STS 282/2017, 20 de Febrero de 2017

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional dictó sentencia de fecha 12 de febrero de 2014 , desestimatoria del recurso promovido por la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. contra la resolución del Ministerio de Ciencia e Innovación de 10 de noviembre de 2010, confirmada en reposición por la posterior resolución de 11 de agosto de 2011. Por dichas resoluciones se denegaba la solicitud de modificación del proyecto de construcción del edificio CENTIEX, acogido al programa de concesión de ayudas públicas para infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 13 de marzo de 2014, que acordaba el emplazamiento de las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. ha comparecido en forma en fecha 23 de abril de 2014, mediante escrito por el que interpone el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 2/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional , por infracción de los artículos 1.1.b ), 8.3.a ), 14.1.a ), 19.4 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , en relación con la Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2009 de ayudas para algunas de sus modalidades de actuación, así como por infracción de la jurisprudencia y por infracción en la aplicación del principio de concurrencia competitiva.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida y estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto.

El recurso de casación ha sido inadmitido en cuanto a su primer motivo mediante auto de 23 de octubre de 2014 , que admitía el segundo.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que, con desestimación del recurso, confirme la que en el mismo se impugna y se impongan las costas causadas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción.

Por providencia de fecha 21 de noviembre de 2016 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 24 de enero de 2017, en que han tenido lugar dichos actos.

En el presente recurso se han guardado las prescripciones procesales legales, excepto la del plazo para dictar sentencia, a causa de la complejidad jurídica del asunto.

Objeto y planteamiento del recurso.

La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. impugna en casación la Sentencia de 12 de febrero de 2014 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional. La Sentencia impugnada desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la citada empresa pública contra la denegación, por las resoluciones mencionadas en los antecedentes, de la modificación arquitectónica solicitada respecto de la financiación obtenida en un programa de ayudas públicas para infraestructuras científico-tecnológicas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

El recurso se formula mediante dos motivos, de los que el primero fue inadmitido por Auto de esta Sala de 23 de octubre de 2014 . El único motivo subsistente se acoge al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia y, en realidad, se subdivide en tres motivos que son formulados y han de ser contemplados separadamente.

En el primer motivo se aduce la infracción de los artículos 1.1.b ), 8.3.a ), 14.1.a ), 19.4 y 37 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), en relación con la Orden CIN/1892/2009, de 7 de julio, por la que se establecían la bases reguladoras de la subvención otorgada y se efectuaba la convocatoria correspondiente a 2.009 para algunas de las modalidades de actuación. Según la empresa recurrente, de conformidad con la normativa invocada procedía la concesión de la modificación solicitada.

En el segundo motivo se alega la infracción de la jurisprudencia en relación con el principio de proporcionalidad, así como la del artículo 27 de la Ley General de Subvenciones , debido a la pérdida completa de la subvención inicialmente otorgada al no haber sido admitida la modificación del proyecto.

En el tercer motivo se alega la infracción del principio de concurrencia competitiva, al haber denegado la modificación al beneficiario de la ayuda y sin que hubiera ningún competidor afectado por ella.

Sobre los fundamentos de la Sentencia impugnada.

La Sentencia fundamenta la desestimación de recurso a quo en las siguientes consideraciones:

"

Vistos los términos en los que el proceso ha quedado planteado se considera conveniente precisar el alcance de la modificación cuya autorización se pretende por la entidad actora.

La solicitud presentada por la entidad colaboradora ante la Administración fue para la "modificación arquitectónica del proyecto presentado sin que éste suponga modificación alguna en la financiación del proyecto [...] basándose dicha solicitud en la adaptación del proyecto inicialmente presentado a una parcela de mayor dimensión pero que no suponen modificaciones en el objetivo del proyecto ni en la financiación obtenida para ello" , acompañando la petición de modificación realizada por la entidad demandante.

De esta solicitud de la actora conviene resaltar el reconocimiento de que, inicialmente, el edificio se situaría "en las parcelas PS- 1 y PS-D2 de la 1ª Fase de ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía" , refiriéndose al desglose de la financiación para "gastos de Edificación y Equipamiento" , para lo que había encargado "un Proyecto Básico de un edificio que albergara usos para el desarrollo de Proyectos I+D+i que favorezcan a la colaboración entre los distintos agentes del sistema ciencia, tecnología, empresa y ciudadano. El Proyecto Básico definía de forma precisa las características generales del edificio, mediante la adopción y justificación de soluciones concretas, proporcionando datos de usos y superficies y un avance del presupuesto" , añadiendo que "el Proyecto desarrollaba un edificio de dos plantas de sótano para aparcamientos, planta baja y tres plantas sobre rasante con un total de 11.410,51 m²" , siendo necesario para el desarrollo del edificio propuesto en las dos parcelas "la tramitación de un Estudio de Detalle que permitiera la modificación del limitado parámetro urbanístico de altura de la parcela PS- 1" y "la capacidad de reparto de la edificabilidad entre las Parcelas PS-1 y PS-D2" . Ahora bien, obtenida una "financiación correspondiente a las anualidades 2009 y 2010 por importe total de 5.326.157,35 € para la ejecución del Edificio CENTIEX siendo la fecha máxima para la finalización diciembre de 2010. Como se explica a continuación, ambos parámetros, tiempo de ejecución y financiación, han obligado a la modificación arquitectónica del Proyecto inicial para poder alcanzar el objetivo final de desarrollar un Centro de Investigación y Excelencia Empresarial con la capacidad del Proyecto Básico desarrollado en julio de 2009" , aludiendo a la problemática de la tramitación de un concurso público para la adjudicación de las obras y a que, además, "la financiación aprobada era de 5.326.157,35 €, cantidad muy inferior a los 13.433.154,15 € necesarios para la ejecución de las obras que desarrollaba el Proyecto Básico de julio de 2009" , lo que obligó a la redacción de "un Anteproyecto para un nuevo edificio que se desarrollara solo en la Parcela PS-1 (la de mayor dimensión) y que cumpla con los parámetros urbanísticos iniciales para que no sea necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle y por un importe que se adapta a la financiación aprobada con fecha noviembre de 2009" , precisando las características del "nuevo edificio CENTIEX" , entre las que reseña una superficie total construida de 4.289,91 m², repartida en una planta sótano para aparcamientos, planta baja y planta primera, afirmando que "Estos cambios, relativos a la modificación arquitectónica del proyecto inicial, no afectan en ningún caso, a la financiación obtenida para dicho proyecto" , adjuntando "nuevo cronograma y anteproyecto del nuevo edificio" .

Por tanto, resulta claro, en el sentir de la Sección, que la modificación suponía, como bien dice la Administración y reconoce la demandante en algunos documentos, un nuevo proyecto de edificio, con una ubicación diferente -Parcela PS-1 frente a las Parcelas PS-1 y PS-D2-, una superficie construida sensiblemente inferior a la inicialmente prevista -4.289,91 m² frente a 11.410,51 m²-, un diseño también distinto -circular frente a ortogonal, según se deduce de la portada de la memoria-, una construcción en dos fases -no prevista al comienzo- y, lo que resulta muy relevante, un presupuesto adaptado ahora a las ayudas concedidas, sin que a estas evidencias obste el dictamen pericial acompañado en la demanda que, no sólo toma en consideración el proyecto inicial y el que funda la modificación, sino también otro adjuntado al recurso de reposición, llegando, entre otras, a la sorprendente conclusión de que "se mantienen las características funcionales del primer proyecto tanto en superficie como en usos" , cuando se ha reducido en casi dos terceras partes la superficie, eso sí, destacando los aspectos medioambientales.

Igualmente debe repararse en que los motivos en los que se ampara la modificación son la necesidad de la realización de un Estudio de Detalle y la menor financiación pública obtenida, cuando, con respecto al primero, no parece que constituya una circunstancia nueva o que no debiera haberse tenido en cuenta al presentar el proyecto inicial y, además, según apunta la Administración en el informe técnico al recurso de reposición, nada impedía la concesión de una prórroga en la ejecución del proyecto, como, por otro, lado, así consta que ocurrió en dos ocasiones; y, en relación con el segundo, sólo se concedió ayuda para las dos primeras anualidades ya que no se obtuvo en la evaluación la puntuación suficiente para que se financiara la tercera, a lo que hay que añadir que, conocido el alcance del préstamo otorgado, se aceptó el mismo para, a sus resultas, acomodar la actuación arquitectónica a las sumas obtenidas, existiendo otras opciones si se preveía la imposibilidad de efectuar la obra proyectada con la financiación obtenida, y no adecuar la inicialmente propuesta a dicha financiación, invirtiendo y desvirtuando las reglas de la subvención, pues lo que quiere la parte es que se entienda que los auxilios públicos iban dirigidos a la financiación de la realización de un edificio con una finalidad determinada, pero al margen de cuales fueran las características de dicho edificio y de su presupuesto inicial, lo que no se infiere de las bases de la convocatoria.

La Orden PRE/660/2008, de 7 de marzo, que estableció las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y la tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2001, señala como objetivos del Subprograma de actuaciones científicas y tecnológicas en parques científicos y tecnológicos (ACTEPARQ), "apoyar la realización en dichos parques de acciones que se dirijan a implantar o mejorar equipamientos e infraestructuras científico-tecnológicas utilizados para actividades de I+D y de transferencia de resultados, así como a fomentar la cooperación y colaboración entre los agentes del sistema ciencia, tecnología, empresa y ciudadano. Este subprograma también impulsará la participación de los parques en proyectos transfronterizos, la formación de su personal en metodologías aplicables para actividades de I+D+i y la difusión de los resultados de investigación obtenidos y del resto de las actividades del parque. Los Parques Científicos y Tecnológicos son las zonas urbanizadas cuyas parcelas son ocupadas única y exclusivamente por entidades públicas o privadas, y cuyo objetivo básico es favorecer la generación de conocimiento científico y tecnológico y promover la transferencia de tecnología. Un parque podrá estar constituido por uno o varios enclaves físicos urbanizados, que estén gestionados por una única entidad promotora" (apartado primero.2.2).

Por su lado, la Orden CIN/1862/2009, citada, que, trayendo causa de la anterior, la precisa, y de la que dimana la ayuda de referencia, reseña como finalidad de las ayudas "incrementar las capacidades españolas en términos de infraestructuras científico-tecnológicas, crear las óptimas condiciones de aprovechamiento de éstas y contribuir a su construcción y explotación por el conjunto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa. El objeto de estas ayudas es incrementar la capacidad de las infraestructuras científico-tecnológicas, promoviendo su creación, mejorando su mantenimiento y optimizando su uso por todos los agentes del sistema, así como potenciar la participación española en las grandes instalaciones internacionales" (artículo 2), precisando, como uno de las objetivos específicos del Subprogama ACTEPARQ, el de "Facilitar la implantación o mejora de infraestructuras científico-tecnológicas, destinadas a actividades de investigación y desarrollo, para las entidades instaladas en parques científicos y tecnológicos" [artículo 48.2.a)], comprendiendo dicho Subprograma tres tipos de actividades susceptibles de ayuda, entre los que figura el de "Proyectos de implantación o mejora de infraestructuras utilizables en actuaciones científicas y tecnológicas" [artículo 50.1.b)].

Las ayudas, por tanto, se refieren a infraestructuras científico-tecnológicas que reúnan determinados requisitos, precisados en las referidas Órdenes, cuya concurrencia se acredita con la documentación acompañada a la solicitud, siendo objeto de una fase de evaluación de la que depende la concesión y, en su caso, el alcance de las ayudas. El sistema y los criterios de evaluación constan en las bases reguladoras, comprendiendo "la calidad científico-técnica y de oportunidad de la ayuda solicitada" , así como la "la idoneidad financiera y presupuestaria de cada propuesta" (artículo 59), evaluaciones que, en el presente caso, se han detallado en el primer antecedente de hecho y figuran efectuadas sobre la propuesta y documentos aportados con la solicitud.

Conjugando lo que antecede y lo que resulta de las Órdenes citadas se llega a la conclusión de que, en esencia, la actividad subvencionada es la construcción de parques científicos y tecnológico, pero que esta actuación no aparece total y absolutamente desconectada de la concreta infraestructura para la que se insta el auxilio económico, ya que sus características inciden en el cumplimiento de los propósitos perseguidos, siendo evidente que no posee la misma cobertura un edificio con mayores dependencias y prestaciones que otro con menos.

Así, los parámetros de la evaluación determinante de la concesión de la ayuda y de su alcance no sólo toman en consideración la conveniencia de construir un edificio destinado a satisfacer unos fines cuyo fomento se considera procedente, sino las propias cualidades del edificio y su presupuesto, sin que sea posible disociar, como pretende la recurrente, aquellas finalidades de las características físicas y de la financiación prevista, dado que tiene que ponderarse la aptitud del edificio, en sus aspectos físicos y financieros, para conseguir los propósitos a los que se destina. A sin ánimo exhaustivo, puede repararse en el concepto "Calidad técnica" del "Informe evaluación experto Acteparq-Proyectos de Implantación Parques Tecnológicos" , que valora la "Calidad técnica de la documentación presentada: grado de definición, claridad de la información, coherencia entre los distintos documentos. Se entiende por calidad que el grado de definición exigido quede reflejado en la documentación entregada, de manera clara y comprensible, adaptada a la normativa vigente y a los usos habituales en la edificación. Se deberá comprobar la coherencia entre los distintos documentos (planos, memoria, presupuesto) y el objeto de la solicitud" , o, en el mismo informe, el concepto "Calidad arquitectónica de la Propuesta" , donde se pondera la "adecuación de la distribución, volumetría y tipo arquitectónico a las necesidades de la propuesta" , así como el de "Grado de calidad del proyecto, entendida como la adecuada armonía entre las necesidades técnicas (estructura, instalaciones, habitabilidad) funcionales y estéticas, así como la facilidad para desarrollar a partir de la documentación entregada un proyecto de ejecución" , apareciendo también valoradas la "viabilidad económica y financiera de la implantación de la futura infraestructura" y la "viabilidad de la ejecución de la implantación o mejora" ; igualmente, el concepto 3 del "Informe evaluación final" , relativo a "Idoneidad de los procedimientos metodológicos aplicables a la realización del proyecto. Existencia de un programa de gestión de la I+D+i. Adecuada planificación (hitos y su cronograma)" , donde se comenta que "El PTA presenta un procedimiento metodológico adecuado y aplicable a la nueva implantación de la infraestructura. No se detallan completamente algunos aspectos como el estado de acreditaciones y potenciales autorizaciones para la infraestructura. Sin embargo, se proporcionan detalles concretos sobre el plan de actuación, costes, planes de viabilidad, personal, etc... Se muestra un cronograma preciso y detallado, además de información precisa sobre el entorno (PTA, actividades socioeconómicas, previsiones de crecimiento del parque, suelo, etc...) donde se desarrollaría la acción" .

Todo ello muestra que la ayuda se concedió teniendo en cuenta una solicitud de financiación referida a un proyecto que, entre otros extremos, contenía especificaciones en cuanto a la infraestructura propuesta y a su coste, que fueron las tomadas en cuenta para la evaluación, y que, a resultas de la suma obtenida -además de la otra razón relativa al Estudio de Detalle antes referida- se modificó, alterando cualidades esenciales y el propio presupuesto inicialmente valorados, sin que concurran las causas de modificación previstas en las normas reguladoras, en especial, en el artículo 24 de la Orden PRE/1862/2009 y en el artículo 63 de la Orden CIN/1862/2009.

De admitirse la tesis de la demandante en el sentido de que sólo se tengan en cuenta los objetivos del proyecto, que, ciertamente, permanecen inalterables, se atentaría contra los principios que rigen las subvenciones públicas, puesto que los auxilios económicos se otorgaron, en concurrencia competitiva, ante una propuesta concreta que, tras la concesión, pretende alterarse en aspectos básicos que condicionaron aquella concesión, sin que la mera pertenencia al sector público de la beneficiaria o de la actora puedan justificar la vulneración.

Como acertadamente expone el Abogado del Estado en su escrito de conclusiones, "la ayuda se concedió para un determinado proyecto y se evaluó y calculó conforme al coste de dicho proyecto y ahora se pretende defraudar la finalidad de la subvención y sustituir el objeto de la ayuda por otro por la sola voluntad de beneficiario" , acomodada, se añade ahora, al resultado de la solicitud de ayuda, lo que, según se ha expresado, no puede ampararse, resultando, en consecuencia, conformes a Derecho las resoluciones administrativa impugnadas." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)

Sobre el objeto y requisitos de las ayudas.

En el primer motivo la parte aduce la infracción de los preceptos ya indicados de la Ley General de Subvenciones, así como de la Orden que establecía las bases reguladoras de las ayudas en cuestión. Así, entiende que los artículos 19.4 y 17.3.l de la Ley General de Subvenciones por un lado, el 64 del Reglamento de la Ley y el 24 de la Orden 1862/2009, justifican la procedencia de admitir la modificación propuesta por la empresa beneficiaria.

Los citados preceptos tienen el siguiente tenor:

Ley General de Subvenciones:

"Artículo 17. Bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.

[...]

3. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos:

   [...]

   l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución."

   "Artículo 19. Financiación de las actividades subvencionadas.

   [...]

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención."

   Reglamento de la Ley General de Subvenciones:

   "Artículo 64. Modificación de la resolución.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como establece el artículo 17.2 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero.

2. la solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad."

   Orden 1862/2009:

   "Artículo 24. Modificación de la resolución de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. También podrá modificarse la resolución de concesión, a solicitud del interesado, cuando surjan circunstancias imprevistas o de fuerza mayor que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

   a) Que la solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

   b) Que la modificación no dañe derechos de tercero.

   c) Que se autorice expresamente por el órgano de concesión.

   d) Los demás requisitos que se establezcan en el Título II para cada subprograma de ayudas."

   La alegación ha de ser rechazada. La cuestión planteada en la litis no reside en la posibilidad o no de modificar un determinado proyecto de conformidad con los preceptos que se han reproducido. El problema reside, tal como explica la Sala de instancia, en que la empresa beneficiaria de la ayuda más que modificar el proyecto de edificio científico que obtuvo la subvención, ha sustituido dicho proyecto por otro distinto. Y, como señala la Sentencia, si bien la finalidad genérica de la línea de ayudas es la construcción de parques científicos y tecnológicos, cada ayuda en concreto se otorga para un proyecto de instalación en particular, siendo así que la evaluación entre los proyectos en competencia se efectúa en atención a los parámetros urbanísticos, arquitectónicos y presupuestarios de la específica infraestructura sometida a concurso.

   No obsta a esta conclusión la existencia de los citados preceptos que contemplan la posibilidad de modificación de los proyectos y ello no sólo porque no estamos en el caso de autos ante una modificación propiamente dicha, sino de un proyecto nuevo, sino también porque no se han cumplido las previsiones estipuladas en tales preceptos.

   Así, el artículo 17.3.I de la Ley General de Subvenciones se limita a estipular que las bases reguladoras de la concesión deberán prever las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, podrían dar lugar a la modificación de la resolución; este precepto es desarrollado por el artículo 64 del Reglamento, quien atribuye al beneficiario la posibilidad de solicitar la modificación de la resolución, siempre en los términos que establezcan las normas reguladoras de la convocatoria. Prácticamente lo mismo establece el artículo 19.4 de la Ley -aunque con una referencia concreta a una de las posibles alteraciones, cual es la percepción de otra subvención adicional-, pero en definitiva también se remite a lo que disponga la normativa reguladora de las ayudas.

   Hay que recurrir, por tanto, a las bases de la convocatoria. Y como puede verse, el artículo 24 de la Orden reguladora de las bases prácticamente se limita a reiterar las previsiones legales vistas, contemplando la posibilidad de modificación de la resolución concedente tanto por iniciativa de la Administración (apartado 1), como a instancias del interesado (apartado 2) y, en este caso, "cuando surjan circunstancias imprevistas o de fuerza mayor que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda".

   Pues bien, tal como señala la Sala de instancia, las circunstancias alegadas por la empresa municipal no pueden considerarse ni imprevistas ni de fuerza mayor. En efecto, no pueden calificarse como tales ni recibir menos subvención de la solicitada, puesto que la beneficiaria la aceptó sabiendo la cantidad otorgada, ni las dificultades urbanísticas de una de las parcelas.

   Así pues, hemos de desestimar el motivo dado que, en conclusión, ni se cumplen las condiciones previstas en la normativa reguladora de la ayuda para acceder a la modificación del proyecto, ni la concreta modificación solicitada es propiamente tal, sino una sustitución del proyecto que obtuvo la subvención. Todo ello a pesar del hecho no discutido, de que el nuevo proyecto cumpliese con la finalidad de la línea de ayudas a las estructuras científico tecnológicas.

Sobre el segundo motivo relativo al principio de proporcionalidad.

Como dijimos en el resumen inicial, en el segundo motivo se alega la infracción de la jurisprudencia en relación con el principio de proporcionalidad, así como la del artículo 27 de la Ley General de Subvenciones , debido a la pérdida completa de la subvención inicialmente otorgada al no haber admitido la modificación del proyecto.

Entiende la parte recurrente que sería aplicable al caso el principio de proporcionalidad, ampliamente recogido por la jurisprudencia recaída en materia de subvenciones, según el cual solamente ha de solicitarse el reintegro de la subvención respecto de las actividades a las que afecten las variaciones no autorizadas ( art. 34.3 de la Ley General de Subvenciones ). Asimismo, considera que la modificación podría considerarse también desde la perspectiva del artículo 27 de la Ley General de Subvenciones , que prevé la posibilidad de reformular la solicitud.

La invocación del principio de proporcionalidad no resulta coherente con el supuesto de hecho, puesto que no se trata de un cumplimiento o incumplimiento parcial, sino de la denegación de una solicitud de modificación del proyecto subvencionado, al haber entendido la Administración -razonablemente, con criterio avalado por la Sentencia recurrida- que era una sustitución del proyecto receptor de la subvención por otro, aunque se mantuviera la misma finalidad de la ayuda obtenida. Así las cosas, no se comprende bien cómo se aplicaría el principio de proporcionalidad, toda vez que la supuesta modificación no se ajusta a los parámetros que justificaron la concesión de la ayuda.

En lo que respecta a la alegación del artículo 27 de la Ley General de Subvenciones , cuya relación con el principio de proporcionalidad tampoco se advierte fácilmente, se trata de la posibilidad que ostenta la Administración para instar del beneficiario la reformulación del proyecto cuando la cantidad que consta en la propuesta de resolución provisional es inferior a la solicitada. Se trata, por tanto, de una posibilidad de la Administración, que no la ejerció en su momento por las razones que fuesen y que, consiguientemente, resulta inaplicable al caso. Así pues, en contra de lo que propone la empresa actora, no puede enfocarse el litigio desde la perspectiva del artículo invocado, puesto que éste contempla una situación de partida -la propuesta de la Administración al beneficiario de que reformule el proyecto-, que no se ha dado en el supuesto litigioso.

Sobre el tercer motivo, relativo al principio de concurrencia competitiva.

Sostiene la empresa recurrente que se ha vulnerado este principio porque la denegación de la modificación del proyecto conduce a excluir de la ayuda al único destinatario posible y sin que ello se traduzca en que la ayuda sea obtenida por otros, dado que no hubo competidores.

La queja ha de ser también rechazada. Los fundamentos de la resolución denegatoria impugnada no tienen que ver con el principio de concurrencia competitiva. Este se respetó otorgando la ayuda al único competidor que concurrió y que cumplía con los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. El que el beneficiario de la ayuda alterase el proyecto y dicha que tal sustitución no fuese aceptada por la Administración en nada contradice el citado principio, aunque no existan otros posibles beneficiarios.

Conclusión y costas.

Al ser desestimados todos los motivos no ha lugar al recurso de casación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción se imponen las costas a la parte recurrente hasta un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos legales, más el IVA que corresponda a la cantidad reclamada.