SAP Ciudad Real 251/2019, 18 de Septiembre de 2019
| Ponente | MARIA JESUS ALARCON BARCOS |
| ECLI | ES:APCR:2019:936 |
| Número de Recurso | 260/2019 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 251/2019 |
| Fecha de Resolución | 18 de Septiembre de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Ciudad Real, Sección 1ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
CIUDAD REAL
SENTENCIA: 00251/2019
Modelo: N1025 0
C/ CABALLEROS, 11 PRIMERA PLANTA
-Teléfono: 926 29 55 00 Fax: 926 25 32 60
Correo electrónico:
Equipo/usuario: LAN
N.I.G. 13034 41 1 2018 0000859
ROLLO: R PL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000260 /2019
Juzgado de procedencia: JDO.1 A.INST.E INSTRUCCION N.3 de CIUDAD REAL
Procedimiento de origen: OR5 ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0000257 /2018
Recurrente: UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO
Procurador: JORGE MARTINEZ NAVAS
Abogado: SILVIA BLANCO GONZALEZ
Recurrido: Sabino, Paulina
Procurador: JAVIER FRAILE MENA, JAVIER FRAILE MENA
Abogado: JOSE MARIA ORTIZ SERRANO, JOSE MARIA ORTIZ SERRANO
S E N T E N C I A Nº 251/2019
PRES IDENTA:
ILMA . SRA.
D. MARIA JESUS ALARCON BARCOS
MAGI STRADOS,
ILTM OS. SRES.
DON JOSE MARIA TAPIA CHINCHON
DOÑA ALMUDENA BUZON CERVANTES
En la ciudad de Ciudad Real a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.
Visto, por la Sección Funcional de Apoyo de esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el Juicio Ordinario Contratación nº 257/2018 seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso el Procurador
D. Jorge Martínez Navas, en nombre y representación de la entidad demandada UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A. E.F.C.
PRIM ERO .- El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Ciudad Real dictó sentencia el día 17 de diciembre de 2018, en el juicio antes dicho, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"1.- Estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don Javier Fraile Mena, en nombre y representación de "Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A, E.F.C." contra Caixabank declaro nula la cláusula 5 de la escritura de constitución de préstamo hipotecario de 30 de septiembre de 2005 y concedo a la demandada al reintegro de la mitad de los gastos de notaría, tasación y gestoría, así como la totalidad de los registrales, más los correspondientes intereses legales.
-
- Se declara igualmente nula la estipulación relativa al vencimiento anticipado.
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- Sin expresa condena en costas."
SEGU NDO .- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado la ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 18 de septiembre de 2019, quedando visto para sentencia.
TERC ERO. - En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrada DOÑA MARIA JESUS ALARCON BARCOS, quién expresa el parecer de la Sala.
PRIM ERO .- Por los demandantes se ejercita una acción de nulidad de la cláusula contenida en la escritura de préstamo hipotecario suscrito con la entidad bancaria en fecha 30 de septiembre de 2005 en la que se incluía en la cláusula quinta relativa a los "Gastos a cargo del prestatario", en virtud de la cual se impone a la parte prestataria la obligación de pago de todos los gastos e impuestos derivados del otorgamiento y concesión, gastos judiciales y extrajudiciales, gastos de gestoría, así como los gastos de correo, teléfono u otros medios de comunicación. Consideran que dicha cláusula es contraria a la buena fe y perjudicial, se incluyeron sin información previa y de manera oculta, provocando un desequilibrio entre las partes, siendo por tanto abusivas.
Por su parte la demandada se opuso alegando, que la cláusula fue negociada, se cumplen los presupuestos legales exigidos para la validez de la cláusula es fruto de la negociación estimando que igualmente la misma es válida, pues supera los parámetros de trasparencia e incorporación.
El juzgador de Instancia dicta sentencia por la que estima parcialmente la demanda por entender, que, aunque la cláusula pudiera resultar clara la provoca desequilibrio entre las partes contratantes y obliga a la entidad bancaria a fin de que satisfaga el importe de las cantidades previamente satisfechas por el prestatario algunas de ellas su cargo lo imputa íntegramente a la demandada y otras su pago al prestatario.
Contra dicha sentencia interpone recurso de apelación la representación procesal de la entidad demandada sostiene la legalidad de las condiciones o estipulaciones pactadas, pues existió la información adecuada de la operación y de los gastos que generaría. Por lo tanto, no puede calificarse la cláusula como abusiva, sin perjuicio de su control de transparencia, sostiene que están redactadas de forma clara y comprensible, así como su alcance jurídico y económico, cuyos efectos se producen en el mismo momento de su suscripción y no en un periodo posterior. Insiste que las cláusulas impugnadas no pueden estar comprendidas en alguno de los supuestos previstos en los artículos 85 a 91 del TRLGCU.
SEGU NDO .- La primera cuestión planteada en el presente recurso viene referida a juzgar sobre el carácter abusivo de la cláusula quinta, que opera como condición general de contratación, en un contrato de préstamo hipotecario que impone al consumidor, el pago de todos los gastos y tributos causados por el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario.
El art. 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, establece que son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos ".
Y el apartado 2º del mismo precepto aclara que "El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.
Así en la sentencia de 9 de mayo de 2013 recoge los requisitos necesarios para considerar que estamos ante condiciones generales de la contratación los siguientes:
-
Contractualidad: se trata de "cláusulas contractuales" y su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión.
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Predisposición: la cláusula ha de estar prerredactada, siendo irrelevante que lo haya sido por el propio empresario o por terceros, siendo su característica no ser fruto del consenso alcanzado después de una fase de tratos previos.
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Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato nada más puede obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo de la cláusula.
-
Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse.
Asimismo, la citada sentencia de 9 de mayo de 2013 aclara, primero, que el hecho de que una cláusula se refiera al objeto principal del contrato en el que está insertadas, no es obstáculo para que sea calificada como condición general de la contratación, ya que, en nuestro ordenamiento jurídico y al revés de lo que sucede en otros, la condición general se define por el proceso seguido para su inclusión en el mismo y no por el elemento al que se refieren (recuérdese que el art. 4 apartado 2º de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, dispone que la apreciación del carácter abusivo de una cláusula no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse, por otra); segundo, que el conocimiento de una cláusula -sea o no condición general o condición particular- es un requisito previo al consentimiento y es necesario para su incorporación al contrato, ya que, en otro caso, no obligaría a ninguna de las partes; y, tercero, que el cumplimiento por el profesional de los deberes de información, sean los generales o los exigidos por la normativa sectorial, no excluye la naturaleza de condición general de la contratación.
El art. 1 LCGC no especifica que debe entenderse por imposición de la condición general por una de las partes. Si resulta claro al respecto la Directiva 93/13 del Consejo en su art. 3.2 en la que se dice que se considerara que una clausula no se ha negociado cuando ha sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir en su contenido, en particular en los contratos de adhesión.
Y el art. 82.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), reitera que "(S)e considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones noviembre no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente... "
De todo ello cabe colegir que para constatar que una cláusula ha sido impuesta hemos de acudir a que no ha sido negociada individualmente de modo que al consumidor le permita influir en suprimirla, sustituirlo o modificar su contenido. De modo que se ha de adherir y consentir con dicha cláusula o no contratar.
El carácter impositivo no desaparece por el hecho de que el empresario ofrezca al consumidor distintas ofertas de contrato, cuando estos están estandarizados y con cláusulas predispuestas, y sin posibilidad de negociar en orden a individualizar o singularizar el contrato ya lo sean de un mismo empresario o de varios lo determinante no es que la...
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