ATS, 15 de Marzo de 2017
| Ponente | PEDRO JOSE VELA TORRES |
| ECLI | ES:TS:2017:2203A |
| Número de Recurso | 4/2017 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a quince de Marzo de dos mil diecisiete.
En el rollo de apelación de juicio ordinario sobre declaración de existencia de contrato y condena a la demandada a su cumplimiento, y subsidiariamente resolución por incumplimiento contractual, n.º 788/2015 la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20 .ª) dictó Auto de fecha 19 de diciembre de 2016 , acordando denegar la admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Talleres Rasán, S.L., contra la Sentencia dictada con fecha 30 de septiembre de 2016 por dicho Tribunal.
La Procuradora D.ª Inmaculada Ibáñez de la Cadiniere Fernández, en nombre y representación de Talleres Rasán, S.L., interpuso ante esta Sala recurso de queja, por entender que cabían los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, y debían de haberse tenido por interpuestos.
La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Pedro Jose Vela Torres .
El presente recurso de queja tiene por objeto el Auto por el que se deniega la admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos contra la Sentencia dictada con fecha 30 de septiembre de 2016 en un juicio ordinario tramitado en atención a la cuantía, siendo esta indeterminada; por lo que su acceso a la casación habrá de producirse a través del ordinal 3º del art. 477.2 LEC .
Dicho recurso de casación se interpone al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 LEC , articulado en un único motivo, enunciado como infracción de los arts. 1256 y 1258 del Código Civil , conforma a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias 47/2010, de 19 de febrero , y 763/2010, de 30 de noviembre , sobre interpretación de los contratos de colaboración de servicios de asistencia.
El Auto recurrido inadmitió los recursos por apreciar que no se había subsanado por la parte recurrente la falta de firma digital de letrado en el escrito de interposición, pese a haberse dado la oportunidad para ello.
El recurso de queja se interpone por considerar que la inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal vulnera el derecho constitucional de acceso al recurso, por exigirse un presupuesto desproporcionado y no expresamente previsto en la ley como condición para la admisión del recurso, ya que el escrito llevaba la firma manuscrita del Letrado, y no le era posible consignar la firma digital por retraso imputable al Colegio de Abogados que debía facilitar al letrado el carnet digital necesario para materializar la firma digital.
Utilizado el cauce del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC para el acceso a la casación, se debe concluir que el recurso de queja no puede prosperar, por no ser admisible en ningún caso el recurso de casación. Y ello por las siguientes razones:
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Incumplimiento de los requisitos del encabezamiento de los motivos del recurso ( arts. 473.2 y 483.2 de la LEC ). El escrito de interposición debe estructurarse en motivos, de forma que cada una de las infracciones que se denuncian se formule en un motivo distinto, y que en el encabezamiento se expresen la cita precisa de la norma infringida, que no podrá deducirse del desarrollo del motivo; el resumen de la infracción cometida (cómo, por qué y en qué ha sido infringida o desconocida la norma citada); y la justificación de que concurre el supuesto de acceso a la casación, ya sea este el haberse tramitado el proceso en atención a cuantía superior a 600.000 euros (indicando el importe preciso de dicha cuantía), o ya sea la modalidad de interés casacional invocada, en el recurso de casación por interés casacional.
Siendo objeto del desarrollo de cada motivo la exposición de los fundamentos del mismo ( arts. 471 y 481 de la LEC ), con la debida claridad y la extensión necesaria, sin incurrir en reiteraciones ni incluir cuestiones innecesarias o no relacionadas con el objeto del motivo. Es decir, la exposición razonada de la infracción o vulneración denunciada en el encabezamiento y de cómo esta influyó en el resultado del proceso.
En el presente caso el motivo único contenido en el escrito de interposición del recurso no encabeza en los términos adecuados a las exigencias del recurso de casación, pues no expresa la infracción que considera cometida por la sentencia recurrida, ni la doctrina que considera desconocida o inaplicada por la Audiencia Provincial.
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Por carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4º de la LEC ), por citar preceptos genéricos y heterogéneos en un mismo motivo, generadora de ambigüedad e indefinición sobre la infracción que se pretende alegar ( art. 483.2.3º, en relación con el art. 481.1 de la LEC ). La parte recurrente invoca como fundamento del motivo único del recurso la infracción de los arts. 1256 y 1258 del Código Civil , atribuyendo a la sentencia recurrida una interpretación ilógica, irracional, arbitraria y vulneradora de las normas sobre interpretación de los contratos, en la interpretación del contrato objeto de autos.
Inmediatamente a continuación expone su interpretación del contrato, en cuanto a diversas cláusulas que contiene, imponiendo obligaciones a la parte recurrente, y sólo derechos a la demandada, según interpretación de dicha recurrente. Sin perjuicio de lo que se trata en el siguiente apartado de este mismo Fundamento de Derecho, y que integra otra causa de inadmisión del recurso, debe recordarse que es doctrina pacífica, presente en innumerables autos ( AATS de 25 de junio de 2013, rec. n.º 1944/2012 y 18 de junio de 2013, rec. n.º 2053/2012 ) y sentencias (entre otras muchas, de 22 de marzo de 2010, rec. n.º 364/2007 ; 14 de abril de 2011, rec. n.º 1404/2007 ; 20 de septiembre de 2011, rec. nº 1550/2007 ; 8 de marzo de 2012 rec. n.º 180/2009 ; 10 de octubre de 2012, rec. n.º 1614/2008 ; y 31 de octubre de 2012, rec. n.º 1286/2009 ) que ni los preceptos heterogéneos (se invocan normas sobre el cumplimiento de los contratos junto a normas sobre la interpretación contractual y el equilibrio de las prestaciones) ni los genéricos ( sentencias, entre otras, de 4 de febrero de 2004 , 27 de febrero de 2004 , 12 de noviembre de 2004 , 9 de mayo de 2006 , 10 de octubre de 2006 , 23 de marzo de 2007 , 31 de enero de 2008 , 5 de diciembre de 2008 y 9 de junio de 2009 ), pueden servir para fundamentar un motivo de casación pues la exigencia de claridad obliga al recurrente a concretar la infracción jurídico-sustantiva que se considera cometida, sin que, por el contrario, pueda obligar a la Sala a averiguar donde se encuentra, lo que proscribe en casación la invocación acumulada de preceptos, y menos aún, la cita conjunta de preceptos de diversa naturaleza o heterogéneos, el uso de fórmulas como "y siguientes" o "y concordantes" y la cita de preceptos genéricos.
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El motivo único del recurso incurre además en carencia manifiesta de fundamento ( arts. 473.2.2 y 483.2.4º de la LEC ), porque la aplicación de la jurisprudencia invocada solo puede llevar a una modificación del fallo recurrido mediante la alteración de la base fáctica de la sentencia, por omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considera probados, y por carecer de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida ( art. 483.2.3º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ).
Aun cuando la argumentación del recurso insiste en la discusión de la interpretación del contrato realizada por la sentencia recurrida, obvia que la desestimación de la demanda se fundamenta no en la inexistencia de un contrato con obligaciones para una o ambas partes, sino en la falta de legitimación pasiva de la demandada, RACE, ya que como detalladamente explica el fundamento de Derecho segundo de la sentencia recurrida, de la documental obrante en autos resultan como hechos probados que la relación contractual no se concertó con dicha demandada, sino con otras mercantiles, denominadas RASISA y UNACSA, que figuran como tales partes contratantes en los documentos contractuales, y que identificó la propia demandante en sus declaraciones tributarias de operaciones con terceros. De lo que deduce la sentencia recurrida que la demandante ni desconocía ni podía desconocer que había contratado con aquellas sociedades, y no con RACE.
Ello unido a la inexistencia de prueba sobre circunstancias excepcionales, que pudieran haber justificado un "levantamiento del velo" para convertir en obligada en tales contratos a la demandada RACE, motiva la desestimación de la demanda, y que no sea posible ningún pronunciamiento acerca de las consecuencias de las declaraciones de voluntad alegadas por la demandante, y que fueron emitidas por sociedades mercantiles distintas de la demandada, por más que guardasen con esta algún tipo de relación (como la eventual pertenencia a un mismo grupo de empresas).
Tal es la ratio decidendi de la sentencia recurrida en casación, en tanto que las alegaciones que el recurrente formula bajo la invocación del interés casacional no se refieren a la incorrecta aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de los contratos, sino que pretenden un nuevo juicio de hecho y una nueva valoración de la prueba sobre un supuesto distinto, que permita considerar que su demandada fue efectivamente parte contratante, desentendiéndose de los elementos fácticos determinados en la sentencia recurrida y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos.
Dado que el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha.
En el presente caso el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia invocada no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución recurrida.
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No siendo admisible el recurso de casación, tampoco es procedente el recurso extraordinario por infracción procesal, cuya viabilidad está subordinada a la admisibilidad del recurso de casación, según se ha expresado, por lo que debe inadmitirse aquél sin mas trámite ( disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero , y regla 5ª, párrafo segundo, LEC ).
Las circunstancias expuestas determinan la desestimación del presente recurso de queja y la subsiguiente confirmación del Auto recurrido, que inadmitía los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. La apreciación de razones jurídicas distintas o añadidas a las contenidas en el Auto recurrido carece, en todo caso, de relevancia y no puede causar atisbo ninguno de indefensión, puesto que el acceso a los recursos es cuestión de orden público, sustraído del poder de disposición de las partes y aun del propio Tribunal, por lo que compete a esta Sala, dentro del ámbito del recurso de queja que se resuelve, la comprobación de la concurrencia de los requisitos y presupuestos de recurribilidad legalmente establecidos, en base a los criterios que sean efectivamente correctos y procedentes según la norma legal, con independencia de las que haya tenido en cuenta el tribunal a quo ( SSTC 90/86 y 93/93 ).
La denegación del recurso no implica la vulneración del artículo 24 CE , pues es doctrina del Tribunal Constitucional (constante e invariada desde sus sentencias 3/83 y 216/98 , entre muchas otras) que el derecho a los recursos, de neta caracterización y contenido legal, está condicionado al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra sobre la materia, sin que la interpretación de las normas rectoras del acceso a los recursos extraordinarios tenga que ser necesariamente la más favorable al recurrente, así como que el principio pro actione no opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores.
Desestimado el recurso de queja y confirmado el auto denegatorio de la admisión del recurso de casación, tal circunstancia determina que el recurrente pierda el depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
En virtud de lo expuesto,
LA SALA ACUERDA :
Desestimar el recurso de queja interpuesto en nombre y representación de Talleres Rasán, S.L., contra el auto de fecha 19 de diciembre de 2016, que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20 .ª) denegó tener por interpuestos los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia dictada en segunda instancia por dicho tribunal con fecha 30 de septiembre de 2016 , debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia, para que conste en los autos.
El recurrente perderá el depósito efectuado para recurrir.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
