ATS, 27 de Octubre de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 27 Octubre 2021 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 27/10/2021
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 3466/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 28 DE MADRID
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez
Transcrito por: AVS/rf
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3466/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. José Luis Seoane Spiegelberg
En Madrid, a 27 de octubre de 2021.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.
La representación procesal de D. Anibal interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 215/2019, de 26 de abril, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 1593/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 437/2015, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid.
Mediante diligencia de ordenación se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de sala, la procuradora D.ª Berta Rodríguez-Curiel Espinosa presentó escrito, en nombre y representación de D. Anibal, por el que se personaba en concepto de parte recurrente. Asimismo, el procurador D. Ignacio García López presentó escrito, en nombre y representación de Izba S.A., personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de 15 de septiembre de 2021 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Por diligencia de ordenación de 20 de octubre de 2021 se hace constar que todas las partes personadas han presentado alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión.
La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.
Los presentes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un procedimiento ordinario tramitado en atención a su materia ( art. 294.1.3.º LEC), por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC.
En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con el de casación, al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.
Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 -al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.
El recurso de casación se formula a través de la vía casacional adecuada y se articula en dos motivos. En el primero, alega la recurrente la infracción del art. 178 TRLSC, así como la doctrina jurisprudencial que considera que los requisitos establecidos en dicho precepto deben cumplirse de forma cumulativa. Cita en el encabezamiento las STS n.º 222/2010, de 19 de abril; STS n.º 879/2003, de 29 de septiembre. Considera que, a los efectos de demostrar la celebración de la junta universal, no es suficiente la certificación de que la reunión ha sido celebrada como tal, sino que debe acreditarse de otro modo el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos. Afirma que el recurrente ni fue informado, ni convocado, ni tampoco asistió a junta alguna de las impugnadas, ni presente, ni representado, pues el pacto parasocial alegado y aceptado por la sentencia recurrida, además de no existir en el momento de celebración de las juntas, no cumple con los requisitos exigidos legalmente. En consecuencia, concluye, no se cumple el requisito de la asistencia de la totalidad del capital social.
En el segundo motivo, denuncia la recurrente la infracción de art. 205.1 TRLSC. Considera que no se ha aplicado, debiendo, el concepto jurisprudencial de orden público contemplado en las STS n.º 841/2007, de 19 de julio y STS n.º 222/2010, de 19 de abril. Expone que, toda vez que los acuerdos alcanzados en las juntas universales son inexistentes, por haberse adoptado en una asamblea que nunca se celebró, o falsos, por haberse adoptado con la supuesta asistencia o representación de un socio, dichos acuerdos son radicalmente nulos.
Así expuesto, el recurso de casación no puede ser admitido y ello por incurrir, ambos motivos, en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC) por alteración de la base fáctica de la sentencia. Así, la sentencia recurrida considera caducada la acción, toda vez que ha transcurrido el plazo de un año, sin que los acuerdos adoptados sean contrarios al orden público. En este sentido, la sentencia recurrida, tras proceder a valorar la prueba practicada, concluye (Fundamento de Derecho Tercero) que el apelante tuvo suficiente conocimiento de la celebración de las juntas celebradas en 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo que los acuerdos allí adoptados no permanecieron ocultos. Ello determina que, transcurrido el plazo de un año, la acción para su impugnación caducara.
Además, en cuanto a la validez del poder de representación, la sentencia recurrida considera probado el acuerdo verbal alcanzado entre los miembros de la familia Anibal, en virtud del cual se vinculó el voto para mantener una posición unitaria frente a la familia Anibal.
El recurso se aparta así de la base fáctica que contempla la sentencia recurrida y debe recordarse la doctrina de esta sala, representada en la STS n.º 484/2018, de 11 de septiembre, que explica la razón por la que la alteración de la base fáctica determina la inadmisión del recurso:
"[...] Los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión)".
La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.
Las razones expuestas justifican la inadmisión de los recursos interpuestos sin que las alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión supongan una alteración de dichos razonamientos toda vez que se reiteran por su parte los argumentos expuestos en los recursos ahora examinados.
Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado los arts. 473.3 y 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC, habiendo presentado escrito de alegaciones la parte recurrida, se imponen las costas relativas a esta parte a la parte recurrente.
Siendo inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal procede la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, LOPJ.
LA SALA ACUERDA:
-
) Inadmitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de D. Anibal contra la sentencia n.º 215/2019, de 26 de abril, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 1593/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 437/2015, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Madrid.
-
) Declarar firme dicha sentencia.
-
) Imponer las costas de los recursos relativas a la parte recurrente, con pérdida de los depósitos constituidos.
-
) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, previa notificación de esta resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno de conformidad con lo establecido en los arts. 483.5 y 473.3 de la LEC.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
