STSJ Andalucía 596/2006, 27 de Noviembre de 2006
| Ponente | JUAN MANUEL CIVICO GARCIA |
| ECLI | ES:TSJAND:2006:12303 |
| Número de Recurso | 502/2004/ |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 596/2006 |
| Fecha de Resolución | 27 de Noviembre de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
596/2006
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO 502/04
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SENTENCIA NÚM. 596 DE 2.006
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Ilmo. Sr. Presidente:
D. Rafael Puya Jiménez
Ilmos. Sres. Magistrados
D. Juan Manuel Cívico García
Dª. Mª Luisa Martín Morales
En la ciudad de Granada, a veintisiete de noviembre de dos mil seis. Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 502/04 seguido a instancia de D. Matías, que comparece representado por el Procurador D. Ángel Fabregas García y dirigido por Letrado, siendo parte demandada CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, en cuya representación y defensa interviene el Letrado adscrito al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. La cuantía del recurso es indeterminada.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo, se admitió a trámite el mismo y se acordó reclamar el expediente administrativo, que ha sido aportado.
En su escrito de demanda la parte actora expuso cuantos hechos y FUNDAMENTOS DE DERECHO consideró de aplicación y terminó por suplicar a la Sala se dicte sentencia por la que, con estimación íntegra de la misma, declare la nulidad del Decreto 353/2003, de 16 de Diciembre, sobre Planificación Farmacéutica y procedimientos de autorización relativos a oficinas de farmacia, en su totalidad; o, subsidiariamente, declare dicha nulidad en cuanto a los artículo 3.2 ; 3.3; 3.4; 3.5; 8; 9; 10; 11.2; 13.2; 14.2 y anexo II; 18;; 21; 33.4; la Disposición Transitoria Quinta ; y cualquier otro artículo afectado, conforme a la fundamentación del recurso, que por error u omisión no se haya señalado.
En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones del actor, y tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó se dictase sentencia por la que se desestime en cuando al fondo, declarando conforme a derecho el decreto impugnado.
No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni la celebración de vista pública, se acordó pasar los autos para trámite de conclusiones escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito reiterando cada una de ellas sus respectivas peticiones contenidas en los escritos de alegaciones. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.
Visto, habiendo actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. Don Juan Manuel Cívico García.
Constituye objeto del presente recurso contencioso-administrativo la impugnación por D. Matías, del Decreto 353/2003, de 16 de Diciembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por el que se establecen la planificación farmacéutica y los procedimientos de autorización relativos a oficinas de farmacia.
Entiende el recurrente que el Decreto es nulo por haber sido dictado por órgano sin competencias para ello -la Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene competencias en materia de ordenación farmacéutica-, por vulnerar el principio de reserva de ley, el criterio de ordenación territorial a través de las Unidades Básicas de Atención Primaria y el principio de libre ejercicio profesional y libertad de empresa; en cualquier caso pretende la nulidad de los arts. 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, 8, 9, 10, 11,2, 13.2, 14.2 y Anexo II, 21, 33.1,a) y 33.4, asi como de la Disposición Transitoria Quinta del texto.
En su escrito de contestación a la demanda la Administración recurrida solicitó el dictado de una sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, predicando, en esencia, que no existe una reserva de Ley para cada uno de los aspectos que pueden referirse al funcionamiento de las oficinas de farmacia abiertas al público para la dispensación de medicamentos, que los aspectos básicos de la regulación de la materia están establecidos ya por normas de rango de ley y que el Decreto impugnado no introduce innovaciones en el ordenamiento jurídico, para los que la constitución exija una norma de superior rango.
Y todo ello no sin antes hacer referencia a la sentencia de esta Sala de 17 de octubre de 2.005, que declaró la nulidad de la disposición de referencia, y frente a la que se interpuso -indica- el correspondiente recurso de casación.
Asi las cosas, merece rechazo, ante todo, la aseveración del recurrente de que la Administración de Andalucía carece de competencia para regular la materia de que se trata: en contra de la tesis negativa del actor se muestra contundente el dictado del art. 148,1,21 de la C.E., al afirmar que A...las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias... Sanidad e Higiene@; predicándose correlativamente que la materia de regulación farmacéutica quedó perfectamente enmarcada en el apartado de ASanidad@ (STC 32/1983, 80/1984 y 109/2003 ), y que el Estatuto de Autonomía de la región acogió expresamente en los arts. 13.21 y 20.1 A...la competencia exclusiva de la Comunidad en materia de Sanidad e Higiene, dentro del respeto a lo establecido en el art. 149.1.16 de nuestra Carta Magna A...es de competencia exclusiva del Estado... tanto la Sanidad Exterior... como el establecimiento de las Bases y Coordinación general de la Sanidad y la Legislación sobre productos farmacéuticos@.
Por lo demás, en orden a las otras cuestiones planteadas por el recurrente, y en especial en cuanto a la vulneración que se reprocha del principio de reserva de Ley, no puede ignorarse el contenido de la sentencia de la Sala de 17 de octubre de 2.005 en cuanto razonó que A....
La evolución histórico legislativa de la materia que nos ocupa, ha pasado por la Ley 25/90, de 20 de diciembre, del Medicamento, que estableció los criterios básicos de ordenación del sector farmacéutico. La Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad que llenó de contenido el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la C.E., entre los cuales se contempla la ordenación de la atención farmacéutica. Y por último la Ley 16/97, de 25 de abril, de regulación de los servicios de la oficina de farmacia, que aportó el marco jurídico básico que deberá ser contemplado por las comunidades autónomas competentes en la materia; ya que regula la definición y las funciones de la oficina de farmacia, fija los criterios básicos para la ordenación farmacéutica que habrán de abordar las Comunidades Autónomas, tomando como referencia las Unidades Básicas de Atención Primaria, establece los principios de publicidad y transparencia en el...
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