ATS 1526/2016, 27 de Octubre de 2016
| Ponente | MANUEL MARCHENA GOMEZ |
| ECLI | ES:TS:2016:10603A |
| Número de Recurso | 1431/2016 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 1526/2016 |
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Octubre de dos mil dieciséis.
Por el Juzgado de lo Penal número uno de Badajoz se dictó Sentencia de diecisiete de abril de 2015 , en los autos de Procedimiento Abreviado nº 397/2013, dimanantes de las Diligencias Previas nº 400/2012 del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº1 de Badajoz, en la que se condena a Eloy como autor de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar del artículo 173.2 y 3 del Código Penal y de un delito de amenazas en el ámbito familiar del artículo 171.4º del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas por el delito violencia psíquica habitual de veintiséis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el período de cuatro años y prohibición de aproximarse a la persona de Remedios ., su domicilio, lugar de trabajo, y donde quiera que se encuentre, a una distancia inferior a quinientos metros, así como prohibición de comunicarse con ella a través de cualquier medio; todo ello durante un período de cinco años; y por el delito de amenazas a las penas de ocho meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el período de dos años y prohibición de aproximarse a la persona de Remedios ., su domicilio, lugar de trabajo, y donde quiera que se encuentre, a una distancia inferior a quinientos metros, así como prohibición de comunicarse con ella, a través de cualquier medio que fuera; todo ello durante el período de tres años.
Dichas prohibiciones de aproximación y comunicación a efectos de cumplimiento de la pena, en ejecución de sentencia, una vez firme, se verán afectadas por el fallecimiento de Remedios .
No se deriva responsabilidad civil por estos hechos a cargo del acusado.
Las costas procesales se imponen al acusado condenado.
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por Eloy , dictándose Sentencia por la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 1ª) de tres de marzo de 2016 , por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto, imponiendo al recurrente las costas procesales de la alzada.
Contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz se interpone por Eloy , recurso de casación, mediante la presentación del correspondiente escrito por parte de la Procuradora de los Tribunales Dª. María Rosario Victoria Bolívar. Como primer a cuarto motivo se alega, al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , infracción del derecho a la tutela judicial efectiva; del derecho a la presunción de inocencia; del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, consagrados todos ellos en el artículo 24 de la Constitución ; como quinto, sexto, séptimo y duodécimo motivo se sostiene, al amparo del artículo 849.1 º y 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley por vulneración de preceptos penales de carácter sustantivo; introducción en los hechos probados de elementos subjetivos del tipo; error en la apreciación de la pruebas basado en documentos obrantes en autos y error en la apreciación de las pruebas, por carecer de pronunciamiento la resolución de segunda instancia, sobre la totalidad de la prueba admitida; y como motivos noveno a undécimo se alega, al amparo del artículo 851.1 º y 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , quebrantamiento de forma al no expresarse en la Sentencia de manera clara los hechos probados y existir contradicción entre los mismos; no resolverse en la Sentencia todos los puntos que han sido objeto de defensa, en especial, por carecer la resolución de segunda instancia, de pronunciamiento sobre la totalidad de la prueba; y por no coincidir los hechos probados con los de derecho y fallo, en la sentencia de instancia, no apreciados en la de segunda instancia.
En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso, el Ministerio Fiscal interesó la inadmisión del mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Marchena Gomez.
ÚNICO.-
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Como primer a cuarto motivo se alega, al amparo de los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , infracción del derecho a la tutela judicial efectiva; del derecho a la presunción de inocencia; del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, consagrados todos ellos en el artículo 24 de la Constitución ; como quinto, sexto, séptimo y duodécimo motivo se sostiene, al amparo del artículo 849.1 º y 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , infracción de ley por vulneración de preceptos penales de carácter sustantivo; introducción en los hechos probados de elementos subjetivos del tipo; error en la apreciación de la pruebas basado en documentos obrantes en autos y error en la apreciación de las pruebas, por carecer de pronunciamiento la resolución de segunda instancia, sobre la totalidad de la prueba admitida; y como motivos noveno a undécimo se alega, al amparo del artículo 851.1 º y 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , quebrantamiento de forma al no expresarse en la Sentencia de manera clara los hechos probados y existir contradicción entre los mismos; no resolverse en la Sentencia todos los puntos que han sido objeto de defensa, en especial, por carecer la resolución de segunda instancia, de pronunciamiento sobre la totalidad de la prueba; y por no coincidir los hechos probados con los de derecho y fallo, en la sentencia de instancia, no apreciados en la de segunda instancia.
Se considera en el recurso que esta Sala Segunda debe entrar a valorar los motivos desarrollados en el mismo, al considerar que la Sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Badajoz es una de las resoluciones que el actualmente vigente artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como susceptibles de ser recurridas en casación, invocando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable para el reo.
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El derecho al recurso está comprendido dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución , pero siempre que se trate de recursos previstos en la ley, pues no permite habilitar medios de impugnación al margen de lo regulado en las leyes.
Conviene recordar, que la Sentencia del Tribunal Constitucional número 88/97, de 5 de mayo , señala que aunque el acceso a los recursos legalmente establecidos forma parte de la tutela judicial efectiva, este derecho no queda vulnerado cuando el recurso interpuesto es inadmitido por el órgano judicial competente en virtud de la concurrencia de algunas de las causas legalmente previstas al efecto, añadiendo la citada sentencia del Tribunal Constitucional que la interpretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios.
Sobre la retroactividad de las leyes, el Tribunal Constitucional (sentencias 149/1995 de 16 de octubre y 374/1993 de 13 de diciembre ) recuerda que el fenómeno de la retroactividad es posible si la propia ley lo autoriza.
Conviene recordar que las leyes procesales no son leyes penales, por lo que no es posible el efecto retroactivo de las mismas, sino que únicamente son aplicables a los procedimientos en vigor con arreglo a las circunstancias establecidas para el procedimiento aplicable.
La STS 1336/2011, de 12 de diciembre señala que, el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicable con carácter supletorio, por prescripción del artículo 4 de la misma ley , dispone que salvo que se establezca otra cosa en las disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos se sustanciarán siempre con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.
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A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesario antes de entrar en el fondo del recurso, analizar si la resolución que se impugna es susceptible de ser recurrida en casación en el caso que nos ocupa.
Se trata de una Sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Badajoz, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por Eloy , frente a una Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Badajoz.
Para abordar esta cuestión, se hace necesario partir de una premisa esencial, cual es que la redacción actual del artículo 847.1 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la otorgada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Dicha reforma entró en vigor el seis de diciembre de 2015 ( Disposición final cuarta de la Ley 41/2015 ), siendo determinante que en la Disposición transitoria única de la Ley 41/2015, se establezca que se aplicará "a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor".
Por lo tanto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al amparo de la cual son recurribles en casación las Sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, no puede incidir, en virtud de la Disposición transitoria referida, sobre un proceso, como el que nos ocupa, dimanante de las Diligencias Previas nº 400/2012 seguidas en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número uno de Badajoz, que fueron incoadas aproximadamente tres años antes de que entrase en vigor la modificación referida.
En conclusión, la modificación legal operada por la Ley 41/2015 no puede tener efectos retroactivos sobre el presente procedimiento, al no estar previsto expresamente en su Disposición transitoria, única posibilidad que posibilitaría que esta Sala conociese sobre el fondo del recurso de casación interpuesto. No pudiéndose invocar, ante dicha falta de previsión, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, ya que no estamos en el ámbito de la normatividad penal sustantiva, sino de la procesal penal, donde la redacción del artículo 792.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , vigente y aplicable al procedimiento del que estamos tratando, establecía que "contra la sentencia dictada en apelación no cabrá recurso alguno".
Esta solución se ha mantenido por esta Sala anteriormente en Autos de fechas 3 y 6 de mayo de 2016 , recaídos en los recursos de queja números 20186/2016 y 20124/2016 , así como, en el Auto de inadmisión de fecha 9 de junio de 2016, recaído en el recurso nº 547/2016 .
Procede, pues, inadmitir el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 884.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia se ha de dictar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acuerdan y firman los Excmos. Sres que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
