STSJ Galicia 563/2016, 5 de Octubre de 2016
| Ponente | JOSE RAMON CHAVES GARCIA |
| ECLI | ES:TSJGAL:2016:6857 |
| Número de Recurso | 151/2016 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 563/2016 |
| Fecha de Resolución | 5 de Octubre de 2016 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1
A CORUÑA
SENTENCIA: 00563/2016
PONENTE: D. JOSE RAMON CHAVES GARCIA
RECURSO: RECURSO DE APELACION Nº 151/2016
APELANTE: SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA
APELADA: Enma
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha pronunciado la
SENTENCIA
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª
FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.
JULIO CESAR DIAZ CASALES
JOSE RAMON CHAVES GARCIA
A CORUÑA, a cinco de octubre de dos mil dieciséis.
En el RECURSO DE APELACION Nº 151/2016 pendiente de resolución ante esta Sala, interpuesto por la SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA, representada y dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO, contra la SENTENCIA, de fecha 10 de marzo de 2016 dictada en el procedimiento abreviado nº 255/2015 por el JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Núm. TRES de los de PONTEVEDRA sobre extranjería. Es parte apelada DÑA. Enma, representada por la Procuradora DÑA. MARTA DIAZ AMOR y dirigida por la letrada DÑA. ADRIANA ESPIÑO FUENTES.
Es Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE RAMON CHAVES GARCIA
Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "Estimo el recurso contencioso administrativo seguido ante este Juzgado como Proceso Abreviado nº 255/2015 a instancia de la ciudadana de nacionalidad venezolana Enma frente a la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA contra la resolución de 14.05.2015 que acuerda su expulsión del territorio nacional (expediente nº NUM000 ). Declaro dicha resolución no conforme a Derecho y la anulo. Sin condena en costas."
Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.
Es objeto de recurso de apelación la sentencia dictada el 10 de Marzo de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo num.3 de Pontevedra por la que se estimó el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por Dª Enma, ciudadana venezolana, frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra contra la resolución de 14 de Mayo de 2015 que acordó su expulsión del territorio nacional (expte. NUM000 ).
El recurso de apelación formalizado por la abogacía del Estado se fundamenta en combatir la apreciación de la prescripción de la infracción por parte de la sentencia apelada, ya que esta considera que el arranque del cómputo de la prescripción es el momento en que caducó su última autorización. Se adujo que la permanencia ilegal al igual que el incumplimiento de la obligación de salida es una situación continuada de manera que existe un dolo continuado y una única infracción, además de conducir la tesis de la sentencia a una situación irregular indefinida sin reproche legal alguno.
Por la parte demandante se formuló oposición a la apelación y se insistió en que la presunta infracción grave, al amparo del art.53.1.a) de la LO 4/2000 ha prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde su comisión en el año 2009. Se adujo que otra tesis privaría de sentido al plazo prescriptivo del art.56. Se añadió que la demandante va a iniciar la tramitación de una autorización por arraigo familiar y social. Se insistió en que tiene familiares en España y no en su país de origen, sin encontrarse indocumentada y llevar empadronada en Pontevedra desde el 29/11/2004.
Sustancialmente la cuestión litigiosa planteada en apelación radica exclusivamente, y dado que no existe adhesión a la apelación al amparo del art.85.4 LJCA por otras cuestiones que la sentencia apelada tácitamente desestima ni sobre las que no se planteó solicitud de aclaración o complemento de sentencia (la valoración de arraigo), hemos de centrarnos en la causa de estimación del recurso, y si la misma es ajustada a derecho. Básicamente se considera en la sentencia apelada que la estancia con la autorización caducada es una infracción grave de la ley de extranjería y por tanto sería aplicable el art.56 de la misma que contempla el plazo de dos años para las infracciones graves, y que se iniciaría a partir de la caducidad de la última autorización de residencia (abril de 2009). Sin embargo, este último inciso o afirmación es el que rechazamos ya que el dies a quo para iniciar el cómputo del plazo de prescripción no es la caducidad de la autorización.
Partiremos de señalar que la permanencia o estancia ilegal sin autorización administrativa constituye una infracción persistente en el tiempo, pudiendo citar el art. 4.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto 1993, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora ( vigente hasta la aplicación de las Leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y 40/2016, de Régimen Jurídico del Sector Público, que dispone que "Asimismo, será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión" ; no corriendo la prescripción mientras no se termine la ejecución de los actos.
En el presente caso, quien permanece en territorio español sin autorización está realizando una conducta continuada y cometiendo una infracción...
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