STS 1324/2016, 7 de Junio de 2016
| Ponente | SEGUNDO MENENDEZ PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2016:2646 |
| Número de Recurso | 519/2015 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 1324/2016 |
| Fecha de Resolución | 7 de Junio de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En Madrid, a 7 de junio de 2016
Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo 2/519/2015, interpuesto por la mercantil LUGARU, S.A., representada por el procurador don David García Riquelme y defendida por la letrada doña Carmen Aguado, contra la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez
La representación procesal de LUGARU, S.A. interpuso ante esta Sala, con fecha 13 de mayo de 2015, recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición que interpuso contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, que desestimó su solicitud de indemnización, en concepto de responsabilidad patrimonial, por los pagos efectuados en el período comprendido entre el año 2002 y el año 2009 por repercusión del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley 24/2001).
Recibido el expediente administrativo, y con entrega del mismo a la parte recurrente, se confirió trámite para la formulación del correspondiente escrito de demanda.
La parte actora formalizó la demanda, a través del escrito presentado en fecha de 30 de diciembre de 2015, en el que, después de alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideró aplicables, terminó suplicando que <<se anule, por su disconformidad a Derecho, la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto por mi representada frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, y en su lugar se reconozca el derecho de "LUGARU, S.A." a ser indemnizada en la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS EUROS (197.328,58 €), por responsabilidad del Estado Legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea, cifra a la que deberán añadirse los intereses de demora correspondientes hasta que se produzca el efectivo desembolso por parte de la Administración>>.
De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado quien, en nombre y representación de la Administración demandada, contestó a la misma mediante escrito de 19 de enero de 2016 en el que, tras los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, suplicó la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada.
Solicitado el recibimiento a prueba, mediante Auto de 16 de marzo de 2016 se acuerda recibir el proceso a prueba, admitiéndose las diligencias allí indicadas, cuyo resultado consta en las actuaciones.
Evacuado el correspondiente trámite de conclusiones por ambas partes, quedaron conclusas las actuaciones, habiéndose señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 17 mayo de 2016, fecha en que tuvo lugar.
El debate procesal trabado en este recurso no difiere en nada que sea jurídicamente relevante del que se trabó en los recursos números 12/2015, 194/2015, 195/2015, 217/2015, 241/2015, 244/2015, 251/2015 y 258/2015, en los que hemos dictado sentencias estimatorias con fechas 18 y 24 de febrero de 2016 . En consecuencia, el principio de igualdad en la aplicación de la ley obliga ahora a llegar a igual pronunciamiento con sustento en los mismos razonamientos jurídicos, de los cuales tan solo es necesario transcribir el decimoquinto de la sentencia recaída en el recurso nº 195/2015 , del siguiente tenor:
DÉCIMO QUINTO.- La determinación de la indemnización
Los razonamientos anteriores nos conducen a la estimación del recurso contencioso administrativo. En consecuencia, la Administración General del Estado deberá indemnizar a la parte recurrente en la cantidad resultante de la aplicación de las siguientes bases.
A) La indemnización se integra por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos contrario al Derecho de la Unión Europea, y reclamadas en el presente recurso contencioso administrativo.
B) La cantidad anterior únicamente podrá verse minorada con las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la parte recurrente ya hubiera percibido, por devolución de ingresos indebidos, respecto de ese mismo impuesto contrario al Derecho de la Unión Europea y ejercicios.
C) También podrá minorarse la citada suma por las cantidades que, en el momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, la recurrente ya hubiera percibido por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, respecto de ese mismo impuesto y ejercicios.
D) Se abonarán los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades recibidas por devolución de ingresos indebidos o respecto del gasóleo profesional (apartados B y C), desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Con aplicación, a partir de ese momento, de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la LJCA , tras la modificación por Ley 37/2011, de 10 de octubre, no entendemos procedente la imposición de las costas procesales, pues aunque rige en esta materia el criterio del vencimiento, el rigor de su aplicación se atempera en los casos, como el examinado, que presentan " serias dudas de hecho o de derecho ", derivadas de la complejidad y diversidad de las cuestiones suscitadas
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido : Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador don David García Riquelme, en nombre y representación de la mercantil LUGARU, S.A., contra la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, por el que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos creado por la Ley 24/2001, anulando las expresadas resoluciones por su disconformidad a Derecho. En consecuencia, la Administración General del Estado deberá indemnizar al recurrente en la cantidad reclamada en el presente recurso. De esta cantidad únicamente podrán restarse las cantidades abonadas por la Administración, por los ejercicios reclamados, cuando al momento de efectuarse el pago de la indemnización por responsabilidad, el recurrente ya hubiera percibido lo reclamado, en su caso, por devolución de ingresos indebidos o por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional, derivadas del referido impuesto. Igualmente deberán abonarse los intereses legales de la cantidad reclamada una vez restadas, en su caso, las cantidades recibidas por devolución de ingresos indebidos o respecto del gasóleo profesional, desde el día de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia. Con aplicación, a partir de ese momento, de lo dispuesto en el artículo 106.2 de la LJCA . Todo ello, sin imposición de las costas procesales
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma.
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Luis Maria Diez-Picazo Gimenez D. Segundo Menendez Perez Dª. Maria del Pilar Teso Gamella D. Jose Luis Requero Ibañez D. Jesus Cudero Blas D. Angel Ramon Arozamena Laso D. Rafael Toledano Cantero PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, todo lo cual yo la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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SAP A Coruña 326/2016, 5 de Octubre de 2016
...consiste la valoración de la congruencia ha de ser racional, sustancial y flexible. Así lo recuerda la STS de 1 de abril de 2016 (ROJ : STS 1324/2016 ), a tenor de la cual para establecer la correlación entre las peticiones de las partes y el fallo de la sentencia ha de tenerse en cuenta el......