STS 43/2020, 22 de Enero de 2020
| Ponente | IGNACIO SANCHO GARGALLO |
| ECLI | ES:TS:2020:118 |
| Número de Recurso | 3095/2017 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 43/2020 |
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2020 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 43/2020
Fecha de sentencia: 22/01/2020
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 3095/2017
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 19/12/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16.ª
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
Transcrito por: RSJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 3095/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 43/2020
Excmos. Sres.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Rafael Sarazá Jimena
D. Pedro José Vela Torres
D. Juan María Díaz Fraile
En Madrid, a 22 de enero de 2020.
Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona. Es parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por la procuradora Ana Llorens Pardo y bajo la dirección letrada de Mónica del Collado Pico. Es parte recurrida Verónica y Pascual, representados por la procuradora María Isabel Torres Ruiz y bajo la dirección letrada de Montserrat Serrano Bartolomé.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.
Tramitación en primera instancia
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El procurador Pedro Moratal Sendra, en nombre y representación de Verónica y Pascual, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona, contra la entidad Catalunya Banc S.A., para que dictase sentencia por la que:
"estimando íntegramente la presente demanda, y que contenga los siguientes pronunciamientos:
"1.- Se declare el incumplimiento por parte de Catalunya Banc SA de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta de los instrumentos objeto de la presente demanda, en los términos recogidos en la misma.
"2.- Se condene a Catalunya Banc SA a indemnizar en concepto de daños y perjuicios los actores en la suma de 8.659,09€, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la oferta de venta de las acciones.
"3.- Se condene a Catalunya Banc SA al pago de las costas judiciales causadas en la presente instancia".
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El procurador Antonio María de Anzizu Furest, en representación de la entidad Catalunya Banc S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:
"desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora".
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El Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona dictó sentencia con fecha 17 de diciembre de 2014 cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por Dña. Verónica, con NIF NUM000 y D. Pascual, con NIF NUM001, representados por el Procurador Pedro Moratal Sendra y defendidos por la letrada Montserrat Serrano Bartolomé, contra Catalunya Banc, S.A., con CIF A-65587198, representada por el Procurador Antonio maría de Anzizu Furest y defendida por el Letrado Ignasi Fernández de Senesplena, debo condenar a la demanda a abonar a la actora la suma de ocho mil seiscientos cincuenta y nueve euros y nueve céntimos (8.659,09 euros), más los intereses desde la interposición de la demanda y las costas".
Tramitación en segunda instancia
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Catalunya Banc S.A. La representación procesal de Verónica y Pascual se opuso al recurso interpuesto de contrario.
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La resolución de este recurso correspondió a la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia de 5 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Catalunya Banc S.A. contra la sentencia dictada en fecha 17 de diciembre de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia 37 de Barcelona, confirmando íntegramente la misma, e imponiendo las costas de la alzada a la parte apelante."
Tramitación e interposición del recurso de casación
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La procuradora Eulalia Castellanos Llauger, en representación de la entidad Catalunya Banc S.A., interpuso recurso de casación ante la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El motivo del recurso de casación fue:
"1.º) Infracción del art. 1101 del Código Civil".
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Por diligencia de ordenación de 12 de junio de 2017, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16.ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.
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Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por la procuradora Ana Llorens Pardo; y como parte recurrida Pascual y Verónica, representados por la procuradora María Isabel Torres Ruiz.
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Esta sala dictó auto de fecha 10 de julio de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (antes Catalunya Banc, S.A.) contra la sentencia dictada con fecha 5 de mayo de 2017, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª), en el rollo de apelación n.º 544/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 190/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 37 de Barcelona".
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Dado traslado, la representación procesal de Verónica y Pascual presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.
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Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 19 de diciembre de 2019, en que ha tenido lugar.
Resumen de antecedentes
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Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.
Entre los años 2006 y 2008, Pascual y Verónica adquirieron obligaciones de deuda subordinada de Caixa Catalunya (luego, Catalunya Banc y, en la actualidad, BBVA), por un importe total de 36.000 euros.
Tras la intervención de la entidad por el FROB, el canje obligatorio de las obligaciones de deuda subordinada por acciones y su posterior venta, los clientes recuperaron la suma de 27.927,94 euros.
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Pascual y Verónica interpusieron una demanda contra Catalunya Banc, S.A. de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones de asesoramiento e información. El importe del perjuicio objeto de indemnización era la pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB, que la demanda cifraba en 8.659,09 euros.
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El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó al banco demandado al pago de una indemnización de 8.659,09 euros, más los intereses devengados desde la interpelación judicial.
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La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco demandado. La Audiencia desestima el recurso al desatender la objeción formulada por el banco apelante de que se descontaran los rendimientos obtenidos durante la vigencia de los productos financieros.
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Frente a la sentencia de apelación, el banco demandado interpuso recurso de casación, sobre la base de un único motivo.
La parte recurrida en su escrito de oposición aduce que el recurso plantea una cuestión nueva, la deducibilidad de los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas, que no había sido opuesto en su contestación a la demanda.
Procede desatender a esta objeción, pues la demandada interesó la desestimación de la demanda, al entender que no se habían causado daños susceptibles de indemnización al amparo del art. 1101 CC, pretensión que engloba la desestimación parcial por ser el daño en la inversión menor al reclamado. Luego, al estimarse en primera instancia las pretensiones de la demandante, el banco reiteró en su recurso de apelación lo que había alegado en la audiencia previa: que para la determinación del daño había que tener en cuenta el importe de los rendimientos obtenidos, que aparecían en los documentos de la contestación a la demanda. La sentencia recurrida entró a analizar esta cuestión y concluyó que no era procedente descontar del daño estos rendimientos generados por las subordinadas. Por esta razón no puede considerarse que el recurso de casación plantee una cuestión nueva.
Recurso de casación
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Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del arts. 1101 CC, en relación con la jurisprudencia contenida en la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en la medida que lo concedido excede de la satisfacción del daño sufrido en la inversión.
Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
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Estimación del motivo. La cuestión suscitada en el motivo fue resuelta y aclarada por la sala en su sentencia 81/2018, de 14 de febrero.
En esta sentencia, con remisión a la anterior sentencia 613/2017, de 16 de noviembre, se reitera la doctrina contenida en la sentencia 301/2008, de 8 de mayo, según la cual en la liquidación de los daños indemnizables debía computarse, junto a los daños sufridos, la eventual obtención de ventajas por el acreedor. Esta regla había sido aplicada también por la sentencia 754/2014, de 30 de diciembre, en un caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que provocó la adquisición de participaciones preferentes, al concluir que "el daño causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes".
En este contexto, la sentencia 81/2018, de 14 de febrero, resulta más explícita, cuando razona:
"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste.
"Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
"Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y lucro".
De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial".
En la medida en que para la determinación del perjuicio y, en su caso, cálculo de la indemnización es necesario descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las subordinadas y la sentencia de apelación no siguió este criterio, procede casar la sentencia y asumir la instancia.
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Procede por ello estimar el recurso de casación y, al asumir la instancia, por las mismas razones que acabamos de exponer, estimar también el recurso de apelación, en el sentido de desestimar la demanda, al no haber quedado acreditada la existencia de perjuicio. De acuerdo con las liquidaciones aportadas con la contestación a la demanda, los rendimientos obtenidos por las subordinadas fueron 9.127,79 euros. La suma de esta cantidad y el capital rescatado tras la intervención del FROB es superior al importe de la inversión realizada con la adquisición de las obligaciones de deuda subordinada.
Costas
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Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC.
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Estimado el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, tampoco hacemos expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC).
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Desestimadas las pretensiones de los demandantes, procede su condena al pago de las costas generadas en primera instancia ( art. 394 LEC).
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
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Estimar el recurso de casación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) de 5 de mayo de 2017 (rollo 544/2015).
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Estimar el recurso de apelación interpuesto por Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA) contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona núm. 37 de 17 de diciembre de 2014 (juicio ordinario 190/2014), cuya parte dispositiva modificamos en el siguiente sentido.
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Desestimar la demanda formulada por Pascual y Verónica, contra Catalunya Banc, S.A. (hoy, BBVA), y absolver al banco demandado de las pretensiones contra él ejercitadas.
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No hacer expresa condena de las costas generadas por los recursos de casación y apelación. E imponer al demandante las correspondientes a la primera instancia.
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Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
