SAP Santa Cruz de Tenerife 155/2016, 13 de Mayo de 2016
| Ponente | EMILIO FERNANDO SUAREZ DIAZ |
| ECLI | ES:APTF:2016:569 |
| Número de Recurso | 724/2015 |
| Procedimiento | RECURSO DE APELACIóN |
| Número de Resolución | 155/2016 |
| Fecha de Resolución | 13 de Mayo de 2016 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª |
? SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Avda. Tres de Mayo nº3
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 20 84 70 - 922 20 84 76
Fax.: 922208473
Rollo: Recurso de apelación
Nº Rollo: 0000724/2015
NIG: 3800642120130006740
Resolución:Sentencia 000155/2016
Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000806/2013-00
Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Arona
Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Apelado silverpoint vacations sl Manuel Linares Trujillo Pedro Antonio Ledo Crespo
Apelante Romualdo Miguel Rodriguez Ceballos Leopoldo Pastor Llarena
Apelante Angustia Miguel Rodriguez Ceballos Leopoldo Pastor Llarena
SENTENCIA
Presidente
D./Dª. PABLO JOSÉ MOSCOSO TORRES
Magistrados
D./Dª. EMILIO FERNANDO SUÁREZ DÍAZ (Ponente)
D./Dª. PILAR ARAGÓN RAMÍREZ
En Santa Cruz de Tenerife, a trece de mayo de dos mil dieciseis.
Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Sres. antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO DE ARONA, en los autos núm. 806/2013, seguidos por los trámites del juicio ordinario, sobre nulidad de contrato y devolución de cantidades, promovidos, como demandante, por Don Romualdo y Doña Angustia, representados en primera instancia por el Procurador Don Leopoldo Pastor Llarena y dirigidos por el Letrado Don Miguel Rodríguez Ceballos, contra Silverpoint Vacations, S.L., representada por el Procurador Don Pedro A. Ledo Crespo y dirigida por el Letrado Don Manuel Linares Trujillo, ha pronunciado la presente sentencia, siendo Ponente el Magistrado don EMILIO FERNANDO SUÁREZ DÍAZ, con base en los siguientes
Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.
En los autos indicados la Magistrado-Juez, doña María del Carmen Izquierdo Moreno, dictó sentencia el día catorce de julio de dos mil quince, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por D. Romualdo y Doña Angustia representados por el Procurador D. LEOPOLDO PASTOR LLARENA y defendidos por el letrado D. MIGUEL RODRÍGUEZ CEBALLOS contra la entidad SILVERPOINT VACATIONS representada por el Procurador D. PEDRO LEDO CRESPO y defendida por el letrado D. JOSÉ MINERO MACIAS todo ello, con la expresa condena al demandante al pago de las costas procesales.».
Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandante, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandada presentó escrito de oposición al mencionado recurso e impugnación de la sentencia, del que se dio traslado a la parte apelante, que en el plazo establecido presentó ecrito de oposición a la impugnación.
Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el día once de mayo del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Procede confirmar la sentencia dictada en primera instancia por sus propios fundamentos (que se dan por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones), que no han sido desvirtuados por las alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso y de impugnación de la sentencia. En este sentido, el Tribunal Supremo mantiene (por ejemplo, en Autos de fecha 31 de Julio de 2007, 14 de Abril de 2.009 y 8 de Enero de 2.013, amparando su decisión en sentencias del Tribunal Constitucional números 174/87, 24/96 y 115/96 ), que "no son incongruentes ni faltas de motivación las sentencias que se remiten a la fundamentación del órgano "a quo", cuando éste ha resuelto todas las cuestiones ventiladas en el pleito".
Todas las cuestiones planteadas tanto en el recuso interpuesto por la parte demandante como en la impugnación de la sentencia formulada por la parte demandada fueron acertadamente tratadas y resueltas por el tribunal de primera instancia.
Si bien en la segunda instancia es factible realizar un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, no puede olvidarse que en aquellos aspectos en que el objeto del recurso se refiere a la valoración de la prueba efectuada por el tribunal "a quo", el juez, que ha gozado de la facultad de practicar esas pruebas con total inmediación, tiene elementos más reales y fundados - privilegiados- para su mejor apreciación y valoración.
Así, en el presente caso, el análisis del material probatorio efectuado por el tribunal de primera instancia no sólo es amplio y detallado, sino acertado en sus conclusiones jurídicas.
No obstante, para dar una respuesta más completa a las cuestiones planteadas en el recurso procede hacer una serie de aclaraciones y precisiones.
La sentencia apelada, tras desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la entidad SILVERPOINT VACATIONS, S.L., desestimó la demanda deducida frente a esta entidad, en la que los actores pretendían la nulidad, por diversas motivos y, subsidiariamente, la resolución del contrato celebrados entre las partes el 14 de enero de 2.009, que tenía por objeto un derecho de aprovechamiento por turno de una semana en el complejo turístico Beverly Hills Club, apartamento A-102, semana 2, una semana en el complejo Hollywood Mirage Club, apartamento 6304, semana 38, y un derecho de afiliación o membresía al Club Paradiso, en la categoría City-1348, para dos personas, que les da derecho de alojamiento en diversos compeljos turísticos mediante el acceso a un sistema de reservas.
Según se recoge en el hecho quinto de la demanda, dicha compra se hizo como inversión para una reventa rápida o alquiler, "el beneficio económico prometido era lo que les movió a adquirir las semanas que compraron", formalizando en la misma fecha y de forma simultánea un acuerdo de inclusión en una lista de reventas, renunciado a la utilización personal, insistiendo en que era éste "el único propósito de mis mandantes y lo que debía ser objeto del contrato".
La desestimación de la demanda se basó, fundamentalmente, en que los actores no ostentan la condición de consumidores, por lo que no resulta aplicable al caso la Ley 42/98, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.
Existe una contradicción esencial entre lo que afirman los demandantes y lo que en realidad firmaron, pues si bien es cierto lo que se dice sobre los acuerdos de reventa de los derechos adquiridos bajo determinadas condiciones (documentos 3 de la demanda), las cláusulas sexta, séptima, octava y onceava de la llamada "declaración de conformidad" de los contratos suscritos (documentos dos de la demanda) dejan claro que la compra de semanas de tiempo compartido/afiliación a un club no es una inversión financiera y que cualquier reventa posterior de las semanas con un beneficio es una especulación, así como que las propiedades y derechos de afiliación adquiridos mediante el contrato son de su responsabilidad y para su uso hasta que se hayan revendido, y que Resort Properties no ofrece una garantía sobre el tiempo de reventa.
Siendo ello así, no parece propio que tras admitir que se compró con la única finalidad de realizar una inversión vengan ahora los demandantes a pedir la aplicación de una norma prevista para proteger no a inversores/especuladores sino a los consumidores que adquieran un derecho de aprovechamiento de unas estancias vacacionales. Esa conducta pone de manifiesto una intención defraudatoria, en el sentido de fraude legal contemplado en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil .
En cualquier caso, nos remitimos al criterio sustentado por esta Audiencia Provincial, que es el que aplica la sentencia recurrida, recogido, entre otras, en una de las más recientes sentencias dictadas por esta Sala, la número 44/2.016, de 17 de febrero, dictada en el rollo de apelación 516/2.015 :
persona que actúa en su nombre, lo mencione o no; (iv) que las entidades que intervinieron en los contratos lo hacían en nombre del "vendedor", lo mencionaran o no expresamente; (v) la relación que nace por la adquisición del derecho se establece entre el propietario y el titular del aprovechamiento por turno, y no con la empresa prestataria del servicio, aunque esta actividad, como se ha señalado, la puede ejercer el propietario vendedor que puede asumir tal función. Sobre la base en estas consideraciones, y aunque la entidad demanda no interviniera directamente en los contratos, ni se mencionara en ellos, la sentencia apelada aporta una serie de datos más que suficientes para entender que los contratos se firmaban en su nombre (o en el de la entidad a la que ha sucedido, TENSEL S.L.), titular además de la marca Resort Properties (siendo impensable que permita o permitiera el funcionamiento de una entidad bajo esa misma denominación social si no es por la inequívoca vinculación entre ambas), entidad ésta que, según precisa la sentencia, intervino en el contrato como representante debidamente autorizado del propietario (en adelante el Vendedor) de la propiedad abajo indicada, de manera que la entidad que dice actuar en el contrato como representante debidamente autorizado contrataría con terceros representándose a sí misma. Por otro lado, hay que tener en cuenta el criterio jurisprudencial consolidado y de sobra conocido, que...
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