ATS, 5 de Julio de 2017
| Ponente | ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO |
| ECLI | ES:TS:2017:7744A |
| Número de Recurso | 2863/2015 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 5 de Julio de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a cinco de Julio de dos mil diecisiete.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro Magistrado de Sala
En fecha 21 de marzo de 2017 se dictó sentencia en el presente recurso de casación para unificación de doctrina nº 2863/2015 estimando en parte el recurso de la empresa «en el sentido de declarar la inexistencia de defecto de comunicación escrito del despido de la actora (...), manteniendo, no obstante, el pronunciamiento del fallo que confirmaba también por otras razones la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de los de León (autos 346/2014)...».
Mediante escrito de 25 de abril de 2017 el Letrado de dicha parte recurrente interpuso incidente de nulidad de actuaciones, que fue admitido a trámite por providencia de 10 de mayo de 2017, dándose traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal.
Por Diligencia de 19 de mayo de 2017 se tuvo por presentado escrito de alegaciones de la trabajadora y en fecha 5 de junio de 2017 tuvo entrada en esta Sala IV del Tribunal Supremo informe del Ministerio Fiscal, en el que se propone la desestimación del incidente de nulidad.
Mediante Diligencia de 6 de junio de 2017 se acordó elevar las actuaciones al Magistrado Ponente.
1. Se sostiene en el escrito de la empresa que la sentencia de esta Sala vulnera el art. 24.1 de la Constitución , que, a su juicio, se produce porque la misma no casa y anula la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 30 de junio de 2015, rec. 535/2015 , que era la recurrida por su recurso de casación para unificación de doctrina.
Entiende la citada parte que la estimación del único motivo de su recurso de casación unificadora debería haber motivado que por esta Sala se resolviera el litigio en su integridad y se pronunciara sobre la existencia de causas justificativas del despido del que fue objeto la demandante y cuya impugnación constituye el objeto de su demanda.
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Conviene recordar que los art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ) y 228 LECiv establecen que: «No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución , siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario».
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Lo que se suscita fue objeto de especial análisis en la sentencia cuya nulidad se postula, por lo que difícilmente puede admitirse que se haya producido merma de la garantía de tutela. Nuestro Fundamento de Derecho Cuarto motiva el fallo en este extremo.
Tras la exposición de argumentos legales y jurisprudenciales, concluye nuestra sentencia (FD Quinto) que " debió la parte recurrente plantear un motivo específico y aportar sentencia de contraste sobre el resto de las cuestiones que vio desestimadas en suplicación y, al no hacerlo, la estimación del recurso significa aquí declarar que la doctrina seguida por la sentencia recurrida en relación al objeto del único de los motivos de este recurso no es ajustada a derecho, sin que ello afecte al fallo de la misma, por lo que no puede estimarse la pretensión íntegra del recurso consistente en que se revoque la indicada sentencia y se declare procedente el despido ".
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Contrariamente a lo que señala el escrito promotor de la nulidad, ninguna duda cabe sobre la extensión del pronunciamiento de la Sala de suplicación. El Fundamento de Derecho Quinto de la misma expresamente se dedica a analizar la concurrencia de las causas organizativas y productivas invocadas por la empresa, reiterando lo expuesto en su anterior sentencia de 29 de junio de 2015 . Sin duda alguna respondía así al motivo de suplicación de la empresa en que se denunciaba la infracción de los arts. 51 y 52 del Estatuto de los trabajadores (ET ). No es cierto, pues, que la Sala de Valladolid omitiera respuesta a ese motivo. Lo hizo y lo hizo con amplitud, detalle y extensión, por más que, como indica ahora la parte recurrente, estuviera dando respuesta a un motivo de suplicación planteado "ad cautelam".
Tampoco resulta errónea nuestra referencia a uno de los argumentos de la Sala de suplicación relativo a las razones de amortización del puesto concreto, pues ese criterio aparece en el párrafo cuarto del FD 11º de la sentencia de 29 de junio de 2015 y literalmente asumido por la de suplicación recaída en el presente procedimiento.
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Achaca también el recurrente a nuestra sentencia la omisión de pronunciamiento sobre el fondo pudiendo hacerlo, invocando al efecto el art. 228 LRJS .
También sobre ello nos pronunciamos expresamente en la sentencia cuya nulidad se persigue, por lo que no cabe reiterar la argumentación, dado que el incidente de nulidad de actuaciones no constituye un mecanismo para combatir los razonamientos de la sentencia firme de la que se discrepa.
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Lo cierto es que, como señala el Ministerio Fiscal en su informe, la parte que promueve el incidente busca ahora que se dé respuesta a cuestiones que no planteó en el recurso de casación para unificación de doctrina.
Ciertamente, parece exigir que la Sala vaya más allá de los límites del debate que el recurso suscitaba, lo cual hubiera provocado una clara incongruencia con lesión de las garantías procesales de la parte contraria. La cognitio del órgano judicial queda delimitada por los términos en que se formula el debate, sin que sea posible que los jueces o Tribunales sustituyan las partes y den respuesta a pretensiones no suscitadas. Fue precisamente la promotora del actual incidente la que omitió combatir la sentencia recurrida en todos aquellos aspectos que pudieran ser perjudiciales para sus intereses.
Téngase en cuenta, además, que la función de la Sala IV del Tribunal Supremo en vía de casación para unificación de doctrina está condicionada a la existencia de contradicción. De ser así, esto es, de estar también en juego la cuestión de la concurrencia de la causa a examinar por esta Sala -como la parte recurrente sostiene-, hubiera sido necesario que la misma se suscitara al hilo de la contradicción y, por ende, ante la necesidad de unificar doctrina.
1. Lo que ahora pone de relieve el incidente de nulidad promovido frente a la STS 232/2017 es la discrepancia de la parte con la decisión que la misma encierra. Ello no puede servir de base a una alegación de indefensión como la que se hace, pues no hay merma para el derecho de defensa cuando se obtiene una resolución judicial que razona en sentido contrario a lo pretendido por la parte que se considera lesionada.
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La sentencia no adolece, pues, de defecto alguno ni vulnera derechos fundamentales. La inadmisión del incidente se impone por dos consideraciones básicas: a) que el art. 11.2 LOPJ contempla la obligación de los Juzgados y Tribunales de rechazar «fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal» (así lo recordaba la STS/4ª de 24 febrero 2011 -rcud. 4536/2009 -, a propósito de otro incidente de nulidad); y b) que -por lo indicado- no es objeto del incidente de nulidad de actuaciones proceder a un nuevo examen de la resolución cuya nulidad se pretende, confundiendo este recurso con una nueva instancia, en la que reiterar -como en el presente caso- cuestiones ya tratadas y resueltas, o suscitar otras nuevas, que en su caso debieran haberse planteado con anterioridad y que en trámite resultan extemporáneas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Alimerka, S.A. contra la sentencia de esta Sala de 21 de marzo de 2017 , sin que contra este Auto quepa recurso alguno en vía jurisdiccional. Asimismo se condena al promotor del incidente a abonar las costas del mismo.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
