STSJ Andalucía 251/2009, 4 de Mayo de 2009
| Ponente | ERNESTO ESEVERRI MARTINEZ |
| ECLI | ES:TSJAND:2009:6948 |
| Número de Recurso | 2901/2001 |
| Número de Resolución | 251/2009 |
| Fecha de Resolución | 4 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA NÚM. 251 DE 2.009
Ilmo. Sr. Presidente:
D. José Antonio Santandreu Montero
Ilmos. Sres. Magistrados
D. Federico Lázaro Guil
D. Ernesto Eseverri Martínez
______________________________________
En la ciudad de Granada, a cuatro de mayo de dos mil nueve. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 2.901/2001 seguido a instancia de D0 Tarsila , que comparece representada por el Procurador Sr. García-Valdecasas Ruiz, siendo parte demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada), en cuya representación y defensa interviene el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 5.104,46 euros.
Se interpuso el presente recurso el día 10 de julio de 2001 contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) que se identifica más abajo. Se admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada.
En su escrito de demanda, la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso declarando no ajustada a Derecho la resolución que se impugna por haber prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria correspondiente al IRPF, ejercicio de 1994; y subsidiariamente pide que se declare que no ha existido incremento de la base imponible en dicho tributo correspondiente a la actividad de la agricultura.
En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró deaplicación, solicitó que sea dictada sentencia confirmando en sus términos la resolución recurrida por ser ajustada a Derecho.
Acordado el recibimiento a prueba por plazo de treinta días comunes a las partes para proponer y practicar, en dicho período se practicaron aquellas pruebas que propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala admitió y declaró pertinentes, incorporándose las mismas a los autos con el resultado que en estos consta.
Declarado concluso el período de prueba, al no estimarse necesario por la Sala la celebración de vista pública, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones escritas, sin que el mismo se haya cumplimentado de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley de la Jurisdicción .
Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Ernesto Eseverri Martínez.
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de 25 de abril de 2001, recaída en el expediente número NUM000 , desestimatoria de la reclamación dirigida frente a liquidación administrativa por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio de 1994, con causa en acta de disconformidad NUM001 , por advertir un aumento en base imponible procedente de los rendimientos de actividades agrícolas.
La demanda se opone al acto de liquidación señalado y a la resolución del TEARA que la confirma, considerando que ha prescrito el derecho de la Administración a determinar la referida deuda tributaria al tiempo que cuestiona el contenido de la diligencia de constancia de hechos instruida por el actuario con fecha 8 de mayo de 1997.
Por entender de aplicación al caso el plazo cuatrienal de prescripción instaurado por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y estimar producida, asimismo, la caducidad del procedimiento inspector por la interrupción injustificada de sus actuaciones, sostiene la demanda que éstas no debieron proseguir su curso, y que, en todo caso, se tuvo que iniciar un nuevo procedimiento de inspección, argumentando, además, que la referida paralización de actuaciones provoca que las desarrolladas hasta ese momento no se tengan por producidas, con lo que es de apreciar en el caso la prescripción que se alega del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
En relación con la primera de las cuestiones en que funda la demanda el debate sobre la prescripción tributaria en el caso enjuiciado, conviene recordar que al momento de iniciarse las actuaciones inspectoras, lo que se produjo a 24 de marzo de 1997 (con la notificación al actor de la diligencia de inicio de actuaciones de 27 de febrero de ese año), no era de aplicación el plazo de cuatro años de prescripción establecido en la Ley 1/1998 , sino el de cinco años que diseñara para tales supuestos la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 64 , porque como señala la Disposición Final Séptima , Dos, de la citada Ley 1/1998 , ese nuevo de plazo de prescripción entraba en vigor el día 1 de enero de 1999, de modo que cuando la Inspección de los Tributos inició sus actuaciones frente a los actores pretendiendo la determinación de la deuda por el IRPF, ejercicio de 1994, el plazo de prescripción para el desarrollo de tal derecho estaba fijado a cinco años.
El Tribunal Supremo en sentencias de 25 de septiembre de 2000 (RJ 8276/2001); 18 de septiembre de 2006 (RJ 8287/2006), 7 de noviembre de 2006 (RJ 8091/2006), 17 de noviembre de 2006 (RJ 363/2007), 24 de noviembre de 2006 (RJ 9261/2006), y 11 de diciembre de 2006 (RJ 8376/2006), así como en las de 20 de febrero de 2007 (RJ 720/2007) y 20 de febrero de 2008 (RJ 1431/2008 ), en constante doctrina por lo tanto, sostiene que si el período temporal de inactividad administrativa hubiere concluido antes de 1 de enero de 1999, el plazo prescriptivo aplicable sería el anteriormente vigente de cinco años; por el contrario, si la inactividad administrativa se prolonga hasta después de aquella fecha, se aplicará el plazo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 24 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero , no siendo posible que en la sustanciación de un mismo procedimiento de aplicación de los tributos convivan los dos plazos de prescripción.Por otro...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba