STS 934/2017, 26 de Mayo de 2017

El 11 de agosto de 2006 el Ayuntamiento de Zafra (Badajoz) y la entidad Agua y Gestión del Ciclo Integral, S.L., actuando en nombre y representación de Agua y Gestión-Grupo Empresarial Magenta U.T.E., firmaron un contrato de concesión de la gestión, explotación y conservación del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y depuración. En el documento se fijó un canon de 3.000.000 euros a la firma del contrato, un canon mensual de 100.000 euros durante el periodo enero 2008-diciembre 2010, y un canon variable a partir de enero de 2011 del 3% sobre la facturación, excluido el IVA. En caso de prórroga de la concesión a partir de la anualidad 20, el canon anual a satisfacer sería del 10% de la facturación anual. La concesión se otorgó por un plazo de veinte años, prorrogable por otros cinco.

El 4 de septiembre de 2006 se presentó autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas, en concepto de concesión administrativa, declarando una base imponible de 3.000.000 euros por el canon a abonar a la firma del contrato, e ingresando el 4% de la misma, 120.000 euros.

Iniciado procedimiento de verificación de datos, la Oficina Liquidadora de Zafra, de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Comunidad de Extremadura, giró a la referida mercantil propuesta de liquidación provisional por el Impuesto, modalidad y concepto referidos. En la propuesta, la Administración tributaria considera que la base imponible debe elevarse a 15.000.000 euros, determinando una cuota tributaria de 600.000 euros, a la que deduce el importe de la autoliquidación, 120.000 euros, y adiciona los intereses de demora, de 44.023,81 euros, ascendiendo la deuda tributaria a ingresar a 524.023,81 euros. Tras las alegaciones presentadas por la entidad, el 20 de mayo de 2008, la Oficina Liquidadora dictó acuerdo de liquidación provisional, en el que confirma la deuda tributaria fijada en la propuesta y reproduce la motivación contenida en la misma.

Disconforme con la liquidación, el 4 de julio de 2008, la interesada promovió reclamación económico-administrativa en única instancia (R.G. 6293-08) ante el Tribunal Económico- Administrativo Central (TEAC), que dictó resolución, de fecha 12 de junio de 2014, estimando la reclamación y declarando prescrito el derecho de la Administración a practicar liquidación.

Frente a la anterior resolución del TEAC, la Junta de Extremadura interpuso recurso contencioso-administrativo núm. 39/2015 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, por sentencia de 30 de noviembre de 2015 , desestimó el recurso ratificando así la prescripción decretada por el referido acuerdo del TEAC de 12 de junio de 2014, al entender que, tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, General Tributaria, los actos de la Administración tributaria dirigidos a recaudar no interrumpen la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Tesis que funda, en esencia, en los siguientes razonamientos: «consideramos que la postura defendida por el TEAC y la parte recurrida es la correcta y ello no solo sobre la base interpretativa de la exposición de motivos" de la citada Ley 58/2003, "que expresamente destaca la separación para cada derecho de las causas que paralizan la prescripción y lo que se dispone en la STS de 14-11-2013 , distinguiendo expresamente entre los efectos de la norma de 1963 y la de 2003, sino también por el examen directo de tales normas, que en la de 1963 se refería conjuntamente a los apartados a), b) y c) referentes a los derechos de la Administración a liquidar, recaudar y sancionar, y la nueva norma en que se distinguen los supuestos de liquidar y recaudar con supuestos específicos, sin que se incluyan en el primero recaudar como acontecía en la Ley del 63, de manera que si bien entonces la recaudación se establecía como causa de eliminación de la prescripción, en la actualidad, no consta; no obstante en una interpretación sistemática también la jurisprudencia podría no haber entendido la recaudación a la liquidación, que en interpretación lógica y en evitación de tratamientos dispares ante situaciones diferentes pero que benefician injustamente a unos contribuyentes sobre otros, y que con la interpretación que ahora defendemos no se produce, ya que en la interpretación de la norma de 1963 se beneficiaba, en sede de liquidación pendiente, a quien obtenía la suspensión, obligando a la Administración a realizar actos de recaudación, so pena de prescripción, de deudas cuya liquidación era discutida y podía quedar sin efecto, convirtiendo en baldío todo el trabajo, pugnando con el principio de eficiencia con que deben actuar las Administraciones Públicas ( art. 103 de la CE de 1978 ).

De otro lado, si el derecho lo es a liquidar, es coherente pensar que las acciones relevantes para paralizar la prescripción son las que guardan relación con la naturaleza de la acción que no se ejercita, atendiendo a la naturaleza de las instituciones jurídicas, pero no a otras.

Todo lo expuesto nos conduce a considerar que las actuaciones realizadas con la finalidad recaudatoria no paralizan a los efectos que produce la prescripción en el derecho a liquidar, no interrumpiendo la prescripción, y ello se encuentren suspendidos los derechos o no, lo que nos obliga a la desestimación del recurso interpuesto» (FD Segundo).

Disconforme con dicha sentencia, la letrada de la Junta de Extremadura, por escrito presentado el 30 de diciembre de 2015, interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina con fundamento en que la Sala de instancia, «sin entrar a valorar las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento, independiza los procedimientos de liquidación y recaudación, y considera que las actuaciones realizadas con la finalidad recaudatoria no paralizan a los efectos que produce la prescripción en el derecho a liquidar, no interrumpiendo la prescripción, y ello se encuentren suspendidos o no los derechos», contradiciendo de este modo la doctrina recogida en las sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Alto Tribunal de 18 de junio de 2012 y de 14 de noviembre de 2013 ( recs. cas. núms. 4956/2008 y 5141/2011 , respectivamente), y que aporta como de contraste, «donde se establece cómo las actuaciones recaudatorias de una liquidación tributaria recurrida en vía económico-administrativa y no suspendida interrumpen la prescripción del derecho a liquidar de la Administración tributaria» (pág. 10 del escrito de interposición).

El Abogado del Estado se abstuvo de formular oposición al recurso, no así la representación de Agua y Gestión-Grupo Empresarial Magenta U.T.E., que por escrito presentado el 9 de marzo de 2016, formalizó su oposición, en el que pone de manifiesto que este recurso «no debe prosperar porque las Sentencias de contraste no cumplen los requisitos de identidad que exige la Ley de la Jurisdicción, y en particular los relativos a la identidad de hechos y fundamentos de derecho», y en todo caso, porque «la doctrina de la Sentencia recurrida es conforme a derecho, no habiéndose acreditado la infracción legal de la misma» (pág. 7 del escrito de oposición).

Recibidas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el 23 de mayo de 2017, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Se impugna mediante este recurso de casación en unificación de doctrina la sentencia núm. 624/2015, de 30 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura , que desestima el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 39/2015 presentado por la Junta de Extremadura y confirma el acuerdo de 12 de junio de 2014 (R.G. 1986-14), dictado por la Sala Cuarta del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), estimatorio de la reclamación económico-administrativa formulada por Agua y Gestión-Grupo Empresarial Magenta U.T.E. frente a la liquidación de 25 de enero de 2010, practicada por la Oficina Liquidadora de Zafra, de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Comunidad de Extremadura, en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, por cuantía de 577.594,52 euros, y que declara prescrito el derecho de la Administración a practicar liquidación.

Como hemos señalado en los Antecedentes, la Junta de Extremadura impugna en esta sede la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de noviembre de 2015 , con fundamento en que, al considerar dicha resolución judicial que los actos de la Administración tributaria tendentes a recaudar no interrumpen la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, infringe la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 y de 14 de noviembre de 2013 , en virtud de la cual, las actuaciones recaudatorias de una liquidación tributaria recurrida en vía económico-administrativa y no suspendida interrumpen la prescripción del derecho a liquidar de la Administración tributaria.

A este respecto, argumenta que «si los actos de recaudación denotan que la Administración en modo alguno ha permanecido inactiva, y no siendo los mismos irrelevantes para interrumpir la prescripción del derecho a liquidar, ha de convenirse que tanto la providencia de apremio como la impugnación de la mism[a], conforman actuaciones susceptibles de interrumpir el plazo de prescripción del derecho a liquidar» (pág. 13).

En particular, la citada sentencia de 18 de junio de 2012 , en lo que a este proceso interesa, declara lo siguiente:

b) Se trata de determinar si las actuaciones recaudatorias de la deuda liquidada por el impuesto sobre sociedades del ejercicio 1994, producidas durante la sustanciación de la reclamación económico-administrativa interpuesta frente a dicha liquidación, son susceptibles de interrumpir el plazo de prescripción del derecho a practicar esa liquidación.

 Para resolver esta segunda cuestión se ha de partir de lo dispuesto en el artículo 66.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 , en su redacción aplicable ratione temporis, conforme al que «[l]os plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 64 se interrumpen: a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible. Asimismo, los plazos de prescripción para la imposición de sanciones se interrumpirán además de por las actuaciones mencionadas anteriormente, por la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador». Los plazos aludidos en las letras a) y b) del artículo 64 eran, respectivamente, el del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y el de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.



Esta Sala dejó sentado en la sentencia de 18 de junio de 2004 (casación 6809/99 , FJ 3º) [cuya doctrina hemos reiterado después, entre otras, en las sentencias de 19 de junio 2008 (casación para la unificación de doctrina 265/04 , FJ 3º); 3 de noviembre de 2009 (casaciones 6278/07 y 6532/05, FFJJ 3 º y 4º, respectivamente); 5 de julio de 2010 (casación 725/05, FJ 4 º), y 27 de enero de 2011 (casación 3333/06 , FJ 3º)], que ambas modalidades de prescripción son conceptual y operativamente distintas, pero que se hallan estrechamente relacionadas, puesto que si prescribiera la acción para exigir el pago (acción recaudatoria), por no haberse iniciado la vía de apremio o por haberse paralizado ésta, también se produciría la extinción del derecho a determinar la deuda tributaria (derecho a liquidar), por carencia de objeto, y, viceversa, la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria dejaría sin sentido a la acción recaudatoria, aunque ésta no hubiera prescrito.

Añadimos en el mismo pronunciamiento que la circunstancia de que el artículo 66.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 los regulaba conjuntamente, como un totum revolutum, no significaba que pudiera confundirse la interrupción de las distintas modalidades de prescripción, pues los actos conducentes al reconocimiento, la regularización, la inspección, la comprobación y la liquidación se referían obviamente sólo al derecho a liquidar y a la acción de imponer sanciones [cuando se ejercía conjuntamente, no después de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes (BOE de 27 de febrero), en que se establecieron procedimientos separados] y no, por razones de prioridad temporal, a la acción de cobro; mientras que los actos de aseguramiento y los de recaudación aludían sin duda a esta última acción.

 Afirmamos, además, que según fuera el objeto de las reclamaciones o de los recursos así sería el alcance interruptivo de la prescripción producida con su interposición, de modo que una reclamación contra la providencia de apremio, contra una providencia de embargo o contra cualquier otro acto recaudatorio interrumpe la acción de cobro, nada más, mientras que la reclamación contra la liquidación, produce el mismo efecto únicamente respecto de la prescripción del derecho a liquidar.

Reconocimos, pues, el "prius lógico y funcional" del derecho a liquidar respecto de la acción de cobro, pero sin dejar de sostener que los actos interruptivos del primero no se extienden a la segunda. Matizamos, no obstante, que sólo podía producirse la prescripción de la acción de cobro si la liquidación recurrida no había sido suspendida. Recordamos, en fin, que la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), que como aquí acontece no era aplicable temporalmente al caso que allí enjuiciamos, ha eliminado el totum revolutum de los actos interruptivos de la prescripción, distinguiendo en su artículo 68 las reclamaciones o los recursos contra la liquidación (apartado 1, letra b) de los interpuestos frente a los actos recaudatorios (apartado 2, letra b ), perspectiva que, pese a su no muy precisa redacción, apoya la tesis de esta Sala.

 El problema que se nos plantea ahora es el inverso, esto es, si las actuaciones recaudatorias de una liquidación tributaria recurrida en vía económico-administrativa y no suspendida interrumpen la prescripción del derecho a liquidar de la Administración tributaria.

 El «prius lógico y funcional» entre el derecho a liquidar y el ejercicio de la acción de cobro no permite entender, bajo el designio del artículo 66.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 , que los actos de recaudación de una liquidación tributaria no suspendida fueran irrelevantes para detener el cómputo del plazo prescriptivo del derecho a liquidar, pese a haberse producido después de presentado el escrito de alegaciones en el procedimiento económico-administrativo seguido contra la misma ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional, porque esos actos recaudatorios realizados con el conocimiento de «Intexplast» son inequívoca muestra de una actividad de la Administración tributaria relacionada con la susodicha liquidación; en otras palabras, la extinción de la deuda tributaria reclamada, efecto jurídico que esta Sala ha anudado a la inactividad en la vía económico-administrativa por el plazo prescriptivo legalmente establecido, no puede producirse si falta la premisa de la que dimana tal consecuencia jurídica, esto es, la ausencia de actividad de la Administración por el plazo prescriptivo en relación con la obligación tributaria liquidada y discutida.

Porque una cosa es que, dentro de las causas de interrupción de la prescripción contempladas en el artículo 66.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 , los actos de aseguramiento y de recaudación se refirieran a la acción de cobro, mientras que, por razones de prioridad temporal, los conducentes al reconocimiento, la regularización, la inspección, la comprobación y la liquidación aludieran únicamente al derecho a liquidar, y otra bien distinta es que de ahí pudiera derivarse la absoluta irrelevancia de los actos de recaudación de la deuda tributaria liquidada para interrumpir la prescripción del derecho a liquidar la mencionada deuda, cuando esa situación pudiera darse, como acontecía en el caso aquí enjuiciado

(FD Segundo).

La misma doctrina, citando la resolución que acabamos de transcribir parcialmente, reproduce la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2013 , también aportada de contraste.

Pues bien, planteada en los citados términos la demanda, debemos comenzar señalando que el recurso que nos ocupa, es decir, el recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en la Sección Cuarta del Capítulo III del Título IV, arts. 96 a 99, de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA), se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. «Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentadas [...]. No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir» [sentencia de 15 de julio de 2003 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 10058/1998), FD Tercero].

A luz de nuestra jurisprudencia sobre este singular recurso, es evidente que la pretensión de la Junta de Extremadura no puede prosperar, porque no se dan los requisitos que establece el art. 96 de la LJCA , en la medida en que, como acertadamente subraya la parte recurrida en el recurso contencioso-administrativo en su escrito de oposición, mientras que la resolución judicial impugnada aplica la regulación que sobre la interrupción de la prescripción contiene la LGT de 2003, las sentencias de este Tribunal aportadas de contraste establecen su doctrina y resuelven respecto de hechos acaecidos bajo la vigencia de la LGT de 1963.

Y resulta evidente que la doctrina sobre la interrupción de la prescripción contenida en las sentencias de contraste no puede trasladarse miméticamente al caso enjuiciado en la sentencia impugnada, porque la regulación sobre la interrupción de la prescripción contenida en las citadas normas no puede calificarse de idéntica o, ni siquiera, similar.

En efecto, la Ley 230/1963, General Tributaria, disponía, en su redacción considerada por las sentencias de contraste, en su art. 64 :

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.

c) La acción para imponer sanciones tributarias.

d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos

.

Y en su art. 66, establecía:

Uno. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo sesenta y cuatro se interrumpen:

a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible. [...]

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda.

Dos. [...]

.

Por su parte, la Ley 58/2003, establece en su art. 66 :

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías

.

Y su art. 68 de la Ley 58/2003 , en lo que aquí interesa, dispone:

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda tributaria.

[...]

.

En fin, de las propias sentencias citadas de contraste se infiere, no solo que la doctrina que establecen se refiere exclusivamente a los supuestos a los que les resulta de aplicación la LGT de 1963, sino también que la regulación que sobre la materia se contiene en la LGT de 2003 es sensiblemente diferente.

Así, se afirma en ellas que: a) para resolver la «cuestión se ha de partir de lo dispuesto en el artículo 66.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 , en su redacción aplicable ratione temporis»; b) que «el artículo 66.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 » «regulaba conjuntamente, como un totum revolutum», la prescripción de la acción para exigir el pago y la del derecho a determinar la deuda tributaria; c) que «la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), que como aquí acontece no era aplicable temporalmente al caso que allí enjuiciamos, ha eliminado el totum revolutum de los actos interruptivos de la prescripción, distinguiendo en su artículo 68 las reclamaciones o los recursos contra la liquidación (apartado 1, letra b) de los interpuestos frente a los actos recaudatorios (apartado 2, letra b )»; y d) que el «"prius lógico y funcional" entre el derecho a liquidar y el ejercicio de la acción de cobro no permite entender, bajo el designio del artículo 66.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 , que los actos de recaudación de una liquidación tributaria no suspendida fueran irrelevantes para detener el cómputo del plazo prescriptivo del derecho a liquidar» (la cursiva es nuestra).

Finalmente, a mayor abundamiento, en el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina no se exponen, como fundamento de la pretensión impugnatoria, cuáles son los preceptos que se consideran vulnerados por el Tribunal a quo al pronunciarse en el sentido en que lo hizo; se omite «la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida», carga procesal de ineludible observancia que se impone ex lege por exigirlo la propia naturaleza, función y finalidad de esta modalidad del recurso de casación, y que en el presente caso no ha sido suficiente ni adecuadamente asumida por la parte recurrente, incumpliendo, de esta manera, el art. 97.1 de la LJCA .

En fin, como venimos diciendo, este defecto supone por sí solo «la omisión de un requisito específicamente exigido por la ley para la admisibilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina» [ sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 2012 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 1432/2012)], y que «resulta de cumplimiento inexcusable para garantizar la efectividad del principio de contradicción en este estadio procesal» [FD Cuarto; en idénticos términos, Sentencias de 26 de octubre de 2010 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 11/2010), FD Segundo; de 2 de marzo de 2010 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 47/2009), FD Segundo; y de 23 de febrero de 2010 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 114/2008), FD Segundo].

En atención a todo lo expuesto, procede declarar que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, lo que determina la imposición legal de las costas causadas a la parte recurrente, la Junta de Extremadura, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139 la de la LJCA , señala 2.000 euros la cifra máxima a reclamar por todos los conceptos.