SAP A Coruña 363/2019, 10 de Julio de 2019
| Ponente | SALVADOR PEDRO SANZ CREGO |
| ECLI | ES:APC:2019:1809 |
| Número de Recurso | 782/2019 |
| Procedimiento | Penal. Apelación de juicio de faltas |
| Número de Resolución | 363/2019 |
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - A Coruña, Sección 2ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
A CORUÑA
SENTENCIA: 00363/2019- C/. DE LAS CIGARRERAS Nº 1 - EDIFICIO ANTIGUA FABRICA DE TABACOS. 1ª PLANTA
Teléfono: 981 18 20 74 o75 o36
Equipo/usuario: JC
Modelo: N545L0
N.I.G.: 15009 41 2 2018 0002108
ADL APELACION JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000782 /2019
Delito/falta: COACCIONES
Recurrente: Saturnino
Procurador/a: D/Dª NURIA AGEITOS PEREIRA
Abogado/a: D/Dª MARTA LOPEZ SANCHEZ
Recurrido: Sofía
Procurador/a: D/Dª SANDRA MARIA AMOR VILARIÑO
Abogado/a: D/Dª LAURA RIVAS CAO
En A Coruña, a 10 de julio 2019.
EL Ilmo. Magistrado DON SALVADOR P. SANZ CREGO, como Tribunal Unipersonal de la SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA,
En nombre de S.M. el Rey
Ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de los de Betanzos, en el juicio de delitos leves Nº 521/2018, seguido por un delito leve de coacciones, siendo parte apelante Saturnino, representado por la procuradora Dª Nuria Ageitos Pereira y defendido por la letrada Dª Marta López Sánchez y como apelada Sofía, representada por la procuradora Dª Sandra Maria Amor Vilariño y defendida por la letrada Dª Laura Rivas Cao.
Que por el Juzgado de Instrucción anteriormente citado, se ha dictado sentencia en fecha 28/03/2019, cuya parte dispositiva dice así:
" FALLO : que debo condenar y condeno a Saturnino, como autor criminalmente responsable de un delito leve de coacciones, ya definido, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de multa de 3 meses de multa con cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un adía de privación por cada dos cuotas impagadas. Asimismo deberá indemnizar por vía de responsabilidad civil a Dª Sofía en la suma de 173,09 euros por las labores necesarias para poder entrar en la vivienda; imponiéndole las costas del presente procedimiento."
Que notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma recurso de Apelación por la representación procesal del apelante, que fue admitido a trámite en ambos efectos y conferidos por el Instructor los traslados a las restantes partes, tal como establece el artículo 795.4º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una vez trascurridos los plazos establecidos, se elevaron las actuaciones a la oficina de registro y reparto de la Audiencia Provincial, correspondiendo por reparto a esta Sección Segunda el presente recurso, que fue registrado como Rollo (ADL) Nº 782/2019 .
HECHOS PROBADOS
Se acepta el relato fáctico de la sentencia recurrida, que aquí se da por reproducido, en aras de la brevedad.
La sentencia de instancia ha venido a condenar al denunciado Saturnino como autor de un delito leve de coacciones, y frente a ella recurre en apelación su representación procesal invocando, básicamente, los siguientes motivos de impugnación: error en la apreciación de la prueba; vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio "in dubio pro reo"; y concurrencia de un error de prohibición. Solicitando por todo ello su revocación, absolviendo libremente a Saturnino del delito leve objeto de condena, con todos los pronunciamientos favorables. De manera subsidiaria la imposición de la pena en su duración y cuantía mínimas, "atendiendo la escasa entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable".
Comenzando por el examen del primero de los motivos invocados de impugnación de la sentencia, debe distinguirse la vulneración del principio de presunción de inocencia del error en la valoración de la prueba, pues mientras el primero supone el derecho constitucional imperativo de carácter público que ampara al acusado cuando no existe actividad probatoria en su contra, supuesto de hecho que aquí no concurre, pues en el acto del juicio oral se practicaron, con respeto a los requisitos constitucionales y procesales, pruebas de cargo, el segundo hace referencia al valor que el juzgador de instancia le ha dado a las practicadas en el acto de la vista para condenar al acusado.
La STS 640/2015, de 30/10/2015, al analizar el derecho a la presunción de inocencia recordó que "El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ), lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados. El control casacional se orienta a verificar estos extremos, validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva valoración del material probatorio, sustituyendo la realizada por el tribunal de instancia por otra efectuada por un Tribunal que no ha presenciado la prueba.
No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre, sino de comprobar la racionalidad de aquella y la regularidad de la prueba utilizada. Y de otro lado, salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas."
Como recuerda la STS 714/2017, de 30/10/2017 "La jurisprudencia de esta Sala considera que el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia no consiste en realizar una nueva valoración
de las pruebas practicadas ante el Tribunal de instancia porque a él y solo a él corresponde esta función valorativa, sino que únicamente autoriza a esta Sala de Casación a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Está también fuera de dudas que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal "a quo" sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia (entre otras muchas, SSTS 330/2016, de 20 de abril ; 328/2016, también, de 20 de abril ; 156/2016, de 29 de febrero ; 137/2016, de 24 de febrero ; ó 78/2016, de 10 de febrero ).
De modo que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.
... En definitiva, a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad".
Y, en idéntico sentido, la STS 702/2017, de 25/10/2017, puso de manifiesto que ...
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