ATS 1068/2019, 14 de Noviembre de 2019
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2019:13121A |
| Número de Recurso | 2453/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 1068/2019 |
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Penal
Auto núm. 1.068/2019
Fecha del auto: 14/11/2019
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 2453/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Procedencia: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA. SALA DE LO CIVIL Y PENAL.
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
Transcrito por: CMZA/MAJ
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 2453/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Penal
Auto núm. 1068/2019
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
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Manuel Marchena Gomez, presidente
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Julian Sanchez Melgar
Dª. Carmen Lamela Diaz
En Madrid, a 14 de noviembre de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gomez.
Por la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Alicante se dictó sentencia, con fecha 11 de septiembre de 2018, en autos con referencia de Rollo de Sala, Procedimiento Abreviado, nº 84/2017, tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Alicante, como Procedimiento Abreviado nº 853/2017, en la que se condenaba a Ignacio como autor responsable de un delito intentado de abuso sexual del art. 183.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año de prisión, con la correspondiente accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena, así como de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio que comporte la relación con menores de edad por tiempo de tres meses y libertad vigilada, concretada en la prohibición de aproximación a menos de 200 metros y de incomunicación con la menor, por tiempo de cinco años. Todo ello, además del pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, Ignacio deberá indemnizar a María Esther., en la persona de su legal representante, en la cantidad de 1.000 euros.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Ignacio, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, con fecha 12 de abril de 2019, dictó sentencia, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto por éste.
Contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se interpone recurso de casación, por la Procuradora de los Tribunales Doña María Mercedes Romero González, actuando en nombre y representación de Ignacio, con base en dos motivos:
1) Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española.
2) Al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por falta de claridad y predeterminación del fallo.
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal, éste interesó la inadmisión del mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
Como primer motivo, el recurrente alega, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española.
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Afirma que ha sido condenado sin prueba suficiente de su participación en los hechos. El supuesto abuso se produjo sin la presencia de testigos y no se cuenta con otros elementos periféricos de carácter objetivo que corroboren el único testimonio incriminatorio, como es el de la víctima.
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Como indica la STS 476/2017, de 26 de junio, la reforma de La ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. Estas profundas modificaciones legales satisfacen una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley para asegurar la observancia de ambos principios, propiciando que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y que la aplicación de la norma penal sea previsible.
En la fijación del contenido de la nueva modalidad de la casación disponemos, por otro lado, de la experiencia adquirida por el conocimiento del recurso de casación contra sentencias dictadas en los procesos seguidos ante el Tribunal de Jurado respecto al que la ley reguladora prevé que el pronunciamiento del Tribunal del Jurado sea revisado a través de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, casación ante esta Sala.
En este marco, la sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, función primordial de la nueva casación, deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en torno a los dos apartados del art. 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad declarada no tiene acceso a la casación, la queja se contrae a la racionalidad y acierto de la resolución recurrida al resolver la cuestión planteada.
Estos elementos son el fundamento sobre los que debe operar la admisión del recurso de casación y cuya inobservancia puede conllevar la inadmisión del mismo, conforme a los artículos 884 y 885 LECRIM. Por otra parte, como dijimos en la STS 308/2017 es ajena a la función jurisdiccional una interpretación rígida de las causas de inadmisión, pero sería conveniente y deseable (a la vista de los actuales contornos de la casación derivados de la regulación de la Ley 41/2015) que la parte planteara adecuadamente las razones que sustentan la relevancia casacional de su recurso, bien en cuanto a los aspectos que sostienen su fundamento esencial o bien en relación con los aspectos novedosos que plantea su recurso ( números 1 y 2 del artículo 885 LECRIM, sensu contrario). Ello permitiría a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que prima facie podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación.
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En el caso, se declara probado, en síntesis, que en la tarde del día 12 de mayo de 2017, la menor María Esther., de 14 años de edad, que se encontraba sola en su domicilio de la Urbanización de la CALLE000, Fase NUM000, de Alicante, vio que en su cuarto había una araña, por lo que llamó a su madre, que se encontraba ausente por razones de trabajo, la cual intentó tranquilizarla y, ante el miedo de su hija, le dijo que pidiera ayuda a un vecino o al conserje. María Esther. buscó al conserje, conocido de su familia, sin hallarlo, encontrando al acusado Ignacio, que sustituía al primero y que estaba desempeñando labores de limpieza.
Una vez que la joven le contó lo que ocurría, el acusado subió con ella a su apartamento para prestarle ayuda, preguntándole en el trayecto, entre otras cuestiones, si había alguien más en casa. Una vez en la vivienda, María Esther. le dio una escoba, el acusado mató a la araña, y al salir le puso la mano en (sic) a la altura de los genitales, con la palma hacia arriba, por encima de los pantalones cortos que vestía la joven, al tiempo que le decía "esos pantaloncitos...". La niña se retiró y le dijo que se marchara, lo que el acusado hizo sin insistir en el tocamiento ni expresar ninguna proposición de carácter sexual.
El recurrente reitera las mismas alegaciones que hiciera en apelación. El Tribunal Superior de Justicia estimó que la Audiencia había contado con prueba de cargo bastante, constituida, esencialmente, por la declaración de la víctima, en la que no cabe advertir motivo de resentimiento o venganza (no conocía al recurrente y este admitió que no tuvo conflicto previo alguno con ella o con su madre), y cuyo testimonio fue claro e idéntico a lo previamente manifestado, a salvo alguna discrepancia menor y en absoluto indicativa de una eventual falta de persistencia.
Para el Tribunal Superior de Justicia, los argumentos expuestos por el recurrente no desvirtuaban los pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida, no advirtiendo base suficiente para apreciar defecto alguno en el testimonio de la víctima, invalidante del mismo como prueba de cargo, por más que no existiese una corroboración objetiva propiamente dicha (restos orgánicos o lesiones), dada la imposibilidad misma de su propia existencia, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso (tocamiento fugaz por encima de la ropa).
Así mismo, se advertía la existencia de otros elementos corroboradores de dicho relato. De un lado, el propio acusado admitió su presencia en el lugar de los hechos, el motivo de la misma y todo el contexto descrito por la testigo, a salvo la realidad del abuso. Por otra parte, la menor refirió que inmediatamente después de lo acontecido llamó a su madre y se contó con la declaración de ésta, confirmando que su hija le manifestó lo sucedido, tanto por teléfono como personalmente, ya que se dirigió al domicilio tan pronto como se enteró, realizando la propia madre el gesto del tocamiento tal como se lo explicó ella.
Rechazaba así el Tribunal Superior de Justicia los alegatos defensivos que ahora se reiteran, sin perjuicio de incidir en la escasa relevancia probatoria que cabía atribuir al argumento expuesto a propósito de si el acusado reunía o no el perfil habitual para cometer este tipo de delitos, incapaz de neutralizar la prueba de cargo con que contó el Tribunal de instancia.
En definitiva, la Sala de apelación hacía constancia de la existencia de prueba de cargo bastante, fundamentada en la declaración de la víctima, corroborada por prueba testifical adicional, que fue considerada por el Tribunal a quo como subjetivamente creíble, objetivamente verosímil y convincente, y en cuya valoración no se aprecian signos de arbitrariedad.
La valoración realizada por el Tribunal Superior resulta acertada. Ha existido prueba de cargo bastante, recordando esta Sala, en numerosas ocasiones, que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo bastante cuando se practica con las debidas garantías procesales y, como se ha indicado, no existen indicios que apunten a una valoración irracional, absurda o arbitraria, habiendo señalado ambas Salas las pruebas tomadas en consideración para establecer la participación del recurrente en los hechos enjuiciados, señalando los motivos por los que rechazan la versión exculpatoria del mismo y, además, lo hacen de forma razonada y razonable.
Lo que se cuestiona por el recurrente es la credibilidad que el juzgador otorga a la víctima, pero la credibilidad o fiabilidad que el órgano juzgador conceda a aquéllas y a quienes en una u otra condición procesal deponen ante el Tribunal constituye parte esencial de la valoración de esta clase de pruebas de naturaleza personal, y por ello no son revisables en casación ( STS 23-5-02). Como hemos declarado en STS 106/2018, de 2 de marzo, respecto a la valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima, el control casacional no puede referirse a la posible existencia de alternativas a comparar con la sentencia que se recurre, sino que lo determinante para el éxito de la pretensión revisora ha de concretarse en la racionalidad de la convicción que el tribunal de instancia realiza sobre ese testimonio, esto es, comprobar si la valoración es racional.
En consecuencia, la cuestión carece de relevancia casacional, en la medida en que no se alegan ni plantean argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad, que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación. Especialmente teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable y que respeta la reiterada jurisprudencia sobre el particular (que se cita y aplica adecuadamente en tal resolución).
Por dichas razones se ha de inadmitir el motivo alegado conforme al artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El segundo motivo se formula, al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por falta de claridad y predeterminación del fallo.
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El recurrente aduce que la descripción del relato de hechos probados (en tanto expresa que "...le puso la mano en a la altura de los genitales con la palma hacia arriba, por encima de los pantalones cortos que vestía la joven...") es ininteligible y que su falta de claridad impide la comprensión del hecho probado y su subsunción en el delito de abusos sexuales, ya que de dicha expresión no se obtiene como conclusión que existiese ningún tipo de tocamiento.
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Respecto del quebrantamiento de forma denunciado al amparo del art. 851.1º LECRIM, es doctrina jurisprudencial reiterada la que sostiene que: "existe falta de claridad cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible, o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica; bien por omisiones parciales que impidan su comprensión; bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impidan saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado, o bien por contener la sentencia un relato de hechos construido de tal forma que conduzcan a la duda acerca de si el Tribunal los está declarando probados o no. Siendo necesario además que los apuntados defectos supongan la imposibilidad de calificar jurídicamente los hechos. (En este sentido, entre otras STS núm. 471/2001, de 22 de marzo; 1144/2001, de 31 de julio; 1181/2001, de 19 de julio; 1610/2001, de 17 de septiembre, y STS nº 559/2002, de 27 de marzo). Tales aspectos deben quedar suficientemente explícitos en la impugnación." ( STS 168/2016, de 2 de marzo).
Por su parte, el quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo presupone el que se consignen como hechos probados conceptos que coincidan con los empleados por el legislador para la descripción del núcleo del tipo, cuyo alcance y significación sólo puede ser conocido por quien tenga conocimientos jurídicos y que han sustituido a los hechos de tal medida que de suprimirse mentalmente el relato fáctico quedaría desposeído de la base necesaria para efectuar la correspondiente calificación jurídica antecedente del fallo y ello con la finalidad de impedir que las sentencias penales sustituyan los relatos de los hechos, tal y como acontecieron en la realidad, por expresiones jurídicas que suponen, ya de antemano, la valoración penal del comportamiento, porque de esta manera se impide saber en qué consistió el hecho y se vulnera el derecho de defensa ( STS 780/2016, de 19 de octubre).
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La aplicación de la doctrina expuesta nos lleva a la inadmisión del motivo. En el supuesto que nos ocupa, no puede advertirse la concurrencia de un quebrantamiento de forma de esta naturaleza, pues examinada la manera en que vienen redactados los hechos probados de la sentencia recurrida no se advierte falta de claridad alguna, como no se identifica expresión alguna que implique la alegada predeterminación del fallo, incumpliendo así la carga de argumentar sus pretensiones.
Con independencia de lo aducido por el recurrente al respecto, la lectura de la concreta frase que señala en el recurso no revela más que la existencia de un claro error material, consistente en la indebida inclusión de la preposición "en", que no supone falta de claridad ni de comprensión de ningún tipo en relación con el acto descrito y su clara connotación sexual, tal y como se expuso con profusión por el Tribunal Superior al tiempo de resolver las quejas deducidas en el previo recurso de apelación a propósito de la incorrecta subsunción de los hechos denunciada.
Por todo lo cual, el motivo debe ser inadmitido al amparo del artículo 885.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En su consecuencia se ha de dictar la siguiente:
LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
