Auto Aclaratorio TS, 8 de Octubre de 2018
| Ponente | ANTONIO SALAS CARCELLER |
| ECLI | ES:TS:2018:10966AA |
| Número de Recurso | 1915/2016 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 8 de Octubre de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
AUTO DE ACLARACIÓN
Fecha de sentencia: 08/10/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 1915/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo Transcrito por: MHS /AAH
Nota:
CASACIÓN núm.: 1915/2016
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
AUTO DE ACLARACIÓN
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Jose Antonio Seijas Quintana
D. Antonio Salas Carceller
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D. Eduardo Baena Ruiz
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 8 de octubre de 2018.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller.
Esta sala, en las presentes actuaciones de recurso de casación, dictó sentencia el 24 de abril de 2018, con el siguiente fallo:
1.º- Estimar el recurso de casación formulado por la representación de doña María Inés contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sección 3.ª) de 5 de abril de 2016, en Rollo de Apelación
n.º 711/2015, dimanante de autos de juicio ordinario n.º 2117/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Arona.
2.º- Casar la sentencia recurrida.
3.º- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la hoy recurrente contra Silverpoints Vacations S.L. y, en consecuencia:
a) Declarar la nulidad de los contratos celebrados entre las partes en fecha 18 de enero de 2009 y 16 de enero de 2010.
b) Condenar a Silverpoint Vacations S.L. a devolver a los demandantes la cantidad de 42.950 libras esterlinas, restando la parte correspondiente a la vigencia de ambos contratos hasta la interposición de la demanda calculado en referencia a una vigencia de cincuenta años desde su celebración, más los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda.
c) Condenar a Silverpoint Vacations S.L. a devolver a los demandantes un tanto igual a la cantidad cobrada anticipadamente que asciende a 1.000 libras esterlinas.
4.º- No hacer especial declaración sobre costas causadas por el presente recurso, ni por las producidas en la apelación de los demandantes, con devolución del depósito constituido.
5.º Condenar a la demandada al pago de las costas causadas en la primera instancia y por su recurso de apelación».
SEGUNDO.- La representación procesal de la parte recurrida en casación, Silverpoint Vacations, S.L., presentó escrito promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en el que solicitó la nulidad de la indicada sentencia. TERCERO.- Por providencia de 27 de junio de 2018 se acordó admitir a trámite el incidente y dar traslado para alegaciones a la parte recurrente en casación, D.ª María Inés, que ha presentado escrito solicitando su desestimación.
Ha sido ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte recurrida en casación, Silverpoint Vacations, S.L. ha promovido incidente de nulidad de la sentencia de esta sala, por infracción del derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 CE. Plantea dos cuestiones: i) motivación insuficiente de la desestimación de la solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de adquirente del art. 2 de la Directiva 94/47/CEE; y ii) falta de pronunciamiento sobre la solicitud -efectuada en otrosí digo del escrito de impugnación del recurso de casación- relativa al planteamiento de una segunda cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el alcance del art. 11 de la indicada Directiva 94/47/ CE. Termina solicitando que se declare la nulidad de la sentencia y se decida plantear las dos cuestiones prejudiciales que se propusieron.
SEGUNDO.- El primero de los motivos de nulidad alegado debe ser rechazado.
Según ha declarado esta sala (AATS de 6 de noviembre de 2013, recurso n.º 485/2012, y 10 de junio de 2014, recurso n.º 2247/2011) en el incidente de nulidad el tribunal solo puede entrar a considerar si se han producido infracciones de derechos fundamentales y no puede convertirse en un recurso en el que se revise el criterio jurídico aplicado en la resolución cuya nulidad se insta.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha reiterado ( STC 135/2017, de 27 de noviembre), en consonancia con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión europea, que corresponde en exclusiva y de forma irrevisable al órgano judicial la decisión sobre el planteamiento o no de la cuestión prejudicial y que su falta de planteamiento no lesiona, por sí misma, el derecho de tutela efectiva, añadiendo que el control de constitucionalidad ha de moverse «dentro del canon general de control externo de motivación de las resoluciones judiciales, sin que concurra canon constitucional reforzado alguno cuando la decisión consiste en la negativa a plantear una cuestión prejudicial de interpretación».
En la sentencia (F.D cuarto) esta sala ha motivado la denegación de la primera petición de planteamiento de cuestión prejudicial, relativa al concepto de adquirente del art. 2 de la Directiva 94/47/CEE, de manera que las alegaciones de la mercantil solicitante solo son expresión de su discrepancia con la decisión de esta sala y la cita del art. 24 CE es meramente instrumental, sin más fundamento que su particular visión del tema suscitado.
En cuanto al segundo de los motivos de nulidad, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional el incidente de nulidad permite subsanar la falta de respuesta a una cuestión planteada en el proceso, considerando que es un remedio al que la parte puede acudir sin necesidad de pedir previamente el complemento de la sentencia ( SSTC 288/2005, de 7 de noviembre, 24/2010, de 27 de abril, y 9/2014, de 27 de enero), si bien, según ha declarado esta sala (ATS de 18 de noviembre de 2015, rec. 1161/2012) la petición de complemento prevista en el artículo 215 LEC es el instrumento más inmediato para subsanar aquellas omisiones que -como la que ahora se ha advertido- no constituyen una falta de respuesta a pretensiones que deban tener reflejo en el fallo mediante un pronunciamiento específico omitido. Este remedio procesal permite dar respuesta a la parte sobre aquella cuestión que no haya sido analizada o que, habiéndolo sido, no se haya llevado a la motivación de la sentencia, pero que, en todo caso, no deba tener reflejo en el fallo, pues el art. 215 LEC permite conservar lo actuado.
En consecuencia, esta sala no considera procedente la declaración de nulidad de la sentencia para subsanar la omisión denunciada, pero sí su complemento para satisfacer el derecho a una respuesta motivada.
Por tanto, la sentencia debe completarse, en su fundamento de derecho cuarto, en el siguiente sentido:
Esta sala tampoco considera preciso que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la segunda cuestión que se propone por la parte recurrida, habida cuenta de que el art. 11 de la Directiva 94/47/CE, como resulta de su propio tenor literal, permitía a los Estados mantener disposiciones más favorables en materia de protección del adquirente, lo que el legislador español pretendió hacer mediante la regulación del tipo de productos vacacionales que contempló en la Ley 42/1998
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De lo anteriormente razonado se desprende la concurrencia de circunstancias que justifican la no imposición de las costas del incidente de nulidad, pese a su desestimación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso alguno, por así establecerlo el artículo 228.2. LEC y el artículo 215.5 LEC.
LA SALA ACUERDA :
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- Desestimar el incidente de nulidad promovido por la representación procesal de Silverpoint Vacations, S.L., sin especial imposición de costas.
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- Completar el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de 24 de abril de 2018 en el siguiente extremo: «Esta sala tampoco no considera preciso que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la segunda cuestión que se propone por la parte recurrida, habida cuenta de que el art. 11 de la Directiva 94/47/CE, como resulta de su propio tenor literal, permitía a los Estados mantener disposiciones más favorables en materia de protección del adquirente, lo que el legislador español pretendió hacer mediante la regulación del tipo de productos vacacionales que contempló en la Ley 42/1998».
Este auto es firme.
Así se acuerda y firma.
