Auto Aclaratorio AN, 2 de Octubre de 2019
| Ponente | JESUS MARIA CALDERON GONZALEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2019:2254AA |
| Número de Recurso | 484/2017 |
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN SEGUNDA
Núm. de Recurso: 0000484 / 2017
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Recurrente: IMPORTACIONES VIDAL S.L.
Núm. Registro General: 03183/2017
Ponente IImo. Sr.: D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ
AUTO DE ACLARACIÓN Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. JESÚS MARÍA CALDERÓN GONZALEZ
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA
D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA
Madrid; a dos de octubre de dos mil diecinueve.
En fecha 31 de julio de 2019, la representación de la entidad Importaciones Vidal S.L., presentó escrito de rectificación de error material y contradicción manifiesta ( art. 267 LOPJ), respecto de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 18 de julio de 2019, recurso 484/2017, significando que debe corregirse el error material patente y manifiesto que lleva al Tribunal a considerar otorgado y cumplido el título fallado en la sentencia 298/2006 y la realidad y el hecho probado es que a día de hoy todavía no se ha otorgado la escritura pública de compraventa que la Audiencia Provincial de Murcia en su auto 433/2016, de 24 de octubre, ordena otorgar al Juzgado nº 4 de Molina de Segura.
Resulta evidente que este error material, junto con la no mención a la diligencia de ordenación de 13 de marzo de 2013, dirigida a la Agencia Tributaria en la que se afirma que no hay ningún documento que justifique el traspaso del inmueble, han llevado a la Sala a desestimar nuestra demanda.
Por providencia de la Sala de 12 de septiembre de 2019 se dio traslado de dicho escrito a la representación del Estado, que presentó escrito considerando improcedente dicha rectificación, a la vez que solicita la imposición de costas a la promoviente del incidente.
Como base general desde la que entender la figura de la rectificación de una sentencia, en los términos contemplados en el artículo 267.3 LOPJ, se debe tener presente, que la rectificación solo puede operar en los casos de errores aritméticos o de errores materiales manifiestos.
Así lo viene declarando la Jurisprudencia, en STS de 4 de febrero de 2019, RC 329/2016, FJ 3, "Ahora bien, el auto no se limita a corregir el error señalado sino que introduce otros cambios en el fallo de la sentencia. Así, en el auto de aclaración desaparece la expresión "desestimando el resto de pedimentos de la demanda" que figuraba en el fallo originario de la sentencia. Por otra parte, el auto concreta y complementa el alcance del pronunciamiento, pues no se limitar a anular el apartado 2º de la resolución de 30 de diciembre de 2013 (RCL 2013, 1904) así como el PREVO resultante de su aplicación a partir de 1 de enero de 2014, sino que acuerda ordenar a la Administración "...que determine el PREVO aplicable a partir de 1 de enero de 2014 una vez se fije el MCF con arreglo a la metodología de cálculo del margen de comercialización fijo acorde con las previsiones establecidas en el artículo 17 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre (RCL 2013, 1852), tal como ha dispuesto el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de noviembre de 2015 (RJ 2015, 5171) dictada en el Recurso 396/2014 ". Y, en fin, la condena en costas que el fallo originario de la sentencia impone a la parte recurrente queda sustituido en el auto por el pronunciamiento de "...con expresa imposición de costas a cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Así las cosas, es claro que el auto no se limita a corregir un error material o a aclarar algún punto obscuro de la sentencia, que es lo que permite el artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635), sino que hace cambios sustantivos en el fallo e introduce pronunciamientos que no resultan de lo razonado en la fundamentación jurídica de la sentencia. Por tanto, debe considerarse vulnerado el principio de inmodificabilidad o intangibilidad de las sentencias recogido en el citado artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; y, en consecuencia, el motivo de casación primero debe ser acogido." .
También la STS de 16 de marzo de 2009, RC 7679/2005, FJ 4, "En este punto, el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635) es harto expresivo. Se inicia con una cláusula general de invariabilidad de las sentencias y autos que dicten los órganos judiciales, para, después, excepcionarla en los casos en que sea menester aclarar un concepto obscuro, suplir cualquier omisión o rectificar los errores materiales manifiestos o aritméticos que contengan. Una cláusula tal es perfectamente compatible con el derecho a obtener la tutela judicial efectiva ( sentencia del Tribunal Constitucional 180/1997 (RTC 1997, 180), FJ 2º ), pero la posibilidad que abre resulta excepcional y, como toda regla de tal naturaleza, debe interpretarse en términos muy estrictos. La aclaración de conceptos obscuros, la rectificación de errores materiales manifiestos o aritméticos y la integración de lagunas u omisiones deben llevarse a cabo únicamente en los precisos casos y cursando los cauces previstos por el legislador.
Así las cosas y dado que la Sala de instancia dice haber sufrido un lapsus calami, esto es, un error o un tropiezo involuntario e inconsciente al escribir, se ha de tener presente que, de acuerdo con una jurisprudencia ya añeja ( sentencias de la antigua Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1985 ( RJ 1985, 5542 ) y de la actual Sala Tercera de 26 de octubre de 1989 ( RJ 1989, 7247 ) y 27 de mayo de 1991 ( RJ 1991, 4191) ), el error material es una simple equivocación que se aprecia con la mera lectura de la resolución y, en su caso, de las actuaciones procesales, sin necesidad de acudir al más mínimo razonamiento u...
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