ATS, 27 de Octubre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 27 Octubre 2020 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 27/10/2020
Tipo de procedimiento: COMPETENCIAS
Número del procedimiento: 181/2020
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller
Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 87 DE MADRID
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: LTV/P
Nota:
COMPETENCIAS núm.: 181/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Antonio Salas Carceller
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 27 de octubre de 2020.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller.
Con fecha 3 de septiembre de 2019, Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros presentó en el Registro General de los Juzgados de Murcia una demanda de juicio verbal contra Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. La demanda tiene por objeto una acción de condena dineraria, por los daños sufridos en el inmueble sito en la calle Virgen de Fátima-Manresa 5, Santiago de la Ribera (Murcia), debidos a los fallos en el suministro eléctrico. La reclamación formulada por la compañía de seguros se ampara en la acción subrogatoria del art. 43 LCS, al haber indemnizado a su asegurado.
La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Murcia, que dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que informasen sobre su posible falta de competencia territorial. El Ministerio Fiscal, mediante informe fechado el 27 de diciembre de 2019, consideró que el Juzgado de Murcia no era competente ya que ninguna de las partes tenía en dicho partido judicial su domicilio. La parte demandante consideró competentes a los juzgados de Madrid por radicar allí el domicilio social de la demandada.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Murcia dictó un auto con fecha 21 de mayo de 2020 por el que declaró su falta de competencia territorial y la atribuyó a los juzgados de Madrid, lugar donde tiene su domicilio social la demandada.
Remitidas las actuaciones y turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid, este juzgado por auto de 3 de septiembre de 2020 rechazó la inhibición al considerar acreditado por la consulta efectuada al Registro Mercantil que el domicilio de la demandada se halla en Bilbao y planteó un conflicto negativo de competencia ante esta Sala.
Recibidas las actuaciones en esta sala, fueron registradas con el núm. 181/2020 y pasadas al Ministerio Fiscal, que informó en el sentido de que la competencia no corresponde al Juzgado de Madrid dado que no radica allí el domicilio social de la demandada, por lo que habiéndose inhibido indebidamente el Juzgado de Murcia procede declarar la competencia de dicho Juzgado, sin perjuicio de que este si lo considera competente se inhiba en favor de los juzgados de Bilbao.
Esta sala tiene que resolver este conflicto tal y como se ha planteado por el juzgado de Madrid, es decir, como un conflicto negativo de competencia territorial entre un juzgado de Murcia y otro de Madrid, respecto de una demanda de juicio verbal que tiene por objeto una acción de condena dineraria contra una empresa de suministro eléctrico, como consecuencia de una anomalía en dicho suministro. La compañía de seguros reclama la cantidad que ha pagado a su asegurada. El juzgado de Murcia entiende que la competencia corresponde al juzgado del domicilio social de la demandada, y que este se encuentra en Madrid. El juzgado de Madrid considera que carece de competencia porque la relación jurídica a que se refiere el litigio surgió en el partido judicial de San Javier y la demandada tiene su domicilio social en Bilbao.
Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia debemos partir de las siguientes consideraciones:
i) En el juicio verbal no es válida ni la sumisión expresa ni la tácita, según resulta de lo dispuesto en el art. 54.1 LEC. Cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determina siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado ( art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad).
ii) Por otra parte, el apartado 1 del art. 51 LEC establece: "[...]Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad[...].".
En el caso examinado no es aplicable ninguna de las reglas especiales previstas en el art. 52 LEC; en consecuencia, rige el fuero establecido en el art. 51 LEC para las personas jurídicas. La parte demandante podía optar por presentar la demanda en el juzgado del domicilio social de la demandada o en el juzgado donde se produjo el siniestro y nació la relación jurídica entre las partes, y en el que la entidad demandada tiene establecimiento abierto al público; sin embargo, en el presente caso, el siniestro se produjo en la localidad de Santiago de la Ribera, que no pertenece al partido judicial de Murcia, sino al de San Javier y la sede social de I-De Redes (Iberdrola) se encuentra en la ciudad de Bilbao, por lo que, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, los juzgados de Madrid no tienen competencia en la presente controversia. Ello determina que, tal y como está planteado el presente conflicto, resulta procedente devolver las actuaciones al juzgado de Murcia para que se inhiba correctamente, o bien a los juzgados de San Javier, si en esta localidad tuviere la demandada I-De Redes establecimiento abierto al público, o bien a los juzgados de Bilbao, lugar de la sede social de dicha demandada.
LA SALA ACUERDA:
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Acordar la remisión de las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Murcia para que dé cumplimiento a lo acordado en esta resolución.
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Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.
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Comunicar este auto, mediante certificación, al Juzgado de Primera Instancia núm. 87 de Madrid.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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AAP Barcelona 82/2022, 4 de Marzo de 2022
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AAP Barcelona 33/2023, 26 de Enero de 2023
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