ATS, 8 de Febrero de 2022

Por el Juzgado de lo Social Nº 7 de los de Las Palmas de Gran Canaria se dictó sentencia en fecha 27 de junio de 2019, en el procedimiento nº 345/2018 seguido a instancia de D.ª Loreto contra Gestión de Servicio para la Salud y Seguridad de Canarias SA, Clínica San Roque, CRS Inversiones Sanitarias Sur SA, Aeromédica Cabaria SL, Atlantic Emergency SL, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y el Ministerio Fiscal, sobre derechos y cantidad, que estimaba en parte la pretensión formulada.

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes (D.ª Loreto, Gestión de Servicio para la Salud y Seguridad de Canarias SA, Clínica San Roque, CRS Inversiones Sanitarias Sur SA y Atlantic Emergency SL), siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en fecha 28 de octubre de 2020, que estimaba en parte los recursos de Gestión de Servicio para la Salud y Seguridad de Canarias SA, Clínica San Roque, CRS Inversiones Sanitarias Sur SA y desestimaba los interpuestos D.ª Loreto y Atlantic Emergency SL y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

Por escritos de fecha 29 de diciembre de 2020 se formalizaron por los letrados D.ª Carmen Castellano Caraballo y D. Luis Navarro Romero en nombre y representación de D.ª Loreto y Atlantic Emergency SL, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

Esta Sala, por providencia de 25 de noviembre de 2021, acordó abrir el trámite de inadmisión, en cuanto a D.ª Loreto por falta de contradicción y por falta de cita y fundamentación de la infracción legal y en cuanto a Atlantic Emergency SL por falta de contradicción. A tal fin se requirió a las partes recurrentes para que en plazo de cinco días hicieran alegaciones, lo que Atlantic Emergency SL efectuó y no D.ª Loreto. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

El art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina y en atención a su objeto, precisa de la existencia de sentencias contradictorias entre sí, lo que se traduce en que contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales".

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

SEGUNDO.-

Cuestión suscitada: La sala de suplicación confirmó el fallo de la sentencia de instancia que había declarado improcedente el despido de la actora condenando a las consecuencias de dicha declaración a Atlantic Emergency SL. La trabajadora articula dos motivos de recurso dirigidos al reconocimiento de la existencia de cesión ilegal de trabajadores y a la declaración de nulidad del despido por vulneración de la garantía de indemnidad. El motivo de recurso articulado por la mercantil Atlantic Emergency SL pretende el reconocimiento de la inexistencia de relación laboral entre dicha recurrente y la actora.

Sentencia recurrida: Se recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), de 28 de octubre de 2020, R. Supl. 499/2020, que estimó en parte los recursos de suplicación interpuestos por Clínica San Roque SA, CSR Inversiones Sanitarias Sur SA y Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias SA y desestimó los interpuestos por la trabajadora y por Atlantic Emergency SL y confirmó la sentencia de instancia que había estimado parcialmente la demanda de la actora frente a Hospital San Roque Maspalomas CSR Inversiones Sanitarias Sur SA, Clínica San Roque SA; Gestión de Servicio por la Salud y Seguridad Canarias SA; Aeromédica Canaria SL y Atlantic Emergency SL y declaró la improcedencia del despido de la actora, condenando a Atlantic Emergency SL a las consecuencias de dicha declaración.

La trabajadora formaba parte del equipo humano que ofrece la cobertura de las ambulancias de soporte vital avanzado que gestiona la empresa pública de gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias por medio de contratos de arrendamiento de servicios suscritos con empresas adjudicatarias de la prestación de servicios de transporte sanitario terrestre. Los servicios profesionales de la actora como ATS/DUE o enfermera en ambulancias sanitarias los prestaba en la base de Maspalomas por medio de un contrato de arrendamiento de servicios con Hospital San Roque Maspalomas CSR Inversiones Sanitarias Sur SA, y en la base de Telde por virtud de un contrato de arrendamiento de servicios CON CLÍNICA San Roque SA. Ambos contratos de arrendamiento de servicios se suscribieron el 2 de junio de 2012.

En marzo de 2018 se adjudicó el servicio a Atlantic Emergency SL. El 27 de febrero de 2018 Hospital San Roque Maspalomas comunicó a la trabajadora la resolución del contrato con la empresa Pública de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad Canarias y que el 1 de marzo de 2018 comenzaría a prestar servicios la nueva adjudicataria, por lo que se produciría la resolución del contrato de trabajo con efectos a las 00,00 h del 1 de marzo de 2018, lo que afectaba a la prestación de servicios tanto en el ASVA de Maspalomas y el de Telde.

El 1 de Marzo de 2018, Atlantic Emergency SL suscribió contrato de servicios médicos y de enfermería en la ASVA situada en Telde y Maspalomas. Dicha empresa presta sus servicios con 28 profesionales, 13 médicos y 15 enfermeros, de los cuales 17 venían prestando sus servicios para Clínica San Roque S.A. o CSR Inversiones Sanitarias en Telde o en Maspalomas.

En cuanto a la pretensión de reconocimiento de existencia de cesión ilegal de trabajadores, la sala de suplicación se remite a lo resuelto ya en un sentencia previa respecto de la misma cuestión, planteada allí con ocasión del despido de una compañera de la actora. La propia sala entendió en aquel caso y reitera ahora que la Clínica San Roque y CSR Inversiones ejercían de forma efectiva su poder de dirección y control de modo que podía declararse la laboralidad de la relación, pero no cabía imputar tal actuación a GSC cuya relación orgánica con las anteriores era inexistente; y el hecho de que GSC, como empresa pública prestataria del recurso sanitario de transporte terrestre de pacientes hiciera ejercicio de sus competencias para control de la correcta ejecución del servicio, lo que implicaba imponer a las adjudicatarias determinadas obligaciones de información y forma de ejecución que no podían equipararse al ejercicio de las facultades de dirección y organización de quien era empleador real y daba órdenes al personal médico destinado al servicio, órdenes que no procedían de GSC. Por eso, el hecho de que se tuviera que informar a GSC sobre diversas cuestiones al ser obligada la prestación en términos de exclusividad, no permite calificar a GSC de empresario real encubierto, sino de actividad de control permitida por el contrato para adjudicación del servicio.

Respecto del reconocimiento de relación laboral entre las partes la sala se remite igualmente a una sentencia previa en la que se apreció el carácter laboral de la relación respecto de un médico que prestaba servicio en el mismo servicio ASV en Maspalomas y Telde, y en la que a su vez la sala se remitía a una sentencia ya firme en la que se había afirmado el carácter laboral del vínculo, recordando ahora que los antecedentes fácticos y las razones que habían llevado a la sala a aquella conclusión se habían reproducido por la sentencia que aquí se recurre, siendo que las circunstancias de todos los trabajadores -la margen de su cualificación profesional- era idénticas y en consecuencia debían recibir idéntica respuesta.

TERCERO.-

Recurso de casación para la unificación de doctrina: Recurren en casación para la unificación de doctrina la trabajadora y Atlantic Emergency SL.

La trabajadora articula dos motivos de recurso, centrados en la existencia de cesión ilegal de trabajadores y la pretensión de que se declare nulo el despido por vulneración de la garantía de indemnidad.

Primer motivo de recurso de la trabajadora: Se invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 10 de julio de 2001, R. Supl. 1310/2001.

Sentencia de contraste: En el caso de la referencial se estimó el recurso de suplicación y se declaró el derecho de los actores a optar por adquirir la condición de trabajadores de Osakidetza hasta que se cubrieran de forma reglamentaria y con carácter definitivo las vacantes, tras considerar que concurrían en el supuesto enjuiciado la circunstancias para considerar la existencia de cesión ilegal de trabajadores, porque en aquel caso la empresa cedente carecía de medios materiales propios o, al menos, no los había puesto a disposición de la cesionaria Osakidetza; puesto que la empresa cedente se limitaba a contratar al personal y a cederlo una vez obtenida la contrata, y no constaba que la empresa cedente tuviera otra actividad o realizara por sí misma o para otros clientes actividad de ambulancias.

Constaba igualmente en aquel caso que el servicio se prestaba con el contenido del pliego del concurso público de adjudicación del servicio, y los actores realizaban las funciones con material del organismo demandado, sin que por Ambulancias Guipúzcoa se cediera elemento alguno salvo el estrictamente personal, esto es, los conductores de las ambulancias, sobre los que iba a conservar un poder de dirección ciertamente limitado.

Inexistencia de contradicción: No puede apreciarse contradicción entre las sentencias, porque en el caso de la sentencia de contraste lo la empresa cedente carecía de medios materiales propios o no los ponía a disposición de Osakidetza, limitándose a contratar personal y a cederlo una vez obtenida la contrata, no constando que la cedente tuviera otra actividad. En el caso de la sentencia recurrida, aparte la existencia de una resolución previa en la que se había enjuiciado dicha cuestión, lo que se constataba era que la Clínica San Roque y CSR Inversiones ejercían de forma efectiva su poder de dirección y control , y que el hecho de que GSC, como empresa pública hiciera ejercicio de sus competencias para control de la correcta ejecución del servicio, no podía equipararse al ejercicio de las facultades de dirección y organización de quien era empleador real y daba órdenes al personal médico. Además constaba en la sentencia recurrida que el material, la medicación y el aparataje de la ambulancia era Aeromédica Canaria, siendo los teléfonos suministrados por Hospitales San Roque, siendo la base de Telde designada por Aeromédica Canaria y cedida por el Ayuntamiento de Telde y el mobiliario facilitado por Clínica San Roque, ubicándose la base de Maspalomas en dos habitaciones de la segunda planta del hospital San Roque Maspalomas.

Segundo motivo de recurso de la trabajadora: Se centra en la pretensión formulada por la propia parte para que se declare la nulidad del despido por vulneración del derecho a la garantía de indemnidad. La sentencia invocada de contraste es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 19 de mayo de 2016, R. Supl. 111/2016.

Falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción: La parte recurrente, en su escrito de interposición del recurso y respecto del segundo motivo formulado no realiza la debida comparación entre la sentencia recurrida y la que cita de contraste, a los efectos del motivo de recurso que propone, limitándose a transcribir partes extensas del Fundamento de Derecho Tercero de dicha referencial, pero sin exponer ni desarrollar en absoluto argumentación comparativa de la que pudiera deducirse la identidad sustancial con la sentencia recurrida, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones, como exige el art. 224.1.a) de la LRJS.

De acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito exige una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas.

La finalidad y fundamento de esta exigencia de análisis pormenorizado o relación precisa o circunstanciada de la contradicción alegada es la garantía de defensa procesal de la parte recurrida, de suerte que ésta pueda apreciar con claridad los términos de un debate que dista mucho de ser simple, al consistir en la comparación de sentencias en la integridad de sus elementos. El análisis o argumento de contradicción ha de consistir, no ya y no sólo en un examen de las doctrinas en que se apoyan las sentencias comparadas, lo que podría corresponder también a la argumentación de infracción legal, sino, sobre todo, de una comparación de las controversias concretas objeto de enjuiciamiento. La comparación de las controversias comporta normalmente un examen individualizado y pormenorizado de los hechos, los fundamentos, pretensiones y decisiones de las sentencias comparadas, dependiendo el detalle exigible de la argumentación del grado de complejidad y casuismo de la cuestión planteada. El análisis de la contradicción de sentencias exige, en su caso, expresar por qué no son relevantes para el correspondiente juicio de contradicción aquellas diferencias entre las sentencias comparadas que en una primera aproximación puedan plantear dudas sobre la concurrencia de este requisito. Así lo ha venido entendiendo esta Sala, entre otras, por citar las más recientes, (por todas, SSTS 25-7-18 Rec 664/2017; 28-11-18 Rec 3808/2016 y 20-12-18 Recs 1055/2017 y 3288/2017 y 6-2-19 Rec 283/2017).

De otra parte, según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable [ SSTS, entre otras, de 28/06/06 (R. 793/2005), 21/07/2009 (R. 1926/2008), 16/09/2013 (R. 1636/2012)].

Para ambos motivos formulados por la trabajadora : Falta de cita y fundamentación de la infracción legal: el escrito de interposición adolece de falta de cita y fundamentación de la infracción legal , porque la parte recurrente, no cita el precepto o preceptos que considere infringidos, como exige el art. 224.1.b) de la LRJS, ni la fundamentación de aquella infracción.

El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y por eso el escrito de interposición del recurso debe contener "la fundamentación de la infracción legal cometida por la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia", de acuerdo con el artículo 224 1. b) y 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los apartados a), b), c) y e) del artículo 207 del mismo texto legal. La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207, excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ha señalado con reiteración que dicha exigencia "no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia" [ SSTS, entre otras, 22/04/2013 (R. 1048/2012), 02/12/2013 (R. 3278/2012) y 14/01/2014 (R. 823/2013)]. Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine, en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende.

Recurso de Atlantic Emergency SL: La recurrente formula un motivo de recurso centrado en la declaración de existencia de relación laboral entre las partes. Invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 3 de julio de 2013, R. Supl. 7283/2012.

Sentencia de contraste: la referencial desestimó el recurso de suplicación que interponía el Abogado del Estado y confirmó íntegramente la sentencia de instancia que había desestimado una demanda de procedimiento de oficio promovida por la Autoridad Laboral frente a la empresa Policlínica Barcelona SA.

Se trataba en aquel caso de dilucidar si concurrían en el supuesto de hecho las notas esenciales del contrato de trabajo para poder afirmar la existencia de relación laboral entre los prestadores de los servicios que allí se describían y la empresa demandada.

La referencial parte del propio relato de hecho probados en el que se constaba que Policlínica de Barcelona había suscrito contrato de arrendamiento de servicios con cada uno de los 61 facultativos, en virtud del cual estos se obligaban a prestar servicios profesionales a los clientes de la entidad y a los pacientes asociados a las Mutuas Médicas concertadas. Entre las circunstancias de la relación se constataba que el horario de visita de cada facultativo se decidía por el propio profesional previa negociación con la sociedad médica y las ausencias se comunican a Policlínica Barcelona para que cambiara las visitas programadas; pudiendo cada facultativo ausentarse previa conformidad del centro designando el propio facultativo un sustituto. Finalmente la retribución se realizaba a cada facultativo previa factura mensual elaborada por el interesado por acto médico realizado durante este periodo de tiempo.

La sentencia de contraste, a la vista de las circunstancias descritas, concluyó que los facultativos interesados prestan servicios como médicos en el libre ejercicio de su profesión integrados en un centro al que acudían el día y la hora que previamente habían pactado con Policlínica Barcelona, por lo que no concurrían las notas de ajenidad y dependencia.

Inexistencia de contradicción: No puede apreciarse contradicción entre las sentencias porque no solo se suscitan pretensiones distintas: procedimiento de despido y cesión ilegal de trabajadores en el caso de la recurrida y procedimiento de oficio en la de contraste, sino que los hechos que se enjuician en cada caso difieren sustancialmente por lo que no concurre el requisito necesario para poder apreciar la contradicción en sus fallos. En el caso de la sentencia de contraste se concluyó que los trabajadores prestaban servicios como médicos en el libre ejercicio de su profesión, porque el horario de visita de cada facultativo se decidía por el propio profesional previa negociación con la sociedad médica; las ausencias se comunicaban pudiendo cada facultativo ausentarse previa conformidad del centro y la retribución se realizaba por acto médico, por lo que consideró la referencial que no concurrían en la relación de los facultativos con Policlínica Barcelona las notas de ajenidad y dependencia.

En el caso de la sentencia recurrida, sin embargo, la actora es ATS/DUE integrada en un servicio de ambulancias de soporte vital avanzado en que el personal cobra por hora trabajada en guardias de 24 horas, percibiendo la misma retribución con independencia de los pacientes atendidos; remitiéndose la sala a una sentencia previa en la que se había enjuiciado la demanda de otro trabajador del mismo servicio, médico en este caso, y en la que a su vez se remitía a una sentencia ya firme en la que se había afirmado el carácter laboral del vínculo.

Por providencia de 25 de noviembre de 2021, se mandó oír a las partes recurrente dentro del plazo de cinco días, y en aplicación de lo que dispone el artículo 225.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al apreciar la Sala la eventual existencia de causas de inadmisión por posible falta de contradicción entre la sentencia recurrida y las que se citan como término de comparación, al no concurrir las identidades del art. 219 de la LRJS, posible falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y posible falta de cita y fundamentación legal respecto del recurso de la trabajadora; y respecto del recurso de la empresa, posible falta de contradicción.

La empresa Atlantic Emergency SL, en su escrito de 10 de diciembre de 2021 se opone al contenido de la providencia por considerar que ha quedado acreditada la existencia de contradicción respecto de los dos motivos de recurso formulado, tratándose de determinar la existencia de relación laboral por tratarse de servicios prestados por cuenta ajena. Por parte de la trabajadora se ha dejado transcurrir el plazo concedido, sin que conste en las actuaciones escrito alguno en relación con el traslado que le fue conferido. Sin embargo los argumentos expuestos por la empresa no desvirtúan en modo alguno las consideraciones que se hacen en los razonamientos previos de esta resolución, por lo que, de conformidad con el informe del Ministerio fiscal, procede inadmitir los recursos de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas a la trabajadora recurrente, por tener reconocido el beneficio de justicia gratuita y con imposición de costas a la empresa Atlantic Emergency SL, igualmente recurrente, por un importe de 300 €, en favor de cada parte recurrida personada, y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación.