STSJ Castilla y León 1399/2016, 14 de Octubre de 2016
| Ponente | FRANCISCO JAVIER ZATARAIN VALDEMORO |
| ECLI | ES:TSJCL:2016:3703 |
| Número de Recurso | 31/2015 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 1399/2016 |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 01399/2016
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección : 003
VALLADOLID
- Equipo/usuario: EBL
Modelo: N11600
C/ ANGUSTIAS S/N
N.I.G: 47186 33 3 2015 0102172
Procedimiento : PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000031 /2015 /
Sobre: ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D./ña. INVERSIONES DE LA MADERA CASTRILLO S.L.
ABOGADO TAMARA-ARANZAZU BURON SANCHEZ
PROCURADOR D./Dª. ISMAEL SANZ MANJARRES
Contra D./Dª. TEAR
ABOGADO ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 1399
Iltmos. Sres.
Presidente.
Don Agustín Picón Palacio
Magistrados.
Doña María Antonia Lallana Duplá
Don Francisco Javier Pardo Muñoz y
Don Francisco Javier Zataraín y Valdemoro,
En la Ciudad de Valladolid a catorce de octubre de dos mil dieciséis. En el recurso contencioso-administrativo número 0031/15 interpuesto por la mercantil INVERSIONES DE LA MADERA CASTRILLO SL representada por el Procurador Sr. Sanz Manjarres y defendida por la Letrada Sra. Burón Sánchez contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, de 29.10.2014 que desestimaron sus reclamaciones económico-administrativas núms. 47/2341/2012, y 47/2068/2012, formuladas contra desestimación de su recurso de reposición planteado contra las liquidaciones provisionales practicadas por el Jefe de la Dependencia de Gestión de la Delegación de la AEAT en Valladolid por el impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2007, y 2009; habiendo comparecido como parte demandada la Administración General del Estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado en virtud de la representación que por ley ostenta.
Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala el día 14.01.2014.
Admitido a trámite el recurso y no habiéndose solicitado el anuncio de la interposición del recurso, se reclamó el expediente administrativo; recibido, se confirió traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectuó en legal forma por medio de escrito de fecha 25.03.2015 que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba suplicando que " tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, junto con los documentos unidos, teniéndome por personado y parte a nombre de quien comparezco, y en su virtud y previa su legal tramitación tenga por formulada en tiempo y forma DEMANDA contra Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, de fecha 10 de Noviembre de 2014 ( notificadas a esta parte con fecha 14 del mismo mes y año ), dictadas en expedientes 47/02068/2014) y 47/02341/2014 acumuladas en estos autos y cuyos datos identificativos ya han sido reseñados ".
Se confirió traslado de la demanda por término legal a la administración demandada quien evacuó el trámite por medio de escrito de 01.06.2015 oponiéndose a lo pretendido en este recurso y solicitando la desestimación de la demanda sobre la base de los fundamentos jurídicos que el mencionado escrito contiene.
Una vez fijada la cuantía, y no recibido el pleito a prueba, se acordó la presentación de conclusiones escritas tras de lo cual quedaron los autos pendientes de declaración de conclusos para sentencia, lo que tuvo lugar por providencia de 30.09.16, en la cual y de conformidad con lo previsto en los arts. 67 y 64 de la Ley 29/98 se señaló como día para Votación y Fallo el 06.10.2016, lo que se efectuó.
Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.
Es magistrado ponente de la presente sentencia el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Zataraín y Valdemoro, quien expresa el parecer de esta Sala de lo Contencioso- administrativo.
Resolución impugnada y posiciones de las partes.
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León de 29.10.2014 desestimó las reclamaciones económico-administrativas núms. 47/2341/2012, y 47/2068/2012, formuladas contra desestimación de su recurso de reposición planteado contra las liquidaciones provisionales practicadas por el Jefe de la Dependencia de Gestión de la Delegación de la AEAT en Valladolid por el impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2007, y 2009 confirmando la aplicación del tipo base del Impuesto sobre Sociedades y no el reducido ( arts. 28.1, 108, 114 y DA8ª del RDL 4/2004 que aprobó el TRLIS) sobre la base de la doctrina del TEAC -acuerdos de 29.01.2009 y 30.05.2012-; esto es, que las sociedades de mera tenencia de bienes no realizan actividad económica alguna, requiriendo al menos de un local afecto a aquella o de persona empleada, dato no acreditado por la mercantil recurrente. Advertía igualmente que un administrador de la sociedad no disfruta de la condición de " persona empleada " a los efectos que ahora interesa.
Frente a este acuerdo, la mercantil recurrente deduce pretensión anulatoria y subsidiaria de esa pretensión principal de reconocimiento de su situación jurídica individualizada como es la condena a la administración demandada a la devolución de la cuota ingresada, negando la aplicación al presente supuesto de las resoluciones del TEAC citadas por doctrina posterior a los hechos y que los acuerdos son inmotivados.
La administración demandada, como es legalmente preceptivo ( art. 7 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas ), defiende la plena conformidad a derecho de la resolución impugnada reproduciendo los argumentos de Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, y recordando la doctrina de esta Sala (Sentencias nº 83 de 16 de enero de 2015 ( PO 490/2013 ) y nº 92 de 16 de enero de 2015 ( PO. 410/2013 ).).
Precedentes de esta Sala. Doctrina aplicable.
Dice bien la defensa de la administración del Estado cuando pone de manifiesto que esta Sala y sección ya se ha pronunciado reiteradamente en relación con las cuestiones sugeridas por la recurrente, aparte de las sentencias citadas por la defensa de la administración del Estado, cabe la cita de nuestra STSJ núm. 360, de 04.03.2016, PO 726/14. En ella, y con remisión a otras anteriores se decía: "...Así en nuestra STSJ núm. 92, de 16.01.2015 (PO 410/13 ), ya dijimos -v. f. jco. Segundo-: " SEGUNDO.- Sobre la necesidad de contar con personal asalariado o local afecto a la actividad económica para ser reputada como empresa de reducida dimensión. Doctrina aplicable.
Con independencia del límite fijado por el art. 108.1 LIS, es decir una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros, lo aquí controvertido es una cuestión estrictamente jurídica y es la procedencia o no de la exigencia del requisito de poseer esa sociedad un local afecto a la actividad económica o de persona empleada en ella.
En el sentido positivo y contrario a las tesis de la actora cabe la cita de la STSJ de Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, S 4-12-2013, núm. 809/2013, rec. 15183/2013 que ante la carencia de la sociedad actora de una ordenación por cuenta propia de recursos humanos y materiales, para intervenir en la producción de bienes y distribución de servicios, no puede disfrutar del beneficio fiscal (FJ 2). La STSJ de Andalucía de 7 de septiembre de 2007 y de Canarias 28 de octubre de 2008, la de STSJ Cast-León (Bur) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 enero 2014, la de 26 de noviembre del 2013 del TSJ de Baleares, Recurso: 12/2013, o la de Galicia de 6 de noviembre del 2013 Recurso: 15006/2013 . También, las SAN de 26 de mayo de 2011, de 30 de mayo de 2012, de 26 de mayo de 2011 (Recurso número 285/2008 ), en la de 18 de octubre de 2012 (Recurso número 338/2009 ), o en la más reciente de 3 de mayo de 2013 y, en fin; las STS Sala 3ª de 28 de octubre de 2010, de 18 de abril de 2013 o la citada por la defensa de la administración del Estado STS Sala 3ª, sec. 2ª, S 21-6-2013, rec. 863/2011 .
Así, exigir que las sociedades que se dediquen al régimen de arrendamientos de bienes inmuebles, tengan que cumplir los requisitos del artículo 27.2º de la LIRPF, para poder aplicarse los beneficios del artículo 108 del TRLIS es conforme con la finalidad que siempre ha regido en su regulación de este tipo de sociedades (el favorecer con beneficios fiscales las declaraciones tributarias de las "pequeñas empresas" para que "salieran a la luz sus actividades económicas"). Si lo que se trata es de incentivar fiscalmente a las pequeñas y medianas empresas, lo era para reactivar las inversiones y el empleo generados en este sector económico, pero no se cumple si nos hallamos ante sociedades de mera tenencia de bienes.
De hecho, como recuerda el TEAR la resoluciones de la Dirección General de Tributos desde el 3 de marzo de 2004 rechazan la aplicabilidad de los beneficios fiscales a las empresas de reducida dimensión a una sociedad de las antes llamadas transparentes, luego patrimoniales, etcétera,... precisamente porque, siendo su actividad el arrendamiento de bienes, no constituye en puridad una actividad económica. Lo que viene a decir la DGT es que en principio no existiría incompatibilidad entre el régimen de transparencia fiscal y el régimen de las empresas de reducida dimensión; pero ello siempre y cuando la transparente realizara una actividad económica propiamente dicha, lo que no es el caso de las sociedades de simple tenencia de bienes.
Por otro lado, tampoco ha intentado la actora acreditar que su actividad de gestión de arrendamientos implique una organización de medios materiales y humanos dirigida a intervenir en el mercado, pues no asumen riesgos empresariales, motivo por el cual debe reputarse como actividad de mera tenencia o gestión patrimonial, pero no propiamente económica o empresarial.
Finalmente resulta significado el silencio mantenido por la defensa de la...
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