STS, 23 de Noviembre de 1984

Al amparo del número 1º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alegamos infracción de Ley y de doctrina legal por violación del artículo 1.902 del Código Civil y ss de 5/4/1913, 12/2/1928, 30/4/1896, 10/10/1930, 31/5/1932, 7/4/1902, 13/2/1928, 1/3/1954, 12/8/1873 25/8/1864, 3/3/1883, 2/3 Y 30/9/1898 Y 24/3/1952 . La sentencia recurrida, en su segundo considerando, establece que los perjuicios sufridos por mi mandante contratista de la obra acordada suspender por el interdicto de obra nueva promovido por el demandado, sólo pueden referirse y declararse al dueño de la obra, al que se dirige el requerimiento judicial de suspensión, y que por ello el contratista tiene que dirigir su pretensión de resarcimiento al contraste de la obra, si bien quedando a salvo del derecho de éste a repercutir contra el interdictante demandado. Entendemos que tal tesis, con los debidos respetos, además que en definitiva pugna con el elemental principio de Derecho de economía procesal, porque de esa forma se dilata la efectividad del derecho de reparación para el perjuicio, digo, perjudicado, y se complica innecesariamente el tema con la necesidad de otro litigio del contratante con el interdictante para alegar al final de la reparación del interdictante de los perjuicios sufridos por el contratista á causa de la suspensión de la obra, viola los preceptos legales enunciados.

Al amparo del nº 1º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alegamos infracción de Ley y de doctrina legal por violación de los artículos 1.101 y 1.104 del Código Civil , y del principio de derecho proclamado en las sentencias de 2/7/1973, 25/3/1915, 29/9/1955 y 23/3/1950 . En efecto, según la tesis mantenida por la sentencia impugnada, en el 2º de sus considerandos, si bien como hemos visto en el motivo anterior con violación de las normas legales en él reseñadas y el propio contradictorio reconocimiento en el considerando 3º de la pertinencia de la acción del contratista recurrente contra el interdictante demandado, resulta, decimos, que según la inicial tesis del 2º considerando, que la sentencia recurrida afirma que el perjuicio, digo, perjudicado contratista debe dirigir su acción de resarcimiento de Tos perjuicios derivados de la suspensión de la obra contra el contratante de la obra, y que éste después repercutirá contra el interdictante. Ello implica violar los artículos 1.101 y 1.104 del Código Civil , que al regular la indemnización de daños y perjuicios de índole contractual la indemnización de daños y perjuicios, digo, sólo la impone a quien en cumplimiento de sus obligaciones incurrieron en dolo, negligencia o morosidad, o contravinieran al tenor de aquellas, delimitando la culpa o negligencia delcontratante deudor como la omisión de la diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponde a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, y en definitiva, la de un buen padre de familia.

Al amparo del nº 1º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Alegamos infracción de la Ley y de doctrina legal por interpretación errónea del artículo 1.902 del Código Civil, y de las sentencias de esta Sala de 30/6/1959, 23/12/52, 24/3/53, 14/2/44, 5/6/22, 23/2/50, 25/3/54, 23/12/1952, 24/3/53, 25/3/54, 8/11/77 y 26/5/78 . La sentencia recurrida establece en aplicación del artículo 1.902 del Código Civil , que no concurre culpa en el interdictante para hacer aplicación de la indemnización a su cargo de dicho artículo, y ello porque en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial declarando no haber lugar al interdicto de obra nueva, no impuso al demandado interdictante las costas, por lo que estima que no se puede imputar al interdictante temeridad ni mala fe como requisitos necesarios para la aplicación de dicho artículo 1.902.

Al amparo del nº 7º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alegamos error de hecho en la apreciación de las pruebas, resultante de documentos o actos auténticos que demuestran la equivocación evidente del Juzgador. La sentencia de primera instancia, revocada por la Iltma. Audiencia Territorial de Burgos, fija en la cantidad de dos millones doscientas noventa y una mil setecientas una pesetas con sesenta y siete céntimos el importe de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante recurrente, que deben serle abonadas por el demandado. Dada la evidente procedencia, como resulta de los motivos expuestos precedentemente, de la casación de la sentencia de la Iltma. Audiencia, y consiguientemente, de la estimación de la demanda, el tema objeto de este recurso es el de la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante y que deben serle indemnizados por el demandado. Y frente a la estimación parcial de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº uno de Burgos, que fija, como decimos, dicha cuantía indemnizatoria en la cantidad de 2.291.701,67 pesetas, se alza el presente motivo por existir evidente equivocación del juzgador en la apreciación de la prueba, error, de hecho debido a no fijar en la cantidad de 2.984.201,67 pesetas el importe de tales daños y perjuicios. Terminó con la súplica a la Sala de que dictara sentencia casando la recurrida, dictando otra nueva ajustada a derecho.

RESULTANDO que admitido el recurso, instruida la parte recurrente, no compareciendo la contraparte, se declararon conclusos los autos.

VISTO siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Antonio Fernández Rodríguez.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que dados los términos en que el recurso de casación en cuestión ha sido planteado, un orden lógico exige examinar en primer lugar el tercero de los motivos en que dicho recurso se sustenta, pues que de la solución que el mismo mereciese pende en definitiva, la que haya de corresponder al primero, segundo y cuarto.

CONSIDERANDO que procede desestimar el indicado motivo segundo, fundamentado, al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento, en su redacción anterior a la Ley treinta y ocho/ochenta y cuatro de seis de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, por pretendida interpretación errónea del artículo mil novecientos dos del Código Civil y sentencias en él relacionadas que se citan, y que el recurrente, don Ricardo basa en estimar no precisa existencia de temeridad o mala fe para hacer responsable al causante de los perjuicios que se alegan causados, ni que no se hayan impuesto las costas al demandado, ahora recurrido don Antonio en el proceso interdictal generante del juicio motivador de este recurso, aparte la incongruencia que supone, en criterio del mencionado recurrente, afirmar en primer lugar el derecho del perjudicado a reclamar los perjuicios directamente al contratante -en este caso a los Padres Agustinos Recoletos de Burgos no intervinientes en el actual debate jurídico y sí en el expresado proceso interdictal-, para sostener seguidamente que el interdictante -el referido demandado ahora recurrido- está exento de responsabilidad, y haber incidido en culpa está el referido interdictante don Antonio al declararse mediante sentencia definitiva, no haber lugar a la acción interdictal planteada, y no aludir con posterioridad el que la ejercitó al procedimiento declarativo correspondiente, según el artículo mil seiscientos setenta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil; porque, de una parte, para llegar la Sala sentenciadora de instancia a la solución que acoge, desestimatoria de situación de culpabilidad extracontractual, tiene en cuenta no aislada y exclusivamente las relaciones circunstancias de aquélla no apreciación de temeridad o mala fe y no imposición de costas en el aludido proceso interdictal, sino la combinación de ello con el hecho de que hubiese prosperado en primera instancia el interdicto de que se viene haciendo mención, creando con todo ello una apreciación del Tribunal "a quo" conducente a la ausencia de comportamiento culposo preciso para generar culpa extrancontractual, y que al no ser ilógico es preciso mantener, ya que lo contrario conduciría a sustituir, de forma improcedente, el objetivo criterio del juzgador por el subjetivo del recurrente; de otra parte, debido a que, encontra de lo expuesto por el mentado recurrente, en la sentencia recurrida no se produce la incongruencia que se alega, ya que en tal resolución no se reconoce, cual se pretende en el motivo examinado, que don Antonio , demandado en el juicio de que el presente recurso dimana y ahora recurrido, hubiese incidido en culpa, sino simplemente que para el caso -aludiese a una mera hipótesis y por tanto no a reconocimiento de un aspecto fáctico- de que hubiera de entenderse directamente sometido a la responsabilidad por el perjuicio que el contratista recurrente dice haber sufrido como consecuencia de la suspensión de la obra acordada a causa del interdicto planteado -es decir, para el supuesto hipotético de que no se estableciese, como la expresada sentencia recurrida establece, que la acción debería ser ejercitada por el contratante de la obra en cuestión-, siempre se precisaría, para proclamarla, no sólo la operatividad causal de su interdictal actuación sobre la producción del perjuicio, sino también la culpabilidad del interdictante en el ejercicio de aquel derecho de acción procesal (considerando tercero de la resolución impugnada), y es de considerar que las hipótesis o razonamientos hipotéticos o "ex abundantia" no merecen la consideración de afirmaciones de hecho a efectos de casación, dado que ésta, por su esencia y naturaleza, ha de emanar no de posibilidades razonadoras, sino de aseveraciones terminantes de la realidad de una situación fáctica de la que, con su base, puedan deducirse consecuencias jurídicas; y, finalmente, en razón a que si ciertamente el artículo mil seiscientos setenta y cinco de la Ley Procesal Civil, sanciona que "el que hubiese promovido el interdicto podrá ejercitar en el juicio declarativo correspondiente el derecho de que se creyere asistido para obtener la demolición de la obra, si la sentencia del interdicto hubiere sido contraria a sus pretensiones", es igualmente exacto que, como revela la expresión "podrá", es una facultad conferida al interdictante, y por tanto no una obligación posibilitadora de generar comportamiento culposo, pues que lo facultativo no obliga; aparte que, en todo caso, la sentencia definitiva dictada el diecisiete de abril de mil novecientos setenta y ocho por la Audiencia Provincial de Burgos , que revocando la dictada en fase procesal de Primera Instancia y estimando el recurso de apelación contra ella promovido, desestimó la demanda interdictal referida, lo hace no por apreciar un comportamiento culposo en el que formuló esa demanda, es decir, en el ahora recurrido don Antonio , sino simplemente por entender la existencia de una situación de controversia dominical en orden a la propiedad del terreno afectado, por colisión de títulos, y que al no evidenciarse tradición real requería la previa decisión de la definitiva titularidad del dominio de dicho terreno, y de cuyos derechos dominicales se hacía reserva, así como que precisamente en orden a la efectividad del título de dominio en que ampara sus pretensiones dominicales el tan repetido don Antonio , formuló demanda contra don Jesús Ángel , que le había vendido mediante documento privado el precitado terreno donde se procedió a la construcción que dio motivo al indicado interdicto, que decidido en primera instancia por sentencia de treinta de octubre de mil novecientos setenta y ocho , desestimatoria de las pretensiones del demandante por apreciación de situación de litis consorcio pasivo necesario, recurrida en apelación y de cuya definitiva solución no hay constancia en las actuaciones.

CONSIDERANDO que, a mayor abundamiento de lo precedentemente expuesto, es de apreciar que si ciertamente la doctrina de esta Sala tiene proclamado que un acto lícito en sí pueda dar lugar a culpa si no se realizan con la prudencia que las circunstancias del caso exijan (sentencias de cinco de junio de mil novecientos veintidós, catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, veintitrés de febrero de mil novecientos cincuenta, veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, veinticuatro de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, treinta de junio de mil novecientos cincuenta y nueve y ocho de noviembre de mil novecientos setenta y siete ), así como, en el caso de ejercicio de acción interdictal, la justicia conmutativa, con base en la nueva figura de responsabilidad por acciones, ataques o transgresiones lícitas y permitidas, derivada de la noción del riesgo, posibilita la condena al que ejercitó la acción interdictal conducente a que se hubiesen producido perjuicios al constructor a consecuencia de la suspensión de las obras (sentencia de veintiséis de junio de mil novecientos setenta y ocho ), ello ha de ser sobre la base indeclinable de que se contemple una situación fáctica que, por las circunstancias concurrentes, generen un comportamiento abusivo de quien instó la paralización de la obra, o sea acudiendo a él con falta de la normal prudencia exigible con respecto a la obra afectada, lo que no es de apreciar en el supuesto que ahora se examina, puesto que el hecho singular de que el interdictante tuviese otorgado a su favor un título, reflejado en documento privado constatado con existencia real, que entraba en colisión con otro posterior otorgado a favor de la persona que dispuso la construcción de la obra en cuestión, que pudiera producir un caso de doble venta, precisador de controversia judicial, actualmente planteada y pendiente de constancia de su definitiva solución que dejare definitivamente establecida la correspondiente titularidad del terreno cuestionado, claramente está poniendo de manifiesto que, tanto en el aspecto fáctico como en el jurídico, era lógico, racional e incluso altamente prudente, el planteamiento del interdicto de obra nueva tantas veces mencionado, pues con la suspensión de la obra que el mismo provocaba se aseguraban no solamente los intereses del interdictante, en evitación de que se continuase una obra que pudiera perjudicar los derechos dominicales que en definitiva les fuesen atribuibles, sí que también los intereses de la persona con relación a la que el interdicto era dirigido, que se verían seriamente agravados de llegar a reconocerse el dominio sobre el tan debatido terreno al promotor de la acción interdictal.CONSIDERANDO que lo expuesto en el procedente, conduce a la también solución desestimatoria de los motivos primero, segundo y cuarto, fundamentados los dos primeros al amparo del número primero y el último del número séptimo, ambos del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la alegada violación del artículo mil novecientos dos del Código Civil y sentencias que se citan con el relacionado, violación de los artículos mil ciento uno y mil ciento cuatro y principio de derecho reconocido jurisprudencialmente de que es rechazable toda interpretación o inteligencia conducente al absurdo, y error de hecho en la apreciación de la prueba, que se trata de deducir de un dictamen técnico emitido por dos Doctores Arquitectos acompañado con el escrito de demanda inicial; de una parte, y en lo que hace relación a los motivos primero y segundo, debido a resultar intrascendente al respecto que la demanda de pretensión indemnizatoria sea formulada por el que encargó la realización de la obra o por el contratista que fue encargado de llevarla a cabo, pues aún en el supuesto de que le viniere atribuido a los dos o a cualquiera de ellos, es lo cierto que siempre tendría que partirse, para viabilizar la acción indemnizatoria ejercitada, de un comportamiento apreciable de hecho y jurídicamente de índole culposa por parte del demandado, y ahora recurrido, don Antonio , que según queda razonado en el precedente considerando no es de apreciar en el supuesto contemplado; y de otra parte, en lo que se contrae al motivo cuarto, por esas mismas razones de no apreciación de culpabilidad en el actuar del precitado demandado para dar origen a la secuencia indemnizatoria pretendida, en ortodoxa aplicación del principio sancionador de que faltando el antecedente no puede darse el consiguiente, además de que los dictámenes aportados por una parte, no reconocidos por la contraria, no revisten el carácter de documento auténtico a efectos de casación (sentencias de esta Sala, entre otras, de veinte de junio de mil novecientos veintitrés, ocho de octubre de mil novecientos veintiocho y once de mayo de mil novecientos cincuenta y seis ) y más en cuanto afecta a aspectos para cuya adecuada determinación, en caso de controversia, tienen su correcto cauce justificante, a fines de apreciación judicial, por el medio de prueba pericial.

CONSIDERANDO que, por lo expuesto, procede desestimar el recurso, con imposición al recurrente de las costas en él causadas y sin pronunciamiento sobre depósito al no haber sido constituido, al no ser preceptivo por no ser conformes de toda conformidad las sentencias de primera y segunda instanica, y todo ello a tenor de lo normado en el artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por don Ricardo , contra la sentencia que en diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos , dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos; condenamos a dicho recurrente al pago de las costas, y líbrese certificación correspondiente a la mencionada Audiencia, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Beltrán.- Antonio Fernández Rodríguez.- Rafael Casares.- Cecilio Serena.- Mariano Martín Granizo.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Antonio Fernández Rodríguez, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Juan José Vizcaíno.- Rubricado.