ATSJ Aragón 5/2018, 22 de Diciembre de 2017
| Ponente | MARIA ISABEL ZARZUELA BALLESTER |
| ECLI | ES:TSJAR:2017:131A |
| Número de Recurso | 31/2017 |
| Procedimiento | Pieza de medidas cautelares |
| Número de Resolución | 5/2018 |
| Fecha de Resolución | 22 de Diciembre de 2017 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.ARAGON CON/AD SEC.1
ZARAGOZA
AUTO: 00005/2018
Equipo/usuario: MRF
Modelo: N35350
C/COSO N.1 DE ZARAGOZA
N.I.G: 50297 33 3 2017 0000380
Procedimiento : PSS PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 0000031 /2017 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000194 /2017
Sobre: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
De D./ña. AYUNTAMIENTO DE HUESCA
ABOGADO
PROCURADOR D./Dª. JOSE MARIA ANGULO SAINZ DE VARANDA
Contra D./Dª. Ángel Daniel, ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
ABOGADO, ABOGADO DEL ESTADO
PROCURADOR D./Dª.,
A U T O
ILMO. SR. PRESIDENTE :
D. JUAN CARLOS ZAPATA HÍJAR
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS :
D. JESUS MARIA ARIAS JUANA
DÑA. ISABEL ZARZUELA BALLESTER (Ponente)
D. JUAN JOSE CARBONERO REDONDO
En ZARAGOZA, a veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.
El recurso contencioso administrativo del que dimana la presente pieza se interpuso por el Ayuntamiento de Huesca, contra el Acuerdo 75/17 del TACPA, por el que se estima el recurso especial en materia de contratación, interpuesto por D. Ángel Daniel, en su condición de concejal del Ayuntamiento de Huesca, contra acuerdo municipal de 31 de mayo de 2017, por el que se aprobó la encomienda de gestión del servicio de limpieza viaria del municipio de Huesca, al Consorcio para la Encomienda de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Agrupación nº1 de Huesca, a través de su medio propio, la empresa publica GRHUSA.
Formada pieza separada, se acordó el traslado de la referida petición a la parte demandada, que no ha presentado alegaciones, y al Abogado del Estado que solicitó que se denegara la medida cautelar interesada.
La suspensión de la ejecución de los actos administrativos impugnados constituye una de las medidas cautelares cuya adopción posibilitan los artículos 129 y siguientes de la Ley Jurisdiccional para asegurar la efectividad de la sentencia. Y como tal medida, puede ser acordada conforme al artículo 130.1 de dicha Ley, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, únicamente cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso; pudiendo denegarse, con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo de del mismo artículo, cuando de ella pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
Más recientemente, el Alto Tribunal en auto de 9 de julio de 2012 declara que "las medidas cautelares están concebidas para asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando que el transcurso del tiempo ponga en peligro el cumplimiento de la resolución de terminación del mismo. Dicho en términos legales -añade-, las medidas pretenden "asegurar la efectividad de la sentencia" ( artículo 129 de la LJCA ). Con tal propósito, el riesgo derivado de la duración del proceso, el "periculum in mora", se erige, en el artículo 130 de la citada Ley Jurisdiccional, como uno de los presupuestos esenciales para la adopción de la medida cautelar, al tener que tomar en consideración, en la decisión cautelar, que "la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso". La suspensión, por tanto, intenta salvaguardar que la futura sentencia pueda se cumplida, y que su pronunciamiento tenga un efecto útil, soslayando que se produzcan situaciones irreversibles. El criterio de la valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, por su parte, es, en este sentido, complementario de la pérdida de la finalidad legítima del recurso, como reiteradamente venimos señalando. En definitiva, la decisión cautelar ha de ponderar la medida en que el interés público demanda la ejecución, para adoptar la suspensión en función de la intensidad de los intereses públicos concurrentes. Esta operación jurídica en virtud de la cual se valoran, sopesan y ponderan los intereses en juego comprende tanto los interés públicos como los de carácter privado, así como el contraste entre los diversos intereses públicos concurrentes. La medida cautelar ha de asentarse, en consecuencia, en el resultado de dicha valoración de los intereses en conflicto, como dispone el artículo 130.1 de la LJCA que exige para su adopción la "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto"".
Por otra parte, y a la hora de valorar los intereses en conflicto, no puede desconocerse lo declarado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de noviembre de 2014, en la que, ante la innovación procesal que ha supuesto el recurso especial en materia de contratación, se plantea la necesidad de fijar cuáles pueden ser los términos de la posible aplicación del art. 130 LJCA en situaciones como la que nos ocupa -la posibilidad de otorgar o no, en aplicación del citado artículo, la suspensión del acto recurrido, acto de anulación de la adjudicación impugnada en el recurso referido-:
"En ese obligado planteamiento - razona el Alto Tribunal -, a la hora de ponderar el elemento clave del precepto, que es el de la posible pérdida de la finalidad legítima del recurso, para...
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