STSJ Asturias 626/2018, 23 de Julio de 2018
| Ponente | ANTONIO ROBLEDO PEÑA |
| ECLI | ES:TSJAS:2018:2589 |
| Número de Recurso | 400/2017 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 626/2018 |
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2018 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)
OVIEDO
SENTENCIA: 00626/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Sala de lo Contencioso-Administrativo
RECURSO: PO Nº 400/17
RECURRENTE: D. Esteban
PROCURADOR: D. SERGIO PEREZ HERNANDEZ
RECURRIDO: CONSEJERIA DE FOMENTO, ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
REPRESENTANTE: LETRADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CODEMANDADO: AYUNTAMIENTO DE GIJON
PROCURADOR: D. LUIS ALVAREZ FERNANDEZ
SENTENCIA
Ilmos. Sres.:
Presidente:
-
Antonio Robledo Peña
Magistrados:
Dña. María José Margareto García
Dña. Olga González Lamuño Romay
En Oviedo, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 400/17, interpuesto por D. Esteban, representado por el Procurador D. Sergio Pérez Hernández, actuando bajo la dirección Letrada de D. Miguel Guisasola Tirador, contra la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, representada por el Letrado del Principado de Asturias, siendo parte codemandada el Ayuntamiento de Gijón, representado por el Procurador
-
Luis Alvarez Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de Dª Henar Amigo Alvarez. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Antonio Robledo Peña.
Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de Otrosí interesó el recibimiento del procedimiento a prueba.
Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.
Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor.
Por Auto de 14 de enero de 2018, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 19 de julio pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.
Actuación impugnada y posiciones de las partes
Es objeto de recurso contencioso-administrativo la resolución dictada por el Ayuntamiento de Gijón el 21 de febrero de 2017 (017963/2016), por la que se desestimó la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial formulada el 20 de mayo de 2016, así como también la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 20 de mayo de 2016 frente a la Administración del Principado de Asturias.
1.1 La demanda se fundamenta en que el demandante es propietario junto con su esposa de diversas parcelas ubicadas en los ámbitos de suelo urbanizable denominados UZN R-3 (S) Bernueces y UZN R-2 Granda, del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gijón de fecha 30 de diciembre de 2005 que sería anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012 . Asimismo el PGOU aprobado el 13 de mayo de 2011 sería anulado por sentencia del TSJ de Asturias de 28 de febrero de 2013, confirmada por STS de 6 de mayo de 2015 . Tales fincas suponían la participación en la Junta de Compensación del 0,3659%. Con ello se recupera la vigencia del Plan General de 1999 (BOPA 16 noviembre 2002).
En consecuencia, tras la invalidez del Plan General, la demanda pretende la indemnización por todos los gastos derivados del desarrollo urbanístico que han devenido inútiles por los siguientes conceptos y cuantías, referidos al ámbito UZN R-3 (S) Bernueces: por la redacción del Plan Parcial, 713,51 €; por la redacción del Proyecto de Urbanización, 2.844,65 €; por la redacción del Proyecto de Actuación y gastos asociados al funcionamiento de la Junta, 6.425,66 €; referidos al ámbito UZN R-2 Granda: por la redacción del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Actuación, desarrollados para la ejecución del planeamiento del 2006, 57.492,62 €; por la redacción del Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Actuación, desarrollados para la ejecución del planeamiento del 2011, 8.940,57 €; y liquidaciones del IBI, practicadas según valor catastral que no responde a la realidad del inmueble, 17.178.42 €.
La demanda aportó justificación de los gastos en vía administrativa. Tales daños traen causa en el porcentaje de participación del demandante en la Junta de Compensación (0,3659 %) que supone la cantidad de 76.417,01 €, sin perjuicio de adicionar lo que resulte de su actualización, y más la cantidad citada por IBI. Se precisó que parte de los gastos inútiles referidos a honorarios para el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización fueron reclamados en la reclamación de responsabilidad patrimonial que finalizó por sentencia de esta Sala de fecha 8 de febrero de 2016 (P.O. 525/2014 ), pero quedando fuera los gastos de Necor Servicios Inmobiliarios, S.L., y asesores jurídicos comprendidos entre la fecha de aprobación del Plan de 2005 y su anulación por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de junio de 2012 . Se trajo a colación la normativa y jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial ( art. 142.4 Ley 30/1992 ), así como arts. 38, 39 y 48 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre . Se insistió en que el Plan General fue anulado dos veces sin haberse agotado los plazos de ejecución (seis años desde la vigencia del plan, el 20 de mayo de 2011), lo que excluye los estándares usuales de modificación del planeamiento, e insistiendo en el principio de confianza legítima del reclamante.
Se rechazó la prescripción de los gastos generados ya que la nulidad declarada del Plan General por STS de 6 de mayo de 2015 al calificarse como nulidad de pleno derecho comportaría que se repute inexistente e ineficaz para servir de inicio del cómputo del plazo de un año para reclamar desde su entrada en vigor en 2011. Considera que la acción ha revivido, con cita de la STS de 18 de abril de 2002 .
Se negó la rotura del nexo causal derivada de que se hubieran incumplido los deberes inherentes al desarrollo urbanístico por los promotores. Se adujo que en el ámbito urbanizable de Bernueces no se instó de nuevo un Proyecto Expropiatorio por haberse producido la nulidad del Plan General por sentencia del TSJ de 28 de febrero de 2013, o sea con posterioridad a la declaración de caducidad del expediente efectuada el 23 de abril de 2013. Por tal razón optó por recurrir el acuerdo municipal que declaraba la caducidad. En suma, se negó que la no consumación de la expropiación rompiese el nexo causal pues el daño se hubiese producido inevitablemente. Añadió que la caducidad no extingue el derecho sino que faculta para reiniciarlo.
Sobre la indemnización en concepto de pago del IBI de los terrenos como urbanos, se adujo que la nulidad de la calificación de los terrenos derivada de la invalidez del Plan General privaría de toda justificación al IBI girado y abonado, añadiendo que no puede acudirse al procedimiento de devolución de ingresos indebidos pues requeriría la modificación del Catastro con efectos retroactivos para los años reclamados, y escapa a la competencia municipal puesto que el Ayuntamiento (Ente Púbico de Servicios Tributarios) liquida según la información suministrada por aquél.
1.2 Por el Ayuntamiento de Gijón se formuló contestación a la demanda y se adujo la normativa general ( art. 139 Ley 30/1992 ), y se añadió la cita de legislación sectorial sobre las indemnizaciones derivadas de actuaciones urbanísticas, particularmente el Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (arts. 39 y 48 ). Se alegó la concurrencia de cosa juzgada y que la acción para reclamar se encuentra prescrita, con alusión a la sentencia de esta Sala de 8 de febrero de 2016 dictada en el PO 525/2014, si bien al no existir pronunciamiento similar anterior en relación al ámbito de Granda, en este solo cabría enjuiciar los daños producidos a partir de la entrada en vigor del PGOU de 2011 e imputables a la nulidad del mismo. Se insistió en que no existe lesión antijurídica indemnizable porque no existía derecho adquirido sino meras expectativas pues sólo cuando el propietario ha cumplido con sus deberes, y ha incorporado los contenidos a su derecho inicial, puede hablarse de privación de derechos; de ahí que en el caso que nos ocupa solo existía una expectativa cualificada porque el Proyecto de Compensación y el de Urbanización nunca fue aprobado...
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