STSJ Castilla y León 1919/2008, 1 de Septiembre de 2008
| Ponente | SANTOS HONORIO DE CASTRO GARCIA |
| ECLI | ES:TSJCL:2008:5253 |
| Número de Recurso | 2970/2004 |
| Número de Resolución | 1919/2008 |
| Fecha de Resolución | 1 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA: 01919/2008
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: 001
VALLADOLID
C/ ANGUSTIAS S/N
Número de Identificación Único: 47186 33 3 2005 0101056
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0002970 /2004
Sobre AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
De D/ña. PIZARRAS DE ESPAÑA, S.L.
Representante: ALEJANDRO GARCIA MORATILLA
Contra - EC CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Representante: LETRADO COMUNIDAD
SENTENCIA Nº 1919
ILMO. SR. PRESIDENTE:
D. ANTONIO J. FONSECA HERRERO RAIMUNDO
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
DON JESÚS B. REINO MARTÍNEZ
DON SANTOS H. DE CASTRO GARCÍAEn Valladolid, a uno de septiembre de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:
La Orden de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León de fecha 22 de junio de 2004, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por la mercantil recurrente contra la Orden de la Consejería de Economía y Empleo de fecha 19 de agosto de 2003, por la que se revoca las Ordenes de 10 de agosto de 1998, que le concedía una subvención a los expedientes 1291/98-IPE y 1294/98-EGM, al haberse incumplido las condiciones concretas impuestas en dichas Ordenes, liberando las ayudas concedidas por importes de 21.636,44 y 12.020,24 euros respectivamente.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: PIZARRAS DE ESPAÑA S.L., representado por el Procurador Sr. Ballesteros González y defendido por el Letrado Sr. García Moratilla.
Como demandada: la CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, representado y defendido por el Letrado de la Corporación.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. SANTOS H. DE CASTRO GARCÍA.
Interpuesto y admitido el presente recurso, y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se anule la Orden de 22 de junio de 2004 de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, declarando no haber lugar a la revocación de las subvenciones.
En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso.
Presentados escritos de conclusiones, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día diez de junio de 2008.
En la tramitación de este recurso se han observado los trámites marcados por la Ley aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.
Al igual que sucedía en el recurso nº 2806/04, en el que recayó sentencia de fecha 28 de abril de 2.008 , la fundamentación de la pretensión de carácter meramente anulatorio ejercitada por la mercantil demandante, a la cual y por razón de los actos ahora recurridos le son revocadas dos subvenciones autonómicas por incumplimiento de la obligación de justificar en plazo, versa sobre una contradicción en el proceder realizado por los órganos administrativos centrales y periféricos en torno al trámite de subsanación; así como que con las facturas y justificantes de pago presentados en el espacio de tiempo concedido y un informe técnico quedan acreditadas las inversiones a que hacían referencia las ayudas públicas concedidas.
La parte demandada ejercita oposición a esas pretensiones por razones de carácter sustantivo, invocando principalmente las órdenes de convocatoria de aquellas subvenciones, las cuales hacen una remisión a otra precedente de 15 de diciembre de 1997 en torno a la forma y tiempo para cumplir la obligación de justificar, que aquí habría de hacerse mediante un informe de auditoría y en todo caso antes del día 31 de octubre de 1.998; afirmando que en el caso presente no cabía una subsanación, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 34 .a) de esa Orden es causa de incumplimiento la presentación de la documentación justificativa fuera de plazo, teniendo ello como efecto la revocación de la ayuda concedida, con arreglo al artículo 37 ; y recordando por último la trascendencia de esa obligación de justificar dentro de plazo en aras del principio de anualidad presupuestaria.
Como ya advertimos en la sentencia citada de 28 de abril de 2.008 , en que se trató dela misma problemática y cuyos fundamentos reproduciremos en todo aquello que resulte atinente, la Delegación Territorial de León no puede realizar actuaciones de espaldas o con olvido de las determinaciones contenidas en las bases de la convocatoria de la subvención, es decir, en oposición a lo establecido en la Orden autonómica de 12 de febrero de 1989 (convocatoria de subvenciones para 1998 de acuerdo con el programa la actuación en comarcas mineras); tampoco en contra de lo establecido en los actos administrativos que concedieron esas ayudas, esto es, las Ordenes de 10 de agosto de 1998, las cuales fijaron como plazo máximo para justificar los gastos subvencionables el 31 de octubre de 1998. Esos actos administrativos de carácter general y ordinamental hacen una remisión a la Orden autonómica de 15 de diciembre de 1997 cuyo artículo 30.4 establece: "El plazo máximo para presentar la justificación será de 1 mes desde la finalización de las actividades subvencionadas, salvo que concretamente se determine otra cosa en la convocatoria"; y eso último es lo que precisamente sucede en el caso enjuiciado, pues el apartado 11 de la Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 12 de febrero de 1998 (BOCYL de 16 de febrero de aquel año) dispone: "... la justificación de inversiones y gastos subvencionados se realizará mediante los oportunos informes de auditoría, conforme a lo que se establezca al efecto en la Resolución de concesión de la subvención. La justificación de las inversiones se realizará antes del 31 de octubre de 1998".
Estas prescripciones son manifestación de una potestad de autorregulación de la Administración, quien en su conjunto deberá observar las mismas (véase la sentencia de la Sala Tercera y Sección Cuarta del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1997 y las que se citan en su fundamento jurídico segundo); especialmente, los órganos administrativos inferiores de aquellos centrales que hubieren dictado las referidas órdenes, y ello porque así lo impone el principio de jerarquía sancionado en el artículo 3 de la Ley de Régimen y Procedimiento 30/1992 .
En atención a este planteamiento la Delegación Territorial autonómica no puede conceder a quien tiene la condición de beneficiario de la subvención plazos para aportación de documentos justificativos más allá del marco temporal previsto en las órdenes de convocatoria o en la resoluciones que concedieron las ayudas públicas, pues está vinculada por ellas. En consecuencia, los documentos presentados por la ahora demandante en esos plazos no desvirtúan o enervan la extemporaneidad en la presentación del informe de auditoría, tampoco en el cumplimiento de la obligación de justificar. Entonces, no existe una contradicción con trascendencia jurídica favorable a quien ha sido beneficiaria de la subvenciones en la actuación realizada por aquellos órganos administrativos.
Se seguía diciendo en la sentencia referida que el segundo aspecto argumental de la fundamentación impugnatoria, que a fin de cuentas da una primacía al cumplimiento de las obligaciones materiales respecto de las que se condicionó el otorgamiento de las ayudas públicas, no puede prosperar por las siguientes razones:
En primer lugar, el artículo 122.2.c) de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, incluye "el plazo y la forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención......" como uno de los extremos que debe
contemplar toda convocatoria de ayudas públicas, es decir, la referida justificación es una obligación (mejor sería decir carga) de origen legal. En aquella línea de exigencia está el artículo 17.3.i) de la Ley estatal 38/2003 , General de Subvenciones.
En segundo lugar, el incumplimiento de la obligación de justificar es causa de reintegro de la ayuda pública y así lo establece el artículo 122.11 de la Ley autonómica 7/1986 citada. También los artículos 30.8 y 37.1.c) de la Ley estatal General de Subvenciones 38/2003 . Y ello es así porque la referida justificación es una prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, carga que corresponde al perceptor y beneficiario de aquella y cuya observancia bastante y en legal forma condiciona notablemente el ejercicio en cada caso concreto de la potestad administrativa de control, que habrá de llevar a efecto la Administración competente para verificar la realización de la actividad fomentada y el cumplimiento de la finalidad perseguida por la ayuda pública (en este sentido el artículo 17.2 de la Ley estatal citada, también el artículo 38 de la Ley del Tribunal de Cuentas ). Por lo dicho resulta que la carga de justificar constituye un elemento de capital importancia de los otros concurrentes en la relación jurídica subvencional que vincula a la concedente y al beneficiario.
Siendo esa carga esencial, decir sobre la misma que presenta dos vertientes que son la formal y la material. La primera comprende aspectos tales como el órgano administrativo ante el cual habrá de presentarse la denominada cuenta...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba