ATS, 13 de Septiembre de 2017
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 13 Septiembre 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
AUTO
En la Villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil diecisiete.
Por escrito presentado el 12 de abril de 2017 ante los Juzgados de Laredo, doña Isabel promovió un expediente de jurisdicción voluntaria, en el que recababa autorización judicial para traslado al extranjero de su hija menor.
La solicitud fue turnada al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Laredo, que por Auto de 12 de abril de 2017 declaró su falta de competencia para conocer del asunto y la atribuyó al Juzgado de violencia sobre la mujer n.º de Torrevieja, en el que se dictó la sentencia que acordó las medidas paterno filiales.
Remitidas las actuaciones, el Juzgado de violencia sobre la mujer n.º 1 de Torrevieja, por Auto de 20 de junio de 2017 , no aceptó la inhibición y planteó un conflicto negativo de competencia ante esta sala.
Recibidas las actuaciones, fueron registradas con el n.º 129/2017 y pasadas al Ministerio Fiscal, que ha dictaminado que el juzgado competente para conocer de la solicitud es el Juzgado de violencia sobre la mujer n.º 1 de Torrevieja, con base en la doctrina plasmada en el Auto del Pleno de esta sala, de 14 de junio 2017 .
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Ignacio Sancho Gargallo .
El presente conflicto negativo de competencia se plantea entre un Juzgado de Laredo y otro de Torrevieja, respecto de una solicitud de autorización judicial para traslado al extranjero de una menor.
La solicitud fue presentada por la progenitora de la menor en el decanato de los juzgados de Laredo, en cuyo partido judicial residían ambas (madre e hija). El Juzgado de Primera Instancia de Laredo, al que se turnó la solicitud, entiende que al estar regulada judicialmente la patria potestad de los progenitores en virtud de sentencia dictada por el Juzgado de violencia sobre la mujer n.º 1 de Torrevieja, éste es el juzgado competente en aplicación de lo dispuesto en el art. 86.2 y 87.2 LJV.
Por su parte, el Juzgado de violencia sobre la mujer de Torrevieja considera que carece de competencia al no concurrir en ese momento los requisitos del art. 87.ter.3 LOPJ , ya que cuando se presentó la solicitud de jurisdicción voluntaria ya no se seguía procedimiento penal entre las partes, la hallarse la causa archivada definitivamente.
Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia debemos partir de las siguientes consideraciones.
i) El criterio atributivo de competencia que predomina en la LJV en aquellos expedientes en los que estén en juego los derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente o a modificar es el de su domicilio o, en su defecto, el de su residencia. Aunque se han fijado concretas excepciones que atribuyen la competencia de forma prioritaria al juzgado que previamente haya dictado una resolución estableciendo la atribución de la guarda y custodia o la tutela.
Así, en los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia y, dentro de ellos, el de intervención judicial en relación con la adopción de medidas específicas para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, el art. 86.2 LJV establece que será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores hubiera sido establecido por resolución judicial, será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado.
ii) Por otro lado, el art. 775 LEC establece:
El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas
iii) Y el art. 87 ter. 3 LOPJ :
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo. c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género
.
iv) En el Auto del Pleno de 27 de junio de 2016 (conflicto 815/2016 ), dictado como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que modificó la redacción del art. 775 LEC , se estableció como doctrina que la competencia para conocer de los juicios de modificación de medidas correspondía al juzgado que dictó las medidas definitivas cuya modificación se pretende. No obstante, en dicho auto se señalaba expresamente:
La aplicación del art. 775 LEC , en la forma explicada, no prejuzga la solución del problema que pueda plantearse cuando la resolución inicial haya sido dictada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que al tiempo de la demanda de modificación de medidas carezca ya de competencia objetiva, conforme al art. 87 ter 2 y 3 LOPJ
.
v) En relación con la cuestión de determinar a quién le corresponde la competencia para el conocimiento de un juicio de modificación de medidas en aquellos casos en que, habiéndose dictado la resolución inicial por un juzgado de violencia sobre la mujer, se acuerda el sobreseimiento de la causa penal con anterioridad a la fecha de interposición de la demanda de modificación de medidas ( art. 87 ter LOPJ ), en el Auto del Pleno de 14 de junio de 2017 (conflicto 61/2017 ) se recoge el siguiente razonamiento:
« .... en caso de interposición de demanda de modificación de las medidas definitivas, previamente acordadas:
-
Será competente el juzgado de violencia contra la mujer cuando la demanda de modificación de medidas se interponga en fecha en que el procedimiento penal esté en trámite, es decir, no archivado, sobreseído o finalizado por extinción de la responsabilidad penal.
-
Será competente el juzgado de familia cuando la demanda de modificación de medidas se interponga una vez sobreseído o archivado, con carácter firme, el procedimiento penal o cuando al interponerse ya se haya extinguido la responsabilidad penal por cumplimiento íntegro de la pena.
-
El momento concluyente para la determinación de la competencia será la interposición de la demanda ( art. 411 LEC ), siendo irrelevante (a efectos de competencia) que el archivo o sobreseimiento de la causa penal se acuerde tras la interposición de la demanda.
-
De acuerdo con el art. 775 LEC , cuando el conflicto se dilucide al margen de los casos de violencia contra la mujer, la demanda de modificación de medidas se interpondrá ante el juzgado que dictó las medidas definitivas cuya modificación se pretende.
Al margen de lo ya resuelto por esta sala en los referidos autos de 27 de junio de 2016 y 15 de febrero de 2017 , conviene, también, recordar la competencia sobrevenida de los juzgados de violencia contra la mujer, establecida en el art. 49 bis LEC .
DUODÉCIMO.- Esta sala debe declarar que de acuerdo con el art. 87 ter de la LOPJ no corresponde, en el caso analizado, la competencia al juzgado de violencia sobre la mujer, aun cuando en su día dictase las medidas definitivas que se pretenden modificar, pues para ello sería necesario, además:
Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género
.
En el caso de autos, el procedimiento estaba sobreseído antes de la interposición de la demanda de modificación de medidas, por lo que ya no concurría imputado alguno, y siendo este uno de los requisitos para atribuir la competencia exclusiva y excluyente a los juzgados de violencia contra la mujer, debemos concluir que no era el competente cuando se interpuso la demanda de modificación de medidas.
No procede extender la competencia del juzgado de violencia contra la mujer para la modificación de medidas a los casos en los que se haya sobreseído provisional o libremente, o archivado el proceso antes de la interposición de la demanda, por el simple hecho de que dictara en su día las medidas definitivas ( art. 775 LEC ), dado que el legislador solo consideró necesario atribuirle competencia exclusiva y excluyente en tanto concurrieran simultáneamente las circunstancias que establece el art. 87 ter de la LOPJ . En este caso, como hemos dicho, no concurría imputado ni causa penal abierta, dado que se habían sobreseído las diligencias, razón por la cual el juzgado de violencia contra la mujer carecía de competencia para conocer de la demanda de modificación de medidas».
En el presente supuesto, a la fecha de presentación de la solicitud de jurisdicción voluntaria ya no existía procedimiento penal abierto en el Juzgado de violencia sobre la mujer de Torrevieja, al hallarse la causa penal que se siguió entre la partes archivada definitivamente. Por lo que debemos concluir, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta, que ese juzgado de Torrevieja ya no era el competente.
Por ésta razón, y de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, debe atribuirse la competencia territorial al Juzgado Primera Instancia n.º 1 de Laredo, lugar en donde reside la menor.
Todo ello sin perjuicio de la posible competencia que pudiera corresponder al Juzgado de violencia sobre la mujer n.º 1 de Laredo si, a la vista de la manifestaciones que constan en la solicitud, existiese un procedimiento penal abierto.
En virtud de lo expuesto,
LA SALA ACUERDA :
-
Declarar que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Laredo.
-
Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.
-
Y comunicar este Auto, mediante certificación literal, al Juzgado de violencia sobre la mujer n.º 1 de Torrevieja.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
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