ATS, 9 de Julio de 2020
| Ponente | ROSA MARIA VIROLES PIÑOL |
| ECLI | ES:TS:2020:6198A |
| Número de Recurso | 4202/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación para la unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 9 de Julio de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 09/07/2020
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 4202/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol
Procedencia: T.S.J.COM.VALENCIANA SOCIAL
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Transcrito por: RLT / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4202/2019
Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmas. Sras. y Excmo. Sr.
Dª. Rosa María Virolés Piñol
D. Ángel Blasco Pellicer
Dª. María Luz García Paredes
En Madrid, a 9 de julio de 2020.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Rosa María Virolés Piñol.
Por el Juzgado de lo Social Nº 9 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 13 de abril de 2018, en el procedimiento nº 646/17 seguido a instancia de D.ª Olga contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Unión de Mutuas, el Servicio Valenciano de Salut y la empresa Greenmed SL, sobre invalidez, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en fecha 2 de julio de 2019, que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 27 de septiembre de 2019 se formalizó por la letrada D.ª Dolores Pellicer Bosch en nombre y representación de D.ª Olga, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 3 de junio de 2020, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (R. 2147/2015), 30 de marzo de 2017 (R. 3212/2015), 31 de mayo de 2017 (R. 1280/2015) y 5 de julio de 2017 (R. 2734/2015)].
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (R. 614/2015), 6 de abril de 2017 (R. 1869/2016) y 4 de mayo de 2017 (R. 1201/2015)].
La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia de 2 de julio de 2019 (R. 2086/2018) confirma la sentencia de instancia que desestima la demanda en la que solicitaba el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta como consecuencia de la agravación de su estado de salud desde que le fue reconocida la incapacidad permanente total para su profesión habitual en el año 1992.
Consta la sentencia recurrida que, a la actora, con profesión habitual de encajadora desde el año 2008, le fue reconocida desde el año 1992 una incapacidad permanente total para su profesión habitual de Peón agrícola derivada de enfermedad común conforme al informe del EVI de 9 de septiembre de 1992 en el que se le diagnosticó hernia discal, radiculopatía. El 8 de marzo de 2017 el INSS denegó la revisión de grado de acuerdo con el dictamen del EVI de 16 de enero de 2017 en el que se le diagnostica lumbociatalgia, trastorno depresivo y trastorno conversivo.
Recurre la parte actora en casación unificadora insistiendo en la declaración de incapacidad absoluta. Presenta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia de 3 de febrero de 2011 (R. 1949/2010) que declara al actor afecto de incapacidad permanente en el grado de absoluta para toda profesión u oficial derivada de accidente de trabajo.
La Sala razonó que el actor además de presentar una pluripatología que afecta a varios de sus miembros como son la columna cervical, cuya movilidad está limitada, el hombro izquierdo en el que también se aprecia una movilidad limitada y dolorosa, o la mano derecha afectada por el síndrome de túnel carpiano, tiene como limitaciones más incapacitantes las siguientes: a) trastorno del equilibrio con crisis de vértigo; b) síndrome orgánico cerebral con atrofia cortical que le produce pensamiento lento (bradipsia), falta de concentración, trastorno de la memoria a corto plazo y desorientación espacio-temporal; y c) síndrome psiquiátrico ansioso-depresivo crónico grave, que le provoca astenia, apatía anhedonia, insomnio y ánimo crónicamente hundido y desmotivado, sin posibilidades razonables de curación. Y concluye la Sala considera que el actor no está en condiciones razonables de realizar ninguna actividad laboral con el mínimo de exigencia, dedicación y rendimiento que son propios de todo trabajo retribuido.
De acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, lo que se deduce sin mayores disquisiciones de la simple lectura de los cuadros patológicos expuestos en las sentencias contrastadas que producen en los respectivos actores distintas limitaciones funcionales.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado la Sala, por citar la más reciente, en STS de 16/09/2014 (R. 2431/2013). De hecho, en este sentido las SSTS de 23/06/2005 (R. 1711/2004 y 3304/2004) y 2/11/2005 (R. 3117/2004) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social" [ SSTS de 13/11/2007 (R. 81/2007), 22/01/2008 (R. 3890/2006), 17/02/2010 (R. 52/2009)].
De conformidad con los argumentos anteriores, la decisión congruente es la de que el recurso aquí planteado no puede ser admitido, siendo en dicho sentido en el mismo en que se ha manifestado el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones de la recurrente tenga contenido suficiente para dejar sin efecto las apreciaciones que en el mismo sentido les fueron puestas de manifiesto por la providencia precedente que abrió el trámite de inadmisión. Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS, y sin imposición de costas.
LA SALA ACUERDA: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D.ª Dolores Pellicer Bosch, en nombre y representación de D.ª Olga contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de fecha 2 de julio de 2019, en el recurso de suplicación número 2086/18, interpuesto por D.ª Olga, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de los de Valencia de fecha 13 de abril de 2018, en el procedimiento nº 646/17 seguido a instancia de D.ª Olga contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Unión de Mutuas, el Servicio Valenciano de Salut y la empresa Greenmed SL, sobre invalidez.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
