ATS, 30 de Enero de 2019
| Ponente | EDUARDO BAENA RUIZ |
| ECLI | ES:TS:2019:711A |
| Número de Recurso | 105/2017 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 30 de Enero de 2019 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 30/01/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 105/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 1 DE CÓRDOBA
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
Transcrito por: MPL/rf
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 105/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 30 de enero de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz.
La representación procesal de D. Caridad , Dña. Cecilia y D. Cornelio , presentó escrito de interposición de recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada con fecha 13 de octubre de 2016, por la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección primera), en el rollo de apelación número 509/2016 , dimanante de los autos de Juicio Ordinario n.º 2/2009, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Posadas.
Mediante diligencia de ordenación la referida Audiencia Provincial tuvo por interpuesto el recurso y acordó elevar las actuaciones a este Tribunal Supremo, habiéndose notificado dicha resolución a las partes litigantes, por medio de sus respectivos Procuradores.
Mediante diligencia de ordenación de fecha 28 de febrero de 2017 se tuvo por parte recurrente al procurador D. Luciano Rosch Nadal en nombre y representación de D. Caridad , Dña. Cecilia y D. Cornelio y como parte recurrida a la procuradora Dña. Carmen María Moreno Reyes, en nombre y representación de Erre y Garcy S.L.
Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial .
Mediante providencia de fecha 14 de noviembre de 2018, se acordó poner de manifiesto a las partes personadas, por el plazo de diez días, las posibles causas de inadmisión de los recursos.
Con fecha 23 de noviembre de 2018 tuvo entrada el escrito del procurador D. Luciano Rosch Nadal, en la representación que ostenta, mediante el cual formuló las alegaciones que tuvo por conveniente en favor de la admisión del recurso interpuesto. Por la parte recurrida con fecha 18 de noviembre de 2018 se presentó escrito de alegaciones en el que se interesa la inadmisión del recurso interpuesto.
Por parte del procurador D. Luciano Rosch Nadal se formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra una sentencia dictada en un juicio ordinario sobre cumplimiento de contrato de compraventa, tramitado en atención a la cuantía, inferior a 600.000 euros y con acceso a casación por el cauce previsto en el ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC , que exige acreditar el interés casacional.
Conforme a la Disposición Final 16.ª.1 regla 5 LEC , sólo si se admite el recurso de casación por interés casacional, podrá examinarse la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal.
El recurso de casación se interpone por el cauce correcto y se estructura en un único motivo, que se basa en la infracción de los artículos 1809,1208.5 y 1713.2 y de la jurisprudencia de la Sala primera, con cita de las sentencias de 21 de octubre de 1977 y de 27 de noviembre de 1987 . La recurrente argumenta que las sentencias dictadas en primera y segunda instancia omiten un hecho que consta en el proceso y que es la intención del demandante de que no se aprobara la transacción, petición de que se hace, antes de que se dictara la sentencia. Ello incumple los requisitos que se exigen en relación a la transacción en las citadas sentencias, ya que debe constatarse la realidad de las relaciones jurídicas subyacentes sobre las que existe desacuerdo y la intención de las partes de poner fin a esta inseguridad, con recíprocas concesiones por parte de los interesados.
El recurso debe ser inadmitido por incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento (art 483.2.4.º), por alteración de la base fáctica, ya que los preceptos y jurisprudencia invocados únicamente pudieran entenderse infringidos previa modificación total o parcial de los hechos declarados probados por la Audiencia. En este sentido, omite la recurrente que en la sentencia recurrida se declara acreditado que en fecha 19 de diciembre de 2013 se efectuó una comparecencia, por la que las partes pusieron de manifiesto que habían llegado a un acuerdo que a continuación detallaron, habiendo interesado su homologación. Después las partes suscriptoras del acuerdo presentaron escritos en que manifestaron su respectiva oposición a la asunción de las costas, habiendo realizado actos de los que se desprende la asunción inicial del acuerdo alcanzado por ambas partes. En consecuencia, el juzgado de primera instancia y la Audiencia entienden que el acuerdo transaccional es válido formal y materialmente.
A la vista de lo expuesto, el recurso no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose, de la prueba practicada, de los hechos probados y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que la cita de norma infringida resulta meramente instrumental y, subsiguientemente incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación fáctica distinta de la apreciada por la resolución recurrida y en la que se obvia la propia ratio decidendi de dicha resolución. La función de control en la interpretación y aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial que cumple el recurso de casación, exige que las cuestiones jurídicas que se planteen respeten los hechos o base fáctica de la sentencia impugnada, sin que puedan mutilarse, ser sustituidos ni adicionados con otros no tenidos en cuenta de forma explícita o implícita por la sentencia recurrida ( SSTS 690/2012, de 21 de noviembre , y 616/2012, de 23 de octubre ).
Las razones expuestas justifican la inadmisión del recurso interpuesto, sin que las alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión, supongan una alteración de dichos razonamientos habida cuenta que la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso ahora examinados.
La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC .
Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado los artículos 473.3 y 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite contemplado en los artículos 483.3 y 473.2 LEC , habiendo presentado escrito de alegaciones la parte recurrida, se imponen las costas a la parte recurrente.
Siendo inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal procede la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, LOPJ .
LA SALA ACUERDA :
Inadmitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de D. Caridad , Dña. Cecilia y D. Cornelio , contra la sentencia dictada con fecha 13 de octubre de 2016, por la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección primera), en el rollo de apelación número 509/2016 , dimanante de los autos de Juicio Ordinario n.º 2/2009, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Posadas.
Declarar firme dicha sentencia.
Imponer las costas del recurso a la parte recurrente, quien perderá del depósito constituido.
Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, previa notificación de esta resolución por este Tribunal a la parte recurrente y recurrida.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
