SAP Valencia 1/2020, 10 de Enero de 2020
| Ponente | MANUEL ORTIZ ROMANI |
| ECLI | ES:APV:2020:799 |
| Número de Recurso | 553/2019 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 1/2020 |
| Fecha de Resolución | 10 de Enero de 2020 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia, Sección 11ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN UNDÉCIMA
VALENCIA
NIG: 46250-42-1-2016-0053510
Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) [RPL] Nº 553/2019- AM
Dimana del Juicio Ordinario [ORD] Nº 001562/2016
Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE VALENCIA
Apelante: D. Ángel .
Procurador.- D. IGNACIO MONTES REIG.
Apelado: SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SGR).
Procurador.- Dña. SUSANA PEREZ NAVALON.
SENTENCIA Nº 1/2020
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Iltmos/as. Sres/as.:
Presidente
D. JOSE ALFONSO AROLAS ROMERO
Magistrados/as
D. MANUEL JOSE LOPEZ ORELLANA
D. MANUEL ORTIZ ROMANI
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En Valencia, a diez de enero de dos mil veinte.
Vistos por la Sección Undécima de esta Audiencia Provincial, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL ORTIZ ROMANI, los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 1562/2016, promovidos por D. Ángel contra SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SGR) sobre "reclamación de cantidad", pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por D. Ángel, representado por el Procurador
D. IGNACIO MONTES REIG y asistido del Letrado D. SERGIO RUIZ RUIZ contra SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SGR), representado por la Procuradora Dña. SUSANA PEREZ NAVALON y asistido de la Letrado Dña. MARTA MONTES JIMENEZ.
El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE VALENCIA, en fecha 5 de marzo de 2019 en el Juicio Ordinario [ORD] - 1562/2016 que se tiene dicho, dictó sentencia conteniendo el siguiente pronunciamiento: "FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. Ignacio Montes Reig, en representación de D. Ángel, dirigido por el letrado D. Sergio Ruiz Ruiz, contra SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA representada por la procuradora de los tribunales
D.ª Susana Pérez Navalón bajo la dirección técnica de la Letrada Dª Marta Montes Jiménez: 1.-Absuelvo a la parte demandada de las pretensiones deducidas contra ella. 2.- Condeno al demandante al pago de las costas procesales causadas.".
Contra dicha sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal de D. Ángel, y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de oposición por la representación de SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SGR). Admitido el recurso de apelación y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, se señaló para deliberación y votación el día 17 de diciembre de 2019.
Se han observado las prescripciones y formalidades legales.
SE ACEPTAN los fundamentos de derecho de la sentencia apelada, los cuales se hacen propios y se incorporan a la presente como si formaran parte de esta resolución.
Planteamiento
La sentencia recaída en la instancia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 2 de Valencia, en fecha 5 de marzo de 2019, en los Autos de Juicio Ordinario 1562/2016, desestimó la demanda planteada por D. Ángel contra la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana en reclamación de 143.502 euros, pagados por aquél como cantidades anticipadas para la compra de una vivienda que iba a construir Terrateig Inmobiliaria SL en la localidad de Bétera.
La desestimación tuvo como fundamento la imposibilidad de aplicar las previsiones de la Ley 57/68 al demandante, al carecer el mismo de la condición de consumidor. Y frente a ello se alza en apelación la parte actora, entendiendo aplicable la referida Ley, pretensión a la que se opone la entidad bancaria demandada.
Ámbito de aplicación de la Ley 57/68
Hallándonos en el ámbito de la aplicación de la Ley 57/68 de 27 de julio, cierto es que esta Sección, tiempo atrás, ha venido interpretando con rigor el contenido y las exigencias establecidas en la Ley 57/68 de 27 de Julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, vigente hasta el 1 de enero de 2016, exigiendo para su efectividad que se dieran los requisitos necesarios para la resolución de la compraventa por incumplimiento de la vendedora, que se aperturara una cuenta especial y que se formalizaran los avales individuales de cada comprador, todo ello sobre la base de una doble relación contractual, una, entre comprador y promotora vendedora, y otra, entre esta y la entidad bancaria o aseguradora que daban garantía a la devolución de las cantidades anticipadas para cuando la vivienda en cuestión no fuera iniciada o entregada.
Ahora bien, esta Sección, cambiando su criterio, no puede hacer abstracción de la jurisprudencia pronunciada por el Tribunal Supremo en sentencias de 23 de septiembre de 2015, 22 de abril de 2016 y 24 de octubre de 2016, entre otras, en que se da nueva respuesta a la problemática que se plantea en este tipo de asuntos acerca de si el Banco con el que la promotora de viviendas concertó una póliza colectiva de avales para garantizar las cantidades entregadas a cuenta, sin que se llegaran a otorgar los avales particulares a los compradores que entregaron dinero a cuenta, debe responder frente a dichos compradores de la devolución del dinero pagado a cuenta, ante el incumplimiento de la promotora, en aplicación de los arts. 1, 2, 3 y 7 de la Ley 57/68.
Así la doctrina jurisprudencial más reciente ( Ss.T.S. Pleno 20-1-15, 30-4-15) ha avanzado en la línea de interpretar dicha Ley como pionera en la protección de los compradores de viviendas para uso residencial, incluso de temporada, ya que su fin es la protección de las personas que han puesto en juego sumas de dinero para la compra de una vivienda que está en fase de planificación o construcción ( S.T.S. 30-4-15 del Pleno).
A estos efectos, la jurisprudencia tiene sentado: a) que el art. 3 de la Ley 57/68 atribuye al contrato de seguro o aval que sirve de garantía a las cantidades entregadas a cuenta del precio, unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda, carácter ejecutivo para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que el cesionario tuviera derecho, de acuerdo con lo establecido en dicha Ley ( S.T.S. 23-7-15 ); b) que el art. 1 de la misma Ley permite al comprador dirigirse simultáneamente contra el promotor vendedor y su aseguradora o avalista para exigirles solidariamente la devolución de las cantidades anticipadas cuando se cumpla el presupuesto legal de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido ( Ss.T.S. 3-7-13, 7-5-14 del pleno, 22-4-15, 23-7-15 ...); c) que la acción de reintegro de las cantidades entregadas a cuenta también podrá dirigirse únicamente contra el avalista o el asegurador sin tener que demandar al promotor por incumplimiento ( S.T.S. 23-7-15 ...); y d) que el carácter tuitivo de los derechos del comprador que entrega dinero a cuenta del precio de la vivienda pendiente de construir y de serle entregada, se manifiesta en el art. 7 cuando dota a estos derechos el carácter de irrenunciables ( Ss.T.S. 13-1-15 del Pleno, 23-7-15 ...).
Partiendo de tales premisas, con relación a la entrega de la vivienda por el promotor vendedor, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido sentando como normas a tener en cuenta las siguientes: A) Que el derecho al reintegro de las cantidades entregadas a cuenta por el comprador genéricamente se produce, bien por el incumplimiento por el vendedor del plazo estipulado para la terminación y entrega de la vivienda, bien por la no iniciación de las obras justificada fehacientemente, bien por la resolución del contrato de compraventa a instancia del comprador, siempre que el derecho a resolver se ejercite por el comprador antes de ser requerido por el vendedor para el otorgamiento de escritura pública por estar la vivienda ya terminada y en disposición de ser entregada aún después de la fecha estipulada para su entrega ( Ss.T.S. 5-5-14 y 20-1-15 del Pleno). B) Que el mero retraso en la entrega, aunque no sea intenso o relevante, constituye a efectos de la Ley 57/68 un incumplimiento del vendedor que justifica la resolución del contrato por el comprador ( S.T.S. 20-1- 15 del Pleno) y el reintegro de las cantidades anticipadas en el pago del precio. C) Que en el ámbito de la Ley 57/68 no es aplicable la doctrina jurisprudencial que sobre el art. 1.124 C.C ., considera que el retraso de una parte contratante en el cumplimiento de sus obligaciones no constituye, por regla general, un incumplimiento de tal grado que justifique la resolución del contrato a instancia de la otra parte contratante ( S.T.S. 20-1-15 ), no obstante lo cual sí permite el reintegro de la parte del precio ya entregada. D) Que el diferente tratamiento del art. 3 de la tan repetida Ley 57/68 y del art. 1.124 del C.C ., en relación con lo dispuesto en el art. 1.504 del C.C ., viene dado: i) por el carácter irrenunciable del derecho reconocido al comprador en el citado art. 3, conforme al art. 7 de la propia Ley 57/68 ; ii) por el rigor contextual del art. 3; iii) por el específico equilibrio contractual que el art. 3 de la Ley 57/68 introduce en los contratos sujetos a su regimen, compensando el derecho del vendedor a resolver el contrato por un solo impago del comprador ( art. 1504 C.C .), con el derecho del comprador a resolver el contrato por el retraso en la terminación y entrega de la vivienda; iiii) por el desequilibrio contractual que en perjuicio del comprador supondría una interpretación diferente; iiiii) por el riesgo de insolvencia del promotorvendedor. E) Que el avalista responderá para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido. F) Que la...
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