ATS, 20 de Diciembre de 2017

La representación procesal de Inversiones y Promociones Sulecón, S.L. presentó escrito de fecha 28 de mayo de 2015 por el que se interponían los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada con fecha 24 de abril de 2015 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección Cuarta), en el rollo de apelación n.º 80/2015, dimanante de juicio ordinario n.º 52/2014 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de La Laguna.

Mediante diligencia de ordenación de fecha 30 de julio de 2015 se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

El procurador D. Carlos José Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de Inversiones y Promociones Sulecón, S.L. presentó escrito ante esta Sala con fecha 18 de septiembre de 2015 personándose en calidad de parte recurrente. La procuradora D.ª Concepción Calvo Meijide, en nombre y representación de D. Leopoldo presentó escrito ante esta Sala con fecha 14 de octubre de 2017 personándose en calidad de parte recurrida.

Por providencia de fecha 15 de noviembre de 2017 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas.

Mediante escrito presentado el día 29 de noviembre de 2017 la parte recurrente muestra su oposición a las causas de inadmisión puestas de manifiesto, entendiendo que los recursos cumplen todos los requisitos exigidos en la LEC. La parte recurrida, mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2017 se ha manifestado conforme con las posibles causas de inadmisión puestas de manifiesto por providencia de esta Sala de fecha 15 de noviembre de 2017.

Por la parte recurrente se han efectuado los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio Salas Carceller, a los solos efectos de este trámite.

Los presentes recursos extraordinario por infracción procesal y de casación se interponen contra una sentencia recaída en juicio ordinario en el que la parte demandante, D. Leopoldo, reclama a Inversiones y Promociones Sulecón, S.L. la cantidad de 120.000 euros, cantidad que le fue entregada a la demandada en concepto de préstamo, reclamando igualmente los intereses derivados de tal cantidad.

La parte demandada se opuso a la demanda negando que el contrato celebrado fuera de préstamo, señalando que estamos ante un contrato de cuentas en participación no procediendo la devolución de la cantidad entregada ni ninguna otra cantidad al no haber existido beneficio en el negocio para participar.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda condenado a la parte demandada a abonar a la demandante la cantidad de 120.000 euros más los intereses legales de dicha cantidad desde el 25 de abril de 2013. Dicha resolución considera que el contrato celebrado entre las partes era de préstamo basándose especialmente en el hecho declarado por el administrador de la demandada de que nunca se advirtió al demandante de que podía perder el importe de lo entregado cuando una de las características del contrato de cuentas en participación es que el partícipe, cuya aportación pasa al dominio del gestor, no dispone de un crédito de devolución del capital aportado, sino un derecho sobre las eventuales ganancias del negocio en el que participa, previa la correspondiente liquidación y rendición de cuentas. Añade que del propio documento en el que se plasmó el contrato resulta la condición de préstamo al expresarse que "dicha cantidad se liquidará junto con los intereses", lo que supone que se fijaba una restitución del principal sin perjuicio de que los intereses pudieran variar en función de las ganancias obtenidas, lo que resulta incompatible con la calificación del contrato como de cuentas en participación.

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, el cual fue resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Cuarta, de fecha 24 de abril de 2015. Dicha resolución desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando lo dispuesto por la sentencia de primera instancia, remitiéndose a los argumentos expuestos por la sentencia de primera instancia, esto es, el contrato celebrado lo fue de préstamo en tanto que en el mismo se preveía la devolución de la cantidad entregada más los intereses, lo que excluye el contrato de cuentas en participación en el que el derecho del partícipe no es el de la restitución del capital aportado sino de la proporción de beneficios acordada o resultante de la liquidación final.

Dicho procedimiento fue tramitado en atención a una cuantía inferior a los 600.000 euros por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC.

El escrito de interposición del recurso de casación se articula en dos motivos.

En el motivo primero, tras citar como preceptos legales infringidos el artículo 1281 y 3 del Código Civil, se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como fundamento del interés casacional se citan como opuestas a la recurrida las sentencias de esta Sala de fechas 26 de febrero de 2004, 10 de marzo de 2010, 30 de septiembre de 2013, 28 de junio de 2004 y 17 de abril de 2015,, todas ellas relativas a la interpretación de los contratos.

A lo largo del motivo la parte recurrente alega la existencia de una interpretación errónea del contrato por la sentencia recurrida señalando que del documento en que se plasmó el contrato resulta, sin dejar lugar a dudas, que el contrato celebrado lo fue de cuentas en participación y no de préstamo.

Por último, en el motivo segundo, tras citar como preceptos legales infringidos los artículos 239 y 243 del Código de Comercio, se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como fundamento del interés casacional alegado se citan las sentencias de esta Sala de fechas 20 de julio y 4 de diciembre de 1992, 5 de febrero de 1998, 6 de octubre de 1989 y las que en ellas se citan, todas ellas relativas al contrato de cuentas en participación.

Argumenta la parte recurrente que la parte demandante no ha probado en ningún momento la existencia de un contrato de préstamo, bien al contrario, ha sido la parte demandada la que ha acreditado, tanto documentalmente como a través de la prueba testifical practicada, que lo realmente pactado fue un contrato de cuentas en participación

El recurso extraordinario por infracción procesal se articula en un único motivo en el que, al amparo de los ordinales 2º, 3º y 4º del artículo 469.1 de la LEC, se alega la infracción de los artículos 216, 217 y 218 de la LEC, así como de los artículos 120.3 y 24 de la CE y del artículo 248.3 de la LOPJ, denunciando la existencia de error patente en la valoración de la prueba, la incongruencia y la falta de motivación de la sentencia.

Pues bien, a la vista de lo expuesto y pese a las manifestaciones de la parte recurrente, el recurso de casación no puede prosperar al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4º, en relación con el art. 477.2.3º de la LEC) por las siguientes razones:

1. Afirmado por la parte recurrente en el recurso la existencia de una incorrecta interpretación del contrato celebrado entre las partes, incurre en la causa de inadmisión de depender la resolución del problema jurídico planteado -interpretación contractual- de las circunstancias concurrentes en el caso y no ser la interpretación llevada a efecto ilógica, absurda, arbitraria o contraria a la ley. ( art. 483.2.3º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC).

   Es doctrina de esta Sala, recogida en la Sentencia de fecha 29 de febrero de 2012 (recurso de casación nº 495 /2008), que salvo supuestos excepcionales no se permite revisar la interpretación del contrato, ya que otra cosa supone convertir la casación en una tercera instancia, alejada de la finalidad que la norma asigna al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en el orden civil consistente en la unificación de la aplicación de la ley civil y mercantil En este sentido, la sentencia 292/2011, de 2 de mayo, reiterando las 559/2010, de 21 septiembre, y 480/2010, de 13 julio, declara que «[...] la función de interpretación de los contratos corresponde a los Tribunales de instancia y tal interpretación ha de ser mantenida en casación salvo que su resultado se muestre ilógico, absurdo o manifiestamente contrario a las normas que la disciplinan[...]».

   No se pueden considerar infringidas las normas legales sobre interpretación de los contratos cuando, lejos de combatirse una labor hermenéutica abiertamente contraria a lo dispuesto en dichas normas o al derecho a la tutela judicial, el recurrente se limita a justificar el desacierto de la apreciación realizada por el tribunal de instancia, con exclusivo propósito de sustituir una hipotética interpretación dudosa por sus propias conclusiones al respecto. El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( SSTS 20 de marzo de 2009 [RC n.º 128/2004] y 19 de diciembre de 2009 [RC n.º 2790/1999]).

   La sentencia n.º 290/2016, de 4 de mayo, remitiéndose a la sentencia núm. 514/2010, de 21 julio, recuerda una reiterada doctrina según la cual la interpretación de los contratos es facultad propia de la instancia que sólo ha de ser revisada en casación cuando tal interpretación lleve a resultados absurdos o contrarios a toda lógica o, en su caso, viole directamente alguna norma que imponga determinado criterio de interpretación. Así, dice la referida sentencia, que no se trata de obtener mediante el recurso de casación un pronunciamiento que opte por la mejor de las interpretaciones posibles, considerando que no es tal la seguida por la sentencia impugnada. El recurso de casación tiene por objeto velar por la correcta aplicación de las normas jurídicas, corrigiendo las infracciones de las mismas que puedan haber dado lugar a una solución errónea en derecho, pero no constituye una tercera oportunidad para buscar la obtención de un pronunciamiento favorable a los intereses del litigante que, tras dos instancias, ha visto desestimadas sus pretensiones; lo que supondría, en la práctica, la aplicación por esta Sala de sus propios criterios en orden a la resolución de la controversia, fuera de los casos en que se hubiera apreciado una infracción legal por la sentencia impugnada, lo que se aparta de la propia naturaleza del recurso extraordinario.

   Cabe citar en igual sentido otras sentencias como las de 4 mayo, 19 febrero y 8 octubre 2007, 8 mayo 2008, 27 febrero y 12 junio 2009 y 8 febrero 2010.

   En el presente caso no puede decirse que la interpretación efectuada por la Audiencia Provincial resulte contraria a la lógica, absurda o irracional, ni que haya vulnerado las normas hermenéuticas que se citan. La Audiencia Provincial concluye al igual que la sentencia de primera instancia, a la vista del contrato en su conjunto y de la prueba practicada, que el contrato celebrado entre las partes lo fue de préstamo en tanto que en el mismo se preveía la devolución de la cantidad entregada más los intereses lo que excluye el contrato de cuentas en participación en el que el derecho del partícipe no es el de la restitución del capital aportado sino de la proporción de beneficios acordada o resultante de la liquidación final.

   Los argumentos desplegados por la resolución recurrida al efecto impiden calificar la interpretación que sostiene la Audiencia Provincial como manifiestamente errónea o arbitraria. Es más, la parte recurrente a lo largo del recurso mezcla las cuestiones relativas a la interpretación del contrato con la valoración probatoria, confundiendo en numerosas ocasiones la apreciación hermenéutica con la de valoración probatoria, contradiciendo así la doctrina jurisprudencial plenamente pacífica de que no cabe mezclar los temas probatorios con los interpretativos ( STSS, entre otras, de 3 de abril de 2003, 27 de mayo, 20 de octubre y 14 de diciembre de 2.005).

2. Por alteración de la base fáctica de la sentencia. La parte recurrente a lo largo del recurso de casación parte de que la parte demandante no ha probado en ningún momento la existencia de un contrato de préstamo, bien al contrario, ha sido la parte demandada la que ha acreditado, tanto documentalmente como a través de la prueba testifical practicada, que lo realmente pactado fue un contrato de cuentas en participación, eludiendo que la sentencia recurrida tras la valoración de la prueba y la interpretación del contrato concluye que el contrato celebrado lo fue de préstamo y no de cuentas en participación.

   La parte recurrente se limita a alterar la base fáctica de la sentencia recurrida. A tales efectos se debe recordar que es doctrina constante de esta Sala que la casación no constituye una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba realizada por los Tribunales de apelación, pues su función es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento a la cuestión de hecho, que ha de ser respetada ( sentencias núm. 142/2010, de 22 de marzo; 56/2011, de 23 febrero; 71/2012 de 20 febrero; 669/2012, de 14 de noviembre; 147/2013, de 20 de marzo; 5/2016, de 27 de enero y 41/2017, de 20 de enero; entre otras muchas). Como consecuencia de lo cual, en el recurso de casación se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados en la sentencia recurrida, lo que en el presente caso no hace el recurrente.

3. Fundamentado el recurso de casación en la existencia de interés casacional el mismo no ha quedado acreditado. Habiéndose sustanciado el procedimiento en atención a una cuantía inferior a los 600.000 euros el cauce de acceso a la casación viene determinado por la vía del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, esto es, acreditando la existencia de interés casacional, siendo por tanto lo determinante a efectos de acceso a la casación en estos casos acreditar como presupuesto de recurribilidad el interés casacional lo que no ha sido cumplido por la parte recurrente.

   Si bien es cierto que en los motivos del recurso la parte recurrente cita varias sentencias de esta Sala no se indica como resultan infringidas por la sentencia recurrida, reproduciendo fragmentos de las mismas, destacando algunos párrafos en negrita, pero sin llegar a poner las mismas en conexión con el presente litigio. En consecuencia no se llega a razonar cómo, cuando y en qué sentido ha sido vulnerada por la sentencia recurrida la doctrina del Tribunal Supremo denunciada, siendo doctrina reiterada de esta Sala que el interés casacional debe existir realmente y justificarse adecuadamente, no pudiendo entenderse cumplido cuando la parte se limita a indicar la simple mención de unas resoluciones por sus fechas, sin que baste tampoco hacer referencia a su contenido, sino que hace imprescindible explicar cuál es la concreta vulneración de la jurisprudencia que se ha cometido por la Audiencia Provincial, en la sentencia de segunda instancia, en relación con la concreta infracción legal que se considera cometida, presupuesto el señalado que no resulta cumplido en el recurso.

   A ello se suma que las sentencias citadas tienen un carácter genérico y no vienen referidas al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación fáctica distinta de la apreciada por la resolución recurrida, resolución esta última que se ha limitado a aplicar la doctrina vigente de esta Sala en la materia en atención a los hechos declarados probados.

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo segundo, de la LEC.

Las razones expuestas justifican la inadmisión de los recursos interpuestos sin que las alegaciones realizadas tras la puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión supongan una alteración de dichos razonamientos habida cuenta que la parte recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en los recursos ahora examinados.

Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno.

Siendo inadmisibles los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación la parte recurrente perderá los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y 473.2 de la LEC y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida procede imponer las costas a la parte recurrente.