STSJ Asturias 624/2018, 23 de Julio de 2018

PonenteLUIS QUEROL CARCELLER
ECLIES:TSJAS:2018:2572
Número de Recurso24/2018
ProcedimientoProcedimiento ordinario
Número de Resolución624/2018
Fecha de Resolución23 de Julio de 2018
EmisorSala de lo Contencioso

T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)

OVIEDO

SENTENCIA: 00624/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

Sala de lo Contencioso-Administrativo

RECURSO: P.O.: 24/2018

RECURRENTE: D. Melchor

PROCURADOR: D. Roberto Casado González

RECURRIDO: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

REPRESENTANTE: Sr. Abogado del Estado

SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Luis Querol Carceller

Magistrados:

D. Julio Luis Gallego Otero

Dña. Olga González Lamuño Romay

En Oviedo, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 24/2018, interpuesto por D. Melchor, representado por el Procurador D. Roberto Casado González, actuando bajo la dirección Letrada de D. Santiago León Escobedo, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Querol Carceller.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó

suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

SEGUNDO

Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO

Por Auto de 4 de abril de 2018, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO

No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

QUINTO

Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 19 de julio pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la resolución de la Dirección General de la Policía, de fecha 26 de diciembre de 2017, que inadmite a trámite por carecer de fundamento, la petición formulada por el recurrente, policía del Cuerpo Nacional de Policía, con destino en la Comisaría Local de Langreo-SMRA, en reclamación de 1.800 euros, más los intereses legales de 265,32 € que como indemnización fue fijada por el Juzgado de lo Penal de Langreo en sentencia de 11 de diciembre de 2015 por las lesiones sufridas en acto de servicio el día 26 de enero de 2015 con motivo de la declaración de insolvencia declarada del responsable del delito de atentado y lesiones por Auto de fecha 16 de noviembre de 2016.

Se interesa por el recurrente la anulación de la resolución recurrida y se declare el derecho a ser indemnizado por la Administración y se la condene por ello a abonarle la cantidad de 2.065,32 € computados, más los intereses legales dejados de percibir desde la fecha de solicitud de abono de su pago efectivo.

Se argumenta en defensa de la pretensión deducida que en el caso que examinamos se hace un pronunciamiento que contiene una motivación inadecuada e insuficiente que resulta contrario al principio de indemnidad que recogen los artículos 179 y 180 del Decreto 2038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, como ha declarado la Sala en otros supuestos análogos.

A dicha pretensión se opone el Sr. Abogado del Estado argumentando que la resolución impugnada se halla suficientemente motivada de acuerdo con el régimen jurídico vigente.

SEGUNDO

En relación a la normativa aplicable al caso de autos frente a la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, de la que hace aplicación la Administración argumentando que su artículo 79 derogó los artículos 179 y 180 del Decreto 2038/1975, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, entendemos que deben aplicarse los artículos 179 y 180 del Decreto 2038/1975, pues aunque dicho Decreto ha sido derogado por la citada Ley Orgánica, esta Ley no entró en vigor hasta meses más tarde de tener lugar los hechos que determinaron la presente reclamación, en agosto de 2015.

Podría afirmarse que como ha reiterado el Tribunal Constitucional, en las relaciones de los funcionarios con la Administración no existen derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes en el momento de entablarse la relación, relación que dice nace en el momento de presentarse la petición.

Siendo cierta la afirmación que se hace en el sentido de que no existen derechos adquiridos inalterables en la relación existente entre la Administración y sus funcionarios, así sentencia del Tribunal Constitucional nº 99 de 1987, de 11 de junio, en la que se examinaba la edad de jubilación, de dicho principio no cabe concluir que la normativa aplicable a la relación jurídica entre ellos nace en el momento de formular la petición o la reclamación, por el contrario, entendemos que cumpliéndose todos los requisitos establecidos para el reconocimiento de la prestación o reclamación, debe de estarse al momento en el que se produjo el hecho que da lugar a la reclamación, con independencia de la falta de reclamación, en tanto no haya prescrito el derecho a reclamar, y así se afirma en la referida sentencia del Tribunal Constitucional, relativa a la aplicación retroactiva o no de las normas que afectan a los derechos de los funcionarios, en dicho caso a la edad de jubilación, que "solo puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del artículo 9.3 de la Constitución Española, cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas, y que lo que se prohíbe en el artículo 9.3 es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva Ley con los efectos jurídicos ya

producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad".

Así cabe concluir del contenido del anterior párrafo transcrito de la sentencia del Tribunal Constitucional que, con independencia de la regulación que en el futuro pueda hacerse de las relaciones de la Administración con sus funcionarios, dicha normativa nunca será aplicable a situaciones anteriores ya agotadas, proyectándose sobre el futuro pero no hacia el pasado.

TERCERO

La cuestión suscitada es de índole estrictamente jurídica pues la Administración no niega el modo de ocurrencia de los hechos, sino que de ellos surja un deber indemnizatorio, como consecuencia de las lesiones sufridas y por las que en sentencia penal fue fijada la reclamación que aquí se reclama al declararse la insolvencia parcial del responsable penal condenado a abonar la indemnización.

Sobre esta cuestión, como pone de manifiesto el recurrente, la Sala se ha pronunciado favorablemente en reconocer la obligación de la Administración de satisfacer a sus funcionarios de policía las indemnizaciones fijadas en sentencia penal por las lesiones causadas por el condenado declarado insolvente, frente al criterio seguido por otros Tribunales Superiores de Justicia argumentándolo así en las recientes sentencias dictadas el 13 de abril, 19 de junio y 30 de octubre...

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