SAP Barcelona 22/2006, 12 de Enero de 2006
| Ponente | ENRIQUE ANGLADA FORS |
| ECLI | ES:APB:2006:517 |
| Número de Recurso | 640/2005 |
| Número de Resolución | 22/2006 |
| Fecha de Resolución | 12 de Enero de 2006 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 18ª |
SENTENCIA nº. 22/2006
Ilmos. Sres.
D. ENRIC ANGLADA FORS
Dª. Mª DOLORS VIÑAS MAESTRE
D. ENRIC ALAVEDRA FARRANDO
En la ciudad de Barcelona, a doce de enero de dos mil seis.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoctava de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de incapacidad, nº 1169/2004, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Barcelona , a instancia de DOÑA Sonia representada por el Procuradora DON JAUME GASSÓ ESPINA y dirigida por el Letrado DON JUAN ANTONIO DE RUEDA GARCIA TUÑON, contra DON Arturo representado por la Procuradora DOÑA VIVIANA LOPEZ FREIXAS y dirigido por el Letrado DON RAMON BALADA CARDONA, y con la debida intervención del MINISTERIO FISCAL; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia dictada en los mismos el día 29 de marzo de 2005, por el Ilmo. Sr. Juez del expresado Juzgado.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta, debo declarar y declaro que D. Arturo es parcialmente incapaz comprendiendo el alcance de la incapacitación en el ámbito patrimonial a los actos de disposición y de administración extraordinaria, que pueden concretarse en los que enumera el artículo 212 del Código de Familia de Catalunya , y en el ámbito personal el tutor decidirá que el demandado siga el tratamiento psiquiátrico que en cada momento se estime adecuado para su enfermedad mental con la posibilidad de solicitar su ingreso en centro de salud mental, previa la preceptiva autorización judicial. Firme que sea la presente sentencia procédase al nombramiento de tutor en procedimiento de jurisdicción voluntaria. Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación deldemandado, del que se dio traslado a las otras partes, presentando la actora y el Ministerio Fiscal, en su condición de apelados, respectivos escritos de oposición al mismo, tras lo cual se remitieron los autos a esta Superioridad, y recibidas las actuaciones, se designó Ponente y se acordó por la Sala de oficio la práctica de las pruebas preceptivas a que se refiere el artículo 759, 1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil , señalándose para su práctica y para la celebración de vista el día 10 de enero de 2006, las cuales se llevaron a término con el resultado que obra en el compact-disc y en las actas autorizadas por la Sra. Secretaria de la Sección, debidamente incorporadas a las actuaciones.
En el presente rollo se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la Sección, D. ENRIC ANGLADA FORS.
1. La incapacitación, como proclama el Tribunal Supremo en sentencia de 31 de diciembre de 1991 , supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el artículo 210 del Código Civil (hoy artículo 760 de la L.E.C .), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula ( Título IX del Libro I del Código Civil ) -y en la actualidad los artículos 756 al 763 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 -, prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores. En este sentido la función judicial les adentra en el proceso, no sólo como árbitros y directores del mismo, sino también como activos integrantes, que, sin ser propias partes procesales, sí son interesados en la aportación de todo el material preciso probatorio, desde los exámenes directos del presunto incapaz ( Art. 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 ), tanto por el Juez de Instancia, como por el Tribunal, si éste es el que declara la incapacidad o la capacidad, en una actuación que no puede calificarse propiamente de reconocimiento judicial ( Art. 353 de la L.E.C. actual ), sino que se trata de una prueba directa, legal, autónoma y obligada, que junto con las que refiere el citado artículo 759 y las que suministren las partes, componen el material probatorio suficiente para pronunciar la decisión judicial que, en el ámbito civil, se presenta como una de las mas trascendentes, ya que afecta a la libertad propia de los seres humanos, por lo que estas cuestiones no deber permanecer lejanas a la sensibilidad y carga humana de los juzgadores a los que corresponde emitir la respuesta-sentencia adecuada. Como estado civil limitativo de derechos, la constitución o declaración de incapacidad, está sometida, en cuanto a las causas que la determinan, al principio de legalidad, y en cuanto a sus efectos, a la previa constitución por resolución firme de los órganos jurisdiccionales, declaración que ha de ir precedida de una actividad probatoria suficiente para destruir la presunción de capacidad que asiste a toda persona y que afecta al derecho fundamental al libre...
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