ATS, 10 de Noviembre de 2016
| Ponente | LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ |
| ECLI | ES:TS:2016:11344A |
| Número de Recurso | 825/2016 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 10 de Noviembre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diez de Noviembre de dos mil dieciséis.
PRIMERO .- Por Decreto de 12 de mayo de 2016 se acordó, entre otros extremos, declarar desierto el recurso de casación preparado por el Ayuntamiento de Manacor contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de las Islas Baleares dictada en el recurso número 344/2013 .
SEGUNDO .- El anterior Decreto ha sido recurrido en revisión por la Procuradora de los Tribunales D. a Alicia Casado Deleito, en nombre y representación del Ayuntamiento de Manacor. Dado traslado al Abogado del Estado en la representación que le es propia y a la representación procesal de Da. Gregoria y otros -partes recurridas-, han evacuado el trámite correspondiente y han solicitado la desestimación del recurso de revisión.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Presidente de la Sala
PRIMERO .- El Decreto recurrido en revisión declara desierto el recurso de casación preparado por el Ayuntamiento de Manacor, conforme a lo dispuesto en el artículo 92.2 de la LJCA , al haberse agotado el plazo legalmente establecido para interponer el recurso de casación sin que la parte recurrente haya presentado dentro del mismo el escrito de interposición.
Alega la representación procesal de la Entidad Local recurrente en revisión, en síntesis, que se ha infringido lo preceptuado el artículo 92.3 LJCA , pues se debió dar traslado al defensor de la Administración para que manifestara si sostenía o no el recurso y, en su caso, lo formulara y conforme al artículo 128.1 LJCA se debería haber dictado resolución teniendo por caducado el derecho al trámite de formalización del recurso.
SEGUNDO .- En el presente caso, no resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 92.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Esta Sala ha dicho reiteradamente que el artículo 92.3, al referirse genéricamente al "defensor de la Administración", a diferencia del artículo 99.3 del Texto anterior, que contemplaba únicamente al Abogado del Estado, lo que hace es extender esta norma singular a todas las Administraciones públicas cuando han actuado ante la Sala de instancia representadas y defendidas por los Letrados que sirven en los servicios jurídicos de las mismas, -ex artículo 447 de la LOPJ -, no cuando, como aquí ha ocurrido, lo hacen confiriendo su representación a un Procurador apoderado al efecto, pues en tal caso la Administración se encuentra sujeta, como cualquier otro litigante, a la carga de personarse y formular ante esta Sala el escrito de interposición del recurso dentro del término legal del emplazamiento efectuado por el Tribunal "a quo", como con carácter general preceptúa el artículo 92.1 de la LJCA .
Por otra parte, el artículo 92.3 LJCA es una norma singular, referida exclusivamente a quien ostenta "ex lege" la representación y defensa de la Administración y actúa procesalmente en este doble concepto. Téngase en cuenta que atribuye la cualidad de "recurrente" al propio "defensor de la Administración", identificándolo con esta, del mismo modo que lo hacía el artículo 99.3 de la Ley anterior respecto del Abogado del Estado, identificación que solo puede cobrar sentido referida a los letrados que, estando al servicio de la Administración pública, tienen como cometido específico ostentar la representación y defensa en juicio de la Administración en cuantos asuntos esta sea parte.
TERCERO .- Por lo demás, esta Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido, declarando desiertos, por las mismas razones, los recursos de casación preparados por los Ayuntamientos de Lérida (Auto de 16 de junio de 2011 -recurso número 5402/2010-), de Sestao (Auto de 4 de diciembre de 2014 -recurso número 1890/2014-) y de Lorca (Auto de 10 de septiembre de 2015 -recurso número 191/2015- ), entre otros muchos.
Por tanto, lo decisivo para conferir el trámite previsto por el artículo 92.3 de la LJCA , como ha quedado expuesto, es que el recurrente en la instancia -quien prepara el recurso de casación- haya sido el "defensor de la Administración", como así se desprende del tenor literal del citado artículo, al establecer que el trámite contemplado en el mismo se conferirá "en cuanto se reciban los autos", es decir, sin esperar a que la Administración se persone ante este Tribunal, lo que evidencia que lo fundamental a estos efectos es cómo se haya comparecido ante la Sala de instancia y, en el presente recurso, el Ayuntamiento de Manacor fue emplazado por dicha Sala para comparecer ante este Tribunal a través de la representación procesal - Procurador- que él mismo confirió en su escrito de preparación del recurso de casación.
En consecuencia, solo a la parte recurrente son imputables las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de la carga procesal de comparecer y formular en plazo el escrito de interposición del recurso, por lo que debe desestimarse el recurso de revisión interpuesto.
CUARTO .- Por último, debe añadirse que el plazo fijado en el artículo 90.1 LJCA es de caducidad y por ello no susceptible de interrupción ni de rehabilitación sin que sea aplicable el artículo 128.1 de la LJCA que en su inciso final expresamente excluye de la rehabilitación de trámites, el plazo para interponer recursos, sin excepción alguna, por lo que también está excluido el plazo para interponer el recurso de casación, en este sentido, el ATS de 16 de octubre de 2014, recurso de casación n° 917/2014 y el ATS de 9 de julio de 2015, recurso de casación n° 831/2015 .
QUINTO .- Respecto al pago de las costas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1, párrafo primero, de la LJCA , la desestimación del presente recurso comporta la imposición de las mismas la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el apartado 3 del precepto citado, fija en 600 euros la cantidad máxima a reclamar por cada una de las partes beneficiada por la condena en costas por todos los conceptos.
En su virtud,
desestimar el recurso de revisión interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Manacor contra el Decreto de 12 de mayo de 2016, que se confirma; con imposición a esta parte de las costas causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por cada parte beneficiada por todos los conceptos, la cifra de 600 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
