STSJ Andalucía 861/2020, 5 de Marzo de 2020
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 861/2020 |
| Fecha | 05 Marzo 2020 |
Recurso 3082/18 - K Sentencia nº 861/20
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL
SEVILLA
Ilmo. Sr. Magistrado
DON LUIS LOZANO MORENO
Ilmas. Sras. Magistradas
DOÑA MARÍA DEL CARMEN PÉREZ SIBÓN
DOÑA AURORA BARRERO RODRIGUEZ (PONENTE)
En Sevilla, a cinco de marzo dos mil veinte.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA NÚM. 861/20
En el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Andaluz de Salud contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, dictada en los autos nº 319/15; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada.
Según consta en autos, se presentó demanda por Fremap contra el Servicio Andaluz de Salud y D. Luis Andrés, del que desistió, sobre Seguridad Social, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 4/4/17 por el Juzgado de referencia, en la que se estimó parcialmente la demanda.
En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:
La entidad actora atendió en fecha 17 de abril de2013 al trabajador don Luis Andrés que acudió el día indicado a la mutua demandada solicitando asistencia médica al referir durante su jornada laboral presenta a fuerte dolor de estómago, es acompañado hasta nuestro centro por un compañero de trabajo . Fue atendido en consulta médica, llevándose a cabo una exploración y se le prescribió tratamiento consistente en administración de omeprazol, primperan y buscapina. Fue remitido al SAS iniciando baja derivada de enfermedad común el día 17 de mayo de 2013. Don Luis Andrés es trabajador asegurado y prestaba sus
servicios para la empresa Transportes urbanos de Sevilla la cual tiene cubierta las contingencias profesionales y comunes como la mutua actora .
FREMAP, aporta factura de asistencia médica, cita médica por importe de 226,76 € euros.
Ejercita la mutua actora acción instando el reintegro de los gastos sanitarios. Existen 8430 reclamaciones de la mutua demandante al SAS.
Se ha agotado la vía previa.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Servicio Andaluz de Salud que fue impugnado de contrario.
El Servicio Andaluz de Salud ha formulado recurso de suplicación frente a la sentencia que lo condenó a reintegrar a la Mutua Fremap la suma de 43,50 € en concepto de asistencia prestada a D. Luis Andrés el 17/4/13, cuando éste acudió a sus servicios médicos alegando haber sufrido un fuerte dolor de estómago mientras se encontraba trabajando. El recurso fue impugnado por Fremap que solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.
Por el cauce del artículo 193.c) LRJS denuncia el recurrente infracción del artículo 115.3 LGSS de 1994 y de la jurisprudencia contenida en la sentencia TS de 26/4/16, inaplicación al caso de la sentencia TS de 20/7/07, infracción de los artículos infracción de los artículos 68.3 a) y 70.2 LGSS en relación con el 57.1. a), infracción del artículo 3 del Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, en relación con el artículo 6 del Real Decreto 1430/2009 de 11 de septiembre y de la sentencia TS de 26/1/98. Alega que existe una presunción iuris tantum de laboralidad de las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo, y que esta presunción no se ha desvirtuado, que la Mutua carece de título dictado por Entidad competente que justifique su reclamación, que, no se habría seguido el procedimiento establecido para el reintegro de dichos gastos de asistencia sanitaria, por lo que la demandante debió haber iniciado un procedimiento de determinación de contingencia y que la cobertura de las contingencias comunes la tenía la propia Mutua.
La solución que se ha de dar a la cuestión planteada es la misma que ha venido dando esta Sala a cuestiones similares, entre otras en la sentencia de 8/6/17, recurso 1629/16, cuyos razonamientos se reproducen: " ... Debe considerarse inicialmente, que la Mutua colaboradora con la Seguridad Social se encuentra legitimada para reclamar el reintegro de los importes abonados en concepto de primera asistencia facultativa al trabajador, ya que no asume dichos gastos de asistencia sanitaria en los procesos derivados de enfermedad común, que es el único que se acredita como existente en las presentes actuaciones. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 68.2 c) del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social 1/94 vigente al tiempo de producirse el hecho, cuando se indicaba que "1. Se considerarán mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.2. A efectos de la presente Ley y de acuerdo con lo establecido en la misma, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprenderá las siguientes actividades :a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo. c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente. (...)". Lo que debe ponerse en relación con lo establecido en la Disposición Adicional Undécima del mismo Cuerpo Legal : "1. Cuando el empresario opte por formalizar la protección respecto de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, podrá, asimismo, optar por que la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de ese mismo personal se lleve a efecto por la misma Mutua, en los términos que reglamentariamente se establezcan. (...)". Sin perjuicio de la posibilidad de adelanto de dicha prestación en los términos previstos por la Disposición Adicional quincuagésima primera: "La Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social asumirán a su cargo, sin perjuicio del posible resarcimiento posterior por los Servicios de Salud o por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social el coste originado por la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos y procesos de recuperación funcional dirigidos a evitar
la prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral por contingencias comunes de los trabajadores del sistema de la Seguridad Social, y que deriven de los acuerdos o convenios a que se refieren los artículos
12.4 y 83 del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.". Difícilmente podrá admitirse la aplicación al supuesto examinado, acaecido en 2012, de una normativa como el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, que vino a entrar en vigor en fecha 1 de septiembre de 2014. Así como tampoco, la exigencia de que la Mutua colaboradora con la Seguridad Social inicie un procedimiento para la modificación de la contingencia determinante del proceso de incapacidad temporal, cuando el mismo ya fue inicialmente declarado como...
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