STS 366/2020, 19 de Mayo de 2020

Con fecha 18 de mayo de 2017, el Juzgado de lo Social núm. 6 de Oviedo, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "DESESTIMO LA DEMANDA interpuesta por D. Eleuterio frente a DÍAZ VARELA ABOGADOS, SL por los motivos expuestos en la fundamentación, al carecer este Juzgado de jurisdicción para conocer de la relación laboral objeto de la demanda".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: " Primero.- D. Eleuterio dice haber trabajado por cuenta ajena para el despacho DÍAZ VARELA ABOGADOS SL desde el 1 de junio de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2016, refiriendo que el centro de trabajo se hallaba en el despacho identificado como DÍAZ-VARELA ABOGADOS sito en Avenida de Galicia nº 11, 1º izquierda de Oviedo, que la jornada era a tiempo completo en horario de mañana y tarde - de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas-, de lunes a viernes, que la contratación fue verbal, que el despacho le turnaba instrucciones para la asignación de asuntos, distribución del tiempo de trabajo, vacaciones, horario... que contaba con un correo electrónico corporativo y que durante todo ese tiempo no percibió pago o remuneración alguna por sus funciones, salvo el abono de dos facturas cuyo líquido no alcanzaba a superar los quinientos euros.- Segundo.- Obran unidas a las actuaciones Certificados de autoliquidaciones de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 del aquí actor -folios 50 y siguientes-, declaraciones del IRPF (modelo 130) e IVA (modelos 303 y 390) de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, cuyo contenido se da aquí por íntegramente reproducido -folios 53 y siguientes-. Tercero.- Obra unido a las actuaciones -folio 169- Certificado de 11 de septiembre de 2014 firmado por Dª Dulce en el que se detalla respecto del actor que " ...viene prestando su colaboración profesional como abogado independiente en la firma DÍAZ-VARELA ABOGADOS S.L. desde fecha del mes de junio de 2013 hasta la actualidad...".- Cuarto.- Obra unido a las actuaciones -folio 171- Certificado de 1 de septiembre de 2016 firmado por D. Ildefonso en el que se detalla respecto del actor que "... presta sus servicios en la firma como Letrado, asesorando de manera recurrente a Sociedades de Capital y como Asesoría Jurídica Externa de entidades de crédito en materias propias del ámbito mercantil por extenso...".- Quinto.- Obra unida a las actuaciones -folio 173 y siguientes- Nota sobre artículo publicado en revista ATLÁNTICA XXII, cuyo contenido se da aquí por íntegramente reproducido, fechado en Oviedo el 16 de enero de 2015 y firmado por D. Jenaro, D. Eleuterio y Dª Dulce.- Sexto.- Obra unido a las actuaciones documento identificado como Protocolo de Facturación de Honorarios -folios 176 y siguientes- cuyo contenido se da aquí por íntegramente reproducido.- Séptimo.- Obra unido a las actuaciones documento identificado como Listado de Asuntos minutables en curso -folios 181 y siguientes-.- Octavo.- Obra unido a las actuaciones documento identificado como Listado de facturas y proformas -folios 186 y siguientes-.- Noveno.- Obra unido a las actuaciones documento identificado como Expedientes cláusula túnel - folios 191 y siguientes-.- Décimo.- Obra unido a las actuaciones documento identificado como Audiencias Previas señaladas -folios 193 y siguientes-.- Undécimo.- Obran unidos a las actuaciones documentos identificados como Fichas Cláusula Túnel -folios 196 y siguientes de las actuaciones-.- Duodécimo.- En el despacho DIAZ VARELA ABOGADOS SL los abogados colaboradores perciben honorarios bajo la fórmula de riesgo y ventura, de modo que cobran sólo cuando el cliente paga, emitiendo el abogado colaborador una factura contra el despacho y abonando esta factura el despacho; el porcentaje de honorarios será mayor o menor en función de si el cliente lo aporta el abogado colaborador al despacho o se trata de un cliente del despacho que se cede al abogado colaborador -así lo han declarado D. Ildefonso y D. Mateo, que se han identificado así mismos (sic) en la referida categoría-.- Décimotercero.- Obra unido a las actuaciones -folio nº 11- documento del aquí demandante, cuyo contenido se da aquí por íntegramente reproducido, en el que el actor se da de baja voluntaria, pidiendo la liquidación y salarios no abonados.- Décimocuarto.- Personas del entorno del actor daban por sentado que este trabajaba para el despacho demandado como empleado del mismo -así lo han declarado Dª Margarita, Dª Matilde y D. Ramón.- Décimoquinto.- Obran unidos a las actuaciones correos electrónicos enviados o recibidos por el actor durante los años 2014, 2015 y 2016 en su relación con el despacho demandado -folios 267 y siguientes-, de los que se desprende la existencia de una relación en la que se intercambiaban y solicitaban datos, información, favores, asistencias...A estos correos sumar los que aporta la parte demandada -obrantes al folio 501 y siguientes y 606 y siguientes- en igual sentido que los anteriores, destacando el de fecha de 22 de septiembre de 2016 -obrante al folio 639 de la causa-, en el que se indica por parte del actor " ambos obedecemos a los protocolos de nuestros mandantes, tú de tu despacho y yo del Banco".- Decimosexto.- D. Eleuterio contaba en el despacho demandado con un despacho y ordenador que usaba cuando se encontraba en el mismo -así lo ha declarado D. Secundino-.- Decimoséptimo.- D. Eleuterio desde el 1 de julio de 2016 cuenta con un correo electrónico de empresa, del despacho demandado -así se desprende del documento obrante al folio 603 de las actuaciones-octavo.- Decimoctavo.- El despacho DIAZ VARELA ABOGADOS SL trabaja para el BANCO SABADELL, cliente aportado por Dª Dulce, cliente que ha supuesto un incremento notable de carga de trabajo para el despacho, trabajando en los asuntos del mismo los abogados Dª Dulce, D. Secundino, D. Mateo y el propio actor hasta su marcha del despacho -así lo han reconocido los testigos D. Secundino, D. Mateo. Contra tal cliente se emitió por el despacho demandado la factura nº NUM000 de fecha 6 de septiembre de 2016 abonada por el BANCO SABADELL el 26 de septiembre de 2016 -según se desprende de la pericial practicada por la demandada, folio 698 de la causa-. Es la abogada Dª Dulce la encargada de transmitir las instrucciones del banco a los restantes abogados.- Decimonoveno.-Obra unida a las actuaciones acta de conciliación celebrada el 31 de octubre de 2016, habiendo sido presentada la papeleta de conciliación el 19 de octubre de 2016.".

Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictó sentencia con fecha 17 de octubre de 2017, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que, estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por Eleuterio contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Oviedo, recaída en autos 84/2017, revocamos dicha Resolución y declaramos que la relación mantenida por el actor con la demandada, Díaz Varela Abogados S.L. era una relación laboral especial de abogado que presta servicios por cuenta de un despacho profesional, condenando a la sociedad demandada a estar y pasar por esta declaración y a abonarle en concepto de retribuciones no satisfechas la cantidad de 9.149,70 euros".

Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de Díaz Varela Abogados S.L. el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de noviembre de 2016.

Por providencia de esta Sala de 7 de junio de 2018, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Impugnado el recurso por la parte recurrida, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el 23 de abril de 2020, fecha en que tuvo lugar y, habiéndose iniciado la deliberación de modo telemático al estar vigente el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con varias prórrogas, fue concluida en la fecha de su firma.

La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si entre el abogado demandante y el despacho de abogados demandado existió una relación laboral encuadrable en el ámbito del Real Decreto 1331/2006, que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados, en correspondencia con el art. 1.1 ET.

El origen del pleito que ahora resolvemos desde ese planteamiento es una demanda de reclamación de cantidad que formuló el actor frente al despacho demandado, para el que prestó sus servicios desde el 1 de junio de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2016, fecha en la que cesó voluntariamente.

El Juzgado de lo Social número 6 de los de Oviedo dictó sentencia el 18 de mayo de 2017 en la que desestimó la demanda por entender que la relación que unía a las partes no era de naturaleza laboral, con base en unos denominados hechos probados que constan en los antecedentes de esta resolución.

Recurrida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la sentencia de 17 de octubre de 2017 que ahora se recurre en casación para la unificación de doctrina, estimó parcialmente el recurso, declaró la existencia de relación laboral encuadrable en el art. 1.1 del RD 1331/2006 y condenó a la demandada al abono de la cantidad de 9149,70 euros, como salarios devengados y no abonados.

1. Para llegar a tal conclusión, la sentencia recurrida lleva a cabo un análisis detallado y muy crítico de la sentencia de instancia, en la que echa en falta una verdadera relación de hechos probados, puesto que la mayor parte de los 18 consignados no merecerían esa calificación, lo que tal vez hubiese merecido -si así lo hubieran pedido las partes- la nulidad de aquélla. No obstante, al tratarse de un problema jurídico vinculado a la competencia de la jurisdicción social, la Sala de Asturias recuerda la obligación que tiene de analizar de manera completa la prueba a efectos de determinar si esa competencia existe, por evidentes razones de orden público procesal.

2. En esa tarea, se detiene en el análisis detallado de la prueba documental obrante en autos, y lleva a cabo una nueva redacción de los hechos probados, sobre los que concluye diciendo en el fundamento de derecho octavo que "... el actor se halla sometido a las exigencias en el día a día tanto de la socia de la socia de Dulce, como de Secundino, abogado como él que actúa de administrador del despacho. Se le requiere para que busque jurisprudencia sobre un asunto, se le corrigen escritos antes de ser presentados, prepara y estudia asuntos que otro miembro del despacho (el administrador) lleva con un cliente, incluso se le recrimina por hacer algo mal o no haberlo hecho, o bien por el funcionamiento incorrecto del sistema informático de organización del despacho".

Y en el último párrafo del fundamento de derecho noveno, saliendo al paso de los indicios de no laboralidad puestos de relieve por la demandada en el escrito de impugnación, afirma la sentencia recurrida que "En todo caso, esos indicios son ineficaces frente a la prueba abrumadora de la vinculación por cuenta del Despacho Díaz Varela, que es reveladora de una prestación de servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados ( artículo 1.1 del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre)".

1. En el recurso de casación para la unificación de doctrina que formula la sociedad demandada frente a esa resolución, se denuncia la infracción del art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 1.3 g) del mismo texto legal, y también en relación con el art. 1.2.d) del RD 1331/2006, proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23/11/2016 (recurso 322/2016).

Analizaremos a continuación si entre la sentencia recurrida y la de contraste existe esa triple identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el art. 219 LRJS para la viabilidad del recurso, sobre la que la Sala ya expresó sus objeciones en la providencia de 23 de marzo de 2018, y las partes y el Ministerio Fiscal hicieron las alegaciones que tuvieron por conveniente, y en ese análisis desde ahora hemos de poner de manifiesto que las sentencias que vamos a comparar -recurrida y de contraste- no son contradictorias, porque resuelven los casos en ellas planteados desde realidades de hecho totalmente distintas, lo que condujo a razonamientos fundados de manera diferente, pero no contradictoria.

2. Para llevar a cabo ese análisis comparativo, resulta imprescindible traer aquí los hechos probados más relevantes que introdujo la sentencia recurrida de oficio en el fundamento de derecho quinto, con objeto de analizar su propia competencia objetiva en plenitud, supliendo la enorme deficiencia de los que con aquél nombre figuran en la sentencia de instancia, poniendo desde el acento de ese análisis en que ninguno de los que ahora reseñaremos, que sirvieron de base al acogimiento de las pretensiones de laboralidad del actor, figuran en la sentencia de contraste.

   Esos hechos incorporados se agrupan en cinco apartados o epígrafes, encabezados por letras y conceptos y son los siguientes:

   1. Identificación del demandante como empleado del despacho Díaz-Varela Abogados.

   2. Sobre el control de jornada.

   3. Organización, planificación y dirección del trabajo.

   4. Sobre reparto de asuntos por la Dirección del despacho.

   5. Sobre la verificación del trabajo.

   Y como resumen de tales hechos probados, podemos destacar los más relevantes:

   1. En relación con el control de la jornada, Dulce se dirige a los abogados del despacho sobre vacaciones.

   2. Además reprende a uno de ellos porque acumula correos sin mirar y pide a los que vienen todos los días que comprueben la luz roja de los correos del que no viene, que comprueben los mensajes y los pasen al destinatario. El demandante se entiende aquí que acude todos los días.

   3. Utilizando el correo de Díaz-Varela abogados, el demandante " .... se dirige a Dulce en una queja sobre la carga de trabajo en estos términos: Acabo de revisar junto con Arcadio los expedientes que estamos abriendo en el día de hoy y contemplo que los fines son el 29 y 30 de este mes. Son 9 asuntos para ordenar, negociar y contestar a demanda el lunes la mayoría, el martes el resto. Tengo contestaciones (dentro de ellas algunos allanamientos), negociación y cerrar acuerdos de túneles, conciliaciones, a lo que hay que añadir las APs y el verbal que tengo el martes (que hay que preparar convenientemente). Ya contaba con venir el fin de semana a trabajar pero es que estos 9 temas no se como sacar tiempo para atenderlos, estos días ya estaba viniendo a las 8 de la mañana, con apenas una hora para comer y ya iba a tope con lo que hay actualmente, pero en tres días añadir 9 asuntos más, es completamente imposible.

      Dulce contesta: Tranquilo Nico. Necesitamos refuerzos. Lo sé. Vamos a intentar salvar la próxima semana. Propongo esto: 1. Contestaciones/allanamientos de estas 2 próximas semanas: Delégalas en Ildefonso. 2. Audiencias Previas de esta semana en Asturias: delégalas en Mateo. Tú esta semana que entra céntrate en las negociaciones que están cerrando y en preparar bien el verbal del martes".

   4. El 18-6-2014 el demandante envía a Dulce un correo sobre los rasgos fundamentales de los tipos societarios. Le explica que lo redactó tipo email para que los pueda usar mediante corta-pega. Hay acuse de Dulce señalando lo útil que le fue.

   5. Orden de Dulce al demandante el 30-5-2014 para que busque jurisprudencia sobre un asunto. Concretamente sobre contratos celebrados en los meses previos al concurso de acreedores. Lo mismo sucede el 7-9-2016 para otro asunto. El 25-11-2014 el actor envía a Dulce una Sentencia del Tribunal Supremo, subrayando parte y señalando que pueden ser argumentos útiles "a nuestra argumentación fáctica y jurídica".

   6. Secundino pide al demandante por correo de 5-11-14, que acuda a una reunión en sábado con el resto de los miembros del despacho.

   7. Correo de Eleuterio -el actor- a Secundino, de 5-1-215, contestándole a su petición de cálculo de gastos sobre un procedimiento.

   8. Correos entre el administrador y un cliente y del demandante con el primero. Se desprende que el primero trata con el cliente y el segundo es el que estudia el asunto, enviando los correspondientes correos a aquél.

   9. En junio de 2015 aparece que el demandante Sr. Eleuterio confecciona escritos para ser firmados por el Sr. Secundino y ser presentados después por aquél en el órgano judicial.

   10. El administrador del despacho envía al demandante 13 modelos de actuaciones (cláusulas suelo, allanamiento, honorarios y aranceles etc.)

   11. Existen correos de julio 2016 en los que Dulce da instrucciones al demandante sobre cuestiones importantes que se deben revisar en los temas de cláusulas túnel, y otro correo de ella en el que se le indica el orden de prioridades en las actuaciones, advirtiéndole que evite ciertas comprobaciones a fin de agilizar el trabajo.

   12. El 11-7-2016 Dulce se dirige al actor y al administrador estableciendo pautas relativas al modo de guardar los archivos en la base de datos, cumplimentación de acuerdos, asistencia a audiencias previas (cuándo se debe acudir o no y qué hacer cuando se tiene esa audiencia fuera de Asturias).

   13. En julio de 2016 Dulce da instrucciones al actor sobre los límites para negociar devoluciones por cuenta del Banco Sabadell. Le aconseja cómo negociar con el abogado contrario para alcanzar acuerdos.

   14. En correo electrónico del mes de julio de 2016, Dulce da instrucciones al actor sobre cómo deben hacerse las firmas de acuerdos, y los casos en los que debe accederse a la firma de las suspensiones y en qué términos.

       ñ) En un correo electrónico del mes de julio de 2016, Dulce ordena al actor la presentación de unos escritos procesales por haberse alcanzado un acuerdo por satisfacción extraprocesal, y en agosto de 2016, el demandante recibe instrucciones de ella sobre la forma en que han de llevarse las negociaciones en un asunto que denomina "Rumanos".

   15. En dos correos electrónicos del mes de septiembre de 2016, Dulce organiza la asistencia a las audiencias programadas en dicho mes para el actor y de Ildefonso, coordinando la actuación de ambos en relación con la asistencia a una audiencia señalada en Galicia.

   16. En el mes de julio de 2016 se remite al actor correo electrónico por Dulce en el que se le ponen de manifiesto los puntos más importantes que deben revisarse en las demandas recibidas en los expedientes de las cláusulas túnel.

   17. Se remite correo electrónico a Secundino y al actor por Dulce en relación con la asignación de nuevos expedientes judiciales de cláusulas túnel, y las instrucciones para archivar la documentación relativa a estos expedientes.

   18. En julio de 2016 se remite un correo por Dulce en el que se le encarga al demandante la apertura de carpetas en el archivo relativo a las cláusulas túnel para su clasificación. Y en septiembre de ese año, se ordena a Secundino y al actor que procedan a la introducción de todos los expedientes en los que están implicados de cláusulas túnel (estableciendo fecha límite), con el fin de proceder a emitir factura al cliente Banco Sabadell.

   19. En noviembre de 2017 se remite por el demandante a Dulce una demanda sobre cláusulas suelo para su revisión antes de la presentación.

   20. En junio de 2015 el demandante envía un escrito de demanda a Ildefonso para su revisión antes de la reunión con el cliente. Y en mayo de 2016 Ildefonso señala correcciones en un escrito confeccionado por el demandante.

   21. En 20/7/2016 Dulce se dirige al actor en los siguientes términos " Eleuterio te adjunto el escrito de suspensión con algún retoque. Envíalo por favor al abogado José Luis León y llámale igualmente para que te devuelva firmado en el curso de esta misma mañana. Una vez tengas la firma del abogado me lo envías y ya lo gestiono yo".

   22. El 26 de septiembre de 2016, Dulce se dirige a Secundino y al actor en los siguientes términos "Todos los escritos de allanamiento y contestaciones del BS que me fue enviando Eleuterio la pasada semana NO ha sido enviados a A. Reija.

       Eleuterio: reenviarle por favor a Ildefonso todos los mails que me enviaste desde el lunes de la pasada semana con contestaciones y allanamientos para que complete los datos de los Procuradores que faltaban. Ildefonso: a su vez por tu parte ocúpate de enviárselos a A.Reija".

3. Desde ese relato de hechos probados la sentencia recurrida afirma que existe una "prueba abrumadora" que evidencia la relación de dependencia entre el actor y la demandada y ante la inexistencia de datos sobre la remuneración que hubiera percibido el demandante, construye la estimación parcial de la demanda de reclamación de cantidad inaplicando el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Asturias, como tampoco el propuesto Convenio del sector de abogados, procuradores y graduados sociales de Cantabria, acogiendo la petición subsidiaria en relación con la aplicación del salario mínimo interprofesional correspondiente al año anterior a la presentación de la demanda, 9149,70 euros.

1. Como antes decíamos, la sentencia de contraste contempla una situación muy diferente, como vamos a ver.

Se trataba allí de una demanda de protección de derechos fundamentales y resolución de contrato pedida al amparo de lo dispuesto en el art. 50 ET por una abogada colegiada que llevaba a cabo su función profesional en exclusiva en el despacho JB Asesores Jurídicos SL, desde el 7 de febrero de 2009.

La sentencia de instancia declaró la existencia de relación laboral entre las partes, por lo que desestimó la excepción de incompetencia de jurisdicción, y a la vez desestimó la demanda por ni apreciar vulneración de derechos fundamentales ni justificación para la resolución del contrato pedida en la demanda.

En suplicación, la sentencia de la Sala de Madrid invocada aquí como contradictoria estimó el recurso de la empresa y declaró la inexistencia de esa relación laboral entre las partes analizando para ello la situación de hecho y de derecho resultante, partiendo de los siguientes hechos probados, que recogemos literalmente:

" ... 3º) El despacho tiene un horario orientativo para los clientes: de lunes a jueves de 9 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h; los viernes de 9:00 a 15:00 h, más un sistema de guardias rotativo por turnos los viernes de 17:00 h a 20:00 h.

Del mismo modo los permisos en Semana Santa o puentes se efectuaban por turnos con arreglo a un calendario enviado por email.

En casos de ausencia por enfermedad, etc. las abogadas debían preavisar.

4. ) Los asuntos que llegaban al despacho se distribuían uno a uno a cada una de las abogadas y su trabajo se supervisaba por el Sr. Hugo y la coordinadora atendía dudas y los revisaba.

   La demandante era evaluada una vez al año, en el mes de septiembre, efectuándose una reunión personal de la Letrada con Hugo.

5. ) Dicha empresa demandada le abona mensualmente las facturas que le presenta (con inclusión de IVA y deducción de IRPF) numeradas del 1 al 12 en cada anualidad, habiendo percibido de la demandada los siguientes ingresos:

   -2010: 15.490,82 euros

   -2011: 19.344,53 euros

   -2012: 19.693,85 euros

   -2013: 28.699,56 euros

   -2014: 14.477,79 euros (en febrero de 2014 inició baja prolongada)

   En los meses de agosto, en los que el despacho cierra, la demandante percibía la cifra de 400 euros netos tras inclusión de IVA y deducción de IRPF.

6. ) El sistema seguido para las facturaciones en el caso del cliente fundamental que liquidaba al despacho conforme a un Baremo preestablecido siendo para la abogada: el 40% sobre dicho Baremo, pero si la abogada era sustituida por otra el asunto le era liquidado al 20%, y cuando la abogada llevaba a un al despacho la minuta se liquidaba al 50%.

   La actora, así como las demás abogadas, confeccionaba la relación de asuntos en los que había actuado remitiendo la relación de expedientes al despacho: si el cliente había abonado el servicio el Despacho elaboraba la factura que la demandante comprobaba y firmaba devolviéndola a la Secretaria del despacho para proceder al pago.

   Si se presentaba alguna disconformidad con la facturación lo ponía de manifiesto o se discutía.

7. ) Durante la baja del año 2014 la actora desde su domicilio por control remoto resolvía los temas a ella asignados que se encontraban en tramitación.

8. ) En la sede de JB Asesores la demandante disponía de despacho, mesa, ordenador, bases de datos, email corporativo, etc., y utilizaba todos los medios materiales e infraestructura del mismo, inclusive estando de baja disponía de control remoto para el acceso a los expedientes, teniendo, al igual que las demás abogadas, llaves del despacho...".

   2. Partiendo de esa realidad, la sentencia de contraste analiza la naturaleza del vínculo existente entre las partes desde la perspectiva de la ajenidad, en primer y fundamental término, para después fijarse en la remuneración, todo ello al amparo de lo previsto en el art. 1 del RD 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados.

   En cuanto a la dependencia de la empresa -el despacho demandado-, la sentencia razona que "... De todo lo cual se deduce que efectivamente la actora está excluida del ámbito de aplicación del citado real decreto, por concurrir las circunstancias prevenidas en el apartado d) antes transcrito ya que no consta que su actividad profesional se realizase con otro criterios que los suyos propios, a lo que no obsta que se supervisara por una coordinadora, lo que también cabe en el supuesto de relación societaria y de arrendamiento de servicios, dado que la supervisión no conlleva la imposición del criterio del supervisor, no estando en absoluto acreditado que la actora no siguiera el suyo tras la puesta en común, siendo lógico que en un despacho de abogados se cuide la calidad de la defensa del asunto encomendado por los clientes y se contraste el trabajo con otro abogado sin duda de más experiencia, sin que ello conlleve el establecimiento de unas directrices y menos aún de órdenes ni sometimiento a un régimen disciplinario en caso de no seguir más que el propio criterio".

   Y en cuanto a la remuneración, la sentencia de contraste afirma que la contraprestación económica percibida por la actividad profesional estaba vinculada enteramente a la obtención de un resultado, no teniendo garantizados unos ingresos mínimos, "no pudiéndose, desde luego, considerar tales, los 400 euros que percibía en el mes de agosto, dado que la retribución consta acreditado era un porcentaje de las minutas facturadas y cobradas, sin que conste que dicha cantidad fuera ajena a este modo de facturar, por todo lo cual es evidente, no solo que el real decreto excluye de su ámbito la relación de la actora y la demandada, sino que tampoco podría nunca considerarse laboral a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores".

   Valora entonces la sentencia de manera muy especial para negar la existencia del requisito de la ajenidad que en el caso la demandante llevaba a cabo su actividad profesional con arreglo a sus propios criterios, sin estar sujeta a órdenes o directrices establecidas, lo que contrasta radicalmente con la situación que tenía el demandante en el despacho demandado en el caso de la sentencia recurrida, tal y como hemos descrito a la hora de fijar la situación de hecho a la que se atuvo ésta, con arreglo a la que existía una constante supervisión del trabajo y órdenes directas sobre su contenido y la forma de llevarlo a cabo, lo que pone en evidencia la realidad de que se trata de dos situaciones muy distintas, que dieron lugar por eso a decisiones distintas, pero no contradictorias.

   Además, en el aspecto de la retribución, valorado como accesorio en ambas resoluciones, puesto que basan el factor esencial de la existencia o no de la relación laboral especial en la prestación de servicios de forma ajena, la realidad es que en la sentencia de contraste consta con claridad el alcance de lo percibido por la demandante durante los años 2010 a 2014, mientras que en la recurrida no aparece nada más que la fórmula general que se recoge en el hecho probado 12º de la sentencia de instancia, y únicamente por remisión del hecho probado segundo una referencia a las declaraciones de IVA -folios 50 y siguientes- del demandante, con valores muy reducidos, sin que consten percibidos por el actor otros ingresos, tal y como explica la sentencia recurrida.

En conclusión, tal y como hemos razonado en los anteriores fundamentos, entre las sentencias comparadas no concurre la identidad de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el art. 219 LRJS para que podamos analizar el fondo del asunto, lo que en su día pudo ser causa de inadmisión por falta de contradicción, por lo que en la situación procesal actual ha de transformarse en desestimación del recurso de casación para la unificación de doctrina, imponiéndose las costas a la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el art. 235.1 LRJS, en la cuantía de 1500 euros, decretándose la pérdida del depósito constituido para recurrir.