STS 1458/2018, 3 de Octubre de 2018
| Ponente | ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO |
| ECLI | ES:TS:2018:3648 |
| Número de Recurso | 1356/2016 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Número de Resolución | 1458/2018 |
| Fecha de Resolución | 3 de Octubre de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Cuarta
Sentencia núm. 1.458/2018
Fecha de sentencia: 03/10/2018
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 1356/2016
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 25/09/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo
Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.7
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez
Transcrito por: MMC
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 1356/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Cuarta
Sentencia núm. 1458/2018
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez, presidente
D. Segundo Menendez Perez
D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva
Dª. Celsa Pico Lorenzo
D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo
D. Jose Luis Requero Ibañez
En Madrid, a 3 de octubre de 2018.
Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado con el número 1356/2016 interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por la Abogacía del Estado, contra el Auto de 10 de febrero de 2016 confirmatorio en reposición del Auto de 27 de octubre de 2015, dictado por la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, Grupo 7, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la pieza separada de extensión de efectos 520/2015 (del procedimiento ordinario 416/2012).
Ha comparecido como parte recurrida don Luis Pedro, representado por el Procurador de los Tribunales don Pedro Cabeza Albarca y asistido por el Letrado don Enrique Martín Duarte.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo.
Ante la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, Grupo 7, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la representación procesal de don Alberto solicitó se procediera a la extensión a su favor de los efectos de la sentencia firme dictada por ese Tribunal con fecha 6 de mayo de 2014 en el recurso contencioso-administrativo 416/2012.
La citada Sección dictó auto de 27 de octubre de 2015 cuyo fallo dice literalmente:
"Estimar la solicitud de extensión de efectos promovida por D./Dña. Luis Pedro respecto de la sentencia dictada por este Tribunal con fecha 06/05/2014 en el recurso 416/2012 y, por consiguiente reconocerle el derecho a ser retribuido por las guardias sanitarias realizadas por el valor de la hora ordinaria de trabajo, con el límite de la prescripción y descontando del importe que resulte las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad, con imposición a la Administración de las costas del incidente, con el límite fijado en el último fundamento de derecho de esta sentencia."
Contra el referido auto preparó recurso de reposición la Abogacía del Estado y que, previo traslado a las demás partes personadas, fue desestimado por auto de 10 de febrero de 2016.
Contra el auto reseñado preparó recurso de casación la Abogacía del Estado que la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, Grupo 7, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado ordenando remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes y comparecidas en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, la recurrente presentó el escrito de interposición del recurso de casación basado en tres motivos diferentes articulados por la vía de la letra b) -el primero- y d) -los otros dos- del artículo 88.1 de la Ley 29/1998.
Contra el auto reseñado preparó recurso de casación la Abogacía del Estado que la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, Grupo 7, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado ordenando remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes y comparecidas en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, la recurrente presentó el escrito de interposición del recurso de casación basado en tres motivos diferentes articulados por la vía de la letra b) -el primero- y d) -los otros dos- del artículo 88.1 de la Ley 29/1998.
Por diligencia de ordenación de 2 de noviembre de 2016 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida a fin de que, en el plazo de treinta días, formalizara su escrito de oposición, lo que realizó la representación procesal de la recurrente solicitando la desestimación del recurso por las razones que constan en su escrito, previa declaración de inadmisibilidad si así procediera.
Conclusas las actuaciones, por providencia de 31 de mayo de 2018 se designó Magistrado ponente y se señaló este recurso para votación y fallo el día 25 de septiembre de 2018, fecha en que tuvo lugar el acto.
La Administración General del Estado interpone recurso de casación contra el Auto de 10 de febrero de 2016 confirmatorio en reposición del Auto de 27 de octubre de 2015, ambos dictados por la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, Grupo 7, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la pieza separada de extensión de efectos 515/2015, y por los que la Sala territorial acuerda a favor de la funcionaria ahora recurrida y al amparo del artículo 110 de la LJCA, la extensión de los efectos de la sentencia por ella dictada el 6 de mayo de 2014 en el recurso contencioso-administrativo 416/2012.
Esta Sala y Sección se ha pronunciado ya en diversas sentencias sobre la conformidad a Derecho de la extensión ahora acordada jurisdiccionalmente y ahora impugnada, sentencias que han confirmado autos dictados respecto de funcionarios del Cuerpo de Sanidad Penitenciaria. Baste a estos efectos citar las sentencias de 10 y 25 de mayo, 5 y 13 de junio, 3 de julio y 26 de septiembre, todas de 2017 (recursos de casación 993, 957, 971, 995, 959 y 965/2016 respectivamente).
En el presente caso el funcionario recurrido pertenece al Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, con destino en el Centro Penitenciario de Santoña-El Dueso, e invocó como sentencia cuya extensión de efectos interesó la ya citada de 6 de mayo de 2014, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que, a su vez, se remitía a otras dictadas por la misma Sala. Tal sentencia se dictó en favor de otra funcionaria, perteneciente al mismo Cuerpo y destinada en el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real).
Como primer motivo de casación y al amparo del artículo 88.1.b) de la Ley Jurisdiccional 29/1998, se invoca la infracción de los artículos 7, 9.a), 5 y 110.1.b) de esa norma legal, en relación con el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/1992), la disposición transitoria del Real Decreto 1887/2011 de 30 de diciembre y el artículo 5 del Real Decreto 400/2012 de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio del Interior; además de la jurisprudencia que cita.
De esta manera se alega la incompetencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer de este asunto, cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. Mantiene que la competencia para conocer de la extensión de efectos corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, pues dentro de la regulación hecha por la Orden INT/50/2010 de 12 de enero, de la estructura orgánica del Ministerio del Interior, corresponde a la Dirección General de Gestión de Recursos de Instituciones Penitenciarias el conocimiento de la distribución del complemento de productividad, por delegación del Ministro, competencia ejercida actualmente y también por delegación, por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, cuyos actos son enjuiciables por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
El motivo debe ser desestimado pues tal y como ya dijo esta Sala y Sección en su sentencia del pasado 25 de mayo de 2017 (recurso de casación 957/2017) "basta para la desestimación de este motivo con señalar que esta Sala Tercera ha venido declarando en las cuestiones de competencia suscitadas entre las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y los Juzgados Centrales, concretamente en Sentencias de 27 de enero de 2011 (cuestión de competencia nº 96/2010), de 8 de septiembre de 2011 (cuestión de competencia nº 33/2011), y de 25 de octubre de 2012 (cuestión de competencia nº 18/2012), que la competencia para conocer de los recursos interpuestos contra la Resolución de la Directora General de Instituciones Penitenciarias que desestiman de los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, interesando el abono de determinadas cantidades en concepto de guardias médicas, corresponde a las Salas de lo Contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia".
Como segundo motivo casacional, al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la jurisdiccional, se aduce la infracción de su artículo 110.5.a) pues los autos dictados son contrarios a una sentencia firme anterior que desestimó la misma petición, concurriendo así el límite que representa la coda juzgada.
Los hechos que sustentan esta alegación son que la Sra. Delfina formuló el reconocimiento retributivo el 10 de febrero de 2001 y obtuvo una respuesta negativa por la Administración con fecha 22 de marzo de 2010, siendo desestimado el recurso contencioso administrativo contra ella interpuesto por sentencia dictada el 9 de marzo de 2012 por el Juzgado Central de lo contencioso administrativo nº 3.
La Sala territorial abordó esta cuestión en su fundamento de derecho segundo afirmando que el derecho reclamado se sitúa en una relación de carácter o tracto sucesivo, de manera que la sentencia dictada por el Juzgado Central solo tiene el alcance de impedir la reclamación de los periodos pretendidos en aquél procedimiento pero no la remuneración de los servicios prestados en periodos posteriores.
El mismo pronunciamiento merece el segundo, pues aquella sentencia de 21 de junio de 2012 desestimó una pretensión limitada en el tiempo, a saber: de retribución de las horas de guardia sanitaria de presencia física al valor hora ordinaria, correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 (así, en su Antecedente de Hecho Primero y, lo que es más importante, en su Fallo).
Partiendo de ello, compartimos las razones jurídicas dadas en los autos objeto de esta casación, a saber y en suma que: "[...] la existencia del pronunciamiento jurisdiccional mencionado no constituye el obstáculo alegado que impida acoger la petición de extensión de efectos promovida, porque pese a que el apartado a) del 110.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como ya ha sido anticipado, incorpora el requisito negativo de que no exista cosa juzgada para quien solicita la extensión, el derecho reclamado se sitúa en una relación de carácter o tracto sucesivo, de manera que la sentencia dictada por el Juzgado Central solo tiene el alcance de impedir la reclamación a los periodos pretendidos en aquel procedimiento pero no la remuneración de los servicios prestados en periodos posteriores."
Razones a las que no se opone, en puridad, la doctrina jurisprudencial que se transcribe en el motivo, reflejada en las sentencias de 1 de diciembre de 2015 y de (dos) 25 de noviembre de 2015, dictadas respectivamente en los recursos de casación 4096, 4088 y 4094/2014, pues en ella la pretensión desestimada se proyectaba hacia el futuro, de manera que la pensión objeto del litigio fuera abonada de forma periódica y recurrente.
Por el tercero de los motivos y al amparo de los artículos 87.2 y 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia infracción de su artículo 110.1.a), así como artículos 9.3 y 24 de la Constitución, ello por infracción en la apreciación de los requisitos que el precepto contiene y por infracción de las reglas sobre la sana crítica en la valoración de la prueba, al llevar a cabo el juzgador una valoración de los datos que es arbitraria e irrazonable y vulnera.
También se desestima este motivo de casación. Frente a los alegatos de la Administración debemos resaltar que la Sala ha sostenido lo siguiente, citándose a estos efectos el Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia de 10 de mayo de 2017 (recurso de casación 993/2016):
"Es verdad que la jurisprudencia ha puesto de manifiesto que el legislador quiere que exista identidad y no parecido o semejanza. Ahora bien, esa misma jurisprudencia ha considerado que la identidad se refiere a la posición jurídica, es decir que tiene un carácter sustancial de manera que no se ve excluida por aspectos accidentales como pueden serlo las fechas o los lugares o, en general, aquellos otros factores que no inciden en dicha posición [ sentencias de la Sección Séptima de 14 de diciembre de 2015 (casación 2224/2014 ), 20 de noviembre de 2013 (casación 3161/2012 ), 20 de julio de 2012 (casación 631/2011 ), 21 de junio de 2012 (casación 4652/2011 y 4540/2011 )]. En otras palabras, la identidad requerida por el artículo 110.1 a) no puede significar en supuestos como el que nos ocupa que se trate del mismo centro penitenciario o de los mismos períodos o del mismo número de guardias si es que de esos extremos no resultan diferencias en el régimen jurídico. Es decir, no suponen variaciones en la cuestión esencial que en este caso era la del derecho a la retribución de las horas de guardia conforme al valor de la hora ordinaria de trabajo. Un entendimiento de ese tipo ni ha sido sostenido por esta Sala ni tendría sentido pues desnaturalizaría la institución de la extensión de efectos de sentencias firmes convirtiéndola en inaplicable.
Los autos de la Sección Séptima de la Sala de Madrid explican bien por qué carecen de relevancia las diferencias apuntadas por el Abogado del Estado y no es preciso abundar más al respecto, sino que basta con remitirnos a ellos.
Sí conviene observar que las sentencias de esta Sala que, según el Abogado del Estado, resuelven en sentido contrario a como lo han hecho los autos objeto de este recurso de casación la misma cuestión, se pronuncian en un asunto claramente diferente al que nos ocupa.
Así, esas sentencias de 2 y 9 de diciembre de 2015 ( casación 3788 y 3862/2014) se refieren a la extensión de efectos de una sentencia que reconoció al recurrente, capitán de la Guardia Civil, miembro del Cuerpo de Mutilados, el derecho a percibir el porcentaje del 36% del sueldo que le correspondía según su empleo en concepto de pensión de mutilación por estar en posesión de la medalla de mutilado. Quienes pretendían la extensión de efectos en ambos casos eran tenientes de Infantería del Ejército de Tierra y la razón determinante de la improcedencia de la extensión, ya negada en la instancia y confirmada por esta Sala, fue esa distinta pertenencia.
Sin embargo, el debate en esos casos no estuvo planteado en los términos en que lo está éste. No se produjo respecto de funcionarios sometidos al mismo régimen jurídico general, pues no es el mismo el propio de las Fuerzas Armadas y el de la Guardia Civil. Ni versó respecto de funcionarios comprendidos en el mismo marco jurídico específico de la asistencia sanitaria por funcionarios de cuerpos propios a los internos en las Instituciones Penitenciarias. Ni, en fin, se planteó, como sí se ha planteado aquí, respecto de la retribución de una concreta actividad que deben realizar por igual los facultativos y los ayudantes técnicos sanitarios de esos cuerpos".
En el presente recurso, los autos impugnados admiten la identidad de supuestos entre el caso de la funcionaria a la que se refería la sentencia objeto de extensión y doña Delfina, pues se trata de personal sanitario de Instituciones Penitenciarias, perteneciendo ambos al Cuerpo de Enfermeros; además ambos desempeñan funciones de guardia fuera de la jornada de trabajo percibiendo por las mismas una cuantía inferior a la hora ordinaria de trabajo. Por otra parte, la Sala ha venido declarando que no hay infracción del ordenamiento jurídico -en este caso, falta de las circunstancias del artículo 110.1 de la ley jurisdiccional- por el hecho de que el interesado y el empleado público que obtuvo la sentencia favorable cuya extensión de efectos se pretende, presten servicios en distintos centros penitenciarios o que las cantidades reclamadas no coincidan, pues lo determinante es la identidad sustancial de situación jurídica.
A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la jurisdiccional 29/1998, procede imponer las costas a la parte recurrente pues no se aprecian razones que justifiquen no hacerlo. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de tres mil (3.000) euros. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
NO HABER LUGAR recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra el auto de 27 de octubre de 2015, confirmado en reposición por el de 16 de febrero de 2016, dictados ambos por la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos, Grupo 7, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la pieza de extensión de efectos 515/2015.
HACER imposición de las costas en los términos señalados en el último de los Fundamentos de Derecho.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico
