STS 1333/2018, 19 de Julio de 2018

En el recurso n.º 17/2014, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, el 18 de diciembre de 2015 se dictó la sentencia n.º 2818, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra el acuerdo del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de 30 de octubre de 2013, expresado en el encabezamiento de la presente resolución, anulando dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho y reconociendo al actor en los términos precedentemente recogidos en el undécimo fundamento de derecho el derecho al restablecimiento de su situación jurídica individualizada consistente en el derecho al reingreso en el puesto que ocupa con anterioridad; el derecho al abono de las retribuciones dejadas de percibir sin perjuicio de su compensación con las prestaciones percibidas del sistema de Seguridad Social, más el interés legal de dichas retribuciones desde el momento en que debieron ser percibidas y el ingreso de las cotizaciones sociales a satisfacer por la Administración en la misma forma que si hubiera estado en servicio activo. Todo ello con imposición de costas a la Administración demandada en cuantía de 1.000 euros.

SEGUNDO.- La letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la representación y defensa que ostenta de dicha Comunidad, preparó recurso de casación contra la referida sentencia, que la Sala de instancia tuvo por preparado por diligencia de ordenación de 9 de febrero de 2016, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas, por escrito de 18 de abril de 2016, la letrada doña Dunya Vélez Berzosa, en la representación y defensa que ostenta, interpuso el recurso anunciado que articuló en los siguientes motivos:

PRIMERO.- Al amparo del artículo 88.1 d) de la LJCA , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto, los artículos 5.2 LOPJ ; 1.7 Código Civil ; y 9, apartados 1 y 3 y 163 de la Constitución .

[...]

SEGUNDO.- Al amparo del artículo 88.1 d) de la LJCA , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto, los artículos 62.1.b ), 63.2 y 67.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

[...]

TERCERO.- Al amparo del artículo 88.1 d) de la LJCA , por infracción de las normas de ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto, los artículos 26 de la Ley 55/2003 , 67.3 de la Ley 7/2007 , 54 y 63 de la Ley 30/1992 y la jurisprudencia formada en esa Sala del Tribunal Supremo respecto a la correcta interpretación de los citados artículos del Estatuto marco y del Estatuto Básico del Empleado Público y respecto de la motivación de los actos administrativos.

[...]

CUARTO.- Al amparo del artículo 88.1 d) de la LJCA , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto, por aplicación indebida del artículo 84 de la Ley 30/1992 ; por la infracción de los artículos 26 de la Ley 55/2003 , 67.3 de la Ley 7/2007 y la jurisprudencia formada en esa Sala del Tribunal Supremo respecto a la correcta interpretación de los citados artículos del Estatuto marco y del Estatuto Básico del Empleado público; y por infracción de los artículos 62.1.e ) y 63 de la Ley 30/1992 .

[...]

QUINTO.- Al amparo del artículo 88.1 d) de la LJCA , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto, se infringe el artículo 139.

[...]

.

Y suplicó a la Sala que en su día dicte sentencia que

con íntegra estimación del presente Recurso de Casación, anule la sentencia número 2.818/2016, de 18 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León , dictada en el Procedimiento Ordinario 17/2014, y resolviendo el debate planteado, declare conforme a derecho la finalización de la prolongación de la permanencia en el servicio activo y la jubilación de Conrado [...]

.

Admitido a trámite, se remitieron las actuaciones, en principio, a la Sección Séptima y, posteriormente, a esta Sección Cuarta, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Recibidas, por diligencia de ordenación de 21 de noviembre de 2016 se dio traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que formulara su oposición.

Evacuando el traslado conferido, la procuradora doña Concepción Hoyos Moliner, en representación de don Conrado , por escrito de 3 de enero de 2017 manifestó que

[...] puesto que la cuestión a dilucidar en el presente recurso es idéntica a la que ha sido objeto del RECURSO DE CASACIÓN Nº 008/0000372/2015, y en otros posteriores, entiende esta representación que por esa Excma. Sala se va a seguir la doctrina fijada en la Sentencia Nª 684/2016 de fecha 17 de marzo de 2016, y en otras subsiguientes, por lo que anunciamos que no vamos a formalizar oposición expresa al Recurso de Casación formalizado en el procedimiento, interesando únicamente que se dicte Sentencia ajustada a derecho

.

En materia de costas dijo que la Sala debería considerar las circunstancias concurrentes en este recurso.

Y suplicó a la Sala que dicte sentencia ajustada a Derecho.

Mediante providencia de 21 de mayo de 2018 se señaló para votación y fallo el 17 de julio siguiente y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

En la fecha acordada, 17 de julio de 2018, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente recurso.

Los términos del litigio y la sentencia de instancia.

Don Conrado , médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que prestaba servicios en el Equipo de Atención Primaria de El Bierzo, en Ponferrada, vio autorizada su permanencia en el servicio activo a partir de los sesenta y cinco años y hasta los setenta por resolución de 9 de enero de 2010. No obstante, el Gerente de Atención Primaria de El Bierzo le comunicó el 11 de marzo de 2013 que en aplicación de la Orden SAN/1119/2012, de 27 de diciembre , por la que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, la prolongación de su permanencia en activo finalizaría el 31 de marzo siguiente y, por resolución de 31 de marzo de 2013 fue cesado en su puesto de trabajo por jubilación forzosa.

La posterior resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de 30 de octubre de 2013 desestimó el recurso de reposición del Sr. Conrado contra la indicada actuación administrativa.

El Sr. Conrado interpuso recurso contencioso-administrativo contra esas resoluciones e, indirectamente, contra la Orden SAN/1119/2012 y la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, objeto del presente recurso de casación, estimó sus pretensiones y le reconoció el derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo y a que se le satisficieran las retribuciones correspondientes --previa compensación con las prestaciones habidas de la Seguridad Social-- más sus intereses. En cambio, rechazó las relativas a la Orden SAN/1119/2012 , pues la sentencia de la misma Sección Primera de 21 de octubre de 2014, dictada en el recurso n.º 193/2013 , la encontró conforme al ordenamiento jurídico.

Las razones por las que la Sala de Valladolid acogió esas pretensiones del Sr. Conrado son, en esencia, las siguientes.

La incompetencia del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud para resolver sobre su jubilación forzosa, pues, a juicio de la Sala, era al Consejero de Sanidad, también Presidente de esa Gerencia, al que correspondía adoptar esa decisión.

Aunque este defecto bastaba para declarar la nulidad de las resoluciones en cuestión, la sentencia apreció, además, estos otros: no se ofreció por la Administración una motivación individual que justificase la finalización de la prolongación del servicio autorizada al Sr. Conrado y tampoco se le dio, antes de resolver, la audiencia prevista en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . La sentencia advirtió que esos mismos defectos los había apreciado la Sala de Valladolid en sentencias previas, dictadas en recursos que presentaban con éste la diferencia de que los actores en ellos habían obtenido ya la autorización para permanecer en activo, situación a la que la Administración puso fin, jubilándoles. Esa diferencia, explica la sentencia aquí recurrida, no impide llegar a las conclusiones anteriores por las mismas razones que llevaron a ellas.

Los motivos de casación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Contra esta sentencia ha interpuesto recurso de casación la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Son cuatro los motivos que formula, todos los cuales se acogen al apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción . Hemos dejado constancia en los antecedentes de sus enunciados. Ahora, dejaremos constancia resumida de sus argumentos principales.

(1.º) Con la invocación de los artículos 5.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , 1.7 del Código Civil y 9.1 y 3 y 163 de la Constitución , la recurrente combate el alcance del fallo dictado por la Sección Primera de la Sala de Valladolid: en particular, la incorporación del recurrente. Explica el motivo que el Decreto-Ley 2/2012, de 25 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia sanitaria, y el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, cuya validez fue declarada por la sentencia de la Sala de Valladolid de 21 de octubre de 2014 , confirmada por la de 16 de marzo de 2016 (casación n.º 3908/2014 ) lo impiden, ya que imponen la finalización de las prolongaciones de permanencia en el servicio activo ya autorizadas. La sentencia, por tanto, infringe, al no aplicarla, una norma con rango de ley y la Orden SAN/1119/2012 .

(2.º) Los artículos 62.1 b ), 63.2 y 67.3 de la Ley 30/1992 los vulnera la sentencia, dice el segundo motivo, por el alcance que da al vicio de incompetencia que aprecia. Se trata, explica el escrito de interposición, de que la Sala de Valladolid no valora ni califica esa incompetencia, no tiene en cuenta la delegación de 15 de abril de 2008 en favor de diversos órganos de la Gerencia Regional de Salud de la competencia para acordar la jubilación, ni en definitiva, aprecia que el defecto apreciado "no pasa de ser una mera cuestión de competencia funcional o jerárquica" de manera que no puede hablarse de causa de nulidad de pleno Derecho sino de un vicio no invalidante susceptible de convalidación.

(3.º) La infracción de los artículos 26.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud , 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público y 54 y 63 de la Ley 30/1992, así como de la jurisprudencia. Recuerda la recurrente que la regla general es la jubilación a los sesenta y cinco años y la excepción la prolongación como máximo hasta los setenta años, siendo necesaria la autorización por el Servicio de Salud correspondiente, basada en razones de interés general y en función de las necesidades de la organización articuladas en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Pues bien, nos dice, la motivación necesaria no es para la jubilación a los sesenta y cinco años, sino para prorrogar la permanencia en el servicio activo más allá de esa edad. En definitiva, no habiendo derecho absoluto a esa prolongación ni existiendo un derecho adquirido al respecto, no puede aducirse como causa de nulidad la falta de motivación que, por otra parte, no es tal ya que obran en el expediente informes según los cuales en el centro en el que el Sr. Conrado prestaba sus servicios no se da ninguno de los supuestos que, como excepción, justificarían, de acuerdo con dicho Plan, su continuidad en el servicio activo.

(4.º) Entiende la Comunidad Autónoma de Castilla y León que la sentencia infringe el artículo 84 de la Ley 30/1992 y los artículos 26 de la Ley 55/2003 , 57.3 del Estatuto Básico del Empleado Público y la jurisprudencia, así como los artículos 62.1 e ) y 63 de la Ley 30/1992 porque el Sr. Conrado no alegó en la instancia nada sobre la falta de audiencia, la cual no está exigida por ningún precepto legal. Además, la jurisprudencia señala que la falta de audiencia en un procedimiento no sancionador solamente puede producir efectos anulatorios cuando cause indefensión material y efectiva, la cual no se ha producido aquí.

(5.º) El último motivo sostiene que la sentencia ha infringido el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción porque, siendo parcial la estimación del recurso contencioso- administrativo, no procedía la imposición de las costas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León que, sin embargo, sí se hizo.

La posición de don Conrado .

Dice en las alegaciones que ha presentado que conoce el criterio de esta Sala sobre las cuestiones controvertidas y que, en consecuencia, no formula oposición al recurso de casación. Explica que mantiene su personación a los solos efectos de conocer la sentencia que en su día dictemos y nos pide que no le impongamos las costas, teniendo en cuenta que es parte recurrida con sentencia favorable en la primera instancia.

El juicio de la Sala. El vicio de incompetencia y la estimación del segundo motivo de casación.

Las cuestiones suscitadas por este recurso de casación y las que se trataron en la instancia, han sido afrontadas ya por esta Sala en diversas sentencias que han resuelto exactamente los mismos motivos que aquí se han interpuesto contra pronunciamientos semejantes de la Sección Primera de la Sala de Valladolid respecto de situaciones similares a la que se dio en este caso. Así, pues, por exigencias del principio de igualdad en la aplicación de la ley y del principio de seguridad jurídica, utilizaremos ahora los mismos argumentos de los que nos hemos servido anteriormente para estimar el recurso de casación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y desestimar el recurso contencioso-administrativo del Sr. Conrado .

Las razones que fundaron esos previos pronunciamientos, las hemos recogido en diversas sentencias, la última de las cuales es la n.º 84/2018, de 24 de mayo (casación n.º 3187/2015 ). En ella seguimos lo ya dicho en la sentencia de 23 de junio de 2016 (casación 377/2015 ). Aunque el orden en que nos vamos a referir no es el del escrito de interposición, es el observado en nuestras sentencias previas y, además, responde a criterios sistemáticos.

El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación.

A propósito de la razón de decidir de la sentencia de instancia, la incompetencia del Director Gerente y en relación con el segundo motivo, debemos tener presente que sobre las mismas infracciones que la Comunidad Autónoma de Castilla y León reprocha a la Sala de instancia, hemos dicho:

[...] En primer lugar, hemos precisado que nuestro análisis no se debía centrar en determinar cuál es el órgano competente para declarar la jubilación por razón de edad de las personas que prestan sus servicios en los centros y establecimientos integrados en la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o para acordar la prolongación de su permanencia en el servicio activo o la finalización de las prolongaciones de la permanencia en el servicio activo autorizadas con anterioridad a la Orden SAN/1119/2012, de 17 de diciembre . Nuestro juicio, hemos dicho, debía versar sobre si la nulidad de pleno derecho de un acto ha de incardinarse en alguno de los supuestos taxativamente enumerados en el artículo 62 de la Ley 30/1992 , dado el carácter restrictivo de los supuestos de nulidad en la legislación vigente, lo que la Sala de instancia no ha hecho.

A este respecto, comprobado que la sentencia no encuadra en ninguno de los apartados de ese precepto el vicio de incompetencia del Gerente Regional que ha apreciado, hemos dicho que la incompetencia advertida, al no ser manifiesta por razón de la materia o del territorio --supuesto que sí encajaría en el apartado 1 b) del artículo 62 de la Ley 30/1992 , único que considera a la incompetencia causa determinante de nulidad-- sino deberse a razones jerárquicas o funcionales, no determina la nulidad de pleno Derecho de la resolución afectada.

Recordábamos, a este respecto, el cambio que la Ley 30/1992 (artículo 62 ) ha supuesto frente a la derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 [artículo 47.1.a )] en este punto. Si en la regulación anterior la manifiesta incompetencia del órgano era causa de nulidad de los actos administrativos, ahora solamente lo es cuando interviene un órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o del territorio. Además, la jurisprudencia emanada sobre la Ley de 1958 subrayó que el carácter manifiesto de la incompetencia debía ser tal que se apreciara sin esfuerzo dialéctico alguno [ sentencias de 25 de enero de 1980 (CENDOJ , ROJ 2421/1980), de 23 de noviembre de 2001 ( casación 4262/1996 )]. Y, a partir de la vigencia de la Ley 30/1992 insistió [por ejemplo, en la sentencia de 20 de septiembre de 2012 (casación 4605/2010 )] en que la incompetencia ha de ser "manifiesta" y que "un supuesto vicio de incompetencia jerárquica como el que aquí se aduce nunca podría ocasionar una nulidad radical de la actuación administrativa". Y recordó que "la jurisprudencia mayoritaria distingue entre la incompetencia material y la territorial, de una parte, y la jerárquica, de otra, entendiendo, que sólo los dos primeros tipos de incompetencia pueden generar la nulidad radical".

Por eso, dimos la razón a la Comunidad de Castilla y León en que no hubo una incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio, ya que tanto el Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud como el Consejero de Sanidad, comparten materia y territorio y no consideramos relevantes las cuestiones relativas a la exacta distribución interna de competencias, incluyendo las eventuales delegaciones efectuadas por el órgano superior jerárquico. En definitiva, la eventual falta de competencia jerárquica o funcional apreciada por la sentencia --que tampoco podía considerarse manifiesta-- no podía tener alcance invalidante. Esto determinó que acogiéramos el motivo de casación y nos obliga ahora a hacer lo mismo

.

Por tanto, en razón de lo expuesto, procede acoger este segundo motivo de casación, no sin aclarar que no se está ante una cuestión de Derecho autonómico, ni la cita de los preceptos estatales cuya infracción se invoca reviste carácter instrumental, ni se aprecia falta de correlación entre el motivo empleado y la infracción denunciada.

El juicio de la Sala. La cuestión de fondo del recurso contencioso-administrativo.

La estimación del anterior motivo conduce a la anulación de la sentencia y, sin que sea preciso ya entrar en los demás, nos obliga, conforme al artículo 95.2 d) de la Ley de la Jurisdicción , a resolver el litigio en los términos en que aparece planteada la controversia.

A este respecto, se ha de señalar, a propósito de la finalización de las prolongaciones de la permanencia en servicio activo, transcurridos tres meses de la entrada en vigor del Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado por la Orden SAN/1119/2012 , que la Sala ha dicho:

Siempre de acuerdo con los criterios seguidos en las sentencias precedentes, debemos aceptar el argumento de la Comunidad de Castilla y León de que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado por la Orden SAN/1119/2012, de 27 de diciembre , ofrece las razones por las que no era pertinente la prolongación de la permanencia en el servicio activo [...]. Orden cuya legalidad hemos confirmado según explicábamos antes, y que encuentra su cobertura en el Decreto Ley 2/2012, de 25 octubre. Así, la modificación de su situación no se produce como consecuencia o efecto del citado Plan, sino en virtud de un precepto con fuerza de Ley: la disposición transitoria primera 2 del Decreto-Ley 2/2012 castellano-leonés, pareja a la examinada en el auto del Tribunal Constitucional 85/2013 .

En definitiva, el fin de la permanencia en servicio activo [...] se produjo ope legis siendo la resolución administrativa que la acordó un acto de mera aplicación de un precepto legal preciso que no necesitaba de motivación distinta de la ofrecida por el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, ni ningún trámite previo. De ahí que no se produjera la infracción de los artículos 54 , 56 , 57 , 102 y 103 de la Ley 30/1992 y, menos aún, del artículo 9.3 de la Constitución

.

En este proceder no hay infracción del principio que proscribe la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos porque la previsión del decreto-ley se aplicó pro futuro y no cabe considerar que la autorización de la permanencia en el servicio activo del Sr. Conrado entrañara un derecho adquirido a permanecer en él hasta los setenta años habida cuenta de la naturaleza estatutaria de la relación de servicio de los empleados públicos. Además, según diremos después, la decisión de poner término a su permanencia en el servicio activo contó con motivación suficiente.

Además, debemos reiterar lo razonado en la sentencia de 23 de junio de 2016 [casación n.º 377/2015 (FJ 6.º y 7.º)]:

[...] En efecto, nos hemos remitido a la interpretación del artículo 26.2 de la Ley 55/2003 recogida en las sentencias de 8 de enero de 2013 ( casación 207/2012), de 15 de febrero de 2015 ( casación 2119/2012), de 9 de marzo de 2012 ( casación 1247/2011), de 14 de mayo de 2015 ( casación 2702/2013), de 21 de julio de 2015 ( casación 2062/2014), de 9 de febrero de 2016 ( casación 3934/2014 ). Y, de acuerdo con ella, hemos desestimado anteriormente pretensiones como las que hace valer aquí el Sr. [...] por lo que debemos rechazar también la suya.

Las razones que así lo exigen son estas.

Ese artículo 26.2 no establece un derecho a la prórroga en el servicio activo hasta los setenta años de edad sino sólo una mera facultad de solicitarla condicionada al ejercicio por el Servicio de Salud --la Administración recurrida-- de su potestad de autoorganización en función de sus necesidades articuladas en el marco de los planes de ordenación de recursos humanos. A esa conclusión conduce la comparación de este precepto con el artículo 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público y con lo que disponía el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma de la función pública , en la redacción que le dio el artículo 107 de la Ley 13/1996 . Mientras que ese artículo 33 consagraba un derecho del funcionario, el artículo 67.3 y, antes, el artículo 26.2 se refieren a una solicitud dirigida a la Administración para que ésta decida motivadamente. No se trata ahora, por tanto, de normas de reconocimiento de un derecho, sino, de una facultad sobre cuyo ejercicio ha de pronunciarse motivadamente la Administración.

El artículo 26.2 de la Ley 55/2003 no impone a la Administración la obligación de conceder la prórroga en el servicio activo de quien la solicite y cumpla los requisitos de capacidad exigidos hasta el límite máximo de los setenta años. Puede otorgarla por un periodo de tiempo inferior y condicionarla a las necesidades apreciadas en los sucesivos planes de ordenación.

Así, pues, esa facultad del personal estatutario de solicitar la permanencia en el servicio activo con el límite máximo de los setenta años de edad está condicionada a lo que resulte del Plan de Ordenación de Recursos Humanos que apruebe la Administración en función de las necesidades del Servicio de Salud. De acuerdo con dicho Plan, es decir, de las necesidades a que atiende, la Administración puede autorizar la permanencia en el servicio activo hasta que el interesado que lo haya pedido cumpla los setenta años de edad. De ahí que sea el Plan el que, teniendo en cuenta la previsión del artículo 26.2, es decir la posibilidad, en principio, genérica de la prórroga, deba establecer su duración siempre respetando el límite o tope máximo de los setenta años de edad.

En fin, hemos de añadir que, tal como indica el auto del Tribunal Constitucional 85/2013 , la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años es la regla general, mientras que la prórroga en el servicio activo es la excepción y está supeditada a varios condicionantes.

(...) Siempre de acuerdo con los criterios seguidos en las sentencias precedentes, debemos aceptar el argumento de la Comunidad de Castilla y León de que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado por la Orden SAN/1119/2012, de 27 de diciembre , ofrece las razones por las que no era pertinente la prolongación de la permanencia en el servicio activo del Sr. [...]. Orden cuya legalidad hemos confirmado según explicábamos antes, y que encuentra su cobertura en el Decreto Ley 2/2012, de 25 octubre. Así, la modificación de su situación no se produce como consecuencia o efecto del citado Plan, sino en virtud de un precepto con fuerza de Ley: la disposición transitoria primera 2 del Decreto-Ley 2/2012 castellano-leonés, pareja a la examinada en el auto del Tribunal Constitucional 85/2013 .

En definitiva, el fin de la permanencia en servicio activo del Sr. [...] se produjo ope legis siendo la resolución administrativa que la acordó un acto de mera aplicación de un precepto legal preciso que no necesitaba de motivación distinta de la ofrecida por el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, ni ningún trámite previo. De ahí que no se produjera la infracción de los artículos 54 , 56 , 57 , 102 y 103 de la Ley 30/1992 y, menos aún, del artículo 9.3 de la Constitución

.

El juicio de la Sala. De nuevo sobre la competencia.

A este respecto, hemos dicho:

(...) aun cuando se trate de un tema de Derecho Autonómico, como quiera que esta Sala actúa en plenitud como tribunal de instancia hemos de decir que compartimos en su integridad el criterio mantenido por la Sala con sede en Burgos en la sentencia antes citada por cuanto el que se sostiene en la sentencia recurrida parte de un presupuesto que no compartimos, tal es que del artículo 87 de la Ley 3/2001 en relación con el artículo 4.2 del Decreto 281/2001 resulta que la competencia para adoptar acuerdo de jubilación debe venir determinada por una norma con rango de Ley y, como quiera que la Ley 2/2007 atribuye al Consejero de Sanidad "las competencias que en materia de personal estatutario no vengan atribuidas a ningún otro órgano de la Administración", concluye que es el Consejero quien tiene aquella competencia.

El principio de especialidad en la atribución de funciones que invoca la sentencia recurrida es predicable (...) de las del organismo autónomo como tal pero no cabe extenderlo a la competencia de los distintos órganos del mismo en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, de tal manera que lo que exige el artículo 87 de la ley 3/2001 es que la ley de creación (...) determine su denominación, sus fines y competencias, (la del organismo ad extra, no la de quienes integran sus órganos rectores ad intra ), sus bienes, medios económicos. La referencia que efectúa el precepto a "aspectos que puedan ser modificados reglamentariamente" constituye una auténtica habilitación para modificar vía reglamento algún aspecto regulado en la norma de creación. El precepto finaliza haciendo referencia a causas de extinción, procedimiento para llevarlo a cabo y efectos de la misma. Deducir del citado precepto que la competencia para jubilación de funcionarios, o personal estatutario en nuestro caso, propio del organismo para que pueda ser ejercida por un órgano del mismo tiene necesariamente que venir especificada en la Ley de creación nos parece una conclusión excesiva.

Por otra parte, el ordenamiento jurídico opera como un todo que debe ser analizado en su conjunto para resolver aquellas cuestiones, como la que nos ocupa, que puedan plantear dudas interpretativas, sin que quepa efectuar exclusiones de normas que sin haber sido objeto de anulación puedan llevar a arrojar luz sobre la cuestión debatida.

Y en este punto es relevante el artículo 89 de la citada Ley 3/2001 que establece que:

"En lo no previsto por la Ley de creación del organismo autónomo, serán de aplicación respecto de las materias de organización, régimen de los órganos y unidades administrativas, de las funciones y competencias, órganos colegiados y actuación administrativa las disposiciones de esta Ley sobre Administración General de la Comunidad Castilla y León, equiparándose a estos efectos las funciones del Presidente del Organismo a la del Consejero y las del máximo órgano unipersonal de gestión a las del Secretario general".

La referencia a la competencia de este precepto sí es claramente ad intra, es decir, a la de los propios titulares de los órganos del Servicio Autónomo, al contrario de lo que ocurre en el 87 que parece referirse a las competencias del organismo autónomo ad extra. Todo ello puesto en relación con el artículo 6.1.c) del Decreto 275/93 lleva a la conclusión de que la competencia en materia de jubilación, atribuida de forma expresa al Secretario General, debe entenderse en el ámbito del Organismo Autónomo que nos ocupa al Director Gerente.

Por ello entendemos que no concurre el presupuesto que establece el artículo 33 de la LJCA , lo que también resulta de las conclusiones que alcanza la sentencia de la Sala de Burgos de fecha 23 de marzo de 2015, Rº 47/2014 PO que damos por reproducidos, sin entrar en un detallado análisis de la cuestión atendida su naturaleza de Derecho autonómico correspondiendo a la Sala a que se refiere el artículo 99 de la LJCA resolver en su caso un hipotético recurso de casación para unificación de doctrina que en el futuro pueda plantearse sobre la cuestión caso de subsistir la discrepancia entre las Salas de Valladolid y Burgos"

.

El juicio de la Sala. La impugnación indirecta de la Orden SAN/1119/2012 .

También nos hemos pronunciado sobre la Orden SAN/1119/2012 en los siguientes términos:

Finalmente respecto a la impugnación indirecta de la Orden SAN/1119/2012 formulada por la parte recurrente debemos recordar que esta Sala se ha pronunciado en un sentido claramente restrictivo frente a la posibilidad de considerar que los Planes de Ordenación de Recursos Humanos puedan considerarse como normas [por todas, sentencias de 24 de febrero de 2014 (casación núm. 2391/2012 , FJ 5.º); 10 de julio de 2014 (casación núm. 2937/2012 FJ 4 .º) y 16 de marzo de 2016 (casación núm. 3908/2014 FJ 7.º). Por otra parte, aun cuando obviáramos lo anterior, constituye asimismo jurisprudencia reiterada de la Sala la relativa a que la impugnación indirecta no puede convertirse en un análisis plenario de la norma indirectamente impugnada en todos sus contenidos, sino que debe centrarse en el concreto contenido de la norma, determinante en su aplicación del contenido del acto impugnado [por todas, sentencias de 14 de marzo de 2014 (casación núm. 2583/2012 FJ 6 .º) y 5 de marzo de 2012 (casación núm. 6515/2010 FJ 6.º), y las que en ellas se citan]. Ya hemos rechazado que la resolución que dispuso la finalización de la situación de prolongación de la permanencia en el servicio activo previamente autorizada a la parte recurrente precisara cualquier motivación distinta de la ofrecida por el PORH. Y en cualquier caso, esta Sala en las sentencias de 16 de marzo y 4 de octubre de 2016 , dictadas en los recursos de casación números 3908 y 3950, de 2014, ha confirmado las dictadas por la Sección Primera de la Sala de Valladolid el 21 de octubre de 2014 en los recursos núm. 275 y 193, de 2013 , que desestimaron la impugnación directa de la Orden SAN/1119/2012 , del PORH, fundada en idénticos motivos a los invocados en este caso en la demanda de instancia

.

Así, pues, contestadas todas las alegaciones efectuadas en la demanda, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo.

Costas.

A tenor de lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción , no hacemos imposición de costas en el recurso de casación e imponemos las de la instancia a don Conrado hasta un máximo de 100€ por todos los conceptos.