ATS, 4 de Julio de 2019
| Ponente | ROSA MARIA VIROLES PIÑOL |
| ECLI | ES:TS:2019:8481A |
| Número de Recurso | 1289/2019 |
| Procedimiento | Recurso de casación para la unificación de doctrina |
| Fecha de Resolución | 4 de Julio de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Social
Auto núm. /
Fecha del auto: 04/07/2019
Tipo de procedimiento: UNIFICACIÓN DOCTRINA
Número del procedimiento: 1289/2019
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa Maria Viroles Piñol
Procedencia: T.S.J.PAIS VASCO SOCIAL
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
Transcrito por: RLT / V
Nota:
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1289/2019
Ponente: Excma. Sra. D.ª Rosa Maria Viroles Piñol
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Santiago Rivera Jiménez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Auto núm. /
Excmo. Sr. y Excmas. Sras.
Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
D. Angel Blasco Pellicer
Dª. Maria Luz Garcia Paredes
En Madrid, a 4 de julio de 2019.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Rosa Maria Viroles Piñol.
Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Vitoria se dictó sentencia en fecha 25 de octubre de 2018 , en el procedimiento nº 407/18 seguido a instancia de D. Cipriano contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre revisión grado de incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, en fecha 29 de enero de 2019 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 18 de marzo de 2019 se formalizó por la letrada D.ª Esmeralda Jiménez Benito en nombre y representación de D. Cipriano , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 24 de mayo de 2019, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" [ sentencias, entre otras muchas, de 31 de enero de 2017 (R. 2147/2015 ), 30 de marzo de 2017 (R. 3212/2015 ), 31 de mayo de 2017 (R. 1280/2015 ) y 5 de julio de 2017 (R. 2734/2015 )].
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales [ sentencias de 8 de febrero de 2017 (R. 614/2015 ), 6 de abril de 2017 (R. 1869/2016 ) y 4 de mayo de 2017 (R. 1201/2015 )].
La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 29 de enero de 2019 (R. 25/2019 ) confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda en la que el actor solicitaba ser declarado de afecto de gran invalidez.
Consta en la sentencia recurrida que el actor, nacido en 1973, de profesión habitual la de operador de transformación de metal fue declarado el 22 de marzo de 2018 afecto de una incapacidad permanente absoluta en base al siguiente cuadro clínico residual: Retinosis pigmentaria: agudeza visual corregida: ojo derecho 0,8, ojo izquierdo 1. Campo visual conservado entre 5 y 10º centrales. Y las siguientes limitaciones orgánicas o funcionales: Limitación clínico funcional para la realización de cualquier actividad laboral. Autónomo para las actividades básicas de la vida diaria.
La Sala declaró que el actor padecía una retinosis pigmentaria, siendo la agudeza visual corregida: ojo derecho 0,8 y ojo izquierdo: 1. Campo visual conservado entre 5 y 10º centrales. Se indica que está limitado para realizar cualquier actividad laboral, siendo autónomo para las actividades básicas de la vida diaria, lo que según los parámetros jurisprudenciales antes indicados no implicaría per se la declaración de gran invalidez. Además, no se ha probado que el actor precise de la asistencia de terceras personas para la realización de las tareas básicas de la vida diaria.
Recurre el actor en casación unificadora y plantea como motivo de contradicción si la retinosis pigmentaria con reducción por debajo de los 10 grados centrales de visión supone ceguera legal. Presenta como sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid el 8 de julio de 2015 (R. 249/2015 ) que estima el recurso de suplicación presentado por el demandante, revocando la sentencia de instancia y reconociéndole la pensión por gran invalidez interesada. Para la sentencia de contraste el motivo del reconocido de la situación de gran invalidez es la afectación casi completa del campo visual en ambos ojos y que solo respeta la mácula. Además, consta en los hechos probados que el demandante necesita la ayuda de un tercero para uno de los actos esenciales de la vida, la deambulación o desplazamiento en el exterior.
No concurre el requisito de la contradicción del artículo 219.1 LRJS porque hay diferencias fácticas que justifican los fallos de signo distinto, sin que de ello se derive la existencia de doctrinas contradictorias. Así, en la sentencia recurrida consta un campo visual conservado entre 5 y 10º centrales, mientras en la sentencia de contraste concurre una afectación casi completa del campo visual en ambos ojos y que solo respeta la mácula. Asimismo, en la sentencia recurrida consta que el demandante puede valerse por sí mismo para la realización de los actos más esenciales de la vida. En cambio, en la sentencia de contraste figura en los hechos probados que el demandante necesita la ayuda de un tercero para uno de los actos esenciales de la vida, la deambulación o desplazamiento en el exterior.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado la Sala, por citar la más reciente, en STS de 16/09/2014 (R. 2431/2013 ). De hecho, en este sentido las SSTS de 23/06/2005 (R. 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2/11/2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que "este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social" [ SSTS de 13/11/2007 (R. 81/2007 ), 22/01/2008 (R. 3890/2006 ), 17/02/2010 (R. 52/2009 )].
De conformidad con los argumentos anteriores, la decisión congruente es la de que el recurso aquí planteado no puede ser admitido, siendo en dicho sentido en el mismo en que se ha manifestado el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones de la recurrente tenga contenido suficiente para dejar sin efecto las apreciaciones que en el mismo sentido les fueron puestas de manifiesto por la providencia precedente que abrió el trámite de inadmisión. Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS , y sin imposición de costas.
LA SALA ACUERDA : Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada D.ª Esmeralda Jiménez Benito, en nombre y representación de D. Cipriano , representado en esta instancia por la letrada D.ª Ana Sanz Salanova contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de fecha 29 de enero de 2019, en el recurso de suplicación número 25/19 , interpuesto por D. Cipriano , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Vitoria de fecha 25 de octubre de 2018 , en el procedimiento nº 407/18 seguido a instancia de D. Cipriano contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sobre revisión grado de incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
