SAN 92/2016, 16 de Febrero de 2016
| Ponente | JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2016:576 |
| Número de Recurso | 353/2015 |
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN PRIMERA
Núm. de Recurso: 0000353 / 2015
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 00810/2015
Demandante: Juan Luis
Procurador: MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA CAMUÑAS
Demandado: MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogado Del Estado
Ponente IImo. Sr.: D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
S E N T E N C I A Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ
Dª. LOURDES SANZ CALVO
D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
Madrid, a dieciseis de febrero de dos mil dieciséis.
Vistos por esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional los autos del recurso contencioso-administrativo número 353/2015, interpuesto por la Procuradora doña María del Rosario Villanueva Camuñas, en nombre y representación de don Juan Luis, asistido por el Abogado don Benito López López, contra la resolución de fecha 6 de noviembre de 2013, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, por la que se desestima el recurso de reposición presentado contra la resolución del mismo órgano de fecha 8 de noviembre de 2012, por la que se deniega la solicitud de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia. Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.
Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2015, acordándose mediante decreto de 13 de julio de 2015 su tramitación de conformidad con las normas establecidas en la Ley 29/1998 y la reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2015, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se anule la resolución recurrida, declarándose el derecho del recurrente a que le sea concedida la nacionalidad española por residencia con efectos desde la fecha de solicitud de la misma.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2015, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, con imposición de costas a la parte actora.
La cuantía del recurso ha sido fijada como indeterminada, mediante diligencia de ordenación de fecha 24 de noviembre de 2015.
Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó dicho trámite mediante auto de 25 de noviembre de 2015, y se ha practicado la prueba admitida de la propuesta por las partes, con el resultado que consta en los autos.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 9 de febrero de 2016, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Magistrado don JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO, quien expresa el parecer de la Sala.
El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la resolución de fecha 6 de noviembre de 2013, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, por la que se desestima el recurso de reposición presentado contra la resolución del mismo órgano de fecha 8 de noviembre de 2012, por la que se deniega la solicitud de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia a don Juan Luis, solicitada el 20 de noviembre de 2006 .
La resolución administrativa recurrida se sustenta en que el interesado no ha justificado la buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil, ante la existencia de antecedentes penales que no se encontraban cancelados a la fecha de la dictarse aquella, por un delito de violencia doméstica y de género y un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cometidos de forma coetánea a la tramitación del expediente de nacionalidad.
La parte actora sustenta su pretensión en que el solicitante cumple con el requisito de buena conducta cívica, denunciando el carácter arbitrario de la resolución recurrida y su falta de motivación, pues los antecedentes penales se encuentran neutralizados por la fuerte integración social del recurrente, acreditada por su vida laboral, la realización de cursos de formación, la utilización de redes públicas y su integración familiar, al contar con una hija de nacionalidad española. Asimismo, denuncia la vulneración del principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 131 LRJPAC, al presentar los hechos delictivos escasa gravedad y trascendencia, calificando la denegación de nacionalidad como una sanción, la infracción del procedimiento, en relación con el trámite de audiencia previsto en los artículos 78, 79, 80 y 84 LRJPAC, y la vulneración del principio de presunción de inocencia, al resultar injustificada la denegación de nacionalidad .
La Abogacía del Estado alega que no ha resultado acreditada la buena conducta cívica del recurrente, dados los antecedentes penales acreditados, atendida su gravedad desde el punto de vista social.
La obtención de la nacionalidad por residencia no constituye un derecho subjetivo, por lo que su denegación no supone la limitación del ejercicio de un derecho, sino que nos hallamos ante un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un estado.
Tal afirmación no impide aseverar que su otorgamiento se encuentra en todo caso condicionado al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que, conforme al art. 21 del Código Civil, puede ser denegada por motivos de orden público o interés nacional.
En estos términos se expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2011 (Recurso 2911/2007 ), haciéndose eco de una doctrina jurisprudencial consolidada que, en lo que ahora nos interesa, establece: "[...] el otorgamiento de ésta en modo alguno puede ser considerado como un derecho del particular, sino, como antes hemos dicho, como el otorgamiento de una condición, la de nacional, que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado, no en vano la nacionalidad constituye la base misma de aquél, que conlleva el reconocimiento de una serie de derechos y obligaciones y que en todo caso puede ser negado por razones de orden público o interés nacional".
Los arts. 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
La cuestión que se suscita en el presente recurso es, exclusivamente, la relativa al requisito de buena conducta cívica, previsto en el art. 22.4 del Código Civil, como exigencia cuya acreditación resulta necesaria para la obtención de la nacionalidad española por residencia. De modo que en el caso que nos ocupa no se encuentra cuestionada la concurrencia de los requisitos de residencia legal en España durante el período de tiempo exigido y de un suficiente grado de integración del solicitante en el país.
El concepto "buena conducta cívica" es un concepto jurídico indeterminado que precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, correspondiendo a esta Sala revisar desde una perspectiva de legalidad si el mismo ha sido perfilado y concretado mediante su particularización fáctica de forma razonable por la Administración.
Conviene diferenciar este requisito del relativo a la integración en la sociedad española, dadas las frecuentes confusiones en que se incurre al respecto . La acreditación de la buena conducta cívica exige que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entenderla justificada. Por el contrario, la falta de integración en la sociedad española hace referencia a la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, el grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como al arraigo familiar ( STS de 11 de diciembre de 2013, recurso 2226/2011 ).
La residencia en España, la integración familiar o la ocupación laboral pueden resultar indicativas de la integración social, que es otro requisito exigido por el artículo 22.4 del Código Civil pero no son reveladoras de buena conducta cívica ( SSTS. de 5 de diciembre de 2011, recurso 2169/2010, y 19 de diciembre de 2011, recurso 3144/2010 ).
Por lo que se refiere a la valoración de la buena conducta cívica como presupuesto para el reconocimiento de...
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ATS, 20 de Octubre de 2016
...de 16 de febrero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) de la Audiencia Nacional, en el recurso nº 353/2015 , sobre denegación de nacionalidad española. SEGUNDO .- En virtud de providencia de 8 de junio de 2016 se acordó poner de manifiesto a las par......