STS 1332/2021, 15 de Noviembre de 2021

Mediante escrito presentado ante este Tribunal Supremo de fecha 6 de noviembre de 2020, la representación procesal de la Asociación de Delineantes de Hacienda, interpuso recurso contencioso-administrativo mediante demanda, contra la inactividad de la Administración por la infracción del art. 76 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, y de la Directiva 2005/36/CE en su transposición a la legislación española mediante el Real Decreto 1837/2008, suplicando a la Sala se tramite como procedimiento abreviado.

Por Providencia de fecha 7 de enero de 2021 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal, acordó no haber lugar a la tramitación del recurso contencioso-administrativo por las normas previstas para el procedimiento abreviado, al no tener cabida en las cuestiones que pueden ser objeto de dicho procedimiento, a tenor del art. 78.1 LJCA, procediéndose a la admisión del recurso y al emplazamientos de los interesados.

Mediante diligencia de ordenación de fecha 10 de mayo de 2021 de dicha Sala y Sección, se tuvo por personada y parte a la Administración demandada y se emplazó por término de veinte días a la procuradora doña María Teresa Lobo Sánchez al objeto de formalizar la correspondiente demanda.

La representación procesal de la Asociación de Delineantes de Hacienda, por escrito de fecha 13 de mayo de 2021 solicitó a la Sala tenga por formalizada la demanda remitiéndose a su escrito inicial, en el que suplica a la Sala:

"[...] Que se tenga por presentado este escrito, y los documentos que con él se acompañan, se sirva admitirlo y se tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA, y se dicte en su día, tras los trámites legales Sentencia por la que:

1. Se estime el presente recurso interpuesto contra la inactividad del Gobierno del Estado Español en la obligación de modificar el Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda, para que se adapte a las Directivas Europeas y al RD 1837/2008 a fecha de publicación de este último, 8 de noviembre de 2008.

2. Que en consecuencia con dicho reconocimiento, y modificación reglamentaria, y en base a la titulación de Técnico Superior requerida y aportada en los diferentes procesos selectivos, a todos los Técnicos Superiores de dicho cuerpo se les integre en el grupo B, de la Administración de conformidad a lo estipulado en el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

3. En consecuencia al apartado anterior, dicho reconocimiento debe tener plenos efectos desde la implantación de las nuevas titulaciones universitarias, año 2010, en concreto septiembre de ese mismo año, y por tanto desde el fin de la transitoriedad del Art. 76 del EBEP, ha de considerarse la pertenencia del Cuerpo de Delineantes de Hacienda al grupo de clasificación B, con los derechos inherentes a dicha declaración, tanto en lo referido a sueldo y trienios y a las cotizaciones de clases pasivas. Subsidiariamente para el caso que así no se entendiere, que dicho reconocimiento tenga plenos efectos desde la interposición del presente recurso.

4. Si así lo determinase este Tribunal, esta representación estima que el perjuicio causado a mis poderdantes por la inacción de la Administración en la aplicación del Derecho Comunitario y del art. 76 del EBEP, ha provocado la imposibilidad de desarrollar la carrera profesional a que tienen derecho acorde a lo establecido en la legislación vigente. Han sido, desde el año 2008, 12 años, perjudicados durante un tercio de su carrera profesional, por tanto estimamos que este perjuicio causado ha de resarcirse mediante una justa indemnización de 500 €, por cada año que no se le reconoció el derecho que ahora se postula, evidentemente esta indemnización deberá de ser aplicada en función de cada uno de los funcionarios a la que la presente solicitud le afectare.

5. A la condena expresa de las costas causadas al Gobierno de España al no querer cumplir lo que la Ley le obliga.

OTROSÍ DIGO.- Que de conformidad con el artículo 78.3, párrafo tercero, esta parte interesa que se dicte sentencia, sin necesidad del recibimiento del pleito a prueba, ni necesidad de celebración de vista, al ser la cuestión exclusivamente jurídica.[...]".

Por diligencia de fecha 14 de mayo de 2021, se tuvo por formalizada la demanda emplazando al Abogado del Estado para que la contestara en el plazo de veinte días.

El Abogado del Estado con fecha 28 de junio de 2021 formuló su contestación a la demanda, en la que tras alegar cuanto estimó procedente, se opuso a la misma, interesando a la Sala:

"[...] que teniendo por presentado este escrito de contestación a la demanda, lo admita y tras la tramitación pertinente dicte sentencia que desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto, con expresa imposición de las costas a la asociación recurrente.

OTROSÍ DIGO que esta representación muestra su conformidad con la petición de que el presente procedimiento se falle sin recibimiento del juicio a prueba ni trámite de conclusiones.[...]".

Mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de julio de 2021 se concedió a la parte demandante el término de diez días para la presentación de conclusiones sucintas, lo que realizó en escrito de fecha 20 de julio de 2021. Asimismo, por diligencia de ordenación, se concedió al Abogado del Estado el plazo de diez días a fin de que presentara las suyas, lo que llevó a efecto por escrito de fecha 27 de julio de 2021.

Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 19 de octubre de 2021, prolongándose la deliberación hasta el día 10 de noviembre del año en curso, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

El presente recurso contencioso-administrativo es interpuesto por la representación procesal de la Asociación de Delineantes de Hacienda con base en el art. 29.1 de la Ley Jurisdiccional.

Los antecedentes del asunto, por lo que ahora específicamente importa, son como sigue. El art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda, aprobado por Real Decreto 1882/1979, establece que para poder participar en las pruebas selectivas de acceso a dicho cuerpo se requiere el título de "Técnico Especialista Delineante, segundo grado; Bachiller Superior o equivalente". En cambio, el Real Decreto 1837/2008, de transposición al ordenamiento español de la Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, dispone en su Anexo VIII que, a efectos del derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios de delineantes formados fuera de España, se exige título de algún Estado miembro de la Unión Europea correspondiente a un "nivel de estudios postsecundarios de al menos un año de duración".

Sin necesidad de entrar ahora en detalles, está acreditado que la Asociación de Delineantes de Hacienda lleva años intentando que se modifique el arriba mencionado art. 5 de su Reglamento, a fin de adaptarlo a lo dispuesto en el Real Decreto 1837/2008. En otras palabras, busca que la norma reglamentaria que establece la titulación requerida para acceder al cuerpo sea la misma que la establecida para el ejercicio de la profesión de delineante en España por quienes se formaron en otros Estados miembros de la Unión Europea. La finalidad última de esa adaptación normativa sería, siempre en el designio de la Asociación de Delineantes de Hacienda, que ese cuerpo de funcionarios pasara a estar incluido, dentro de los grupos de clasificación regulados en el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Grupo B, para el que se exige título de Técnico Superior; y no en el Grupo C1, para el que se exige título de Bachiller o Técnico.

En el curso de esta larga lucha corporativa, se aprobó el Real Decreto 103/2014, que -entre otras cosas- modificó el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 en el punto relativo a la titulación requerida para ejercer la profesión de delineante en España. En concreto, pasó a exigir lo mismo que el Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda exige para acceder al mismo, es decir, título de Técnico Especialista Delineante, Bachiller Superior o equivalente. De esta manera, se produjo la confluencia entre lo dispuesto por la norma de 1979 para el ingreso en el cuerpo funcionarial y lo dispuesto por la norma de 2008 para el ejercicio de la profesión; pero, contrariamente a lo buscado por la Asociación de Delineantes de Hacienda, esa confluencia no se hizo adaptando la norma de 1979 a la de 2008, sino al revés: estableciendo la titulación de inferior nivel para todos.

Sin embargo, la disposición del Real Decreto 103/2014 que modificó el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 fue impugnada y, mediante sentencia de esta Sala de 27 de octubre de 2015, fue anulada por "falta de la mínima justificación". Ello trajo consigo la reposición del Real Decreto 1837/2008 a su versión originaria, que requiere título correspondiente a un nivel de estudios postsecundarios de al menos un año de duración.

En este estado de cosas, con fecha 6 de julio de 2020, la Asociación de Delineantes de Hacienda dirigió al Gobierno el requerimiento contemplado en el art. 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a fin de que pusiera fin a su inactividad. En concreto, pidió que el Gobierno cesara en su omisión de transposición de la Directiva 2005/36/CE, su omisión de adaptar el art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda al Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 y su omisión de clasificar dicho cuerpo de funcionarios en el Grupo B del art. art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. Aunque también hacía referencia al derecho de sus afiliados a ser indemnizados, remitía esta cuestión a un momento posterior.

No habiendo recibido la respuesta requerida en el plazo legalmente previsto, la Asociación de Delineantes de Hacienda interpuso este recurso contencioso-administrativo.

El escrito de demanda, prolijo y poco ordenado, sostiene que el Gobierno tiene el deber de eliminar la contradicción que, en materia de titulación exigida, existe entre el art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda y el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008. Y sostiene asimismo que la titulación exigida debe ser, en todo caso, la prevista en esta última norma y que procede, por consiguiente, incluir el cuerpo de funcionarios en el Grupo B. Los argumentos de la demandante son, en suma, los que ha venido esgrimiendo a lo largo de todos estos años.

Por lo demás, en el escrito de demanda se formula una pretensión indemnizatoria para los funcionarios del cuerpo, porque la inactividad de la Administración "ha provocado la imposibilidad de desarrollar la carrera profesional a que tienen derecho acorde a lo establecido en la legislación vigente". Se pide, así, una indemnización de 500 € por año desde 2008 para cada funcionario afectado.

El escrito de contestación a la demanda del Abogado del Estado tampoco sigue una línea nítida. No niega la diferencia entre el art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda y el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 en materia de titulaciones exigidas. Pero, para rechazar que esa diferencia constituya una verdadera contradicción, utiliza dos argumentos.

Por un lado, observa que la arriba mencionada sentencia de 27 de octubre de 2015 no anuló la modificación del Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 por contravenir alguna norma de rango superior, sino por una razón de forma: falta de justificación. Eso implicaría, aunque el Abogado del Estado no llega a afirmarlo de manera expresa y tajante, que cualquiera de las dos titulaciones (la de nivel Bachiller Superior, o la de nivel de un año de estudios postsecundarios) es, en principio, válida. El autor de la norma tendría, en este punto, un margen de discrecionalidad para optar por una u otra titulación.

Por otro lado, tras señalar que los títulos oficiales surten efectos tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, el Abogado del Estado sostiene que para el ingreso en un cuerpo de funcionarios puede la Administración requerir una titulación distinta de la que se exige para el ejercicio de la profesión correspondiente en el sector privado. Y refuerza este argumento recordando que tanto la Directiva 2005/36/CE como el Real Decreto 1837/2008 que la transpone tienen por objeto el derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios de ciertas profesiones en el sector privado.

De todo ello concluye el Abogado del Estado que en realidad no hay contradicción entre la norma de 1979 y la norma de 2008, ni tampoco omisión de un deber de adaptación normativa.

En cuanto a la pretensión de que se incluya el Cuerpo de Delineantes de Hacienda en el Grupo B, dice el Abogado del Estado que ello escapa de la competencia del Gobierno, por ser materia reservada a la ley. Argumenta, en concreto, que el art. 75.2 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que "[...] los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas [...]". Observa que el tipo de titulación exigida para cada cuerpo funcionarial "[...] forma parte del núcleo esencial de la relación estatutaria y sólo el legislador puede incidir en ella[...]". Y cita la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1997, donde se examina, en términos generales, el alcance del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

El escrito de contestación a la demanda, en fin, pide que en todo caso se inadmita la pretensión indemnizatoria formulada por la demandante, por no haber sido previamente incluida en el requerimiento al Gobierno.

Abordando ya la cuestión litigiosa, conviene comenzar haciendo dos aclaraciones preliminares. Una es que, a pesar de lo que se indica en el escrito de demanda, del debate procesal y de las argumentaciones de las partes no se sigue que haya habido ninguna contravención del derecho de la Unión Europea: que los Reales Decretos 1837/2008 y 103/2014 se dictaran con ocasión de la transposición al ordenamiento español de directivas europeas no implica que las disposiciones de los mismos acerca de la titulación exigida para ejercer la profesión de delineante resultaran contrarias a alguna norma europea: nadie ha sostenido que el Derecho de la Unión Europea imponga una u otra titulación. Así las cosas, el debate es de puro Derecho nacional.

La otra aclaración preliminar es que ambas partes están de acuerdo en que la versión vigente del Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 es la originaria. Y están de acuerdo, asimismo, en que la titulación requerida por éste es distinta de la exigida por el art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda. Problema distinto, por supuesto, es la consecuencia que cada una de las partes extrae de esa diferencia entre la norma de 1979 y la norma de 2008. Éste es el problema central en el presente caso.

Para el adecuado examen de dicho problema, resulta relevante reparar en un aspecto que el Abogado del Estado no aborda al contestar la demanda, a saber: la idoneidad del procedimiento previsto en el art. 29.1 de la Ley Jurisdiccional para obtener la modificación de una disposición reglamentaria. A la vista de la jurisprudencia de esta Sala, la respuesta debe, en principio, ser negativa; y ello porque, para que pueda hablarse de inactividad de la Administración en el sentido del referido precepto legal, es preciso que la Administración esté obligada a hacer algo a favor de una o varias personas determinadas y que no haya ningún margen de discrecionalidad. Estas dos condiciones suelen estar ausentes en el ejercicio de la potestad reglamentaria, que normalmente tiene una pluralidad indeterminada de destinatarios y, casi por definición, entraña elegir discrecionalmente entre varias soluciones normativamente posibles. Véanse en este sentido, entre otras, las sentencias de esta Sala de 18 de febrero de 2005 (rec. nº 24/2003) y de 14 de diciembre de 2007 (rec. nº 7081/2004).

Pues bien, en el presente caso, tal vez pudiera considerarse que los destinatarios son los miembros -y los aspirantes- del Cuerpo de Delineantes de Hacienda y que, en esa medida, son determinables. Pero, incluso admitiendo esto a efectos puramente argumentativos, habría que demostrar que la Administración no tiene ningún margen de discrecionalidad para establecer la titulación requerida para ingresar en el mencionado cuerpo funcionarial. En otras palabras, habría que demostrar que la única titulación que puede exigirse es la contemplada en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008. Y la demandante, aunque lo da por supuesto, no ha aportado ningún argumento irrefutable en este sentido. Ya se vio más arriba cómo no se ha invocado ninguna norma de Derecho de la Unión Europea que especifique qué titulación debe exigirse para el ejercicio de la profesión de delineante, debiendo añadirse ahora que tampoco se ha aducido ninguna norma española con rango de ley que obligue a algo en esta materia. Así las cosas, debe concluirse que ésta es una decisión en que la potestad reglamentaria no se encuentra, en principio, condicionada o predeterminada por la ley. La consecuencia de ello es que, por lo que se refiere a la pretendida omisión de un deber de adaptar el art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda al Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, tal deber no existe, ni puede así hablarse de inactividad de la Administración susceptible de ser remediada por la vía del art. 29.1 de la Ley Jurisdiccional.

Una vez sentado lo anterior, hay que señalar que la inexistencia de un deber de la Administración de hacer la mencionada adaptación normativa no significa que no exista contradicción entre la norma de 1979 y la norma de 2008. Ciertamente, como dice el Abogado del Estado, ninguna de ellas contraviene un precepto de rango superior y, por ello, ambas opciones en materia de titulación son legalmente posibles. Pero no cabe acoger su argumento de que, para ingresar en un cuerpo funcionarial, la Administración es libre de exigir una titulación diferente y, sobre todo, de menor nivel que la requerida para el ejercicio de la misma profesión en el sector privado. Esta pretendida libertad no sólo carece de fundamento legal alguno, sino que es difícilmente justificable en términos de razonabilidad; y, desde luego, no refleja la práctica consolidada en el acceso a la función pública en España. Siempre en este orden de consideraciones, no debe perderse de vista que las profesiones a que se refiere la Directiva 2005/36/CE y, por consiguiente, también el Real Decreto 1837/2008 que la transpone son profesiones "reguladas"; es decir, profesiones para cuyo ejercicio se exige alguna titulación. Este dato hace aún más difícil aceptar el citado argumento del Abogado del Estado: para convencerse de ello bastaría hacer el experimento intelectual de imaginar una propuesta de regulación del acceso a cuerpos de funcionarios en el ámbito jurídico o médico -por no mencionar otros- que dispensara del requisito de la titulación universitaria en Derecho o Medicina.

La conclusión de todo lo expuesto es que, contrariamente a lo afirmado por el Abogado del Estado, la contradicción entre las dos normas reglamentarias existe. Se trata de una antinomia en sentido propio. Pero, por más que las antinomias no sean deseables y a menudo sean consecuencia de una defectuosa técnica normativa, lo cierto es que ni el legislador ni la Administración tienen propiamente un deber de eliminarlas. Los medios de resolver las antinomias son otros, entre los que destacan los criterios jerárquico y temporal. Y entre normas del mismo rango es éste último el que debe aplicarse; máxime si, como ocurre en este caso, no cabe afirmar que una norma tenga una esfera de aplicación más especializada. La solución a la antinomia aquí examinada viene dada por la derogación tácita, contemplada en el apartado segundo del art. 2 del Código Civil, cuando dice que la derogación "[...] se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.[...]".

A la vista de todo ello, esta Sala entiende que la titulación actualmente exigible para el acceso al Cuerpo de Delineantes de Hacienda es la establecida en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, sin que ello suponga ningún deber de la Administración de modificar ni derogar expresamente el art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Delineantes de Hacienda.

La otra pretensión de la demandante hace referencia a la inclusión del Cuerpo de Delineantes de Hacienda en el Grupo B del art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. Como se dejó dicho más arriba, el Abogado del Estado opone a esta pretensión que sólo el legislador puede clasificar los cuerpos de funcionarios en un grupo u otro, por ser materia reservada a la ley por el art. 75.2 de ese mismo cuerpo legal.

Este argumento del Abogado del Estado no es convincente. De entrada, que los cuerpos de funcionarios hayan de ser creados, modificados y suprimidos por ley no comporta necesariamente que la titulación exigida para el ingreso en los mismos haya de estar completamente predeterminada por la ley. La sentencia del Tribunal Constitucional que cita, por lo demás, tampoco lo dice.

Pero, sobre todo, el Abogado del Estado no es coherente en este punto, porque antes él mismo ha sostenido que el Real Decreto 103/2014, que modificó la titulación requerida para el acceso al Cuerpo de Delineantes de Hacienda, fue anulado por falta de justificación; no por infringir una norma de rango superior, como sería el art. 75.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y él mismo ha argumentado también que no hay ninguna norma de rango superior al reglamentario - ni europea ni española- que imponga una determinada titulación para la profesión de delineante.

Así las cosas, mientras que la norma reguladora de la titulación para ingresar en el Cuerpo de Delineantes de Hacienda sea la recogida en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, es claro que dicho cuerpo funcionarial debe ser clasificado en el Grupo B del art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público; y ello porque este precepto legal impone una correspondencia ineludible entre titulación exigida y grupo de clasificación. Dado que el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 exige una titulación de nivel superior a Bachiller pero de nivel inferior a Grado universitario, forzoso es concluir que sólo tiene encaje en el Grupo B o, en su caso, en el equivalente mientras pueda tener alguna vigencia la disposición transitoria 3ª del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Administración, que puede gozar de cierta discrecionalidad para regular la titulación exigible, no la tiene sin embargo para modular los efectos que necesariamente se desprenden de la titulación una vez establecida. Y seguramente también hay aquí determinación de los destinatarios del deber de la Administración de incluir el cuerpo de funcionarios en el grupo de clasificación que legalmente le corresponde, pues son todas aquellas personas que pertenecen a dicho cuerpo.

De todo lo expuesto se sigue que, en este punto, la Administración ha incurrido efectivamente en la inactividad contemplada en el art. 29.1 de la Ley Jurisdiccional, lo que conduce a una estimación parcial del recurso contencioso- administrativo.

Queda por examinar la pretensión indemnizatoria formulada por la demandante. El Abogado del Estado pide que se inadmita esta pretensión por no haber sido recogida en el requerimiento previo dirigido al Gobierno y, por tanto, por no haber podido ser examinada en vía administrativa. Esta objeción no puede prosperar. La Exposición de Motivos de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa explica claramente que el procedimiento regulado en su art. 29.1 no tiene por objeto la revisión de una actuación administrativa, que por definición no existe; lo que es tanto como decir que no hay vía administrativa previa. El requerimiento previo es, así, una mera intimación a la Administración para que ponga fin a su inactividad; intimación que la ley configura como una condición para acudir a la vía contencioso-administrativa. De aquí que las pretensiones que pueden formularse en el procedimiento del art. 29.1 de la Ley Jurisdiccional no estén circunscritas por lo que se haya manifestado en el requerimiento previo.

Sin embargo, es conveniente observar que la pretensión de indemnización de daños y perjuicios no está expresamente prevista para el procedimiento del art. 29.1 de la Ley Jurisdiccional. Este precepto sólo contempla la posibilidad de exigir a la Administración que realice una prestación a la que el demandante tiene derecho. Y el art. 32.1 del propio cuerpo legal, ubicado sistemáticamente en el capítulo relativo a las posibles pretensiones de las partes, dice que:

"[...] cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas [...]".

No hay, así, una previsión legal que dé cobertura a la pretensión indemnizatoria en el mencionado procedimiento. Dicho esto, ninguno de los preceptos citados excluye tajantemente esa posibilidad. De aquí que, en ausencia de un criterio jurisprudencial establecido al respecto, esta Sala entiende que elementales exigencias de economía procesal conducen a admitir que en el procedimiento del art. 29.1 de la Ley Jurisdiccional se formule una pretensión indemnizatoria siempre que los daños o perjuicios que se trate de reparar estén clara y directamente relacionados con la inactividad de la Administración.

Aclarado lo anterior, la pretensión indemnizatoria de la demandante no puede ser acogida, porque no ha sido acreditado que los funcionarios del Cuerpo de Delineantes de Hacienda hayan sufrido un daño antijurídico como consecuencia de que, desde 2008 hasta ahora, haya seguido aplicándose la norma reglamentaria de 1979 que exige título de Técnico Especialista Delineante, Bachiller Superior o equivalente para el ingreso en el cuerpo. Ciertamente, una vez verificada la derogación tácita de esa norma reglamentaria por obra de otra posterior recogida en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, procede declarar, como acaba de hacerse, que la titulación establecida en éste último debe aplicarse para el ingreso en el Cuerpo de Delineantes de Hacienda y, por consiguiente, que dicho cuerpo debe a partir de ahora ser clasificado en el Grupo B. Pero de aquí no se sigue -y, desde luego, no ha sido probado- que todos los funcionarios que actualmente pertenecen a dicho cuerpo tuvieran la titulación prevista en el citado Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008; titulación que tampoco consta que se les exigiese para participar en las correspondientes pruebas selectivas de acceso. Ello implica que no tenían una expectativa digna de tutela de desarrollar su carrera profesional como funcionarios del Grupo B. Por ello, tienen el deber jurídico de soportar los inconvenientes que hayan podido padecer como consecuencia de su no inclusión hasta este momento en el Grupo B.

Con arreglo al art. 139 de la Ley Jurisdiccional, deben imponerse las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido íntegramente desestimadas. Ello no sucede en el presente caso, dado que el recurso contencioso- administrativo es estimado en parte. No procede, así, hacer imposición de las costas.

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo es interpuesto por la representación procesal de la Asociación de Delineantes de Hacienda y, en consecuencia, ordenar a la Administración General del Estado que clasifique el Cuerpo de Delineantes de Hacienda dentro del Grupo B del art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo en todo lo demás.

No hacer imposición de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.