ATSJ Comunidad de Madrid 12/2021, 4 de Marzo de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 12/2021 |
| Fecha | 04 Marzo 2021 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección de Casación C/ General Castaños, 1 - 28004
33007010
NIG: 28.079.00.3-2016/0018193
Recurso de Casación 18/2020
Recurrente : VALCERRADA INVERSIONES SL
PROCURADOR D./Dña. MARIA TERESA INFANTE RUIZ
Recurrido : AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON
LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL
A U T O Nº 12/2021
ILMO. SR. PRESIDENTE:
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. CARLOS VIEITES PEREZ
D. ANGEL NOVOA FERNANDEZ
D. JOAQUIN HERRERO MUÑOZ-COBO
D. LUIS FERNÁNDEZ ANTELO
En Madrid, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado, con fecha 23 de diciembre de 2019, sentencia desestimatoria del recurso de apelación nº 969/2017, interpuesto por VALCERRADA INVERSIONES, S.L. contra la sentencia dictada con fecha 29 de junio de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, en el procedimiento ordinario 342/2016.
La sentencia recurrida en casación autonómica confirma la sentencia de instancia que desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de fecha 22 de junio de 2016, por la que se declara finalizado el expediente para la construcción de una Vivienda Rural Sostenible en la finca La Escorzonera de Pozuelo de Alarcón, por imposibilidad material de continuarlo debido
a circunstancias sobrevenidas, al haber entrado en vigor la Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles.
La sentencia dictada por la Sala, por lo que ahora nos interesa, sustenta su fallo estimatorio en que la solicitud en cuestión comporta una parcelación precisada de licencia, cuestión que aparece indisolublemente ligada con la noción de "unidad" que introduce la Ley 5/2012 al amparo de la cual pretenden edificarse las viviendas rurales en orden a fijar la extensión superficial mínima en la que dicha actuación resulta autorizable. De modo que la ejecución de la vivienda rural va a tener lugar sobre una "unidad" que resulta de la segregación de una parte de una finca, es decir, la conformación de la unidad en la que pretende edificarse la vivienda rural sostenible exige una operación de segregación para obtener la superficie mínima exigible, lo que requiere la previa y preceptiva licencia de parcelación que no podía ser otorgada conforme a la normativa urbanística y sectorial aplicable. A ello se añade que, no ajustándose la pretendida parcelación al ordenamiento jurídico, resulta clara la imposibilidad de su obtención por el mecanismo del silencio administrativo positivo.
Por lo que respecta a la solicitud de licencia de edificación de la vivienda rural sostenible, su obtención requería una previa licencia de parcelación, no autorizable por no respetar la parcela mínima en la legislación sectorial aplicable -Ley de Montes-. Además, tampoco concurrirían los presupuestos o requisitos objetivos que contempla la Ley 5/2012 en cuanto a la clase de suelo en el que se proyecta la actuación a que viene referida la solicitud de licencia, al no permitirse en el suelo con protección sectorial que nos ocupa el uso residencial desvinculado de las explotaciones de naturaleza agrícola, forestal, ganadera, cinegética o análoga, según se establece en la Normas Urbanísticas del PGOU de Pozuelo de Alarcón, al margen de que no cabría su obtención por silencio administrativo.
La procuradora de los Tribunales, doña Teresa Infante Ruiz, en nombre y representación de VALCERRADA INVERSIONES, S.L., bajo la dirección letrada de don Javier Martín-Merino y Bernardos, ha preparado recurso de casación autonómica contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 23 de diciembre de 2019, desestimatoria del recurso de apelación nº 969/2017, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 29 de junio de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, en el procedimiento ordinario 342/2016.
La sentencia recurrida en casación autonómica confirma la sentencia de instancia que desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de fecha 22 de junio de 2016, por la que se declara finalizado el expediente para la construcción de una Vivienda Rural Sostenible en la finca La Escorzonera de Pozuelo de Alarcón, por imposibilidad material de continuarlo debido a circunstancias sobrevenidas, al haber entrado en vigor la Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles.
La parte recurrente denuncia la infracción de los artículos 1, 2, 7 y Anexo de la Ley 5/2012 de la Comunidad de Madrid, y del principio "lex specialis derogat generalis" que recoge la jurisprudencia, así como del principio de jerarquía normativa.
Tras intentar justificar la relevancia de las infracciones denunciadas en el fallo de la sentencia que se pretende recurrir, invoca, para la apreciación del interés casacional objetivo, la circunstancia de la letra b) del artículo
88.2 LJCA, la circunstancia de la letra a) del artículo 88.3 LJCA y la circunstancia de la letra b) del artículo
88.3 LJCA, alegando lo siguiente respecto de los supuestos de interés casacional expresados: (i) sienta una doctrina gravemente dañosa para los intereses generales al infringir el art. 1 LVRS que proclama su prevalencia y carácter especial sobre cualquiera normativa o planteamientos, en relación con el principio de jerarquía normativa; (ii) se ha aplicado una norma en la que sustenta la razón de decidir sobre la que no existe jurisprudencia, y (iii) se aparta deliberadamente de la corriente jurisprudencial existente en relación al principio de especialidad.
La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso por auto de 25 de noviembre de 2020, ordenándose posteriormente el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante esta Sala, compareciendo ante esta Sección Especial todas las partes.
Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Luis Fernández Antelo.
La resolución judicial impugnada.
La sentencia contra la que se prepara el presente recurso de casación confirma la de instancia que desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón de fecha 22 de junio de 2016, por la que se declara finalizado el expediente iniciado mediante solicitud presentada el 9 de abril de 2015 para la construcción de una Vivienda Rural Sostenible en la finca La Escorzonera de Pozuelo de Alarcón, por imposibilidad material de continuarlo debido a circunstancias sobrevenidas, al haber entrado en vigor la Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley 5/2012, de 20 de diciembre, de Viviendas Rurales Sostenibles.
El objeto del recurso de casación autonómica.
En nuestro auto de 17 de mayo de 2017, RC 10/2017, esta Sección Especial de Casación se ha pronunciado sobre algunas cuestiones concernientes al nuevo recurso de casación autonómica, ciertamente polémicas, con el objeto de establecer una doctrina que ofrezca seguridad jurídica sobre el objeto de esta modalidad casacional y los criterios a considerar para decidir sobre su admisibilidad; doctrina que hemos reiterado en nuestro auto de 14 de junio de 2017, RC 9/2017.
Nos remitimos en este particular a las consideraciones allí realizadas con el objeto de reafirmar la existencia del recurso de casación autonómica y denunciar su deficiente regulación legal. Consideraciones que se han visto respaldadas por la STC de 29 de noviembre de 2018, dictada en respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2860-2018 promovida por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del art. 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, estimamos conveniente transcribir a continuación parte de las consideraciones realizadas en el último auto citado, con el fin de reiterar dicha doctrina y completarla, si cabe, con el examen de los supuestos de interés casacional objetivo que alega la recurrente. Decíamos en el auto de 14 de junio de 2017, RC 9/2017, acerca del objeto del recurso de casación autonómica y el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia sobre Derecho autonómico, lo siguiente:
"TERCERO. - El objeto del recurso de casación autonómica.
Sentada la existencia del recurso de casación autonómica, abordábamos en el auto de 17 de mayo de 2017, RC 10/2017, la delimitación de su objeto y, en particular, las resoluciones judiciales contra las que procede, concluyendo que entre ellas se encuentran las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, consideraciones que reiteramos a continuación.
Por sorprendente que parezca, la LJCA no hace mención directamente a las resoluciones judiciales que pueden ser sometidas a este específico recurso de casación. Su único criterio delimitador previsto expresamente radica en que el recurso se funde en la infracción de normas emanadas de una Comunidad Autónoma; de manera que la determinación de las resoluciones sujetas a este recurso deberá partir, indirectamente, de la fijación de los órganos judiciales cuyas sentencias pueden aplicar tales normas y delimitarse, a priori, mediante la aplicación analógica de los preceptos que regulan el objeto del recurso de casación ante el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba