausado Maximo, mayor de edad y cuyos antecedentes penales no constan en la causa, en la madrugada del día 26 de febrero de 2020, de forma consciente y deliberada golpeó repetidamente la puerta del local Pub La Tribu (sito en Maliaño y propiedad de Mario ) así como propinó varias patadas al retrovisor del vehículo matrícula ....-MSD (propiedad de Valentín ) que se encontraba estacionado en el exterior de dicho establecimiento.
A resultas de lo anterior, el vehículo sufrió daños tasados pericialmente en 523,62 euros (de los que 97,60 euros corresponden a mano de obra y 90,88 euros a IVA) y la cerradura de la puerta del local por importe, según tasación pericial, de 183,70 euros (de los que 68 euros corresponden a mano de obra). [...]
FALLO
DEBO CONDENAR Y CONDENO a Maximo Como autor penalmente responsable de un delito de DAÑOS previsto y penado en el artículo 263 del Código Penal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de DIEZ MESES DE MULTA a razón de una cuota diaria de CINCO (5.-) EUROS con arresto legal sustitutorio en caso de impago imponiéndole las costas procesales.
Por vía de responsabilidad civil el condenado indemnizará a:
* Mario en la cantidad de 183,70.- €.
* Valentín en la cantidad de 323,62.- €
Por DON Maximo se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite en virtud de providencia del Juzgado dictada al efecto, y dado traslado del mismo a las restantes partes, se elevó la causa a esta Audiencia Provincial, Sección Tercera, en la que tras su examen, se ha deliberado y fallado el recurso.
En la tramitación de este juicio en la alzada se han observado las prescripciones legales excepto la de dictar sentencia en el plazo señalado en el artículo 792.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por acumulación de asuntos pendientes.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Se aceptan los de la Sentencia de instancia, anteriormente reproducidos.
PLANTEAMIENTO Y OBJETO DEL RECURSO. Frente a la Sentencia de instancia se alza en apelación el condenado DON Maximo alegando como motivos de impugnación los siguientes:
-
) Por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado recogido en el artículo 24 de la CE por no haberse practicado una actividad probatoria con aptitud suficiente para enervar dicha presunción de inocencia.
-
) Error en la valoración de la prueba al haber valorado el juzgador equivocadamente las pruebas practicadas en el acto del juicio por las razones que se expondrá en el momento de su resolución .
-
) Infracción del principio de proporcionalidad en la imposición de la pena.
El Ministerio Fiscal se opuso e impugnó el recurso.
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y SOBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. La Sala tras examinar detenidamente las actuaciones y visionar la grabación del acto del juicio oral cuyo DVD se acompaña a la causa, llega a la misma conclusión plasmada por la juez de instancia en su Sentencia, la cual debe por ello ser respetada.
Es bien sabido cómo el derecho constitucional a la presunción de inocencia, proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española, se desvirtúa mediante la práctica de prueba en el acto del juicio oral. Para que esa prueba pueda desvirtuar aquel derecho es preciso que la misma se haya practicado en el plenario ( prueba existente ), que la misma no sea nula por haberse obtenido de forma i lícita ( prueba lícita ) y que la misma sea apta para acreditar aquello que se pretende probar ( prueba suficiente ). Dicho de otro modo, tal y como recuerda la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2016 con cita de otras muchas, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que la sentencia condenatoria se fundamente en una prueba de contenido incriminatorio que cumpla con las exigencias de ser:
-
) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito;
-
) una prueba constitucionalmente obtenida, a través de medios de prueba válidos, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas;
-
) una prueba legalmente practicada, con respeto a los principios básicos de imparcialidad, contradicción y publicidad, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; y,
-
) una prueba racionalmente valorada, canon de razonabilidad que exige que desde la lógica y las reglas de la experiencia, los medios de prueba valorados justifiquen como objetivamente aceptable la veracidad del relato en el que se fundamenta la acusación formulada, así como la inexistencia de alternativas fácticas verosímiles y razonables que se acomoden al resultado de la prueba practicada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.
Siendo esto así, constituye doctrina jurisprudencial reiterada que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución Española). Esto es así por cuanto, es el juzgador de instancia y no el órgano de apelación, quien desde su privilegiada y exclusiva posición puede intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse de las personas que en el declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos. Dar más credibilidad a un testigo que a otro, por ejemplo, forma parte de la esencia misma de la función de juzgar y no supone, desde luego, violación del principio de igualdad, como tiene ya declarado el Tribunal Supremo en Sentencias de 19 de noviembre de 1990 y de 14 de marzo de 1991, entre otras muchas. Por tal razón, y para hacer compatible la libre valoración judicial y el principio de presunción de inocencia es preciso que el Juez motive su decisión ( SSTC de 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987 y 2 de julio de 1990, y SSTS Sala 2ª, de 26 de febrero de 2003 y de 29 de enero de 2004 entre otras muchas), de modo que, siempre que el proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, la misma sólo podrá ser rectificada cuando concurran...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba